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AFEHC : articulos : Las milicias y la preservación del dominio español en los altos de Guatemala, 1673-1821 : Las milicias y la preservación del dominio español en los altos de Guatemala, 1673-1821

Ficha n° 1259

Creada: 03 noviembre 2006
Editada: 03 noviembre 2006
Modificada: 01 julio 2011

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Autor de la ficha:

Jorge GONZALEZ ALZATE

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Las milicias y la preservación del dominio español en los altos de Guatemala, 1673-1821

El presente trabajo considera a grandes rasgos el tema de las milicias coloniales en Los Altos de Guatemala entre 1673 y 1821. El estudio forma parte de una investigación más amplia acerca del desarrollo socio-étnico, político y económico del corregimiento de Quezaltenango en las últimas cinco décadas de la colonia.
Palabras claves :
Milicias, Los Altos, Corregimiento
Autor(es):
Jorge H. González Alzate
Lugar de Publicación:
Inédito
Fecha:
Noviembre 2006
Texto íntegral:

1
El presente trabajo considera a grandes rasgos el tema de las milicias coloniales en Los Altos de Guatemala entre 1673 y 1821. El estudio forma parte de una investigación más amplia acerca del desarrollo socio-étnico, político y económico del corregimiento de Quezaltenango en las últimas cinco décadas de la colonia. En particular me interesa explorar la función estratégica que la institución miliciana desempeñó en la consolidación y preservación del dominio español sobre dicha región. También examino brevemente aspectos tales como el carácter socio-étnico de dichas milicias así como el impacto político y social de las reformas militares borbónicas instituidas en la segunda mitad del siglo XVIII en el reino de Guatemala.

2En la época colonial, el territorio de Los Altos, región conocida también como el altiplano occidental guatemalteco, abarcaba las alcaldías mayores de Huehuetenango-Totonicapán y Tecpanatitán (o Sololá), así como el corregimiento de Quezaltenango, distritos que corresponden en la actualidad a los departamentos de Huehutenango, Quiché, Quezaltenango, San Marcos y Sololá.

3El tema de las milicias, en particular su creciente importancia política y social durante las últimas décadas de la colonia, es uno de los muchos aspectos virtualmente inexplorados hasta la fecha por los estudiosos de la experiencia colonial centroamericana. Aparte del artículo pionero de Stephen Webre , no se cuenta con estudios monográficos sobre el tema1. Los pocos trabajos dedicados a cuestiones militares, tales como los de Pedro Zamora y Troy Floyd, tocan el tema de las milicias solo de manera tangencial pues el carácter general de tales obras no permite un tratamiento sistemático de la institución miliciana2. Por otro lado, las historias generales de Murdo MacLeod y Miles Wortman, sin duda las más importantes síntesis sobre el período colonial, ignoran casi completamente las dimensiones militares de la época3. Lo mismo ocurre con los trabajos recientes sobre Los Altos y su cabecera principal, Quezaltenango. Todos ignoran, por ejemplo, el considerable impacto que las reformas militares borbónicas tuvieron sobre las estructuras socio-políticas de la región, en particular el papel que jugaron en la formación de una nueva elite hispana en Quezaltenango, la cabecera principal, en las últimas décadas de la colonia4. Según entiendo las tesis doctorales de Ana Margarita Gómez y Aaron Arguedas contribuirán substancialmente a remediar este vacío historiográfico.

4La presente investigación constituye una primera aproximación a este importante tema, enfocando el caso de la región de Los Altos de Guatemala, región de frontera con una larga tradición de resistencia indígena al régimen colonial y en la que las milicias jugaron papel importante en la preservación del dominio español sobre ella, especialmente en las últimas décadas de la colonia, período de inestabilidad política e institucional y de creciente movilización popular.
Debido a la carencia de trabajos monográficos sobre la materia, la mayor parte del análisis está basado en documentos manuscritos localizados principalmente en el Archivo General de Centroamérica (AGCA) así como el de Indias de Sevilla (AGI) y el de Simancas (AGS). También se consultaron las obras generales de Domingo Juarros y Francisco de Paula García Peláez las cuales contienen información valiosa acerca de asuntos militares durante los dos primeros siglos de la colonia5.

5El punto de partida del análisis es la observación de Max Weber de que en última instancia, todo régimen estatal está fundamentado en la fuerza6. En otras palabras, es en definitiva el monopolio sobre la fuerza lo que permite a todo estado imponer su proyecto ideológico y definir los límites de lo posible. En mi opinión, dicha aseveración es particularmente válida para el caso del régimen español en América. Porque el monopolio sobre la fuerza organizada, obtenido como resultado de la conquista, fue al fin de cuentas el factor clave que permitió la consolidación del proyecto imperial español. En el reino de Guatemala la institución a través de la cual dicho poder se manifestó y ejerció fue la institución miliciana, fuerza armada civil encargada de mantener el orden y seguridad en el interior del reino. Control sobre dicha institución permitió a los agentes reales, más que nada, negociar desde una posición de ventaja los términos del pacto colonial con la población subalterna y así mantener su posición dominante a lo largo de tres siglos.

6Los orígenes históricos de la milicia hispanoamericana se remontan a la experiencia medieval peninsular de la reconquista en la que estaban obligados a prestar servicio militar todos los vecinos y moradores de una localidad o comarca para la defensa de sus propios intereses así como los del rey cristiano7. La institución entonces formó parte importante del bagaje cultural introducido por los españoles tras su arribo en el nuevo mundo. En una cédula de octubre de 1540, la corona inició el trasplante formal de dicha tradición peninsular al contexto americano, ordenando que todos los vecinos de la isla Española mantuviesen armas y los que puedan caballos, que hiciesen alardes cada cuatro meses y que estuviesen alistados al mando de sus capitanes prestos para la defensa de la tierra8.

7La necesidad de recurrir a la milicia se explica por el hecho de que la corona española nunca contó con los recursos humanos y materiales suficientes para proveer una adecuada defensa a lo largo y ancho de su enorme imperio americano. Las armas y tropas veteranas disponibles se destinaron para la protección de los puntos de mayor importancia estratégica y económica tales como Nueva España, Cuba, Panamá, Cartagena y el Perú. Regiones menos opulentas, como Centro América, recibieron muy poca atención. En consecuencia, la defensa y seguridad interna del istmo dependió en gran medida de la iniciativa de las autoridades locales asistidas por los vecinos y moradores de la colonia. Según Francisco García Peláez , todavía a mediados del siglo XVII, no había en el Reino cuerpo alguno de milicias [regladas] para su resguardo; y cuando llegaba el caso de invasión, eran requeridos los moradores de él indistintamente para el servicio militar, y muchos de ellos obligados a tener y comprar armas, y aun a prestar expensas para lo uno y lo otro9. Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con las reformas militares borbónicas, que la corona intentaría reforzar la defensa del istmo con la creación de los primeros regimientos de tropa veterana. No obstante, la endémica falta de recursos obligó a los monarcas Borbones a continuar su política tradicional de confiar la mayor parte de la defensa del istmo a la milicia, con la diferencia de que esta vez se les trató de impartir a dichas unidades adiestramiento militar como parte del sistema llamado milicia provincial, a fin de capacitarlas para jugar un papel más efectivo como fuerza de reserva10.

8De lo anterior se desprende que, al igual que en otras partes de Hispanoamérica, durante el periodo colonial existieron dos tipos básicos de organización miliciana en Centroamérica: las milicias tradicionales, o antiguas, y las disciplinadas, o regladas. El sistema tradicional predominó hasta la segunda mitad del siglo XVIII, periodo a partir del cual el sistema peninsular de milicia provincial, o disciplinado, fue introducido como parte del proceso de reforma militar instituido por Carlos III. La milicia tradicional consistía en compañías sueltas integradas por los vecinos y moradores aptos para el servicio militar. Por lo general no se les impartía ningún tipo de adiestramiento militar y eran responsables del mantenimiento del orden y seguridad solo en sus pueblos y distritos aledaños. Los oficiales y tropa gozaban de los privilegios del fuero militar sólo durante periodos de campaña activa. En contraste a las tradicionales, las milicias disciplinadas recibían adiestramiento por parte de oficiales veteranos y gozaban de los privilegios del fuero militar y otras exenciones reservadas a los miembros del ejército regular11.

