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AFEHC : articulos : La problemática agraria en Guatemala hoy: algunos apuntes históricos para su comprensión : La problemática agraria en Guatemala hoy: algunos apuntes históricos para su comprensión

Ficha n° 2095

Creada: 19 diciembre 2008
Editada: 19 diciembre 2008
Modificada: 19 diciembre 2008

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Autor de la ficha:

Gustavo PALMA MURGA

Publicado en:

ISSN 1954-3891

La problemática agraria en Guatemala hoy: algunos apuntes históricos para su comprensión

La problemática agraria que se vive en Guatemala no puede ser comprendida en todas sus dimensiones si no se acude a la historia para encontrar y entender las raíces de las que se desprende tan agudo problema. Tanto en el pasado colonial como en el republicano se pusieron en marcha una serie de mecanismos jurídicos que favorecieron la consolidación de determinadas estructuras de propiedad de la tierra, a partir de las cuales se construyó cierta legitimidad, de la que se derivaron determinadas relaciones económicas, políticas y sociales. El presente del país continúa atado a la tierra en la medida en que un alto porcentaje de la población depende – y necesita - de la tierra para su precaria subsistencia. En los últimos años se ha recrudecido la tendencia a deslegitimar las demandas y protestas campesinas señalándolas como desestabilizadoras del sistema. Tal tendencia, por parte de los sectores empresariales y los medios de comunicación, evidencian la centralidad que tiene en Guatemala la problemática agraria.
Palabras claves :
Pueblos de Indios, ejidos, tierras comunales, ciudadanía, caficultura, latifundio, minifundio, conflictividad agraria
Autor(es):
Gustavo Palma Murga
Fecha:
Diciembre de 2007
Texto íntegral:

1
Una primera versión de este artículo ha sido publicado en: Revista Centroamericana de Ciencias Sociales, vol II, no. 2. FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, San José, Costa Rica: Costa Rica. Diciembre. 2005

Consideraciones iniciales

2Las discusiones que en el ámbito político nacional se han generado en torno a la adhesión al Tratado de Libre Comercio se han enfocado en las eventuales posibilidades que éste pueda ofrecer al país para enfrentar de manera competitiva los retos que las nuevas coordenadas económicas globalizadoras están imponiendo a nuestra débil e inestable economía, anclada aún en un modelo y estructuras concentradoras y excluyentes que, además manifiestan señales inequívocas de crisis.

3En esta discusión se enfrentan dos visiones, dos apuestas, que si bien podrían coincidir en cuanto a que el objetivo a largo plazo en ambas es asegurar un futuro mejor para el país, difieren radicalmente en cómo alcanzarlo y, en consecuencia, en los resultados que se vayan dando a lo largo de dicho proceso.

4De manera bastante esquemática se puede aseverar que los argumentos esgrimidos por quienes están a favor son de carácter técnico y de reorientación de estrategias que permitirán identificar “nichos de oportunidad” en el ámbito externo para insertarnos en ellos, pero sin que se considere necesario cuestionar las bases económicas, sociales y estructurales sobre las que se sustentarán.

5Afirman que la modernización de las actividades productivas es imperativa pero los escenarios en donde ésta ha de producirse no suponen la transformación radical de las estructuras productivas – sobre todo las de la propiedad de la tierra – como una premisa para alcanzar tal modernización. Las propuestas que para el desarrollo económico del país han sido formuladas desde esta perspectiva no hacen sino fortalecer las tendencias seculares concentradoras y acumuladoras de los recursos, así como de las ganancias. Se están promocionando rubros como el turismo, la ampliación y modernización de la infraestructura vial y de comunicaciones y la explotación de yacimientos minerales por considerarlos como potenciales generadores de empleo. Queda por ver si a partir de éstos se transformarán las condiciones de vida de la población rural. Estos supuestos beneficios, además, son valorados bajo criterios de ganancia empresarial pero no de bienestar social.

6Por su parte, las organizaciones sociales y campesinas consideran que un paso previo y necesario para enfrentar esos nuevos retos es la desarticulación de las estructuras concentradoras de la propiedad de la tierra y de los activos de capital. De tal manera que una vez estos amplios sectores de la sociedad hayan logrado acceder a los insumos básicos – sobre todo tierra y capital – podrán convertirse en actores económicos activos, con capacidad para aportar positivamente en el proceso de generación de empleo y riqueza en el país; y en consecuencia, en actores políticos que ejercerán su ciudadanía con dignidad.

