Erreur. problème dans l'exécution de la requête : INSERT INTO _logbots (IP, useragent, action) VALUES ('54.197.130.93', 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)', 'lectureFiche')
Erreur. MySQL proteste : Duplicata du champ 'CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)-lectureFiche' pour la clef 'agentAction'
AFEHC : articulos : ¿Los indígenas de los Altos de Chiapas aplican un sistema jurídico híbrido? : ¿Los indígenas de los Altos de Chiapas aplican un sistema jurídico híbrido?

Ficha n° 1498

Creada: 23 mayo 2007
Editada: 23 mayo 2007
Modificada: 25 mayo 2007

Estadísticas de visitas

Total de visitas hoy : 0
Total de visitas : 1490 (aprox.)

Autor de la ficha:

José Ruben ORANTES GARCIA

Publicado en:

ISSN 1954-3891

¿Los indígenas de los Altos de Chiapas aplican un sistema jurídico híbrido?

Resumen por publicarse
Autor(es):
José Rubén Orantes García
Categoria:
Inédito
Fecha:
2007
Texto íntegral:

1

Introducción.

2En este artículo bosquejaremos, de forma inicial, algunos conceptos de la Teoría del Derecho y de la Antropología Jurídica relacionados con el sistema jurídico sui géneris existente entre los tzeltales de Tenejapa, Chiapas. A partir de algunos elementos teóricos que han sido establecidos por la literatura especializada, mostraremos las estrategias normativas que combinan al sistema jurídico tenejapaneco con las formas jurídicas del Estado. Formas diferenciadas de regulación con la que mujeres y hombres de Tenejapa se apropian de la aplicación de normas jurídicas en este municipio del Chiapas central.
En esta particularidad del sistema jurídico sui géneris tenejapaneco presente en el juzgado de Paz y Conciliación Indígena y las diferentes instancias jurídicas en el municipio, diremos que es un sistema jurídico porque es eficaz y porque sus normas son efectivas, por ello en el pueblo indígena tenejapaneco podría constituirse un verdadero sistema jurídico. Tal y como lo ha señalado Correas, el Estado no es otra cosa que el orden jurídico, en donde el pluralismo jurídico implica también pluralismo estatal. Contundentemente, Correas nos aclara que “existen varios estados en el territorio al sur del Río Grande y al norte del Usumacinta, aun cuando uno de ellos sea el hegemónico”.
Las reformas al Texto Fundamental mexicano para “reconocer” a los pueblos indios en nuestro país no es ni con mucho la primera oportunidad en que el Estado mexicano impone normas jurídicas a los indígenas de Chiapas y de todo México. A partir de la segunda Constitución del año 1857, de la ocupación militar a principios del siglo XIX por parte del ejército de Iturbide y la creación de los juzgados municipales a principios del siglo XX, se imponen a los tzeltales por la fuerza un sistema jurídico ajeno desde la perspectiva de la “ciencia jurídica”.

3Posteriormente, los tzeltales de Chiapas, al igual que otros pueblos indígenas de México, pasarán a formar una parte jurídica marginal, ya que estas

4“(...) formas jurídicas dominadas, como el derecho indígena, pierden siempre la batalla ante los jueces y abogados del sistema dominante, (...) (ya que el) sistema dominante lo es porque sus funcionarios, en uso de ‘la ciencia’, reconocen como válidas las normas del sistema celebrado en la Facultad de Derecho. Y al reconocerlas como válidas, las hacen efectivas, con lo cual, a su vez, hacen eficaz el sistema dominante ”.

5Por lo anterior, la intención aquí es abordar la discusión acerca de la reivindicación de un sistema jurídico propio por los tzeltales de Tenejapa, enriquecido de forma constante con las consideraciones étnicas establecidas en la Constitución mexicana a partir del año 2000. Un debate que pretende llevarnos a temas igual de importantes como el de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en México.

Nociones generales del Derecho a partir de la filosofía y la antropología jurídica.

6Podemos afirmar, a partir del roce académico con doctrinarios jurídicos que han realizado y realizan investigaciones a partir de la antropología jurídica (Pablo Lucas Verdú, Óscar Correas, Magdalena Gómez, Francisco López Bárcenas, José Emilio Ordóñez) y de antropólogos que se han acercado a la teoría del Derecho (Rodolfo Stavenhagen, Teresa Sierra, Victoria Chenaut, Diego Iturralde, entre otros), que hemos experimentado las mismas lagunas teóricas tanto investigadores del Derecho como antropólogos. Por lo anterior, en los primeros rubros de este artículo, realizaremos el análisis a partir de la filosofía, la historia del Derecho, los sistemas jurídicos y la antropología jurídica, mismos que servirán para contextualizar el análisis de un sistema jurídico híbrido indígena en los Altos de Chiapas.

Filosofía del Derecho.

7A partir de la revisión del texto Problemas contemporáneos de la filosofía del Derecho, compilación realizada por Cáceres, Flores Saldaña y Villanueva, podemos afirmar que toda filosofía del Derecho forma parte de una determinada filosofía general, puesto que ofrece reflexiones filosóficas acerca de los fundamentos generales del Derecho. Dichas reflexiones pueden derivar de una posición filosófica existente, o pueden llevar a una posición de esta clase. Es característico, sin embargo, que muchos juristas se conformen únicamente con estudiar la masa de normas legales que se les enfrenta y dejen al margen la exploración filosófica, limitándose a los conceptos generales de la profesión.

8El Derecho descansa en una visión general de la ley. Incuestionablemente, se puede ser un buen abogado o jurista sin tener clara noción de la filosofía jurídica, así como es verdad que se puede ser un buen filósofo sin haber elaborado una filosofía del Derecho. No obstante, es dudosa la idea expresada con frecuencia por las corrientes positivistas – formalistas de que la ley no involucra una filosofía del Derecho. Porque la ley consiste en declaraciones o enunciados expresados verbalmente, y tales declaraciones, comúnmente llamadas juicios – que de acuerdo al Derecho se les llama juicios normativos -, dan lugar a una clase de cuestiones filosóficas generales, de significación para tales juicios. Ocasionalmente, los positivistas, los pragmatistas y los formalistas hablan de lo jurídico como si existiese en un vacío, independientemente de valores, opiniones o creencias. Semejante punto de vista implica, de hecho, una posición filosófica de otro tipo. Tampoco la filosofía puede declararse ajena a la filosofía del Derecho y la circunstancia de que tal o cual filósofo no elaboren una filosofía del Derecho no impide que otros se dediquen a dar forma a esta filosofía. En consecuencia, es necesario tomar en consideración cinco puntos de vista al estudiar la filosofía del Derecho:

9En primer lugar,

10“(...) es necesario volver a la realidad y por ende a la verdad, pues el hombre está dotado de una inteligencia y voluntad, las cuales le permiten descubrir esa realidad que lo rodea y actuar en consecuencia, debe esforzarse por ser penetrativo en sus reflexiones permitiendo dotar a las ciencias, en este caso a la ciencia jurídica, de principios sólidos a partir de los cuales se piensen los problemas. Principios que deben por un lado coadyuvar a la labor legislativa y por otro dar solución más justa a los conflictos de intereses que se presentan ”.

11En segundo lugar,

12“(...) es indispensable recuperar la metafísica, pues sólo ella es verdadero fundamento para una adecuada filosofía del Derecho. (...) el abandono de la metafísica es una de las causas del inmanentismo contemporáneo que en sus distintas formas se presenta en diversas filosofías del Derecho (...): ‘(...) Rechazada la metafísica, resulta una consecuencia directa e inmediata el total repudio de cualquier concepción trascendente del hombre, de la sociedad y del Derecho, pues sólo la metafísica accede a las causas últimas y a la íntima esencia de la realidad ’ (...)”.

13En tercer lugar, existe una necesidad de volver la mirada al concepto de persona.

14“(...) Hoy el hablar de persona en la jerga jurídica es aceptar sin más miramientos que estamos ante un ente imputable de derechos y obligaciones. (...) la filosofía del Derecho debe ir más allá, pues es su objeto propio preguntarse por qué ese ente puede ser sujeto de derechos y obligaciones, qué facultades y apetencias lo ubican en esa posición, por qué sólo el ser personal es capaz de ello. (...) ‘Nada jurídico podría el legislador dar, si ese acto no se asentase en un núcleo de juridicidad dado por la naturaleza: faltaría el supuesto ontológico. El legislador da leyes, porque el hombre está naturalmente hecho para recibirlas; da derechos, por que el hombre es naturalmente capaz de ser titular de ellos ’ (...)”.

15En cuarto lugar, es necesario rescatar

16“(...) la concepción del Derecho como objeto de la justicia, percibido por Sócrates, desarrollado por Aristóteles, aplicado por el mundo romano y sistematizado en Tomás de Aquino. Es indispensable comprender cómo la justicia exige la existencia de un derecho sobre el cual actúe, siendo éste su objeto propio (...) el orden natural que se ha venido descubriendo a lo largo del devenir histórico acredita que para que se pueda hablar de justo o injusto es necesario que alguien tenga algo que sea suyo, pues sobre lo suyo el hombre podrá discernir y actuar en justicia, esto suyo es el Derecho, esa cosa que le es debida a una persona ya por naturaleza, ya por voluntad, pues de lo contrario la justicia deja de ser objetiva y real para convertirse en un concepto vacío y lleno de subjetivismo que está a la disposición del más hábil o con mayor poder (...)”.

17En quinto lugar, es necesario

18“(...) que se tome en cuenta el estudio de la filosofía perenne respecto a la unidad de lo jurídico, (...) en los pasajes de Aristóteles y Santo Tomás ya se hace referencia a que el Derecho es natural y positivo, pero se presentan ambos sin enfrentamientos, sino más bien como un orden de derivación (...)”.