Las Milicias Tradicionales en Los Altos de Guatemala, 1524-1767

9Debido a la falta de estudios monográficos, nuestro conocimiento acerca de los orígenes de las milicias tradicionales en Los Altos continúa siendo muy vago. En particular son muy escasas y fragmentarias las referencias sobre los sistemas milicianos de los siglos XVI y principios del XVII. No obstante, no cabe duda que ya para finales del siglo XVII y principios del XVIII, períodos para los cuales existe una documentación relativamente más voluminosa, existía en Los Altos una larga tradición de servicio miliciano. Dicha tradición, es casi seguro, tuvo su origen en el proceso de la conquista mismo, en particular con las famosas entradas, campañas militares realizadas por los conquistadores y encomenderos tras las primeras exitosas batallas de 1524, con el propósito de reafirmar el poderío español sobre la región. Entre las primeras expediciones de este tipo figuran las emprendidas en los años 1525-1530 por los conquistadores Gonzalo y Jorge Alvarado, con el fin de sofocar la feroz y prolongada resistencia de los Kiche, Mam, Ixil, Uspanteca y otros grupos étnicos del occidente guatemalteco12. Al decir de Marchena: “Hay que señalar, como premisa básica, que no fue la obligación legal, sino la más pura necesidad, la que conllevó que los encomenderos tuvieran que defender con las armas en la mano sus propiedades en minas, tierras e indios, más que al orden colonial en sí mismo13.”

10Tras la muerte de Pedro de Alvarado y su esposa Beatriz de la Cueva, la corona, a través de la Audiencia, asumió el control administrativo y militar sobre Los Altos. Los presidentes de la Audiencia, a quienes se les confirió el rango de capitán general a principios del siglo XVII, corrieron a partir de entonces con la responsabilidad de la defensa y seguridad del reino. En las provincias, esta responsabilidad se delegó en los corregidores y alcaldes mayores, o gobernadores de distrito. A lo largo del período colonial, estos oficiales, a su vez, dependieron enteramente en la colaboración de los vecinos no-indígenas para llenar dichas responsabilidades, ya que la corona, como se ha indicado, nunca contó con los recursos suficientes para apostar fuerzas veteranas en cada región del imperio para su resguardo14.

11En zonas fronterizas del interior americano como Los Altos, en donde el alcance normativo e ideológico de la corona e iglesia españolas fue siempre muy limitado, la principal amenaza contra el orden colonial no provenía de enemigos extranjeros sino de la población indígena misma. Porque pese a que la consolidación del aparato administrativo colonial conllevó un relativo grado de estabilidad política, las comunidades de los altos persistieron a lo largo del periodo colonial en resistir y protestar los abusos e imposiciones imperiales así como en defender su autonomía política y culturales mediante el uso de una gran variedad de estrategias de resistencia pasivas y a menudo violentas. Estas últimas cobraban expresión a través de los llamados motines o tumultos, los cuales solían estallar en momentos en que se desbarataba el precario equilibrio socio-político que caracterizaba el llamado pacto colonial (el acuerdo tácito de las comunidades indígenas a someterse a la autoridad española, a pagar tributo y otras exacciones a cambio de un alto grado de autonomía política, económica y cultural15). En los casos en que los disturbios no lograban resolverse a nivel local, entonces se recurría al auxilio de la milicia con el propósito principal de restablecer el orden y renegociar los términos del pacto colonial. La intervención de la milicia, prácticamente en todos los casos de que se tiene noticia, culminaba con la dispersión de los alzados, quienes armados de palos, piedras y machetes casi siempre llevaban las de perder en choques contra los arcabuces, espadas y caballos usados por los milicianos. Sin duda, el monopolio sobre los instrumentos más efectivos de represión otorgaba a los agentes reales una indiscutible ventaja sobre la población vasalla a la que por ley se le prohibía el acceso a tales instrumentos.

12De hecho, la voluminosa documentación sobre motines en Los Altos constituye una fuente importante para conocer el funcionamiento estratégico de las milicias16. Un caso ilustrativo lo constituye el alzamiento de los indígenas de Totonicapán en 1679, motivado por los abusos del alcalde mayor de turno en el cobro de repartimientos de algodón. Tras el intento fallido de las autoridades indígenas (gobernador, teniente y alcaldes) por sofocar el alboroto, el alcalde mayor se vio forzado a solicitar auxilio a su colega más cercano, don Juan Francisco Moreno, corregidor de Quezaltenango. Inmediatamente, una compañía, compuesta de vecinos quetzaltecos, al mando de Moreno, acudió a pacificar el pueblo. Según testimonio rendido ante Moreno como parte de la investigación pertinente, “con el socorro que vino de Quezaltenango los indios se aquietaron.” “Y el otro día que llegó el corregidor de Quezaltenango con su gente se había sosegado todo17.

13Otro caso aleccionador es el motín de 1710 en el pueblo de San Juan Ostuncalco, corregimiento de Quetzaltenango. No se conocen las causas del violento levantamiento. Pero no cabe duda que fue suficientemente serio como para obligar al entonces corregidor de Quezaltenango, don Pedro Juste, ha pedir auxilio a las jurisdicciones vecinas. Además de la fuerza enviada de la cabecera, Quezaltenango, acudieron compañías de San Marcos, Totonicapán y de Huehuetenango con el fin de restablecer el orden. Estas últimas arribaron al mando del corregidor don Luis Antonio de la Concha y el sargento mayor don Juan Martínez de la Vega, un total de 369 hombres los cuales permanecieron acuartelados por más de cinco meses. Una vez concluida la investigación judicial, Martínez de la Vega marchó hacia la capital con los reos indígenas al frente de un destacamento de 55 hombres18.

14De lo anterior se desprende que dada la propensión de las comunidades indígenas a resistir y protestar los excesos de los agentes del régimen colonial español, la función estratégica esencial de las milicias altenses fue desde un comienzo el actuar como una especie de guardia de defensa civil encargada de preservar el orden y seguridad interiores de la región. Como explicaba el corregidor de Totonicapán durante la crisis de 1820, el fin de enviar la tropa no era “atacar pero si para imponerles respeto a la autoridad y para precaver un nuevo levantamiento19. En ningún momento las milicias altenses parecen haber jugado papel alguno en la defensa exterior, especialmente en la zona costera del caribe, el punto más vulnerable del istmo. La protección de dichos puntos se confió fundamentalmente a las milicias de regiones como Chiquimula, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

15En cuanto a la composición socio-étnica de las milicias tradicionales, está claro que desde un principio las compañías estaban conformadas exclusivamente por elementos masculinos no-indígenas asentados en los Altos. Esto obedeció, en parte, a que la población masculina indígena fue siempre considerada por los europeos inepta para el servicio militar. Pero no cabe duda que de más peso aún fue el deseo de las elites españolas de mantener su monopolio sobre la fuerza, procurando por todos los medios el que la población subyugada no accediera al uso de armas o caballos. En consecuencia, en un principio la milicia estuvo conformada exclusivamente por los encomenderos, comerciantes y hacendados españoles asentados en Los Altos con el posible auxilio de algunos indígenas de confianza. Aunque no cabe duda que inicialmente la supresión de las rebeliones indígenas fue mayormente la responsabilidad de tropas despachadas por los capitanes generales desde la capital del reino, Santiago de Guatemala, dado que el número de españoles asentados en Los Altos fue siempre muy escaso. Esto se explica, en parte, por el frío clima y ante todo por la carencia de minas y productos agrícolas de exportación, lo que hicieron a occidente región poco atractiva para la mayoría de los inmigrantes europeos20.