7Se trata, en síntesis, de la confrontación de dos lógicas opuestas que hasta ahora no han podido entrar en diálogo ni, menos aún, negociaciones que conduzcan a encontrar soluciones incluyentes y con perspectiva de largo plazo. Largo plazo que para las organizaciones campesinas se construye en el corto y mediano plazo, mientras que desde la perspectiva empresarial el énfasis se centra en la ganancia inmediata. Se trata de una disputa entre visiones antagónicas que, además, ocurre en medio de una coyuntura en la que, una vez más, las condicionantes externas presionan para que nuestra economía se readecue a las exigencias que impone el neoliberalismo globalizador.

8Hasta ahora se ha constatado que en Guatemala existe una imposibilidad, casi estructural, para dialogar de manera directa y sin conflictos sobre esta y otras problemáticas. Tal dificultad no es únicamente resultado de la renuencia del Estado y de los sectores empresariales, como tampoco porque los campesinos carezcan de propuestas que vayan más allá de los planteamientos que insisten en la necesaria transformación de las estructuras de propiedad de la tierra. Ésta se explica, sobre todo, a partir de variables históricas, tanto estructurales como mentales, construidas y reproducidas a lo largo del tiempo, y que ejercen un peso e incidencia que no son valorados ni identificados en toda su dimensión en este difícil debate inconcluso.

9En el ámbito estructural, el Estado – tanto colonial como republicano – siempre ha privilegiado los intereses de los grupos dominantes, dando como resultado una constante adecuación de su ser y existir a dichos intereses. De tal manera que las sucesivas políticas estatales puestas en funcionamiento en Guatemala siempre han sido elaboradas desde la óptica e intereses dominantes. Y, como se verá más adelante, el fruto de esta relación simbiótica Estado-grupos dominantes, ha sido una permanente imposición de estructuras económicas, políticas, sociales y culturales excluyentes y discriminadoras.

10Esta situación explica las prácticas y actitudes que tanto el Estado como los sectores dominantes asumen hacia los sectores campesinos y populares, que se traducen en el señalamiento y estigmatización de cualquier reivindicación social y económica como “desestabilizadora” del orden establecido. A lo que también se añade que dichos sectores no son considerados como sujetos activos, con capacidad de gestión y de propuesta, sino como “manipulables” por intereses ajenos y enemigos de la nación.

11Estamos inmersos en un entramado social complejo y disímil que no avanza de manera coherente ni positiva. Nos encontramos atrapados en una suerte de “nudo gordiano” que en lugar de flexibilizarse y aflojarse, se tensa cada vez más, sin posibilidades de desanudarse.

12Para comprender esta problemática no basta con inventariar los “activos” con los que contamos para enfrentar los retos de la competitividad que impone la marea neoliberal globalizadora, ni el “pasivo” que nos impide transitar hacia tal modernidad llegada desde fuera. Debemos esforzarnos por ver más allá de la coyuntura, tratar de entender cuál es la naturaleza profunda de los obstáculos que internamente nos impiden vincularnos a una modernidad que sea amplia, transformadora pero, sobre todo, incluyente, y no sólo desde los parámetros de la que se nos impone desde fuera y desde esos poderosos intereses sectoriales.

13Ver más allá de la coyuntura no significa únicamente ver hacia delante, hacia el futuro. Si bien es cierto que el eje aglutinador en torno al cual se articulan las propuestas y visiones que tanto los campesinos como los sectores dominantes plantean es el futuro del país, dicho futuro no se construye exclusivamente desde el presente en el que nos encontramos. De la misma manera que nuestro presente fue el futuro que las generaciones precedentes construyeron, nosotros estamos construyendo el futuro de las nuevas generaciones. Y si los resultados de las visiones y previsiones de nuestros antepasados – el presente que vivimos – muestran que tal construcción se hizo de manera desequilibrada, tenemos la enorme responsabilidad de no imponer lo mismo a quienes vendrán detrás de nosotros.

14En tal sentido, podemos afirmar que la sociedad guatemalteca ha sido construida, desde el punto de vista de su proceso histórico, a partir de dos grandes “nudos gordianos”, ambos anclados a la tierra. El primero, consolidado durante el período colonial y mantenido con bastante estabilidad a lo largo de los primeros setenta años del siglo XIX, se anudó a partir de la dualidad propiedad comunal–propiedad privada de la tierra. Y el segundo, estructurado a partir de la reforma liberal de 1871 y con plena vigencia hasta la actualidad en torno al binomio latifundio–minifundio. En ambos, se trata no sólo de una determinada modalidad de tenencia de la tierra sino, también, de formas, mecanismos, prácticas y relaciones económicas, políticas y sociales que giran en torno a estos ejes que han llevado a la sociedad guatemalteca a funcionar y reproducirse de manera antagónica, sustentados y legitimados en las formas estatales dentro de las que se conformaron y reprodujeron, con efectos diferenciadores y excluyentes profundos en la población campesina y, sobre todo, la indígena.