19Para cerrar este apartado acerca de la filosofía del Derecho, realizaremos una síntesis de algunas de las doctrinas filosóficas del Derecho mencionadas en los textos de García Maynez y Bodenheimer. Tenemos, primeramente, al iusnaturalismo, que es la doctrina que cree en la existencia de un ius naturale. En ella podemos reconocer cinco etapas principales:

20a) El iusnaturalismo cosmológico o físico. Lo podemos detectar, históricamente, en el pensamiento grecorromano, en donde el exponente más notorio lo constituye la doctrina estoica, la cual consideraba a la Razón como fuerza universal que penetra todo el Cosmos y era la base del Derecho y la justicia. Bodenheimer nos dice que
El concepto estoico del Derecho natural ejerció una fuerte influencia sobre el desarrollo posterior del Derecho y de la filosofía jurídica. Fue en primer lugar un factor de importancia en la teoría y práctica jurídicas romanas. En segundo término, preparó una base para la filosofía jurídica de los Padres de la Iglesia y los pensadores medievales. Puede también encontrarse la influencia de la doctrina estoica en el Derecho natural clásico de los siglos XVII y XVIII y en las teorías de la Revolución francesa. Dondequiera que han sido proclamados como principios eternos de justicia la libertad, la igualdad y la fraternidad de los seres humanos, los hombres han seguido las huellas de los filósofos estoicos ” .

21b) El iusnaturalismo teleológico o escolástico, que resulta ser el modelo de mayor vigencia temporal. Iniciado por San Agustín, llega a un desarrollo sistemático debido a Santo Tomás de Aquino y se prolonga en la escolástica española para llegar a nuestros días en el movimiento de la escolástica actual. De manera general, los seguidores de esta doctrina se basan en una concepción trimembre de la ley: 1) Ley Eterna es aquella por la cual Dios gobierna el Universo y que afecta a todos los seres; 2) Ley Natural, que no es sino la Ley Eterna en cuanto atañe al hombre, es decir, en cuanto la criatura racional participa de ella y; 3) Ley Humana o Positiva, en donde la ley del hombre debe reproducir la justicia contenida en la Ley Natural;

22c) El iusnaturalismo racionalista o mecanicista, surge en el siglo XVII por influencia del racionalismo imperante en la filosofía tanto de ese siglo como del siguiente. Se aparta por completo de la tradición escolástica, siendo su principal carácter la desteologización del derecho natural. Sus seguidores no niegan, en absoluto, la existencia de un derecho natural, lo que sucede es que consideran a éste como conjunto de preceptos no procedentes del legislador, que tiene su fundamento y raíz en la naturaleza racional, en la razón humana. No se necesita, por ello, recurrir a Dios para basar el orden normativo natural, ya que todo es obra del hombre;

23d) El eclipse prolongado del iusnaturalismo (del siglo XIX hasta comienzos del XX). En opinión de Bodenheimer, hasta principios del siglo XIX, la Filosofía del Derecho no ha sido más que derecho natural; sin embargo, es en este siglo cuando sufre los mayores ataques al ser combatida, de un lado, en el ámbito jurídico y en nombre del historicismo, por la Escuela Histórica y, de otro, en el ámbito filosófico, por el idealismo. Es por ello que la doctrina del derecho natural sobrevive tras los bastidores. Se trata de un periodo crítico para el iusnaturalismo, cuestionándose sus planteamientos por aquellos que otorgan primacía a la ley positiva. Pese a todo, no faltarán en esta época defensores de la misma, destacando la obra del jesuita suizo Víctor Cathreni que pudo ejercer algún peso en la polémica contra el positivismo;

24e) El resurgimiento del iusnaturalismo a partir del siglo XX. Bodenheimer nos señala que la resurrección y renacimiento del derecho natural se produce en Alemania y en otros países de Europa, tras la experiencia del régimen nacionalsocialista, la mayoría de los filósofos, e incluso los mismos Tribunales de Justicia, buscarían valores que no dependiesen exclusivamente de la voluntad del Estado, sino que fueran susceptibles de imponerse a ésta para así limitarla y controlarla. El derecho natural en el s. XX nos ofrece dos posiciones filosóficas importantes, por un lado tenemos los que proponían un contenido variable, de acuerdo a Rodolfo Stammler (1925), que afirmaba:
No hay una sola norma jurídica (...) cuyo contenido positivo pueda ser fijado a priori”; y un Derecho natural de contenido progresivo, según Delos y Le Fur. Este último “(...) sostiene que hay tres principios del Derecho natural: observar los pactos libremente concluidos, reparar los daños injustamente infligidos a otra persona y respetar la autoridad (...)”.

25En segundo lugar, y no por ello menos importante, tenemos a la doctrina del normativismo, y en ella se cree que la actitud positivista va unida al nacimiento del concepto de Estado, aunque será a partir del Renacimiento y del nacimiento del Estado moderno cuando los juristas se decantarán por defender una concepción positivista del Derecho para fortalecer a los diferentes reyes de las monarquías occidentales europeas en su tarea de exterminar de una vez al feudalismo imperante. Sin embargo, de manera consciente, el positivismo como doctrina jurídica se origina en el s. XIX. Pero ya para el s. XX, encuentra a uno de sus principales exponentes en la obra de Hans Kelsen. Bodenheimer, señala que para Kelsen “(...) toda norma coactiva es Derecho. Todo Estado es Estado de Derecho; Estado y Derecho son conceptos sinónimos. Esta opinión priva de todo significado al concepto de Derecho (...)”.

26Sin embargo, podemos reconocer varias etapas en la propuesta teórica de Kelsen, como bien lo ha señalado Correas. Pero en la obra La teoría pura del Derecho, Kelsen propone un método para introducirse al estudio del Derecho, el cual consiste en eliminar de éste todos aquellos elementos que considera, de un modo u otro, extraños al mismo, partiendo de que el análisis del Derecho se debe llevar a cabo independientemente de todo juicio de valor ético-político y a toda referencia a la realidad social en la que actúa. El Derecho constituye, para Kelsen, un “sistema de normas” que supone la forma lógica de lo jurídico. La norma es la piedra angular o eje central del Derecho, desvinculada de su contenido material y de su eficacia social. Las normas jurídicas son creadas por aquellas personas autorizadas para ello en virtud de una norma anterior, formando todas ellas una pirámide apoyada en su vértice por una norma final y fundamental a la que llama hipótesis, clave de todo el sistema jurídico. Esta norma hipotética es la que establece el deber de comportarse como prescribe la Constitución y supone que así ocurre en realidad, pues de lo contrario el sistema jurídico carecería de validez. Sin embargo, Timasheff (1939) en Bodenheimer al referirse a la obra de Kelsen, “(...) ha hecho notar muy justamente que, ‘si el Estado y el Derecho son la misma cosa, contemplada desde puntos de vista diferentes, la lucha de las naciones europeas por imponer en su vida política el principio de juricidad carecía de sentido y significado ’ (...)”.

27En tercer lugar tenemos, lo que llama Bodenheimer la interpretación marxista del Derecho, y en ella podemos encontrar la propuesta teórica de Carlos Marx y Federico Engels. En tal concepción la función del Derecho se encuentra en conexión con el materialismo histórico, la lucha de clases y la desaparición del Estado. En esta tesis, la Historia está condicionada por el proceso material de la producción. Para Marx y Engels, en las sociedades burguesas el Derecho es un instrumento de dominación de la clase burguesa-capitalista. Por ello, la revolución final representará el triunfo del proletariado frente a la burguesía y, con él, el fin de la división de clases de la sociedad. Ello provocará el derrocamiento del Estado y, por ende, el Gobierno se sustituirá por la Administración de las cosas, lo que llevará consigo la desaparición del Derecho. No obstante, para Stammler (1906) en Bodenheimer, Marx estaba equivocado “(...) al considerar la relación existente entre economía y Derecho como una relación entre amo y siervo. En la teoría de Stammler, economía y Derecho son un todo compacto. El Derecho es la forma, la economía la sustancia de la vida social. Sin la forma jurídica que la protege, la sustancia económica sería totalmente ilusoria y carente de significado: se disolvería y disiparía en la nada ”.

Antecedentes históricos del Derecho.

28Eduardo García Maynez, en su Introducción al estudio del Derecho, nos señala que la dogmática jurídica, llamada también jurisprudencia en la acepción clásica de esta última, encuentra un antecedente remoto en la escuela de las glosas y uno próximo en la Escuela Histórica. Desde los glosadores, y su actividad que separan los trabajos de gabinete de los de la praxis, se perfila el estudio de la jurisprudencia hasta alcanzar el estado actual en la consolidación como dogmática jurídica. De la misma forma, es de destacar un cierto paralelismo entre la misma y la escuela francesa de la exégesis, dado que para ésta última el Derecho viene a estar identificado con la ley, entendida como el conjunto de normas positivas, a pesar de ser relacionada como una especie dentro de las normas. Por su parte, la Escuela Histórica, a mediados del siglo XIX, convergería en un formalismo conceptual, la jurisprudencia de conceptos que presta mayor atención a las normas jurídicas inscritas en la ley que a las estructuras sociales destinatarias de los mismos. Se extiende la idea que una norma jurídica o enunciada resulta válida si es compatible, en el ámbito lógico, con el resto del sistema.

29Federico Carlos Von Savigny, como representante de la teoría jurídica de la ficción y fundador de la llamada Escuela Histórica del Derecho, logró comparar al Derecho con la geometría, aplicando cierta metodología deductiva como lógica formal en su obra Tratado de la posesión. El posterior desarrollo del método se perfiló concibiendo en la labor del jurista una operación de cálculo en la cual los factores vienen a estar dados por los conceptos jurídicos. Savigny consideró que el Derecho consuetudinario “(...) surgía de las disposiciones sociales de un pueblo como tal, y no por decreto de ninguna autoridad superior. (...) creía que sólo después de haberse hecho más compleja la civilización se transfería la actividad popular de creación del Derecho a un grupo de técnicos ”.