16Dado el corto número de españoles disponibles para el servicio miliciano, no sorprende el que tan pronto como el volumen de la población lo permitió, gradualmente fueron incorporados a dichos cuerpos elementos mestizos así como mulatos y negros libres, gente llamada de casta (ladinos en el siglo XVIII). La población negra y mulata (parda) siempre conformó un pequeño sector dentro del total. Fueron siempre los mestizos los más numerosos y en continuo proceso de expansión. Pero no obstante, cabe destacar que el tamaño de la población no-indígena, española y de casta, continuó siendo relativamente pequeño al menos hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Este patrón de asentamiento se ve reflejado en un documento de 1673, una de las primeras referencias documentales a las milicias altenses de que se tiene noticia. Se trata de un reporte generado en el contexto del alistamiento general ordenado por el Capitán General Fernando Francisco de Escobedo a raíz de la amenaza corsaria sobre las provincias costeras del atlántico. El listado de unidades milicianas organizadas en las diferentes regiones del reino menciona una sola compañía compuesta de vecinos de los partidos altenses, Quezaltenango, Totonicapán-[Huehuetenango] y Tecpán-Atitlán, con un total de 233 hombres. Evidentemente, la escasez de personal apto para el servicio miliciano hacía todavía necesaria la agrupación de gente de los tres distritos a fin de formar una compañía21.

17Aunque incompletos, los datos aportados por el censo poblacional efectuado una década más tarde, 1683, brindan una idea concreta de las dimensiones del fenómeno en cuestión y a la vez revelan la incipiente diversidad étnica de la población no-indígena en Los Altos. En el pueblo de Huehuetenango el censo sólo menciona tres vecinos españoles y cuatro en el pueblo de Chiantla. En el barrio de San Marcos, corregimiento de Quetzaltenango, se asentaba una población de gente ladina con 38 casados; y en el pueblo de Quezaltenango vivían 53 personas entre españoles, mestizos y mulatos casados, viudos y solteros (con 920 indios casados22).

18Casi sesenta años más tarde, en las relaciones geográficas de la década de 1740, los datos poblacionales revelan un relativo aumento de la población no-indígena así como una mayor diversidad étnica, especialmente en Quezaltenango, lugar que ya se perfilaba como el centro demográfico y comercial más importante de occidente; en otras áreas, sin embargo, en términos absolutos el cambio es decididamente modesto. No obstante el número es ya suficiente como para justificar la creación de compañías sueltas separadas en cada uno de los partidos. Según el autor de la relación, en el pueblo de Huehuetenango moraban 20 españoles, 25 mestizos y cinco mulatos con 200 indios tributarios. En el de Nuestra Señora de Chiantla habían siete familias españolas, 18 de mestizos, y diez de mulatos, todos conviviendo con once indios tributarios. El pueblo de San Miguel Totonicapán albergaba ocho familias de españoles, 27 de mestizos, siete de mulatos, con 458 indios tributarios. Además el alcalde mayor reportó que en su jurisdicción habían dos valles de Españoles y de otras esferas: el de San Carlos Sija con diez familias de españoles, tres de mestizos y una de negro; San Luis Salcajá con 20 familias de españoles y quince de mestizos. “Todos [los anteriores] …componen una compañía [de milicia], debajo del mando de un capitán, que con los otros cavos principales viven en este dicho pueblo de Huehuetenango23. Por la misma época, la relación geográfica del corregimiento de Quezaltenango reportó un total de 650 españoles, mestizos y mulatos viviendo en la cabecera, el pueblo de Quezaltenango: un 50% mestizos; 45% españoles y sólo 5% mulatos. Del padrón indígena incluido en la relación también se colige un alto grado de mestizaje, con 90 matrimonios entre no-indígenas e indígenas. El notable aumento de la población en relación con el censo de 1683, permitía el alistamiento de unos 200 hombres en la compañía miliciana del pueblo. En el otro centro de población no-indígena de la jurisdicción de Quezaltenango, San Marcos, la relación revela un total de aproximadamente 800, cuatro veces mayor que la población reportada en 1683. Al igual que en Quetzaltenango, San Marcos, sostenía una compañía miliciana de 200 hombres24.

19En la provincia de Tecpán-Atitlán, sólo la cabecera, Sololá, albergaba un corto número de no-indígenas: un total de 40 españoles, mestizos y mulatos. El volumen de la población no-indígena continuó siendo muy bajo en esta provincia a través del siglo XVIII e incluso hasta hoy en día25.

20En resumen, las milicias tradicionales de los Altos fueron entonces desde sus orígenes, unidades étnicamente integradas——compuestas de vecinos españoles, mestizos y mulatos—, en contraste con las compañías de otras partes del reino tales como la provincia aledaña de Suchitepequez, en las que se crearon unidades separadas de pardos [mulatos] y blancos. Asimismo, cabe destacar que la participación en la milicia llegó a constituir rasgo distintivo de los sectores español y ladino, una suerte de etiqueta étnica, ya que por ley prácticamente toda la población hábil masculina desde los doce años para arriba formaba parte de ella. Este estatus a su vez promovió un cierto sentido de identidad común que diferenciaba a los milicianos del resto de la población indígena de Los Altos.

21La gran mayoría de los mestizos y mulatos radicados en Los Altos eran modestos labradores dedicados en pequeñas parcelas, llamadas de “pan llevar”, al cultivo de maíz, fríjol y vegetales para el consumo familiar, así como trigo para la venta en los mercados locales. Muchos suplementaban estas actividades ocupándose en los oficios de tejedor, zapatero, sastre, herrero, carpintero, albañil, cohetero, sombrerero, platero y otros. El pequeño sector español (peninsular y criollo) se dedicaba al rentable negocio del comercio de importación de mercancías europeas y al comercio interregional de productos altenses tales como trigo y tejidos. Otros invertían en haciendas donde se producían dichos productos de la tierra empleando mano de obra indígena o ladina. Además tendían a controlar el crédito y el comercio regional y exterior, usualmente en asociación con el corregidor o alcalde mayor de turno26.

22En términos generales, el cuerpo de oficiales de cada compañía tendía a estar integrado por los comerciantes y hacendados españoles (peninsulares y criollos) más opulentos y socialmente distinguidos, tal como lo exigía la reglamentación militar. Eran estos los que en conjunto con el alcalde mayor corrían con la responsabilidad de avituallar y reclutar el personal necesario para las compañías. Como era de esperarse, se les designaba para los rangos superiores de coroneles, sargentos mayores, ayudantes, capitanes y alférez (los rangos de coronel y ayudante se introdujeron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII). Los españoles de más modesta condición socio-económica fungían de sargentos y cabos de escuadra y hasta de soldados. La perenne escasez de personal apto para el servicio en los Altos, forzó a muchos alcaldes mayores a incorporar miembros de las llamadas “castas limpias” (castizos y mestizos) al rango de oficiales. Como se verá más adelante, esto sucedía asimismo en casos en que los alcaldes mayores juzgaban personal y estratégicamente ventajosa la colocación de ladinos de su confianza en dichos escalafones. Los ladinos y mulatos pobres conformaban el grueso de la tropa miliciana27.

23Como se indicó anteriormente, las compañías tradicionales no gozaban del derecho al fuero (privilegios y exenciones militares), salvo en tiempo de campaña activa. Sin embargo, el servicio al rey en armas confería, especialmente a los oficiales, capital y prestigio social que se podía convertir en influencia política y hasta capital económico. Permitía acceso a círculos gubernamentales, conexiones políticas, financieras y sociales. Asimismo otorgaba a los oficiales mayores rango cuasi-oficial en la burocracia imperial, a menudo llamados a servir en calidad de comisionados, testigos instrumentales o de asistencia, tenientes de corregidor, etc. Estos oficiales/comerciantes, tendían a actuar en colusión con los corregidores de turno, usualmente formando lucrativas alianzas comerciales con ellos. En resumen, la participación en la milicia podía servir como medio de ascenso social, político y económico dentro del ámbito local. Pero ante todo propiciaba el fortalecimiento y ensanchamiento de los patrimonios de los oficiales españoles quienes por su condición étnica privilegiada tendían a beneficiarse más que los ladinos28.

24El cuadro uno ilustra varios aspectos de las milicias tradicionales examinados anteriormente; muestra la composición socio-étnica y demográfica de la compañía de milicia de Quezaltenango en 1762, pocos años antes de introducirse la primera reforma al sistema tradicional. Está basado en el estado elaborado por el Sargento Mayor don Tomás Panizo, comerciante peninsular, a raíz del alistamiento general ordenado por el capitán general don Alonso Fernández de Heredia con motivo de la entrada de España a la guerra de los Siete Años (1761-1763). Se extrajeron sólo los datos correspondientes al cuerpo de oficiales. El documento original incluye los nombres, calidad y totales de toda la tropa.