15Y para desatar esos “nudos gordianos” que ahora nos tienen atrapados – ese futuro construido en el pasado – es importante conocer cómo fueron articulados, cómo se afianzaron y cómo se continúan reproduciendo. Es decir, debemos acercarnos al conocimiento de los procesos históricos que los conformaron, sobre todo porque se insiste en ver hacia delante, hacia el futuro, pero a condición de ignorar el pasado. Pero, caminar hacia delante sin conocer el trecho ya recorrido es como lanzarse a una aventura, sin una ruta previamente establecida. Nuestras expectativas de futuro deben construirse a partir de nuestras experiencias sociales previas. Sólo de esa manera se puede corregir el rumbo y garantizar diferentes y mejores resultados.

16A continuación, y con tal sentido y finalidad, se presenta un breve análisis histórico con el que se quiere contribuir a entender la complejidad de nuestro presente. Presente, que como se ha indicado anteriormente, se caracteriza por ser bipolar, antagónico y excluyente. Se tratará de ilustrar, desde una perspectiva histórica, cómo y por qué se ha venido construyendo hasta ser lo que ahora es la sociedad guatemalteca.

Las dualidades estructurales antagónicas en torno a la propiedad de la tierra: una constante en nuestra historia

Las raíces primeras de los nudos

17
No se puede comprender la complejidad ni profundidad de la problemática agraria contemporánea si no se establecen y rastrean sus raíces históricas profundas. Se impone, en tal sentido, una lectura histórica que nos acerque a la comprensión de las lógicas sustentadoras de los procesos de construcción de la actual estructura de tenencia y uso de la tierra en Guatemala.

18Un primer aspecto básico a tener en cuenta es el que se refiere al carácter “híbrido” de las empresas de descubrimiento, conquista y colonización. Éstas fueron iniciativas “empresariales” con reconocimiento estatal pero sobre una base de capital privado, y reguladas mediante las llamadas capitulaciones (contratos suscritos entre un particular y la Corona para efectos de descubrir y conquistar nuevos territorios). Una consecuencia importante derivada de este modus operandi fue la de los derechos que adquirían sus beneficiarios, bastante amplios y generosos, dado que se desconocían las condiciones y los resultados concretos que se podían obtener de esas expediciones1.

19Paulatinamente, la Corona fue regulando estas empresas provocando reacciones – algunas veces violentas – por parte de los beneficiarios. Con las Leyes Nuevas – promulgadas en 1542 – la Corona impuso sus propios controles. Se aseguró la continuidad del proceso pero bajo lógicas centradas en el interés estatal. En este cambio fue importante el papel desempeñado por una burocracia estatal especializada y jerarquizada, al igual que una visión política de largo plazo, eminentemente colonial.

20De manera paralela a la política de las expediciones de conquista se impulsó otra de poblamiento para promover la fundación de núcleos de población estables, tanto para los conquistadores y primeros colonos, como para organizar a la población americana, con el propósito de garantizar la presencia del Estado y sus instituciones, como para incorporar a dicha población al proyecto colonizador.

21Un elemento esencial para el éxito de esta política fue el reparto generoso de tierras entre los primeros colonos y pobladores. El dominio colonial se consolidaría, jurídicamente, a partir de la puesta en cultivo de las tierras adjudicadas, para así estabilizarlos en estos territorios.

22No hay que olvidar dos factores capitales; primero, el establecimiento de un cuerpo jurídico nuevo – sobre todo con relación al vigente antes en este continente – y cuyo punto de partida era la imposición de la soberanía absoluta de la monarquía castellana sobre la tierra y todos los recursos aquí existentes, desconociéndose las anteriores soberanías y derechos. Y, luego, la incorporación sistemática y forzada de la población americana al proceso colonizador, promoviéndose – en un primer momento – una serie de instituciones (la esclavitud y la encomienda), para satisfacer los requerimientos personales de los conquistadores. Y luego, a partir de las Leyes Nuevas, una política general de control y reproducción de esa población, confinándolos y organizándolos en los “Pueblos de indios”, para lo que se les adjudicó tierras, sobre todo de manera colectiva.