30Después del s. XIX, la dogmática jurídica empieza a constituirse a manera de denominador común de la ciencia jurídica contemporánea en los países en donde rige el sistema romano germánico, al punto que su objeto de investigación es determinado en el conjunto de normas jurídicas válidas en algunas sociedades, versando por tanto su investigación sobre ese tipo de normas. En ese sentido, se manifiesta actualmente que la misión de la dogmática jurídica consiste en realizar sistematizaciones de las normas e interpretaciones de las mismas con el fin de esclarecer su contenido. La dogmática jurídica, alrededor del derecho positivo, se aplica al derecho vigente en determinado espacio y tiempo histórico, y que se precisa en el ordenamiento jurídico de un país bajo la forma de república o monarquía constitucional. La función de la dogmática jurídica se da en tres niveles de la ciencia jurídica en general, y han de ser vistas con relación a ciertos tipos de actividad, que se identifican con las tareas que debe efectuar el jurista, como los siguientes:

311) Tener en cuenta la interpretación y aplicación del derecho vigente – La primera función consiste en la tarea de utilizar una determinada normatividad positiva en una sociedad, con el fin de solucionar problemas y conflictos que surgen en la misma. La dogmática jurídica lleva a cabo su función de interpretación y aplicación en acatamiento y respeto al principio de legalidad, reconstruyendo y reelaborando el sistema normativo.

322) Dotar los criterios para el cambio en la ciencia jurídica – La tarea primordial del jurista consiste en la propuesta que realizan los científicos del Derecho hacia el mejoramiento del mismo, en cuanto al desempeño de funciones:

33a) Descriptivas (cognoscitivas) que nos ayudan a describir al derecho positivo en un tiempo y espacio específicos, sobre el señalamiento de su realidad situacional y;

34b) Prescriptitas: en donde la dogmática jurídica proporciona criterios no solamente de interpretación de la ley, sino también modifica al Derecho, lo cual implica cierto cambio en el mismo.

353) Elaborar un sistema conceptual – En este rubro se integran las funciones de los juristas en lo referente a la interpretación, aplicación, cambio y sistematización del derecho positivo vigente.

36Pero llegado a este punto, ¿qué es el Derecho? Empecemos por decir que la vida en sociedad obliga al hombre a mantener con sus semejantes relaciones múltiples y complejas que son, a veces, causa de conflictos. Sabemos, a partir de los estudios históricos, sociológicos y antropológicos que la vida social es la forma originaria de la existencia humana, es decir, que el hombre no se concibe como tal, sino es viviendo en sociedad. El hombre al tratar de evitar esos problemas o conflictos en la sociedad, para resolverlos, ha creído necesario determinar los límites dentro de los cuales puede desenvolverse libremente, evitando molestar o alterar la conducta de los demás hombres. De Pina y De Pina Vara entienden por Derecho, de forma general, a “(...) todo conjunto de normas eficaz para regular la conducta de los hombres, siendo su clasificación más importante la de derecho positivo y derecho natural ”, por lo que podemos decir, parafraseando a Marta Morineau Iduarte y Roman Iglesias Gonzales que el Derecho es:

371) Un conjunto de reglas: esto quiere decir que estamos regidos por varias normas de distinta clase, en sociedad.

382) La misión del Derecho es la de regular la conducta del hombre en sociedad, señalando siempre y cuando los derechos y obligaciones de cada individuo.

393) La utilidad del Derecho es la de organizar a la sociedad, mejorando la convivencia del hombre. Teniendo siempre garantías que le permitan al hombre en tomar conciencia, para preservar la paz y armonía, ya que si no se cumple con ello se caería en un caos total.

40En el Derecho podemos encontrar varias disciplinas, entre ellas se encuentra el derecho comparado, el cual consiste en el estudio comparado de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que existen entre ellos. El valor del derecho comparado, como disciplina del Derecho, es notable dentro de la ciencia jurídica general, ya que constituye un instrumento importantísimo para perfeccionar las leyes y la unificación del Derecho. Pero, además, cumple la tarea de hacernos comprender los puntos de vista ajenos y la de hacer comprender a los otros nuestros propios puntos de vista; es decir, organizar, en la esfera jurídica, la coexistencia pacífica y armónica necesaria para el progreso de la civilización. Como lo señala Giuseppe de Vergottini que
“(...) del estudio comparado de ordenamientos o institutos de distintos ordenamientos surgen elementos cognoscitivos indispensables para la ciencia del derecho constitucional. (...) Los conceptos de ‘forma de Estado’ y ‘forma de gobierno’ proceden de intentos de clarificación realizados por los estudiosos de los ordenamientos políticos y jurídicos a través de investigaciones comparadas de las experiencias institucionales del pasado y del presente. De este modo, la comparación puede ofrecer una ayuda válida en la construcción de los conceptos con los que se forman las clasificaciones dentro de las que se desarrolla el estudio del derecho constitucional y, en especial, el comparado ”.

41El Derecho Comparado sirve al mejor conocimiento del derecho nacional, al permitirnos conocer las líneas maestras de su sistema, el planteo correcto de ciertos problemas al dotarlos de perspectiva, y poner de relieve el carácter contingente, accidental de ciertas normas e instituciones, o su inadecuación o antigüedad.

42En la actualidad, Boaventura de Sousa Santos ha sugerido tres metáforas básicas para la articulación de un mapa de lo que denomina derecho posmoderno. Se trata, en suma, de la construcción de un nuevo sujeto de derecho de resistencia. Las metáforas propuestas para construir la heterotopía jurídica son: (i) la Frontera (contra todo nacionalismo y positivismo objetivista del Derecho), (ii) el Barroco (la exacerbación lúdica de la imaginación para producir efectos jurídicos) y, (iii) el Sur (espacio de resistencia contra el epistemicidio y lingüisticidio proveniente de Norteamérica).

43No resulta extraño que sean precisamente los autores del tercer rubro, planteado por de Soussa Santos, los que aumenten esta línea de resistencia jurídica. Así, por ejemplo, en el análisis de situaciones político-jurídicas concretas, Mauricio García Villegas ha propuesto el concepto de eficacia social y simbólica del Derecho, en donde nos señala que la idea de la incidencia social del Derecho depende, en alguna medida, de la capacidad para determinar las conductas por medio de la creación de ideas y no sólo por intermedio de la imposición de sanciones o del otorgamiento de facultades.

44La idea del simbolismo jurídico nos ayuda a entender las situaciones dadas en el pluralismo contemporáneo, ya que la idea de norma específica y estricta se sustancia o confunde con una idea mucho más general y laxa de Derecho como programa o Derecho como guía preliminar. Resulta mucho más atractiva la idea de Derecho que el contenido normativo particular de la regulación normativa, puesto que ésta se alcanza sólo a través de un proceso de negociación y renegociación de derechos que se ponderan gradualmente a partir del proceso social mismo.

45Es interesante notar que la antropología jurídica, como veremos más adelante, está insistiendo en que el proceso de establecer el Derecho no es idéntico al resultado legal formalmente producido. Pero sólo en la nueva situación de desigualdad de los ciudadanos esto se hace evidente: especialmente porque resulta más manejable para los poderes locales basar algunas resoluciones y soluciones de conflicto en la propia capacidad ciudadana de interactuar con los poderes tradicionales de los pueblos indígenas. Esto permite reforzar el control de los tribunales indígenas, puesto que el conocimiento local les permite transformar en calificaciones legales y lenguaje jurídico la descripción de las tensiones, problemas y conflictos. El proceso de creación de Derecho no es pues sólo de arriba-abajo, sino también de abajo-arriba. Como bien señala B. Yngvesson que

46“(...) la invención del Derecho no es simplemente un proceso unidireccional, sino que emerge en los intercambios y luchas de la gente: en las disputas de vecinos y en las discusiones de enamorados, en la estructuración de las demandas y quejas a la policía, el tribunal, el juez de paz y otras agencias, y en la respuesta de estas agencias a estas demandas. El intercambio es claramente desigual, más aparente en el control ejercido por los oficiales de los tribunales y otros a través de su conocimiento del discurso legal y terapéutico. Los problemas definidos por los usuarios de clase media y trabajadora como ‘materia de derechos’ pueden ser transformados en ‘problemas de detalle’ por el tribunal, pero los esfuerzos por usar el tribunal para configurar los problemas locales de desorden pueden también recibir apoyo de diversas maneras por parte de los oficiales, cuya práctica depende de la interacción con la gente del lugar, y cuya legitimidad se basa en parte en conocimiento local ”.

47Cabe deducir que quien puede escapar al control estatal en sus diversos grados es el que goza de más poder de negociación y mediación profesional. Nuevamente, las categorías de ciudadanos dependen de su capacidad de negociar y renegociar sus intereses con los poderes públicos. Esta es la situación del pluralismo jurídico contemporáneo que no se centra solamente, como podría creerse, en primera instancia, en la confrontación desde abajo de los pueblos indígenas, sino que relaciona también a los distintos sectores de la economía y del estado.

Sistemas jurídicos.

48Hans Kelsen subraya que la validez de un sistema jurídico estriba en un mínimo de eficacia sin la cual aquella quedaba totalmente en entredicho. Pero la eficacia supone, a su vez, un mínimo grado de aceptación que el sistema tiene que lograr entre la ciudadanía, es decir, un mínimo nivel de justificación; en otras palabras, de legitimidad. Aunque el énfasis se encuentra en la validez, visto desde una óptica epistemológica, ésta se encuentra supeditada, en última instancia, a la legitimidad general del mismo.

49Óscar Correas al retomar la perspectiva Kelseniana, plantea que al hablar de pluralismo jurídico es necesario reconocer
“(...) la coexistencia de normas que reclaman obediencia en un mismo territorio y que pertenecen a sistemas normativos distintos. Aceptaremos también que un sistema normativo lo es porque está organizado en torno de una norma de reconocimiento o fundante la Grundnorm de Kelsen. Entonces estaremos frente a un fenómeno de ‘pluralismo jurídico’ en los casos en que, como en el del derecho indígena, un sistema convive con las normas de otro sistema hegemónico. Es decir, que las normas pertenezcan a sistemas distintos, significa que son reconocidas por distintas reglas de reconocimiento, para decirlo en el lenguaje de cierta corriente de la Teoría General del Derecho (TGD) contemporánea inspirada en Hart ”.