25Entre los aspectos que se destacan está el hecho de que en la víspera de la reforma, la milicia tradicional en Quezaltenango se hallaba bajo el control de un corto grupo de comerciantes y hacendados españoles, la mayoría criollos forasteros, radicados en el pueblo por muchos años. Los escalafones inferiores estaban en manos de nativos quezaltecos. Para entonces el tamaño de la compañía había crecido, de unos 200 en 1740, a 350, hecho que al mismo tiempo reflejaba el aumento de la población no indígena en el pueblo. De este total, 268 (77%) pertenecían al sector casta y 82 (23%) al español. Dentro del grupo casta, los mestizos conformaban más del 70% del total. Entre el sector español, 63% servían como soldados y el resto, 37%, como oficiales. Como se puede apreciar, el sector mestizo registraba la taza de crecimiento más alta de la población no-indígena. Esta tendencia se acentuaría aún más con el transcurso del siglo XVIII y durante el XIX29.

Las Reformas Militares del Siglo XVIII

26Conviene señalar para comenzar, que dados los límites de espacio del presente trabajo, no es posible tratar en detalle el tema de las reformas militares. El esbozo que se presenta a continuación se centra en el papel estratégico de las milicias disciplinadas así como en el impacto socio-político de las reformas en el pueblo de Quetzaltenango, caso para el cual la documentación es más voluminosa.

27Cuando se habla de reforma borbónica militar se hace referencia a la serie de iniciativas implementadas a lo largo del siglo XVIII por los monarcas borbónicos encaminadas a reforzar las defensas imperiales en América con el fin principal de contrarrestar la alarmante amenaza británica. Tal proyecto defensivo alcanzó su apogeo en la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente a partir de 1762 tras la toma de la Habana por los ingleses. Componente importante del paquete de reformas fue la introducción en Indias del sistema de milicia disciplinada que ya se había establecido en España en 1734. El objetivo clave de la reforma era brindar adiestramiento militar a las milicias tradicionales con la asistencia de oficiales veteranos peninsulares de manera de que sirvieran como reserva estratégica con capacidad defensiva y ofensiva en casos de emergencia. Como incentivo al alistamiento, especialmente de las elites americanas, la reforma concedió el fuero militar tanto a los oficiales como a la tropa30.

28En el reino de Guatemala los primeros intentos por reorganizar las milicias y ponerlas en pie de las de España se dieron bajo los gobiernos de los presidentes Alonso de Arcos y Moreno (1754-1760) y Alonso Fernández de Heredia (1761-1765). Pero debido a la consabida falta de fondos, falta de apoyo político en la corte y en el caso de Fernández de Heredia falta de confianza en la población subalterna, tales intentos no llegaron a materializarse31. Sólo fue bajo el gobierno de Pedro de Salazar (1765-1770) cuando se emprendió el primer intento serio de disciplinar las milicias en el reino de Guatemala, incluyendo la asignación de ayudantes veteranos para el adiestramiento de las tropas y la concesión del fuero militar a oficiales así como a soldados. En Los Altos, el proceso se inició en 1766 con el nombramiento de don Gaspar Reyes y don Antonio Frutos, ambos subtenientes de infantería, encargados de proveer adiestramiento militar profesional a las milicias de Quetzaltenango y Totonicapán-Huehuetenango. A continuación, los corregidores y alcaldes mayores se instruyeron para que implementaran una reorganización completa de las compañías y nombraran los elementos de más antigüedad, experiencia, y calidad para ocupar los rangos superiores32.

29En Quezaltenango, el primer intento de reforma estuvo acompañado de considerable conflicto político, ya que el privilegio del fuero esta vez hacía la participación en la milicia reformada aún más beneficiosa, especialmente para el pequeño grupo español de forasteros que continuaba al mando de la institución [que a la sazón ejercía el control sobre la milicia antigua]. Individuos como el Coronel don Gregorio Lizaurzabal, el Sargento Mayor don Tomás Paniso y el capitán don Florencio Loarca, quizás los más acaudalados comerciantes y hacendados de la región, acostumbrados a proceder en colusión con los corregidores de turno, confiaban en poder mantener el control absoluto de la recluta y para sí mismos los escalafones más importantes. El corregidor, Francisco Aldama y Guevara, por su parte, celoso servidor del rey, fervoroso católico y aparentemente exento de ambición o habilidad para los negocios, eligió proceder de manera independiente, sin atender a los intereses de dicho grupo oligárquico, nominando para posiciones de oficiales a individuos sin ninguna trayectoria en los niveles superiores y de modesto origen socio-económico. Pero se trataba de sujetos que en opinión del corregidor contaban con la experiencia, carisma e influencia sobre la tropa rasa que los calificaba para asumir el liderazgo de la milicia reformada; individuos asimismo en los cuales el oficial real podía confiar y manipular a su antojo. Al cabo de un periodo de turbulencia y anarquía en el pueblo, durante el cual los jefes milicianos intentaron por todos los medios desbaratar los planes de Aldama, incluyendo incitativas a sus tropas ladinas a desobedecer la autoridad de Aldama, sucesos inesperados decidieron la contienda a favor del corregidor33. La muerte inesperada del sargento mayor Paniso y el encarcelamiento y subsecuente muerte del capitán Loarca, así como la creciente marginalización del coronel Lizaurzabal en razón de problemas legales, permitieron al fin que Aldama implementara su propio plan34. En agosto 1767, el capitán general Salazar aprobó la nómina de oficiales sometida por Aldama. Como se colige del cuadro dos, se formaron tres compañías de 100 soldados y al mando de cada una se puso un cuerpo de oficiales casi todos pertenecientes a la elite criolla quetzalteca, muchos de ellos individuos de origen humilde. Por ejemplo, el capitán Juan Ventura Escobedo y los tenientes Florencio Cancinos y Felipe Díaz así como el subteniente Manuel Díaz eran, como se descubriría más tarde, realmente de extracción ladina, aunque evidentemente a nivel local eran tenidos y reputados por españoles criollos. No cabe duda que representaban ejemplos de individuos que habían servido desde muy jóvenes como soldados con la esperanza de mejorar su modesta condición socio-económica. Y que en 1767 aprovechándose de una coyuntura política favorable habían logrado ascender a la cúspide del escalafón miliciano, posición que mantendrían durante las dos décadas siguientes. Al efectuarse una nueva reorganización de la milicia en 1779, muchos de ellos exigirían y esperarían que sus denodados servicios al rey fueran ampliamente remunerados35.

30La muerte inesperada del presidente Salazar en 1771 junto con el terremoto de 1773 ocasionaron una necesaria pausa en el proceso de reforma militar. La gestión del nuevo capitán general Martín de Mayorga (1773-1779) se vio completamente absorbida por los conflictos generados por la traslación a la nueva capital y el auxilio a los numerosos damnificados. Sería el estallido de la guerra con Inglaterra en 1779 que ocasionaría la reanudación del proyecto de reforma, esta vez un esfuerzo mucho más serio y decidido puesto que la urgencia de la coyuntura así lo exigía. Para llevar a cabo dicha empresa, el ministro de Indias, José de Gálvez, nombró a su hermano don Matías de Gálvez, veterano coronel del ejército, quien luego de arribar a Guatemala en junio de 1778, procedió a instituir una completa reorganización de la estructura miliciana, institución la cual se esperaba jugaría papel clave en la defensa del reino36. En carta de 6 de enero de 1779, Gálvez informó a su hermano acerca del estado en que encontró a las milicias a su llegada en el reino: “desde mi arribo en esta capital e ingreso en el mando de la inspección no me ha quedado diligencia por hacer con el fin de tomar seguras noticias del estado en que existían las milicias, su instrucción y que armamento usaban. Nada me ha sido posible averiguar a fondo ni puede decirse que ha habido tal milicia sino una porción excesiva de gente alistadas sin método, ni arreglo en nada, por cuya razón la formación que estoy practicando es en el todo nueva creación37. ”

31El resultado más notable de la reforma militar instituida por Matías de Gálvez en Los Altos fue la formación de un batallón de infantería de milicias disciplinadas compuesto de una plana mayor de oficiales, una compañía de granaderos y ocho de infantería, de 87 soldados cada una, con un total de 873 hombres, todos con goce de fuero. Esta nueva unidad estuvo integrada por oficiales y soldados tanto del pueblo de Quetzaltenango como del vecino barrio de San Marcos. En Totonicapán-Huehuetenango se establecieron tres compañías de 87 soldados cada una, un total de 261. No se cuenta con información acerca de la reforma en Solola38.