23h5. Los principios jurídicos iniciales en torno a la propiedad de la tierra

24El principio jurídico general al que se acogió la Corona Castellana para apropiarse de los territorios americanos fue el de la regalía o dominio universal de la corona sobre las tierras comprendidas en este espacio geográfico, otorgado por la Iglesia Católica luego de 1492. De él se derivaron las diferentes formas y mecanismos que se implementaron para el acceso a la propiedad de la tierra en el continente ¿Cómo utilizó la Corona este derecho y dominio?

25Durante la etapa de las capitulaciones la tierra fue utilizada y repartida como estímulo o aliciente, tanto para los jefes de las expediciones como para los participantes en las expediciones militares. Se trataba de una recompensa. Y, casi siempre, con la tierra que se repartían también indígenas.

26De forma paralela, se principió a distribuir tierras mediante las llamadas Reales Cédulas de gracia o merced de tierra. Con éstas también se buscaba compensar los servicios prestados por esos individuos a la Corona. Eran distribuciones de tierras de carácter gratuito. Dicho carácter cesó en 1591 cuando se introdujeron los de compra y adjudicación en pública subasta, significando un cambio en la política agraria y un paso más en el proceso de implantación del régimen colonial. La tierra incrementó su valor e importancia; sobre todo la cercana a las vías de comunicación y a ciudades, villas, puertos y otros centros de comercialización y consumo.

27Con estas disposiciones se ratificó que todas las tierras retenidas ilegalmente eran propiedad del monarca; que las poseídas sin legítimos títulos debían restituirse a la Corona para que, una vez reservada la necesaria para ciudades, villas y pueblos de indios – a quienes se les debía otorgar la necesaria – la demás se les restituirían para disponer de ellas según su voluntad. Se impusieron plazos para que todos los poseedores exhibieran sus respectivos títulos, amparándose a quienes los tuvieran en concordancia con lo poseído, y quienes las tuvieran en exceso las devolverían al rey. Surge entonces un nuevo título originario para adquirir el dominio privado de las tierras baldías o realengas: la adjudicación en pública subasta al mejor postor.

28También se introdujo la composición, figura y mecanismo jurídico mediante el cual una situación de hecho en relación con la tenencia de la tierra podía convertirse en una situación de derecho, previo pago del valor del bien en cuestión. Los interesados debían observar una serie de pasos burocráticos –denuncia, medida y composición – luego de los cuales se les otorgaba el respectivo título de propiedad. A partir de entonces, y a lo largo de todo el período colonial, estas dos fueron las modalidades principales para acceder a la propiedad de la tierra en los territorios americanos2.

29Este marco jurídico evidencia el “carácter generoso” con el que actuó el Estado colonizador tanto en la etapa inicial de descubrimiento y conquista, como en la del asentamiento y desarrollo posterior del régimen colonial. A partir de una presunción jurídica de origen feudal – la regalía – la Corona dispuso de manera absoluta sobre la tierra, sus riquezas naturales, como sobre la población originaria americana. Se ignoró, de manera categórica, la existencia de procesos históricos previos y se impuso uno nuevo, orientado por lógicas diferentes. Estos mecanismos y procesos se mantuvieron vigentes durante los siglos de dominación colonial, y no desaparecieron del todo con el rompimiento político de 1821. Más bien, se renovaron y adaptaron en función de los sucesivos contextos históricos. Y un resultado central fue la conformación de dualidades estructurales y antagónicas en torno a la tierra, que respondían al tipo de relaciones sociales entonces impuestas.

30h4. El primer nudo estructural: propiedad comunitaria – propiedad individual

31Cuando se revisan detenidamente las principales modalidades de propiedad de la tierra que han existido en Guatemala a lo largo de su historia se constata que éstas han girado en torno a dualidades antagónicas, tejidas y luego desarticuladas en el contexto de momentos o períodos históricos específicos. Además, esas dualidades estructurales han sido en gran medida resultado y adecuación a condicionantes de carácter fundamentalmente externo. Dualidades que, de manera simultánea, han sido complementadas con políticas laborales caracterizadas por la compulsión y la explotación.

32Las lógicas bajo las que en Guatemala se han articulado políticas agrarias y laborales en los distintos periodos históricos – y aún se continúa haciendo – no han tenido como punto de partida un carácter, una visión, un proyecto nacional de largo plazo, ni tampoco un sentido social ni de redistribución – ni siquiera vía salarial – de la riqueza allí generada. Más bien, éstas siempre han privilegiado la acumulación desigual y han sido esencialmente reactivas a procesos coyunturales externos. En consecuencia, se puede afirmar que, en este contexto, la mentalidad empresarial guatemalteca, conformada a la sombra de tales procesos y estructuras históricas, siempre se ha caracterizado por ser “colonial extractiva”.