50El derecho mexicano desde el enfoque de la Teoría General del Derecho experimenta una serie de cambios estructurales desde sus expresiones y su concepción. Pero si bien la producción del Derecho no corresponde ya a
“(...) la ideología corriente entre los juristas formados en nuestras escuelas de Derecho. (Lo que se sigue enseñando) es que el derecho vigente, el que se debe aplicar, es el producido por el gobierno. El que está expresado en las leyes escritas, en los códigos, en las recopilaciones publicadas por las editoriales comerciales, que son las que se usan en clase. Nunca, en las clases dogmáticas, se nos dice que los teóricos del Derecho afirman otra cosa distinta (...)”.

51También el Derecho ha dejado de ser una concepción entendida únicamente a partir del positivismo jurídico: aquella que concebía al Derecho como “(...) un sistema cerrado y autónomo, cuyo desarrollo sólo puede ser comprendido según su dinámica interna ”. Hans Kelsen al retomar los planteamientos teóricos de Vaihinger acerca del Derecho nos dice que éste

52“(...) no es nada real. No existe ninguna parte de la realidad natural que pueda considerarse como Derecho. Pero incluso si se hiciera abstracción de ello: el Derecho es considerado como si fuera una norma deóntica; pues bien, ¿Qué es una norma deóntica? Nada real, sino una ficción; en este caso, la ficción no consiste solamente en la comparación del ‘como si’, sino también en aquello con lo cual el Derecho es ficticiamente comparado ”.

53En las últimas décadas del siglo XX el Derecho al ser orientado por algunos países, entre ellos México, hacia un concepto de modernidad que implicaba la transformación y/o cambio total de los sistemas de Derecho y autoridad, concebía al Estado como uno sólo
“(...) y que él produce un solo sistema jurídico. Esto sucede porque al leer un texto e identificar en él una norma, por el solo hecho de declarar que hay allí una norma, se produce un acto lingüístico de reconocimiento de la autoridad que lo produjo. Y como esa autoridad es la misma que resulta celebrada por esta técnica de reconocimiento, y como esa autoridad se presenta como única, el declararla como autoridad implica hacerla única. En esta trampa de lenguaje se encuentra la cultura estatista y monista. Se comprende entonces que los juristas así educados, están pertrechados para desconocer la pluriculturalidad jurídica y el pluralismo jurídico. Y se comprende el eminente servicio que la cultura jurídica rinde al poder ”.

54La perspectiva anterior nos permite observar, además, otras dimensiones para entender la transformación fundamental del Derecho. Tenemos que

“(...) la teoría jurídica ha respondido diciendo que constituyen un sistema todas las normas que pueden ser reconocidas por el uso de ciertas reglas, que, a su vez, son aceptadas sin que tengan que ser reconocidas por uso de otras reglas superiores. En las comunidades indígenas, pero también en otras cuyos integrantes son mestizos o blancos, sucede el mismo fenómeno: sus miembros reconocen las normas que deben obedecer a partir de ciertas operaciones ideológicas aprendidas. Y saben perfectamente cuáles son sus normas y cuáles las que pretenden ser impuestas desde el exterior, desde el Estado dominante ”.

55Esto ha permitido que en la actualidad, aún podamos observar, en los pueblos indígenas de México la aplicación de la justicia basándose en normas, principios y procedimientos propios y con la intervención de autoridades oficiales y tradicionales.

La antropología jurídica.

56Precisamos en los planteamientos teóricos decimonónicos de Henri Maine y de Emile Durkheim a los precursores del estudio de la antropología jurídica. Ya que en sus investigaciones podemos percibir el análisis del quebrantamiento a la ley, que es considerado en contra del cuerpo amplio de costumbres inmersas en la conciencia colectiva.
En la propuesta evolucionista de la secuencia de fenómenos en el desarrollo general del Derecho y la legislación, Maine afirmaba que
“(...) en el período más antiguo, el Derecho era creado por los mandatos personales de los gobernantes patriarcales, a quienes los súbditos creían inspirados en la divinidad. Siguió después un Derecho consuetudinario, interpretado y aplicado por una aristocracia o pequeña clase privilegiada, que pretendía el monopolio del conocimiento jurídico. El tercer estadio lo marcaba la fijación por escrito de esas costumbres en códigos, como resultado de conflictos sociales (las XII tablas de Roma). La cuarta etapa (...) consiste en la modificación del Derecho arcaico estricto por la ficción, la equidad y la legislación; esos instrumentos están destinados a poner el Derecho en armonía con una sociedad progresiva. Finalmente, la jurisprudencia científica teje con todas estas formas de Derecho un todo coherente y sistemático. No todas las sociedades (...) logran pasar por todas estas etapas, y su desarrollo jurídico no muestra, en sus aspectos particulares, una línea uniforme ”.

57En lo que respecta a Emile Durkheim, podemos decir que él estableció un patrón bastante rígido para la ley originado en la costumbre. En su apreciación el orden social de las comunidades primitivas sujetas a la solidaridad mecánica se mantiene por medio de la sumisión habitual a reglas de comportamiento universalmente aceptadas. Estas reglas eran fuertemente mantenidas dentro de cada estrato social debido a que ellas eran el producto de las creencias compartidas por toda la comunidad. Según esto, las faltas a tales reglas eran tomadas como un ataque en contra de toda la comunidad y severamente penalizadas.
Estas ideas fueron rechazadas por Bronislaw Malinowski en su libro Crimen y Costumbre en la sociedad salvaje, ya que no consideraba la existencia de una sumisión automática a las costumbres y la falta de un cuerpo de reglas de obligaciones mutuas que pudieran ser vistas como procedimientos legales. Malinowski realizó su investigación entre los trobriandeses del Pacífico Occidental y encontró en esa sociedad un continuo intercambio de alimentos y otros objetos. Malinowski eliminó de su tesis la existencia de las relaciones sociales basadas en la costumbre, y por el contrario señaló que los trobriandeses mantenían deberes y/o compromisos basados en la satisfacción de necesidades recíprocas; dicha reciprocidad era considerada como una forma de interés personal y de ambición. Al criticar la posición de Maine y Durkheim, Malinowski detectó además, una serie de procedimientos legales distintos a la costumbre. En ellos se indicaba la división jurídica existente entre lo civil y lo criminal en los derechos de una sociedad “salvaje”. En lo civil se reconocían una serie de obligaciones consideradas como justas por unos y como un deber por otros, “(...) cuyo cumplimiento se asegura por un mecanismo específico de reciprocidad y publicidad inherentes a la estructura de la sociedad (...)”. En lo penal se definían “(...) las reglas fundamentales que salvaguardan la vida, la propiedad y la personalidad forman la clase que se puede describir como ‘derecho penal ’ (...)”.

58El estudio realizado por Malinowski fue una referencia importante para la antropología jurídica, realizándose investigaciones a partir de su obra, en donde se reconocía el Derecho como una institución por sí misma y a la costumbre como parte de un todo, integrado por las relaciones de parentesco o los sistemas políticos. Si bien Malinowski fue ampliamente criticado por haber dado una imagen demasiado idealizada de los trobriandeses, fue Lucy Mair quien observó en su definición de la ley la falta de claridad teórica entre las reglas de Derecho, la ley primitiva y la costumbre en general.

59No obstante, la obra de Malinowski ha influido en los trabajos realizados en la antropología jurídica de la segunda mitad del siglo XX. Una muestra lo representa Leopold Pospisil, que al estudiar a los papuas Kapauku de Nueva Guinea encontró que su organización social se basa en un sistema de parentesco de primos cruzados y de grupos residencial-territoriales. Además, el grupo tradicional más importante, de acuerdo al parentesco, es el sib y en donde los miembros creen que descienden de un antepasado común. Aunque los miembros de dos subsibs pertenecen al mismo sib, y existe una relación tradicional entre ellos, pertenecen a diversas confederaciones políticas. Es así como el linaje es el grupo más grande de parentesco que unifica política y legalmente a los Kapauku. La ley y el orden dentro del linaje son mantenidas por el líder (tonowi) que su dirección abarca funciones jurídicas, políticas y económicas. Los linajes más grandes se dividen a menudo en sublinajes, cada uno con su propio líder y su propio territorio, que forma un segmento del área geográfica ocupada por el linaje entero.
Sin lugar a dudas Pospisil, y la gran mayoría de antropólogos que realizan investigaciones etnográficas, no podrán negar la contribución malinowskiana, además, como bien nos lo señalara Adamson Hoebel en su libro The Law of Primitive Man,

60“(...) Malinowski’s positive contribution to the theory of law has been in his vigorous insistence of law as an aspect of society and culture at large and on the ocurrence of gaps between the ideal and the actual norm of law. He broke the crust of legal formalism in anthropology and gave a new impetus to the anthropology of law ”.

61Hoebel además nos señaló que si queremos estudiar las implicaciones de lo jurídico y la profunda influencia de las costumbres normativas en las mentes de la gente, debemos realizar el estudio de acuerdo a casos problemáticos, ya que “(...) el método de casos conduce a una jurisprudencia realista y además, una ley que nunca es transgredida puede que no sea más que la costumbre omnipotente ”.

62Pero volviendo a la propuesta malinowskiana hacia el estudio del Derecho, diremos que éste propició la aparición de dos trabajos antropológicos clásicos, patrocinados por las autoridades coloniales británicas, que por su naturaleza política y descriptiva han sido ampliamente criticados y a la vez, alabados. Nos referiremos a los estudios realizados por Isaac Schapera y su A Handbook of Tswana Law and Custom: Compiled for the Bechuanaland Protectorate Administration y The Nuer. A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic People de Evans-Pritchard. Estos antropólogos dirigieron su atención en dos sociedades distintas. Schapera analizó a una sociedad organizada con gobierno y tribunales, mientras que Evans-Pritchard estudió a una sociedad sin Estado. Los estudios no contenían una discusión teórica acerca del Derecho. Sin embargo, marcan el comienzo de una serie de estudios acerca de los sistemas sociales totales de las comunidades, en los que la ley y la costumbre son una parte de la situación social, junto con la política y las relaciones de parentesco, pero no eran estudiadas en forma específica y con detalle.