32El incremento substancial en el número de compañías y total de la tropa, en comparación con la primera reforma de 1767, refleja los importantes cambios socio-demográficos que Los Altos experimentó en la segunda mitad del siglo XVIII, en especial durante los años que siguieron a los terremotos de 1773. Este período se caracterizó por un considerable influjo migratorio procedente principalmente de la arruinada capital de Santiago de Guatemala, especialmente hacia Quetzaltenango, para entonces el más dinámico centro demográfico y comercial de la región. Con el propósito de reconstruir sus vidas y fortunas así como con la intención de hacer de Quetzaltenango su nueva patria chica, un grupo relativamente numeroso de comerciantes peninsulares y criollos se unió a esta nueva ola migratoria. Junto con estos fueron llegando miembros de las numerosas castas procedentes de la capital—-mestizos, mulatos, negros—así como indígenas originarios de pueblos aledaños a la capital. Los padrones de población disponibles reflejan claramente estos cambios sociodemográficos. De un total de 1.865 en 1740, la población total de Quetzaltenango ascendió en 1789 a un total de 5.600. El sector no-indígena creció de 650 a unos 1800, mientras el segmento indígena se vio aumentado de 1.215 a 3.800. Este patrón demográfico persistió hasta principios del siglo XIX. En un censo realizado en 1804 se estimó la población total en 9.100 (5.670, [62%], indígena y 3.430, [38 %], no-indígena39).

33En el corregimiento de Quetzaltenango la implementación del nuevo reglamento de milicias corrió a cargo del subteniente de infantería don Antonio de Echeverría quien a mediados de 1779 inició el proceso de formar las nóminas de candidatos para los puestos de oficiales. Tras larga consulta con el entonces corregidor Francisco Rodríguez y otros sujetos de prestancia, Echeverría finalmente remitió a Gálvez las propuestas de oficiales que según él incluían los “sujetos más beneméritos que hay en el distrito de dicha provincia y que desean emplearse en el servicio”. Gálvez a su vez, en correspondencia de 2 de diciembre de 1780, pasó a manos de su hermano José de Gálvez, dicha nómina, solicitando que el rey les expidiese sus respectivos títulos40.
Como se desprende del cuadro tres, aparte del coronel y el sargento mayor, ambos pertenecientes a la aristocracia comercial y militar de Santiago de Guatemala, la nueva unidad incorporó elementos nativos quetzaltecos como al capitán Juan Ventura Escobedo, nombrado para el importante puesto de teniente coronel, al teniente Florencio Cancinos (nombrado capitán de granaderos), el subteniente Manuel Díaz y el sargento Felipe Páez (nombrados capitanes de la cuarta y quinta compañías respectivamente), individuos, como ya se señaló, con una larga trayectoria de dedicado servicio en la milicia, incluyendo comisiones de oficiales desde 1767. Dicho rango de oficiales y antiguo servicio había convertido a estos individuos en miembros respetados de lo que se podría llamar la elite hispana (no-indígena) criolla de Quetzaltenango, pese a su procedencia socio-económica relativamente humilde. No cabe duda que fueron estas calificaciones las que el emisario de Gálvez tuvo en cuenta para nominarlos para los puestos principales de la nueva unidad. Al mismo tiempo, es de suponer que dadas sus trayectorias, estos individuos confiaban y asumían que dichas colocaciones les correspondían por derecho tanto como por méritos41.

Compartiendo las comisiones de oficiales con los anteriores, destaca la presencia de un numeroso grupo de individuos forasteros, la mayoría peninsulares, colocados en las posiciones de capitán, teniente y subteniente, todos ellos sin ninguna clase de antecedente militar. Quienes eran estos individuos? Eran los miembros más acaudalados y socialmente distinguidos de un numeroso contingente de inmigrantes peninsulares y criollos, vinculados al comercio de Santiago de Guatemala, que habían elegido radicarse en el pueblo poco después del terremoto de 1773. En el corto lapso de tiempo que había transcurrido desde su llegada habían logrado acumular modestas fortunas en base a su participación en el ya para entonces lucrativo comercio altense en trigo y telas de la tierra. Su meteórica ascendencia en la pirámide socio-económica local había sido propiciada por su acceso a capital financiero, así como a influencia política en la nueva Guatemala, al igual que por una lucrativa alianza comercial con el entonces corregidor Francisco Rodríguez Erce. La creación del batallón de milicias significó para este ambicioso grupo la oportunidad de consolidar su creciente dominio económico y social dentro del pueblo con la obtención de comisiones de oficiales en la nueva unidad. En particular, el grupo de capitanes de origen peninsular en base, al parecer, a su limpieza de sangre y principalmente su promesa de considerables contribuciones pecuniarias a la real hacienda, esperaban ser asignados para los puestos de mando: teniente coronel y capitán de granaderos42. No sorprende entonces que al Echevarria anunciar sus propuestas, dicho grupo se sintió afrontado. Evidentemente, con la intención de evitar un choque entre las dos facciones, la quetzalteca y la inmigrante, el comisionado de Gálvez había tratado de satisfacer a ambos grupos distribuyendo los primeros puestos entre ellos. Pero dicha resolución no resultó aceptable para los ambiciosos y arrogantes forasteros. Argumentando que los oficiales quetzaltecos no eran dignos de tan altos puestos en razón de sus “defectuosos nacimientos”, o sea extracción mulata, el grupo de capitanes peninsulares liderado por don Domingo Gutiérrez Marroquín, comerciante y miembro de la nobleza montañesa de Burgos, inmediatamente inició una prolongada y costosa campaña encaminada a desalojar a los quezaltecos de sus comisiones y acceder ellos mismos a dicho puestos. En primera instancia recurrieron al capitán general Gálvez, pero este oficial, en vista de estar ocupado con los quehaceres de la guerra, ignoró sus quejas. Luego, al recibir noticia de que el gobierno había expedido los respectivos títulos a los oficiales quetzaltecos en 15 de mayo de 1782, los agraviados oficiales ocurrieron al rey mismo en septiembre de 1783 en busca de justicia: “Don Luis Pardo, don Domingo Gutiérrez Marroquín, don Pedro Mazeyras, don Manuel Casado y don Nicolás López de Figueroa, naturales de estos reinos [de España] y capitanes del Batallón de Milicias de la Provincia de Quesaltenango, sumisamente postrados a los R. P. de V. M. hacemos presente el agravio que se nos ha irrogado en la formación del citado reglamento por el subteniente del batallón de infantería veterana don Antonio de Echeverría quien desatendiendo el artículo de la instrucción que entre otros se le dio por el presidente don Matías de Gálvez, para que en la provisión de los primeros empleos prefiriese a los sujetos más distinguidos de dicha provincia lo ejecutó dando el de teniente coronel a Juan Ventura Escobedo de cuyo nacimiento hacemos narración a VM como también el de los capitanes Manuel Florencio Cancinos, Felipe Páez de Medina y Manuel Díaz, todos de descendencia oscura y despreciable. Suplicamos a VM se digne mandar se excluyan de su Real Servicio por los motivos que expresamos43.

34En abril de 1784, el rey, a través de su ministro de indias, Gálvez, notificó al entonces presidente de la audiencia, José de Estachería, que les aprobase a los capitanes su solicitud pero bajo la condición de que presentaran evidencia justificando la veracidad de sus alegatos. Enterado de dicho dictamen real, Gutiérrez Marroquín procedió personalmente a reunir los documentos y testimonios pertinentes, los cuales remitió al presidente Estachería en 23 de agosto de 1785. Según Marroquín la evidencia recogida no dejaba duda que el teniente coronel y demás capitanes quetzaltecos eran de origen mulato y por ende indignos de tan exaltados rangos44. La nueva unidad miliciana en Quetzaltenango devino entonces en un campo de confrontación entre dos facciones de la elite no-indígena: una compuesta de criollos y ladinos nativos de Quetzaltenango y la otra integrada por ambiciosos comerciantes peninsulares, individuos estos orgullosos de su “limpieza de sangre” y resueltos a arrebatar el control de la institución miliciana y sus privilegios a los oficiales quetzaltecos con el objetivo principal de consolidar su proyecto de dominio político y económico local.