33La primera dualidad estructural histórica que se construyó y funcionó a lo largo de todo el período colonial, y con ciertas variantes hasta finales del siglo XIX cuando se produjo la Reforma Liberal, es la de las tierras de propiedad comunitaria – pequeñas y medianas unidades productivas de propiedad privada.

34Su origen se sitúa en el carácter mismo del régimen colonial, estructurado con el propósito central de extraer de la manera más eficiente y rápida la mayor cantidad posible de riquezas del continente americano. Con notables diferencias con relación a los proyectos colonizadores ingleses, holandeses y otros, la Corona Española organizó el suyo bajo una serie de parámetros mediante los cuales buscó combinar directrices bastante contradictorias entre sí: de carácter económico – la extracción de riquezas -, con intencionalidades de carácter humanitario – sobre todo a través del proyecto evangelizador -. Frente al modelo de “plantación” promovido por otras potencias, anclado sobre la fuerza de trabajo esclava, el que la corona española privilegió – sobre todo a partir de 1542 – consideraba la posibilidad de combinar los intereses económicos coloniales con un eventual respeto de la integridad y dignidad de la población indígena. Fue bajo esta lógica que se estableció el “pueblo de indios” como espacio para que dicha población viviera y se reprodujera bajo los principios y la ética cristiana; pero vinculada a procesos económicos extractivos bajo modalidades compulsivas y explotadoras3.

35Es aquí donde surge esa primera dualidad estructural en torno a la propiedad de la tierra. Por un lado, a todos los “Pueblos de Indios” se les asignó, por ley, una porción de tierra – llamada con el paso del tiempo ejido – para el sustento y reproducción de sus habitantes; pero – sobre todo – para que cumplieran puntualmente con los requerimientos del régimen colonial. La asignación del ejido respondía a una doble lógica que privilegiaba la posibilidad de la conservación y reproducción de la población indígena, así como la reproducción del sistema colonial. En ese espacio la población indígena debía cultivar maíz, frijol y otros frutos para pagar el tributo real, como también – pero en segundo lugar – para su propia alimentación. Estos tributos, pagados en tales frutos, eran recolectados cada seis meses y luego eran vendidos al mejor postor. Los compradores, casi siempre los grandes comerciantes de la ciudad capital, los incorporaban como un artículo más en sus transacciones comerciales en el ámbito regional.

36El ejido, dentro de esta lógica, era un componente esencial en el proceso de reproducción del régimen colonial, por lo que la Corona siempre legisló en términos favorables para que los “Pueblos de Indios” contaran este patrimonio común. Desde esta perspectiva, el paternalismo desplegado por las autoridades coloniales hacia las comunidades indígenas se puede entender como parte de una estrategia para garantizar la pervivencia del régimen.

37Pero, los “Pueblos de Indios” también podían, en la medida de sus capacidades económicas, comprar tierras a la Corona a través de los mecanismos de la denuncia y subasta, así como mediante la composición. Tal posibilidad permitió a muchos de ellos conformar grandes “latifundios comunales”, espacios que les permitieron ampliar los márgenes de producción de artículos para su subsistencia, como para cumplir con sus obligaciones fiscales4.

38Simultáneamente, y frente a esa modalidad de propiedad colectiva, también se conformaron unidades productivas de carácter privado en manos de españoles, criollos, mestizos e indígenas. En muchos casos, éstas se establecieron en las inmediaciones de dichos pueblos para aprovechar la fuerza de trabajo indígena en ellos concentrada; otras se localizaron en lugares estratégicos – sobre todo en las cercanías de la ciudad de Santiago o vecinas a las rutas de comunicación más importantes; pero también en lugares apartados. Lo que en ellas se producía – según su localización – se destinaba tanto al autoconsumo como para el consumo de los escasos centros urbanos entonces existentes en estas tierras5.

39Dado el carácter marginal de la región centroamericana en el sistema colonial global la gran propiedad privada no llegó a tener – en términos económicos – la importancia que alcanzó, por ejemplo, en la Nueva España o en El Perú. Salvo algunas haciendas ganaderas localizadas en ciertos puntos de la costa sur, y otras dedicadas a la producción cerealera – sobre todo de trigo – localizadas en la periferia de la ciudad capital, este tipo de unidad productiva no tuvo un peso significativo en la reproducción del régimen colonial guatemalteco6.