63Lo jurídico, en los trabajos descriptivos de Schapera y Evans-Pritchard, es visto como una parte que se integra a los sistemas de parentesco y sus implicancias políticas, y al poder y la política. Para Schapera, lo jurídico tiene una relación frecuente con el juramento, la promesa, los aspectos jurídico-políticos de la sucesión, la herencia y la ciudadanía. Para Evans-Pritchard, lo jurídico, como parte de la organización política de los Nuer, se encuentra íntimamente ligada a la dirección y canalización del uso de la fuerza. Pero el avance teórico en los estudios de lo jurídico llegaría con Radcliffe-Brown y su obra Structure and Function in Primitive Society, en donde admite que había una ausencia de Derecho en algunas sociedades “más primitivas”, y limita así el concepto de ley a culturas con una organización política más formal. Agrega, además, que algunas sociedades simples no tienen ley (en el sentido de la ciencia jurídica), aunque todas poseen costumbres que son reforzadas por sanciones sociales. Distingue, asimismo, sanciones que él llamó negativas difusas, como aquellas contenidas en expresiones de la opinión pública de la comunidad: los chismes, el escándalo y castigos satíricos como la de grupos de cómplices que visitan la casa de los malhechores durante la noche para hacerles burlas y ponerlos en evidencia pública. La antropología jurídica actual tiene una gran deuda con los planteamientos teóricos de Malinowski, que demostró que el orden social no se mantiene solo a través de la fuerza represiva de un derecho penal “primitivo”, y con Radcliffe-Brown, que visualizó en las categorías de la jurisprudencia occidental su inaplicabilidad a instituciones de sociedades más simples.

64Leopold Pospisil, consideró que los diferentes pueblos, a lo largo de su historia, han sido cambiantes y han experimentado un pluralismo legal, donde dos o más sistemas jurídicos coexisten en el mismo espacio social. Por lo tanto es posible entrever en los nuevos objetivos y objetos de la antropología jurídica, que los antropólogos se integren, en mayor medida, a equipos de investigación no solamente con politólogos o estudiosos de la teoría del Derecho, sino también con estudiosos del género, historiadores, sociólogos, abogados y un largo etcétera, con ello queremos decir, de manera realista, que el espectro de la antropología jurídica se encuentra en constante proceso de transformación y comunicación con otras disciplinas de las Ciencias Sociales.

El sistema jurídico tenejapaneco.

antecedentes conceptuales

65Para iniciar este apartado debemos aclarar algunos conceptos que nos parecen fundamentales para el objetivo de este artículo. En primer lugar, tenemos que el derecho indígena está constituido por todas aquellas normas jurídicas mediante las cuales cada pueblo indígena y comunidad regula sus relaciones a su interior, pudiendo este tener en la actualidad su origen o fuente en el carácter consuetudinario del Derecho.
Los diferentes sistemas jurídicos indígenas, en conjunto con la legislación mexicana, garantizan el pluralismo jurídico que regula el Convenio 169 de la O.I.T. en diversos aspectos. La reforma constitucional de 2000 incorpora a nuestro derecho constitucional nuevos sujetos de derecho público no estatal: los pueblos indígenas. Pueblos entendidos como sujetos colectivos con una historia, una cultura, un territorio, un idioma, la existencia de espiritualidad o mitos colectivos que les son propios y, por supuesto y como producto de la cultura, su propio ordenamiento jurídico y social.

66El pluralismo jurídico puede ser definido como la coexistencia dentro del Estado de diversos órdenes normativos, los de cada pueblo indígena y el del aparato estatal. Los derechos de cada pueblo indígena, idealmente, no deben ser subordinados al del Estado, sino soberanos al interior de sus pueblos y en sus competencias. Además, encuentra su origen en la historia de los pueblos indígenas y su desarrollo después de la conquista española.

67Normativamente, la reforma constitucional de 2000, al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y los derechos que enumera, lo hace con carácter solo declarativo, es decir, reconoce esa historicidad de los pueblos indígenas que da vida y vitalidad a los derechos constitucionales. No se trata de un derecho “otorgado” por el Estado, sino el reconocimiento de que, en atención a que los pueblos indígenas se encontraban desde antes de la creación del propio Estado mexicano, se vuelve a reconocer que ellos preexisten como sujetos de derecho y en todas sus manifestaciones culturales, especialmente, el Derecho.

68El nivel jurídico de los pueblos indígenas se da en el marco de los derechos colectivos. Se trata de derechos colectivos cuyos titulares son los propios pueblos y sus comunidades. Por ello, un Estado pluricultural y multiétnico sólo garantiza el pluralismo jurídico si el aparato estatal deja de imponer la cultura hegemónica como superior o dominante y permite que todas las formas de ver el mundo, de ordenarlo jurídicamente, coexistan pacíficamente dentro de sus fronteras. El Estado pluricultural sólo es concebible si los pueblos indígenas pueden vivir su vida cultural alterna a la de la cultura dominante con autonomía política, autogobierno y jurisdicción propia.

69El desafío para la nueva relación de los pueblos indígenas con el Estado se da en cómo articular esos ordenamientos jurídicos diversos, sin subordinaciones. Seguramente, habrá que precisar cuáles son los límites de tal autonomía, entendida como manejo territorial, autogobierno, libre determinación y jurisdicción (posibilidad de juzgar los delitos cometidos por sus miembros conforme al sistema jurídico de cada municipio indígena).

70Se ha sostenido que el límite de actuación lo da el ejercicio de los Derechos Humanos definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ello seguramente los pueblos indígenas deberán arribar a consensos interculturales. Ello no obsta a que tales derechos sean analizados conforme a cada cultura y en su propio marco, para así salir de la retórica y verdaderamente respetar las culturas de los pueblos indígenas garantizando la pluriculturalidad.

71Si bien los pueblos indígenas de Chiapas han sido parte de esa imposición del sistema jurídico del Estado, también tenemos que mencionar aquí la apropiación y reinterpretación, por parte de los indígenas alteños de Chiapas, de elementos jurídicos provenientes del sistema jurídico mexicano, como veremos más adelante.

Juzgados de Paz y Conciliación indígena y Juntas de Buen Gobierno. Entre lo jurídicamente correcto y lo jurídicamente alternativo.

72Los indígenas en los Altos de Chiapas, durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, en el s. XX, iniciaron una serie de movimientos sociales y políticos cuestionando el papel de los mestizos en el quehacer jurídico de sus municipios, exigiendo un reconocimiento a sus derechos y la aplicación de sus normas, pero también realizando alianzas políticas con diferentes sectores de poder en el Estado de Chiapas. Se comprende entonces la existencia en México de muchos sistemas jurídicos, no uno solo.

73En el caso de los indígenas tzeltales, han obtenido relevantes avances en este sentido, que va desde la resolución de problemas jurídicos en el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena o las Juntas de Buen Gobierno Indígena, hasta la participación de jueces de origen tzeltal, que hablan dicha lengua. Esto ha traído como consecuencia la incorporación de múltiples normas en los ordenamientos internos, las que han dado pie a que los tzeltales alteños utilicen diferentes usos y costumbres para solucionar sus controversias.

74Nos parece importante aquí realizar algunas precisiones en torno a la discusión acerca de los encuentros y desencuentros experimentados por lo que sería un sistema jurídico propio para los tzeltales de Tenejapa. Sabemos que la creación de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena constituye avances en la perspectiva de establecer sistemas jurídicos pluralistas y democráticos, que aseguran la vigencia efectiva de los derechos propios de los tzeltales tenejapanecos. Por su parte, las cinco Juntas de Buen Gobierno, creadas por el EZLN en agosto del 2003, agrupan alrededor de 30 municipios autónomos en el Estado de Chiapas. Con esta acción las comunidades zapatistas, que desde hace años son acosadas por el ejército y los paramilitares, avanzan en instrumentar de forma unilateral los Acuerdos de San Andrés, suscritos por el EZLN y el gobierno federal mexicano en el año de 1996.

75Sin embargo, existen diferencias de forma y fondo entre los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y las Juntas de Buen Gobierno del EZLN. En los primeros, se intenta solucionar los desafíos de la pluralidad jurídica, por parte del Estado mexicano, dejando resolver, mediante diferentes instrumentos jurídicos, únicamente controversias de índole familiar: divorcios, pensiones alimenticias, problemas mercantiles y problemas de brujería. La “incapacidad” jurídica de los indígenas, manifestada en múltiples ocasiones por el gobierno mexicano para resolver otro tipo de controversias, puede ser sintetizada en que “(...) muchos de estos ‘usos y costumbres’ están abiertamente en contradicción con los derechos fundamentales de la persona, siendo expresiones de privilegios ante los miembros débiles de la comunidad y de abusos hacia ellos (...)”.

76Con lo anterior se reduce el papel jurídico de las autoridades municipales, en los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena, empleándose, como parte de una estrategia del Estado mexicano, representantes jurídicos (Secretario de Actas) mestizos o tzotziles en municipios tzeltales, que no hablan la lengua tzeltal y que no conocen el sistema jurídico o los usos y costumbres utilizados por los tenejapanecos. Si bien su participación se limita a la redacción de las actas de acuerdo de una controversia, también promueven, sustentados en la Constitución federal y estatal, el uso de otras instancias jurídicas, regionales y estatales, cuando el delito es considerado grave en el Art. 269 del “Código de Procedimientos Penales de Chiapas”.