35Los intricados detalles de la contienda entre estas dos facciones ya han sido tratados en estudio aparte45. Por lo pronto basta indicar que la actitud discriminatoria del grupo peninsular causó grande indignación entre los círculos no-indígenas del pueblo y precipitó eventualmente un sangriento alzamiento por parte de una coalición de milicianos, liderados por el capitán Florencio Cancinos, junto con el apoyo de elementos indígenas y ladinos, en contra de los aborrecidos forasteros. El motín de abril 19, 1786, obligó a Gutiérrez Marroquín y sus aliados, a abandonar temporalmente el pueblo, uno de los objetivos principales de los alzados. Pero considerando la rebelión como afronta a la autoridad real, el presidente Estachería despachó un destacamento de fuerza veterana al mando del ayudante mayor don Prudencio de Cozar con el fin de restablecer el orden y aprehender a los cabecillas. A esta fuerza se unieron unidades milicianas enviadas desde Huehuetenango y Totonicapán, en el estilo característico de occidente. La intervención militar del estado borbónico tuvo el notable efecto de decidir de una vez por todas el conflicto a favor de la facción peninsular. Al poco tiempo, Gutiérrez Marroquín y sus aliados regresaron de sus lugares de refugio, escoltados por las armas del estado borbónico y procedieron a reconstruir sus vidas y patrimonios en Quezaltenango. Los lideres quetzaltecos y muchos de sus subalternos sufrieron destierro, prisión y confiscación de sus bienes46.

36En los años subsiguientes al tumulto, el grupo peninsular, aprovechándose de la favorable coyuntura, se apresuró a asumir el control absoluto de la milicia, así como a consolidar su dominio social, económico y político a nivel no solo local sino también regional. Domingo Gutiérrez Marroquín asumió el puesto de capitán comandante en 1791, a raíz del traslado a Guatemala del coronel Manrique. Murió en 1795 ejerciendo las prerrogativas de tan anhelado puesto. Fue reemplazado por su paisano y socio comercial, don Luis Antonio Pardo y Quiroga, presuntamente miembro de familia noble gallega47. El cuadro cuatro pone de manifiesto el grado de control sobre la milicia que este grupo de forasteros ya gozaba hacia finales del siglo XVIII. De un total de 32 oficiales, sólo once (34%) eran nativos de Quetzaltenango. Pero de esos once, seis eran hijos de inmigrantes peninsulares o criollos: el teniente Juan Gutiérrez Marroquín, por ejemplo, era el hijo primogénito de don Domingo. El teniente de granaderos Toribio José de Fuentes era hijo de don Mariano Fuentes, comerciante de Santiago; el subteniente Pablo Mata era hijo de José Mata, inmigrante criollo natural de Patzicía. Esto quiere decir que el 85% de los oficiales eran miembros del grupo forastero. Y los cinco oficiales quetzaltecos eran todos criollos acaudalados, iguales a nivel económico y social a los forasteros.
En las décadas siguientes, estos individuos, junto con sus descendientes, a través de alianzas matrimoniales y comerciales, llegaron a conformar una apretada red de familias notables basada en estrictos criterios de limpieza de sangre, distinción social y posesión de capital comercial. Este núcleo de familias patricias devino en el siglo XIX en lo que se podría llamar la oligarquía burguesa hispana de Quetzaltenango, grupo privilegiado destinado a jugar papel protagónico en los ámbitos políticos y económicos a partir de la independencia, no sólo en los altos sino en la incipiente república guatemalteca48.

37Durante las dos últimas décadas de la colonia, período de crisis constitucional en el imperio e inestabilidad política en el istmo, la milicia altense, y en especial la quetzalteca, asumió mayor importancia aún, en su calidad de instrumento clave en el mantenimiento del orden y preservación del dominio español sobre Los Altos. En este cometido resultó decisiva la estrecha relación que se desarrolló entre la nueva elite y el corregidor y teniente coronel de la milicia don Prudencio de Cozar, celoso patriota y dedicado reformador borbónico49. Se trataba de una alianza de mutuo beneficio; endeudados con el estado borbónico por el apoyo que les había brindado durante la crisis de 1786, los líderes oligarcas, a su vez, mantuvieron su adhesión a la madre patria hasta la víspera de la independencia. En breve, una alianza entre un estado borbónico en crisis necesitado de apoyo político y una oligarquía regional con necesidad de legitimar su recién obtenida posición dominante que tuvo el efecto de imponer un alto grado de estabilidad y lealtad política a la corona durante la dura crisis de 1808-1821.
En términos concretos, la milicia de Los Altos, en especial la de Quetzaltenango, contribuyó en forma directa y decisiva a contener, por un lado, la propagación de la llamada “peste” revolucionaria proveniente de México—-movimiento de Morelos— en 1813,y por el otro, a sofocar la rebelión de los indígenas de Totonicapán en 1820, este último quizás el más importante intento de las comunidades nativas de Los Altos por conquistar su autonomía cultural y política de todo el periodo colonial.

38En noviembre de 1811, temiéndose la penetración en territorio guatemalteco de la insurrección de Morelos proveniente de Oaxaca, el nuevo capitán general J“José de Bustamante (ficha : 605)”:/index.php?action=fi_aff&id=605 instruyó a Prudencio de Cozar, para que reorganizase el batallón de milicias de Quetzaltenango, el cual había sido suprimido en 1806. Según las instrucciones de Bustamante: “las circunstancias pueden exigir que se vaya a hacer uso de todo o parte de ese batallón de milicias disciplinadas teniendo que marchar a la provincia de Chiapas para pasar a situarse en los puntos de la raya confinantes al virreinato de México por donde pueden aproximarse algunas bandas de insurgentes a fin de rechazarlos para cortar las fatales consecuencias y desolación que lleva delante de si la vil canalla50.

39 Al igual que en ocasiones anteriores, como medio de estimular la recluta, la corona otorgó a los soldados y oficiales del nuevo batallón el fuero militar completo, privilegio celosamente defendido por el estamento miliciano y que pronto cobraría enorme importancia política durante el proceso independentista. El capitán comandante don Toribio Fuentes en carta dirigida a la audiencia en 1819, describió el resultado de la gestión de Cozar de esta manera: “en fin de dicho año [1811] se mandó completar un batallón, restableciendo el antiguo lo que se hizo en pocos días por el entusiasmo de estas gentes que a porfía acudían a afiliarse y resultó un lucido cuerpo de gente blanca pues en estas provincias no ha habido ni hay negros. Se uniformaron a su costa cerca de 600 hombres y lo mismo se hicieron cajas de guerra, banderas e instrumentos musicales sin el mínimo gasto del erario. Todo ello por que como conocen el honor y aprecian la distinción del fuero sin que por ello dejen de auxiliar la jurisdicción real con el mayor esmero51.”

40A principios de 1813, cuatro compañías fueron despachadas a la frontera entre las provincias de Oaxaca y Chiapas. Estas unidades, capitaneadas por miembros de la elite peninsular quetzalteca, pelearon con distinción y heroísmo, contribuyendo su parte a la exitosa conclusión de la urgente empresa, pues al fin y al cabo, la temida invasión de los insurgentes mejicanos no se materializo52.