77En lo que respecta al sistema jurídico tenejapaneco, se pueden observar que en los casos de conflicto, el discurso jurídico tiende a ser desunido, traslapado y competitivo. No existe una progresión lineal en una declaración de un caso jurídico a través de una conclusión. El Secretario de Actas, único representante del sistema jurídico mexicano, no puede orquestar cuidadosamente lo que debe o no debe ser dicho. En su lugar, el juicio es una discusión enmarcada por el juez tradicional, que funge como moderador entre las partes y dirige de manera ingeniosa asuntos incómodos con base en un discurso jurídico comprensible para los tenejapanecos. Una problemática jurídica en el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena es discutida por dos grupos representados, no sólo por las partes en el conflicto sino también por familiares y amigos de los implicados. Es de reconocer que a lo largo de los juicios hay un alto grado de interrupción de los antagonistas. Otro rasgo característico de los juicios tenejapanecos es el poco valor que le dan las partes en conflicto a las intervenciones del Secretario de Actas, mismas que son sustentadas en la lectura, en español, del Código Civil correspondiente, pero que al ser aplicadas en la discusión, en tzeltal, de un juicio del sistema jurídico tenejapaneco, se vuelven incomprensibles para los actores.

78Los casos jurídicos que se desarrollan en el Juzgado de Paz y Conciliación Indígena de este municipio alteño, están vinculados al desarrollo de las diásporas originadas a partir de la extensión y poder del Estado mexicano. De modo que las voces de las mujeres tenejapanecas que hablan en y a través de los juicios orales del Juzgado de Paz y Conciliación responden hoy a una larga trayectoria histórica atravesada por las luchas poscoloniales de las décadas de 1960 y 1970 y los movimientos indígenas, fundamentalmente el movimiento generado por Mariano Huacash en contra de los mestizos del municipio.

79En nuestros días, parafraseando a Mohanty, esta nueva realidad presente en las mujeres tenejapanecas continúa siendo la discusión acerca de las cuestiones relativas a sus derechos y desigualdades, a la feminización de la pobreza o la migración, al racismo y el sexismo en las representaciones y las prácticas cotidianas, al reajuste de las desigualdades de género en origen y destino y que se deja ver con rotundidad en lo laboral (lo doméstico, lo campesino-artesanal, etc.). A las asimetrías que esto genera en un movimiento tremendamente fragmentado en cuanto a la raza y al origen transfieren protagonismo a otros debates, deliberadamente promovidos desde los medios y las instituciones como el célebre asunto del velo, la ablación del clítoris o el tráfico de mujeres, mencionada por Mohanty, extractos todos ellos de la opresión de las que hasta ahora poblaban el “tercer mundo”. En Tenejapa, el empuje de las organizaciones de mujeres artesanas, como ejemplo, han trastocado los presupuestos y formas de acción del feminismo orientalistas en asuntos tan importantes como la representación, la encarnación del liderazgo y las demandas centrales en lo que se refiere a la división del trabajo y las relaciones de poder. No se trata ya del acercamiento, paternalista o no, a las otras siempre demasiado lejanas, de la solidaridad como expresión política de diferencias inasimilables e inevitablemente distantes entre sí, sino, como sugiere Mohanty, de la construcción de alianzas transnacionales que cortocircuiten el relativismo, el localismo y la esencialización de las diferencias.

80Por su parte, Sally Engle Merry nos señala que la justicia popular tiende más a reforzar las relaciones de poder que a transformarlas, ella introduce una nueva ideología de resolución de conflictos basada en la no-violencia y en la oposición a la violencia del Derecho, y que es ahí donde reside su poder ideológico. Merry sugiere la oportunidad de redefinir los dos términos de este dualismo, que tiene sus raíces más arcaicas en los procesos históricos de colonización y descolonización, con el fin de seguir con mayor adherencia las transformaciones contemporáneas. Ni las posturas relativistas, ni las posturas universalistas, desde este punto de vista, son sostenibles en sus formas más extremas. Tenemos que, por un lado, los relativistas se remontan a menudo a un concepto excesivamente estático y monolítico de cultura, que se muestra incapaz de registrar las tensiones y las mutaciones internas en cada comunidad, por el otro lado los universalistas se exponen a una crítica de signo opuesto, no alcanzando la comprensión de las implicaciones culturales contenidas en el mismo proceso de difusión del lenguaje de los Derechos Humanos. Entonces, los códigos de comunicación transnacional y las particularidades locales están a menudo estrechamente conectados, en la medida en que los primeros se prestan a ser objeto de procesos de apropiación. Merry menciona que
“(...) it is essential to see state law is fundamentally different in that it exercises the coercive power of the state and monopolizes the symbolic power associated with state authority. But, in many ways, it ideologically shapes other normative orders as well as provides an inescapable framework for their practice ”.

81Merry sostiene que si se privilegian los estudios de las regulaciones no-estatales se puede evitar el conceptualizar en su justa dimensión el papel de la legalidad estatal, como un marco de referencia fundamental para la definición de límites, marcos y lenguajes que inciden en las dinámicas locales. Merry destaca que es necesario distinguir el papel sui géneris del derecho estatal y la hegemonía y su relación hacia otros sistemas jurídicos existentes.

82Por su parte, el alcance jurídico de las Juntas de Buen Gobierno es más amplio, ya que tienen a su cargo tareas de autogobierno como: “contrarrestar las desigualdades entre los municipios”, “mediar en los conflictos entre municipios”, “vigilar el cumplimiento de las leyes que funcionen en los municipios rebeldes zapatistas”, entre otros. Además, “de la impartición de justicia”, “la salud comunitaria”, “la educación”, “la vivienda”, “la tierra”, “el trabajo”, “la alimentación”, “el comercio”, “la información y la cultura” y; “el tránsito local”. El funcionamiento de cada Junta de Gobierno es vigilado por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia y desviación del principio zapatista de “mandar obedeciendo”.

83Las Juntas de Buen Gobierno, además, utilizan los donativos y apoyos de la sociedad civil nacional e internacional, después de evaluar la situación de los barrios que conforman el municipio, y deciden en dónde es más necesario dirigir dichos apoyos. Las Juntas de Buen Gobierno imponen a todos los proyectos el llamado “impuesto hermano” que es del 10% del monto total de cada proyecto. Las Juntas de Buen Gobierno solamente reconocen a las personas, barrios, comunidades, cooperativas y sociedades de producción y comercialización que estén registradas en su jurisdicción. Existe, además, un fondo revolvente que proviene de los excedentes o bonificaciones por la comercialización de productos de cooperativas y sociedades zapatistas; estos excedentes son entregados a las Juntas de Buen Gobierno para apoyo a personas o barrios que no pudieron comercializar sus productos o no reciben ningún tipo de apoyo.

84Esta amplitud en el desempeño jurídico de la Juntas de Buen Gobierno tiene una desventaja primordial: la integración de los diferentes sistemas jurídicos indígenas, de los municipios rebeldes zapatistas, a uno sólo: el de las Juntas de Buen Gobierno Indígena. Por su parte, la estrechez en su acción jurídica de los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena tiene como ventaja principal: el uso de un sistema jurídico propio en cada uno de los municipios indígenas bajo su jurisdicción, de forma contracultural a la imposición homogeneizante del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, no podemos visualizar en estas dos formas jurídicas el respeto a las diferencias jurídicas por parte del Estado mexicano.

85La discusión reciente en la Teoría General del Derecho alrededor de la transformación de nuestro sistema en materia penal, ha estado marcada por los grados de ineficacia que este pudiera presentar en el ámbito de la represión de los delitos por parte del Estado y por ende de la disminución de la criminalidad. Si consideramo que es falso que el positivismo jurídico sostenga que las normas son válidas “(...) por el solo hecho de haber sido producidas por un funcionamiento autorizado por una norma superior, y siempre que haya seguido el procedimiento establecido por la Constitución para la creación de normas ”. El derecho indígena,

86“(...) no depende por tanto de la Teoría General del Derecho ni de la propia Constitución; más parece que depende de la cultura jurídica introyectada en la Facultad de Derecho. Pareciera que si no se consigue superar esta dificultad el camino no habrá comenzado a andarse en realidad. Bien sabemos que una de las maniobras del poder es la producción de normas inefectivas pero eficaces; inefectivas por incumplidas, eficaces porque coadyuvan al objetivo del poder: reproducirse ”.

87Es así como la importancia de la aplicación de las normas y el respeto a los Derechos Humanos en el ámbito de la acción del Estado, lo constituye el hecho de ser aquellos los límites de éste. En el análisis contemporáneo que la Teoría General del Derecho hace de los Derechos Humanos ha cuestionado su actuación y resultados de manera profunda, tanto desde la sociología jurídica, en donde se analiza “(...) la apropiación política y discursiva de los derechos humanos para convertirlos en sinónimos de Derecho alternativo, como desde el discurso propio del sistema jurídico estatal y, por los sectores oprimidos que utilizan el discurso de los Derechos Humanos desde una perspectiva contradiscursiva y contestataria (...) cuya eficacia atenta contra la hegemonía del Derecho estatal ”.

88En este último sentido, y limitándonos al ámbito deóntico del discurso del derecho hegemónico

89“(...) puede decirse que tales derechos (humanos) ni siquiera existen puesto que no hay normas que los consagren, como en el caso del derecho a la vivienda; pero desde el punto de vista de su sentido ideológico, la reivindicación de la existencia misma del grupo como enfrentado al estado convierte a éste en el enemigo a derrotar y en eso consiste su carácter subversivo ”.

90Históricamente, la discusión acerca de los derechos indígenas y su relación jurídica con los conquistadores se inicia a partir del siglo XVI en Europa. La legislación de la Corona Española y posteriormente la del Estado Mexicano tuvieron distintas apreciaciones jurídicas hacia las poblaciones indígenas. Es así como desde 1810 la legislación hacia los pueblos indígenas en nuestro país ha oscilado entre el genocidio, la integración y la asimilación o lo que es lo mismo: la negación de la pluralidad jurídica. Pero la crítica más radical, y que resulta vigente hasta nuestros días, fue realizada por Manuel Gamio a la Constitución de 1857,
“(...) que define como ‘de carácter extranjero en origen, forma y fondo’ pues sólo es apropiada para una minoría, en tanto que para el resto de la población, la mayoritaria, es ‘exótica e inapropiada’ (loc. cit.). Dicha Constitución era la vigente en los días en que escribía su libro (Forjando patria), pero la crítica es válida para la de 1917 que nos rige actualmente, en tanto no hay un reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indios; aquí tenemos que destacar la agudeza de la visión de Gamio, pues una reforma constitucional que atienda las diferencias étnicas y los derechos políticos de los pueblos indios, y no digamos la necesidad de una nueva Constitución, continúa siendo un planteamiento radical ”.

91Sin embargo, y después de esta propuesta realizada desde la antropología mexicana por Manuel Gamio, la antropología latinoamericana, en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, empieza a abordar el estudio del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas de manera importante. En los trabajos etnográficos de Aguirre Beltrán, Jane Collier, Dorotinsky, Guiteras Holmes, Nader, entre otros, se analizan la costumbre y los procedimientos jurídicos tradicionales, los gobiernos locales, la autoridad y las formas de control y orden social de diferentes culturas indígenas del país.

92Haciendo un paréntesis histórico, tenemos que desde 1921 la OIT realiza estudios acerca de las condiciones laborales de los trabajadores de los pueblos indígenas y tribales, en particular sobre trabajo forzoso de las poblaciones nativas en las colonias. Pero es a partir de 1957, con base en la ratificación de 27 países, que se utiliza el primer catálogo de derechos de los indígenas en el Convenio 107 de la OIT. Este documento se crea a partir de la suposición evolucionista de que las poblaciones indígenas y tribales son sociedades que se encuentran en un proceso hacia un estadio de civilización, de acuerdo a un parámetro establecido por países que se consideran en un estadio superior. A partir del objetivo central de este Convenio podemos deducir un afán proteccionista hacia las poblaciones para su integración a una “sociedad moderna”. No resulta extraño que las políticas del Instituto Nacional Indigenista en nuestro país consideraran los mismos objetivos integracionistas implícitos en dicho Convenio. Es hasta la década de los 70’ que se realizan las críticas más duras a estos documentos en lo que respecta a su perspectiva integracionista y a la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como minorías nacionales.
Sin embargo, los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas, han elegido otras vías para la reivindicación de sus derechos. Recurriendo a las expulsiones de mestizos, la participación cada vez mayor de las mujeres indígenas y el levantamiento armado del EZLN a partir de 1994, han reclamado para sí, en tanto comunidades indígenas, sus propios derechos, la autodeterminación de sus pueblos, y su práctica con base en la autonomía.

93Estas reivindicaciones, con precisión Óscar Correas las caracteriza como parte de la problemática planteada desde la Constitución de 1917, en donde se ponía

94“(...) en el mismo nivel constitucional, una cortapisa al mentado ‘reconocimiento’ de las costumbres jurídicas agrarias de las comunidades indígenas. La ley necesaria para poder invocar la validez de las culturas y el Derecho sometidos, no se ha dictado aún. Y no puede menos que avizorarse un agrio debate entre los sectores sociales proclives a la protección de estas sociedades cuasi-indígenas, y los que promueven el liberalismo económico. Se ha visto sobradamente que el capitalismo es refractario a todo entendimiento con formas precapitalistas de tenencia de la tierra (...)”.

95Este conflicto entre reivindicaciones indígenas y capitalismo seguirá mostrándose en la discusión del artículo 4º Constitucional. Correas nos demuestra que, en el caso particular del Derecho agrario,

96“(...) se respetará el Derecho indígena, pero, ahora sí, siempre que no contravenga al Derecho dominante (‘en los términos que establezca la ley’, dice). Si tal ley, por ejemplo, en obediencia de la política procapitalista, destruyera las formas comunales, los defensores del liberalismo podrían decir que no se trata de una norma inconstitucional porque el artículo 4º prevé que habrá una ley reglamentaria. Pero, y esto es crucial, la redacción de la Constitución establece al Derecho agrario como una excepción: es sólo para esta clase de conflictos para los cuales la ley reglamentaria establecerá los límites del Derecho indígena. Pero para todas las otras materias no se ha establecido tal cortapisa. En todas las otras materias jurídicas, la Constitución ordena que debe dictarse una ley que debe permitir el desarrollo del Derecho indígena. Es más, debe promoverlo. En otros términos, la Constitución manda ‘manos fuera’ de las comunidades indígenas. Lamentablemente no manda claramente ‘pies fuera’ de la tierra de los pueblos indios ”.

97A pesar de lo anterior, el Convenio 169 de la OIT ha representado un importante avance en materia de derechos de los Pueblos Indígenas en el Estado de Chiapas, ya que se considera la posibilidad de autonomía o autogobierno de éstos pueblos al interior del Estado mexicano. En este convenio se destacan los siguientes derechos colectivos; en lo que respecta al derecho consuetudinario de los pueblos indios, a que se consideren en el ámbito penal (Artículo 8.1); a la preservación de sus costumbres e instituciones (Artículo 8.2); al respeto de sus métodos tradicionales para la solución de los delitos cometidos por sus miembros (Artículo 9.1); la consideración especial cuando haya que aplicarse sanciones penales, con base en el derecho positivo, a un indígena (Artículo 9.1); ponderando otras sanciones distintas a la privación de la libertad (Artículo 9.2).

98Siguiendo esta perspectiva, podemos decir que para que se dé un régimen autonómico en México se deberán plantear el desafío de considerar y desarrollar, al menos tres elementos de relevancia jurídico política, que forman parte del derecho a la libre determinación. Todas las cuales además, exigen una reforma del Estado: 1)- Primeramente debe existir una autodisposición interna. Esto quiere decir que se necesita configurar una estructura de poder suficiente que le permita tanto la representación como la regulación política interna de la sociedad. Esto implicaría determinar quién y de qué manera administra el espacio o jurisdicción indígena. Qué autoridades, cómo es su generación, cuáles son sus atribuciones, y su responsabilidad, entre otros aspectos. 2)- Además las autonomías necesitan de un fundamento material, que a la vez cumple un efecto simbólico: el territorio, que de acuerdo al concepto acuñado en el Convenio 169 se refiere al hábitat que ocupan los indígenas, lo que incluye los recursos naturales que se encuentran en ese espacio autodelimitado. Particularmente, el tema tiene que ver con la administración y/o control de los recursos naturales y; 3)- Por último el tema de la autonomía incluye el derecho colectivo de los pueblos indígenas para resolver los conflictos de acuerdo a la manera que ellos determinen, y bajo un régimen de normas y valores escogido. Efectivamente, uno de los aspectos que incorporan las demandas de los indígenas, a partir del levantamiento armado de 1994 en Chiapas, es lo relativo al derecho indígena y su aplicación por municipio. Si bien es cierto no hay una clara obligación por parte del Estado mexicano frente a los instrumentos internacionales, en el caso de las normas del Convenio 169, ya que se decreta su aplicación solamente si son admisibles en la legislación interna, su aplicación en nuestro país

99“(...) no presenta ningún problema cuando ello no genera controversia porque forma parte del sistema jurídico mexicano, como cualquier otra ley, jurisprudencia o costumbre aunque cada una tenga distinto origen. Cuando su aplicación genera controversias que requieren la intervención de algún tribunal para su solución, hay que buscar el fundamento en el segundo párrafo del artículo 133 constitucional y además acudir a los tribunales de la materia de que se trate. No está de más recordar el principio contenido en la mayoría de los códigos civiles, federal y estatales, en donde se prescribe que ningún juez debe dejar sin resolver una controversia que se le presente argumentando que no existe norma aplicable al caso ”.

100La mera enunciación de las normas que integran el Convenio 169 de la OIT ha dado lugar a su desarrollo y discusión, no solamente de los Derechos Humanos, sino también de las movilizaciones de género por parte de la Teoría General del Derecho y la antropología jurídica en nuestro país.

Conclusiones.

101Respondiendo la pregunta que da título a éste artículo podemos decir que todo éste recorrido teórico nos ha llevado a entender que los sistemas jurídicos indígenas impresos en las Juntas de Buen Gobierno y los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena representan elementos de la identidad de los municipios tzeltales en los Altos de Chiapas. Podemos afirmar lo anterior en términos del concepto de interlegalidad de Santos Boaventura de Sousa, en donde la recurrencia a niveles jurídicos extraños a los tenejapanecos y el uso de la retórica institucional o de diferentes repertorios jurídicos por parte de los disputantes y por parte de las autoridades tenejapanecas, es evidencia de la internalización de otros procesos regularizados y de otros principios normativos, considerados jurídicos en el orden normativo hegemónico o en otros subórdenes jurídicos que contribuyen para la creación y prevención de litigios y para la resolución de éstos a través de un discurso argumentativo propio de tenejapanecos.
Los sistemas jurídicos, existentes en las Juntas de Buen Gobierno y los juzgados de Paz y Conciliación Indígena regulan el comportamiento en dos distintas fases: públicas y privadas. De ahí que, determinadas infracciones merezcan, inclusive, manifestaciones de fuerza, castigos corporales, etc. Otras dan lugar a la imposición psíquica que también tiene fuerza en la reputación de quienes han cometido una infracción. Esto quiere decir que dependiendo de los intereses en juego y los hechos que deban ser conocidos en estos sistemas jurídicos, se pueden integrar los discursos provenientes de sistemas jurídicos diferentes que nos permitan entender el reconocimiento a la personalidad jurídica sui generis de los sistemas jurídicos indígenas.

Bibliografía.

102AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, Formas de gobierno indígena, Instituto Nacional Indigenista/Universidad Veracruzana/Gobierno del Estado de Veracruz/Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1980.

103BODENHEIMER, Edgar, Teoría del Derecho, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1940.

104BOURDIEU, Pierre, La fuerza del Derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico, en Poder, Derecho y Clases Sociales, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000.

105CERES, Enrique; FLORES, Imer B.; SALDAÑA, Javier; VILLANUEVA, Enrique (Coordinadores), Problemas contemporáneos de la filosofía del Derecho, IIJ/UNAM, México D.F., 2005.