41Siete años mas tarde, en marzo de 1820, un año antes de declararse la independencia, Los Altos se vio conmovido por un levantamiento indígena en el pueblo de San Miguel Totonicapán y otras comunidades aledañas. Dicho episodio ocurrió dentro del contexto de la crisis imperial de 1808 la cual precipitó en el istmo considerable inestabilidad institucional y política. La causa específica del furor popular fue el intento de las autoridades guatemaltecas por recaudar el tributo, impuesto este que los amotinados alegaban ya se había suprimido por su majestad el rey español. El último del período colonial, fue este sin duda uno de los más audaces motines en cuanto que sus líderes negaron toda autoridad a las autoridades del reino, declarando de facto autonomía política para sus comunidades y nombrando un rey y presidente indígenas. Pero al igual que anteriores motines indígenas, el de Totonicapán pronto sucumbió a la superioridad militar de la milicia altense. A principios de agosto de 1820, bajo el comando de Cozar y Fuentes, la milicia ladina de Quezaltenango acudió a sofocar la insurrección. Compañías de Sija y Salcajá también intervinieron en la campaña pacificadora. Los cabecillas, Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, fueron aprehendidos y trasladados a la cárcel de Guatemala. Un año más tarde la audiencia otorgó un indulto general para todos los implicados en la rebelión53.

42Estos acontecimientos ocurrieron pocos meses antes de declarase la independencia en Centroamérica. Quezaltenango junto con los otros partidos de los altos, declararon la independencia en 23 de septiembre de 1821, una semana después de declarada en la capital. Dos meses más tarde, los patricios quetzaltecos, a través del ayuntamiento, su órgano representativo, proclamaron a un tiempo su independencia del gobierno guatemaltecoy su anexión al imperio mejicano de Agustín de Iturbide54. Estos hechos resultan más bien sorprendentes si se tiene en cuenta la fidelidad a España profesada y demostrada por dichos patricios hasta ese entonces. Pero eventos en la madre patria y en Nueva España, fuera de su control, forzaron la toma de tan fundamental paso. Al igual que otros sectores peninsulares-criollos en Nueva España y Centro América, los quetzaltecos rechazaron de plano el giro radical que tomaron los acontecimientos en la madre patria con la restauración de las cortes liberales y la implementación de su agenda anti-clerical y anti-corporativa. Particularmente lesiva a sus intereses resultó la decisión de las cortes de suprimir el fuero militar, privilegio este que tanto la elite española como la soldadesca ladina no estaban dispuestos a renunciar. Al mismo tiempo, el triunfo de la causa independentista en Nueva España bajo los términos del Plan de Iguala, el cual entre otras cosas, prometía preservar dichos privilegios, acabó por convencerlos de que en tal críticas circunstancias no quedaba otra opción que separarse de España y unirse al nuevo imperio mejicano55.
Sin pérdida de tiempo, los quetzaltecos eligieron un representante al congreso mexicano con el encargo especial de solicitar para Los Altos el rango de provincia. Y mientras dicha petición era considerada, procedieron a erigir una junta gubernativa con sede en Quetzaltenango compuesta por representantes de los distintos distritos altenses y encabezada por don Prudencio de Cozar. Con el fin de defender el nuevo gobierno regional de posibles ataques guatemaltecos así como reprimir todo intento de oposición dentro de la región misma, los líderes quetzaltecos aprontaron la milicia y despacharon compañías a diversos puntos estratégicos56.

43Tras el fracaso rotundo del imperio, los quetzaltecos se unieron al proyecto federal centroamericano bajo la condición de que su autonomía regional sería respetada e institucionalizada con la creación de un estado compuesto por los distritos de Los Altos y Suchitepéquez. Durante las tres décadas siguientes, la elite altense, con el apoyo del grueso de la población ladina, se enfrascó en una tenaz lucha contra la elite comercial y política de Ciudad Guatemala con el fin de obtener la anhelada autonomía regional. El sistema miliciano regional, legado institucional de la colonia, asumió a partir de entonces una nueva función estratégica, la de sostener el proyecto estatal así como los intereses económicos del nuevo régimen republicano y oligárquico de Los Altos de Guatemala57.

44notas de pie de página

451 Stephen Webre, “Las compañías de milicia y la defensa del istmo centroamericano en el siglo XVII: el alistamiento general de 1673.” Mesoamérica, 14 (1987), págs. 511-529. En agudo contraste, el tema de las milicias si ha sido investigado a fondo en otras partes de Hispanoamérica como Nueva España, Cuba, Nueva Granada y Perú. Ver, por ejemplo, Christon I. Archer. The Army in Bourbon Mexico, 1760-1810, (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1977); Allan J. Kuethe, Cuba, 1753-1815: Crown, Military, and Society, (Knoxville: University of Tennessee Press, 1986); Allan J. Kuethe, Military Reform and Society in New Granada, 1773-1808, (Gainsville, 1978); Leon G. Campbell, The Military and Society in Colonial Peru, 1750-1810, (Philadelphia: The American Philosophical Society, 1978); La historia general más valiosa es la de Juan Marchena Fernandez, Ejército y Milicias en el Mundo Colonial Americano (Madrid: Editorial Mapfre, 1992).

462 Pedro Zamora Castellanos, Vida militar de Centro América (Guatemala: Tipografía Nacional, 1925); Troy S. Floyd, The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia, (Albuquerqui: The University of New Mexico Press, 1967) ; Murdo MacLeod, Spanish Central America, A Socioeconomic History, 1520-1720, (Berkeley: University of California Press, 1973); Miles Wortman, Government and Society in Central America, 1680-1840, (New York: Columbia University Press, 1982).

473 Jorge H. González, “A History of Los Altos, Guatemala: A Study of Regional Conflict and National Integration,” (Ph. D. diss., Tulane University, 1994); Greg Grandin, The Blood of Guatemala: A History of Race and Nation,. (Durham: Duke Univeristy Press, 2000); Arturo Taracena, Invención criolla, seuño ladino, pesadilla indígena: Los Altos de Guatemala: de región a estado, 1740-1850, (Antigua, Guatemala: CIRMA, 1997); Alvis Dunn “Aguardiente and Identity: The Holy Week Riot of 1786 in Quezaltenango, Guatemala” (Phd. D. diss., The University of North Carolina at Chapel Hill, 1999).

484 Francisco de Paula García Peláez, Memorias para la historia del antiguo Reyno de Guatemala, (3 vols. Guatemala: L. Luna, 1851-1852); Domingo Juarros, Compendio de la historia del reino de Guatemala, 1500-1800, (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1981)

495 “Every state is founded, in the final analysis, on force”. Citado por Derek Sayer en Gilber Joseph y Daniel Nugent, eds. Everyday Forms of State Formation: Revlution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico (Durham: Duke University Press), pág. 377.

506 James F. Powers, A Society Organized for War: The Iberian Municipal Militias in the Central Middle Ages, 1000-1284, (Berkeley: University of California Press, 1988).

517 Marchena Fernández, Ejército y milicias, pág. 103; Paul E. Hoffman, The Spanish Crown and the Defense of the Caribbean, 1535-1585: Precedent, Patrimonialism, and Royal Parsimony, (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1980), pág. 39. Esta orden se reiteró en cédulas de 1570 y 1599: “Que los vecinos de los puertos estén apercibidos de armas y caballos y hagan alarde cada cuatro meses”; “Que los vecinos de los puertos tengan prevención de armas y caballos, conforme a la posibilidad de cada uno, para que si se ofreciere ocasión de enemigos u otro cualquier accidente estén apercibidos a la defensa, resistencia y castigo de los que trataren de infestarlos y cada cuatro meses hagan alarde y reseña reconociendo las armas y municiones y haciendo que continuamente se ejerciten y de cada alarde y reseña envíen testimonio signados de escribano público a nuestro consejo”; “Que ninguno se exima de salir a los alardes y reseñas no estando reservado por ley o privilegio”. José María Zamora y Coronado, Biblioteca de legislación ultramarina, tomo III (Madrid: Imprenta de J. Martín Alegría, 1845).

528 García Peláez, Memorias, tomo II: 73. Según Stephen Webre, “a juzgar por las muchas quejas que se encuentran entre la correspondencia presidencial … no parece una exageración afirmar que estos oficiales nunca gozaron en aquel entonces [siglo XVII] de los recursos que hubieran preferido….siempre había escasez de tropas y, especialmente, de oficiales experimentados”. Webre, “Las compañías”, 512. Para una discusión de las prioridades estratégicas de la corona española en el caribe ver Hoffman, The Spanish Crown.

539 Floyd, The Anglo-Spanish Struggle, págs. 119-131.

5410 Marchena, Ejército y Milicias, págs. 101-104.

5511 W. George Lovell, Conquest and Survival in Colonial Guatemala: A Historical Geography of the Cuchumatán Highlands, 1500-1821 (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 1992), págs. 60-66. Breves descripciones de las más notables entradas y datos biográficos de sus capitanes se encuentran en, Juarros, Compendio, págs. 184-188.

5612 Marchena, Ejército y Milicias, pág. 36

5713 Floyd, The Anglo-Spanish Struggle, 9-12; AGCA, A1.21, leg. 2165, exp. 15586.

5814 Para un análisis reciente del pacto colonial (colonial bargain) ver, Robert W. Patch, Maya Revolt and Revolution in the Eighteenth Century (Armonk, New York: M. E. Sharpe, 2002), pág. 23-25.

5915 Dos obras que se ocupan de los alzamientos indígenas coloniales son: Severo Martínez Peláez, Motines de Indios: la violencia colonial en Centroamérica y Chiapas ( Puebla: Centro de Investigaciones Históricas y Sociales, 1985) y Patch, Maya Revolt and Revolution.

6016 AGCA, A3, leg. 2897, exp. 42997.

6117 AGCA, A1.21, leg. 2165, exp. 15586.

6218 AGCA, A1, leg. 194, exp. 4966. Manuel Lara a Prudencio de Cozar, 1820.

6319 Christopher Lutz, “Evolución demográfica de la población no-indígena”. En Historia General de Guatemala, Jorge Luján Muñoz, editor general. Vol 2 (Guatemala: Asociación de Amigos del País, Fundación para la Cultura y el Desarrollo, 1993), pág. 253; Lovell, Conquest and Survival, pág. 120.

6420 Webre, “Las compañías”, 526. En agosto 1672, el hacendado español Claudio Melo Mirabal fue nombrado capitán de la compañía altense. AGCA, A3, leg. 798, exp. 14803.

6521 AGI, Contaduría, legajo 815, “Razón de las ciudades, villas y lugares, vecindarios y tributarios de que se componen las provincias del distrito de esta audiencia”,1683.

6622 Boletin del Archivo General de la Nación. Año II: 3 (Abril 1937):274.

6723 AGCA. A1, leg. 210, exp. 5009A. Relación geográfica de Quezaltenango, 1741.

6824 Boletín del Archivo General del Gobierno, I/1 (1935): 27.

6925 González, “A History of Los Altos”, págs. 90-94 y 110-132.

7026 AGCA, A2.1, leg. 6, exp. 97; AGCA, A1.39, leg. 1753, exp. 11739.

7127 AGCA, A2.4, leg. 299, exp. 6658; A1.43, leg. 5037, exp. 42747; Lovell, Conquest and Survival, págs. 114, 124, 130.

7228 AGCA, A2.1, leg. 6, exp. 97. Lista general de la gente de que se compone este pueblo de Quesaltenango con sus calidades, naturalezas y armas que pueda tener cada individuo según por sus cláusulas abajo irán explicadas. Hecha por el Sargento Mayor Don Thomas Paniso en este año de 1762 [15 de octubre].

7329 Marchena Fernandez, Ejército y Milicias, págs. 144-145.

7430 Documentos acerca de estos proyectos de reforma se encuentran en AGI, Guatemala, legajo 871, exp. 25 y 80; AGCA, A2, leg. 4, exp. 70; AGCA, A2, leg. 6, exps. 96, 97, 98, 99, 100.

7531 AGI, Guatemala, leg. 871, exp. 19; AGCA, A1, leg. 2807, exp. 24689 y 24692.

7632 Detalles sobre el áspero conflicto entre Aldama y los líderes milicianos quetzaltecos se encuentran en AGCA.

7733 A1, leg. 5483, exp. 47181 y 47182; leg. 2807, exp. 24689; Ernesto Chinchilla,. “Antecedentes de la independencia en el partido de Quezaltenango”, Cuadernos de Antropología 5 (1960), págs. 49-128.

7834 AGCA, A1, leg. 2673, exp. 22672; leg. 5483, exp. 47183.

7935 AGCA, A1.39, leg. 1753, exp. 11739. Mercedes por el Muy Ilustre Señor don Pedro de Salazar presidente gobernador y Capitán General de este reino de empleos de oficiales de milicias de las compañías del pueblo de Quezaltenango, 1767.

8036 Floyd, The Anglo-Spanish Struggle, págs. 127-129.

8137 AGI, Guatemala , leg. 464, exp. 38.

8238 AGCA, A2.2, leg. 10, exp. 181; AGI, Guatemala, leg.464, exp. 350.

8339 AGCA, A1, leg. 210, exp. 5009A; A3, leg. 52, exp. 1004; A3, leg. 58, exp. 1136.

8440 AGI, Guatemala, leg. 464, exp. 350.

8541 AGCA, A2, leg. 9, exp. 152.

8642 González, “A History of Los Altos”, págs. 152-170; AGS, leg. 6933, exp. 69..

8743 AGCA, A2, leg. 9, exp. 152.

8844 AGS, leg. 6933, exp. 69. La documentación disponible tiende a corroborar lo alegado por Marroquín. Aunque no existe prueba de su ascendencia mulata, si la hay acerca de su origen mestizo o ladino. Evidentemente se trataba de un grupo de individuos que pasaban y eran tenidos como españoles a nivel local y contaban con los méritos suficientes para asumir posiciones de liderazgo dentro de la milicia.

8945 Ver González, A History of Los Altos, págs. 141-50; Grandin, The Blood of Guatemala; págs. 54-72; Dunn, “Aguardiente and Identity”.

9046 AGCA, A1, leg. 5487, “De lo actuado en la Real Audiencia sobre la sublevación en Quezaltenango”, 1786.

9147 Archivo General de Simancas—AGS/Secretaria Guerra–leg. 6933, exp. 69.

9248 El caso de la extensa familia de Gutiérrez Marroquín ilustra claramente la práctica de la endogamia social por parte de esta nueva oligarquía. Juan Aparicio y Aparicio, Los Gutiérrez Marroquín y sus descendientes (Guatemala:Talleres Gutemberg, 1956).

9349 Prudencio de Cozar fungió como corregidor de Quetzaltenango de 1789 hasta 1802; el mismo año asumió el cargo de alcalde mayor de Totonicapán, puesto que mantuvo hasta 1811. Ejerció de comisario ordenador (jefe militar de Los Altos) hasta su muerte en 1824. AGI,Guatemala, leg. 476, exp. 59. AGCA, A1.40, leg. 1765, fol. 160.

9450 AGCA, A1.8, leg. 199, exp. 4046

9551 Ibid.

9652 Los nombres de los cuatro capitanes eran: Juan Antonio López, José Vicente Martínez, Agustín Rodríguez de Zea y Francisco Palomo. Todos estos eran acaudalados comerciantes de procedencia peninsular y miembros relativamente jóvenes del grupo oligarquico quetzalteco. Los lazos familiares entre estos individuos y sus descendientes y otros miembros de la oligarquía se detallan en Aparicio, Los Gutiérrez Marroquín. Listas de oficiales de las cuatro compañías aparecen en AGCA, A2, leg. 131.

9753 El motín de Totonicapán de 1820 ha recibido considerable atención por parte de los historiadores del período. Ver, por ejemplo, Daniel Contreras, Una rebelión indígena en el partido de Totonicapán en 1820: el Indio y la independencia, (Guatemala: Imprenta Universitaria, 1951); David J. McCreery, “Atanasio Tzul, Lucas Aguilar, and the Indian Kingdom of Totonicapán.” En Judith Ewell and William H. Beezley, eds. The Human Tradition in Latin America: The Nineteenth Century, (Wilmington: Scholarly Resources, 1989), págs. 39-58.

9854 AGCA, B3.6, leg. 48, exp. 1104; Boletín del Archivo 4 (2), págs. 220-21.

9955 González, “A History of Los Altos”, págs. 243-262.

10056 Ibid., 262-275.

10157 AGCA, B5.4, leg. 60, exp. 1552; leg. 58, exp. 1284; González, “A History of Los Altos”, págs. 275-291.

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Para citar este artículo :

Jorge H. González Alzate, « Las milicias y la preservación del dominio español en los altos de Guatemala, 1673-1821 », Boletín AFEHC N°26, publicado el 04 noviembre 2006, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1259

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