106CARBONELL, Miguel (Coordinador), Derecho constitucional. Memoria del Congreso Internacional de Cultura y Sistemas Jurídicos Comparados, IIJ-UNAM, México D.F., 2005.

107CHENAUT, Victoria y María Teresa SIERRA, Los debates recientes y actuales en la antropología jurídica: las corrientes anglosajonas, en Esteban Krotz (Ed.), Antropología jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del Derecho, Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Barcelona/México D.F., 2002.

108CHENAUT, Victoria y SIERRA, María Teresa, Pueblos indígenas ante el Derecho, CIESAS/CEMCA, México D.F., 1995.

109COLLIER, Jane, El Derecho zinacanteco, UNICACH/CIESAS, México D.F., 1995.

110CONLEY, John M y O’BARR, William M; Rules versus Relationships. The Ethnography of Legal Discourse, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1990.

111CORREAS, Óscar, Pluralismo jurídico, alternatividad y Derecho indígena, FONTAMARA, México D.F., 2003.

112CORREAS, Óscar, El Derecho indígena frente a la cultura dominante de los jueces en Jueces para la Democracia_, número 22, Madrid. 1994.

113CORREAS, Óscar (compilador), El Otro Kelsen, IIJ/UNAM, México D.F., 1989.

114DOROTINSKY, Deborah, “Investigación sobre la costumbre legal indígena en los altos de Chiapas (1940-1970)” en Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde (coords.)._ Entre la Ley y la Costumbre_, III/IIDH. México, 1990.

115DURKHEIM, Emile, La división del trabajo social (edición original en francés, 1893), Colección Diálogo Abierto, Ediciones Coyoacán, México D.F., 1994.

116EPSTEIN, A. L; The Craft of Social Anthropology, Hindustan Publishing Corp. New Brunswick, N. J, 1978.

117EVANS-PRITCHARD, E.E; The Nuer. A description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic People, Oxford University Press, Oxford, (1940) 1978.

118FITZPATRICK, Peter, The mithology of Modern Law, Routledge, London/New York, 1990.

119FORTES, Meyer & E. E. EVANS-PRITCHARD (eds.), African Political System, Oxford University Press, London, 1940.

120GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, Editorial Porrúa, México D.F., 1940.

121GLEDHILL, John, El Poder y sus Disfraces, Bellaterra, Barcelona, 2000.

122GLUCKMAN, Max, Análisis de una situación social en zululandia moderna en Revista Bricolage. UAM, México D.F., (1940) 2003.

123GLUCKMAN, Max, Order and Rebellion in Tribal Societies, London, Cohen & West, 1963.

124MEZ, RIVERA, Magdalena, Derecho indígena en México Indígena, No. 25, noviembre-diciembre, México D.F., 1988.

125MEZ, RIVERA, Magdalena, La hora indígena de la Suprema Corte en Hojarasca, No. 53, septiembre, México D.F., 2001.

126GRAMCSI, Antonio, Cuadernos de la Cárcel, Juan Pablos, México D.F., 1975.

127GULLIVER, Philip, Social control in an African Society: A Study of the Arusha, Agricultural Masai of Northern Tanganyca, Boston University Press, 1963.

128GUITERAS HOLMES, Calixto, Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1965.

129HERNÁNDEZ, Martín, “La filosofía perenne: Una propuesta vigente para la filosofía contemporánea del derecho”, en CÁCERES, Enrique; FLORES, Imer B.; SALDAÑA, Javier; VILLANUEVA, Enrique (Coordinadores), Problemas contemporáneos de la filosofía del Derecho, IIJ/UNAM, México D.F., 2005.

130HOBSBAWM, E & Ranger, T; The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.

131HOEBEL, E. Adamson, The Law of Primitive Man, Atheneum, New York, (1968) 1979.

132KELSEN, Hans, Reflexiones en torno de la teoría de las ficciones jurídicas, con especial énfasis en la filosofía del ‘como sí’ de Vaihinger en Revista Crítica jurídica, No. 18. UNAM/ FIDH/UNIV, DE SONORA/FACULTADES DO BRASIL, 2001.

133KELSEN, Hans, Teoría general del Derecho y del Estado, UNAM, México D.F., 1949.

134PEZRCENAS, Francisco, Legislación y derechos indígenas en México, Ediciones Casa Vieja-La Guillotina/Ce-Acatl A.C., México D.F., 2002.

135MAINE, Henry, El derecho antiguo, Extemporáneos, México D.F., 1980.

136MAIR, Lucy, Primitive Government, The Scholar Press, London, 1977.

137MALINOWSKI, Bronislaw, Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, Ariel, Barcelona, 1971.

138MEDINA, Andrés, En las cuatro esquinas, en el centro, UNAM, México D.F., 2000.

139MERRY, Sally Engle, Legal Pluralism, en Law and Society Review, Vol. 25, No. 4, 1988.

140MERRY, Sally Engle, Law and Colonialism, en Law and Society Review, Vol.25, No.4, 1991.

141MERRY, Sally Engle, Anthropology, Law and Transnational Processes, en Annual Review of Anthropology, 21, 1992.

142MESCH, Gustavo y SCHWIRIAN, Kent, The Effectiveness of Neighborhood Collective Action, en Social problems, University of California Press. v. 43, n. 4/1996.

143MOHANTY, Chandra Talpade, Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses, en Feminist Review 30, Autumn 1988.

144MORINEAU IDUARTE, Marta e IGLESIAS GONZALES, Roman, Derecho Romano, Edit Harla, Oxford, 1993.

145NADER, Laura, Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca, Instituto Oaxaqueño de cultura/FECA/CIESAS, México D.F., 1998.

146ORANTES GARCÌA, José Rubén, Derecho Pedrano. Estrategias jurídicas en los Altos de Chiapas. PROIMMSE-IIA-UNAM. México. 2007

147ORDOÑEZ CIFUENTES, José Emilio, Normación internacional. El convenio 169 de la OTI en México y Guatemala en Análisis interdisciplinario de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indios. X Jornadas Lascasianas, IIJ/UNAM, México D.F., 2001

148REZ PERDOMO, Rogelio, “Seguridad jurídica y competitividad: coordenadas para una investigación”, en BOZA, M.E.; PÉREZRDOMO, R. (eds.), Seguridad Jurídica y Competitividad, Ed. IESA, Caracas, 1996.

149PINA, Rafael De Rafael de PINA VARA, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México D.F., 2003.

150POSPISIL, Leopold, The kapauku Papuans of West New Guinea, Holt, Rinehart & Winston, 1st edition 1963. Anthropology of Law, Harper and Row, Nueva York, 1971.

151POSPISIL, Leopold, Anthropology of Law: a Comparative Theory, HRAF Press, New Haven, 1971.

152RADCLIFFE-BROWN A. R; Structure and Function in Primitive Society, Cohen & West Ltd. London, 1968.

153SANTOS, Boaventura de Sousa, Three Metaphors for a New Conception of Law: The Frontier, The Baroque, and the South, en Law & Society Review v. 29, n. 4/1995.

154SANTOS, Boaventura de Sousa, Toward a New Common Sense. Law, Science and Politics in the Paradigmatic Transition, Routledge, New York, London, 1995.

155SANTOS, Boaventura de Sousa, “Law a Map of Misreading: Towards a Posmodern Conception of Law”, en Journal of Law and Society, vol. 14,n.3, 1987.

156SHAPERA, I; A Handbook of Tswana Law and Custom: Compiled for the Bechuanaland Protectorate Administration, Oxford University Press, Oxford, (primera edición: 1938)1965.

157SMITH, G. M; Government in Zazzau, Oxford University Press, London, 1960.

158STAVENHAGEN, Rodolfo e ITURRALDE, Diego (coords.), Entre la Ley y la costumbre. El derecho consuetudinario indígena en América Latina, III/IIDH, México D.F., 1990

159VAN VELSEN, J; The Extended-case Method and Situational Analysis, en Epstein, ed., The Craft of Social Anthropology, Hindustan Publishing Company, New Brunswick, 1978.

160VITALE, Ermanno, “El derecho constitucional indígena. Algunas consideraciones (filosóficas)”, en Revista Nexos, junio, México D.F., 2004.

161LUCAS VERDÚ, Pablo, “El orden normativista puro (supuestos culturales y políticos en la obra de Hans Kelsen”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 68, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.

162VERGOTTINI, Giuseppe De, : Derecho Constitucional Comparado, UNAM/Segretariato Europeo Per Le Pubblicazioni Scientifiche, México D.F., 2005.

163VINCENT, Joan, Anthropology and Politics. Visions, Traditions and Trends, The University of Arizona Press, Tucson, 1990.

164VINCENT, JOAN, Political Anthropology en Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology Edited by Alan Barnard and Jonathan Spencer, Routledge, London, New York, 1996.

165VINCENT, Joan (ed.), The Anthropology of Politics, A Reader in Ethnography, Theory, and Critique, Blackwell Publisher, Massachusetts, 2002.

166YNGVESSON, Barbara, “Inventing Law in Local Settings: Rethinking Popular Legal Culture”, en The Yale Law Journal v. 98/1989.

Fuentes electrónicas.

167GARCÍA VILLEGAS, Mauricio, _Notas preliminares para la caracterización del Derecho en América Latina*, Oficina de Derecho y Programas Interamericanos, http://www.oas.org/Juridico/spanish/mauricio_garc%C3%ADa_villegas.htm, 2005, 2005 .

168

Para citar este artículo :

José Rubén Orantes García, « ¿Los indígenas de los Altos de Chiapas aplican un sistema jurídico híbrido? », Boletín AFEHC N°30, publicado el 04 junio 2007, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=1498

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los lectores de la AFEHC, no de la AFEHC No está permitido verter comentarios injuriantes. Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Una vez aceptado el comentario, se enviará un correo electrónico confirmando su publicación.

¿No tienes una cuenta todavía?
Puedes crear una

Como usuario registrado usted podrá publicar de forma inmediata comentarios con su nombre.