40Las medianas y pequeñas propiedades estuvieron, generalmente, en manos de españoles o criollos que no lograron vincularse a las actividades comerciales regionales o interoceánicas. De tal manera que entre las escasas opciones que el sistema colonial les ofrecía – además de las armas o el clero – estaba las de convertirse en pequeños o medianos propietarios de tierras7. En tal sentido, y dentro de este sector se fue generando cierta diferenciación, más bien vinculada a la ubicación geográfica de las propiedades, que en razón de la extensión de las mismas. No era lo mismo ser propietario de tierras en los valles vecinos a la ciudad de Santiago de Guatemala que en la provincia de Chiquimula o en el Corregimiento de Quetzaltenango. Y, por consiguiente, el acceso a la fuerza de trabajo indígena también registraba diferencias. Por ejemplo, en las llamadas “haciendas” o “labores” localizadas en torno a la ciudad de Santiago se aplicó de manera más regular el “repartimiento de indios” para que trabajaran en ellas. Mientras que en las propiedades más alejadas de este centro de poder se optó por modalidades que ahora denominaríamos colonato y aparcería8.

41Los mestizos también accedieron a la propiedad individual de la tierra, corriendo la misma suerte que los arriba mencionados, pero con el agravante de que los espacios en los que pudieron asentarse como propietarios eran marginales. Al que se le agregaban las dificultades que enfrentaban para acceder a la fuerza de trabajo indígena. Se les encuentra en lugares como los valles de Salamá, Sija, Salcajá, San Marcos Sacatepéquez, Petapa, así como diseminados en los intersticios montañosos del Oriente9.

42También se registraron bastantes casos de indígenas propietarios privados de tierras. En un alto porcentaje, se trataba de personas vinculadas al poder y/o las jerarquías locales. Casi siempre, sus propiedades se localizaban en las cercanías de los pueblos en donde vivían. Dada su posición jerárquica al interior de éstos, podían acceder a la fuerza de trabajo de los indios comunes de sus pueblos10.

43Es importante mencionar que algunas órdenes religiosas también mostraron interés por la tierra. Aún cuando desde muy temprano en el siglo XVI se prohibió que éstas adquirieran tierras, ello no fue obstáculo para que a partir de una serie de mecanismos y artimañas se convirtieran en importantes propietarios de tierras. Destacaron los frailes dominicos al igual que los jesuitas; sobre todo como propietarios de unidades productivas articuladas en torno a la producción azucarera. En el interior de éstas coincidían y convivían esclavos, indígenas de repartimiento, colonos y aparceros11

44En tal sentido, durante los siglos de dominación colonial coexistieron formas colectivas y privadas de propiedad de la tierra, cada una de ellas con finalidades específicas. Pero, para el funcionamiento y reproducción del régimen colonial, fueron más importante y estratégica la propiedad comunal, dado que lo que en ella se producía garantizaba un significativo porcentaje de los ingresos fiscales para el sostenimiento y reproducción del aparato estatal y, en última instancia, de la sociedad colonial en su conjunto. Eran espacios territoriales al interior de los cuales la población indígena vivía y se reproducía al margen de las tendencias y fluctuaciones del mercado externo pero, con la obligación de garantizar la estabilidad local del régimen en medio de tales incertidumbres. Mientras que las propiedades privadas, en su gran mayoría funcionaban más bien dentro de la lógica de la auto-subsistencia.

45De esta cuenta, la centralidad de la tierra ejidal y comunitaria para el régimen colonial explica la constante conflictividad que se registró durante todo este período entre pueblos. Inmersos dentro de los esquemas burocráticos coloniales, los “Pueblos de Indios” acudieron constantemente a los tribunales específicos de administración de tierras para legitimar sus derechos de propiedad, como también para defenderse de las amenazas expansionistas de los pueblos vecinos. Esta conflictividad, que en muchos casos llegó a traducirse en acciones violentas, evidencia el profundo valor e importancia simbólica y económica que para ellos tenía la tierra12.

46Es importante destacar que también se registraron constantes tensiones y conflictos entre pueblos y propietarios privados de tierras por asuntos de linderos, intromisiones, y apropiaciones ilegales de tierra y otros motivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las autoridades reales favorecieron los derechos y reclamos de los “Pueblos de Indios”. Decisión política que podría entenderse como necesaria para mantener cierta “paz social”. Sobre todo porque como bien lo decía un documento elaborado por la elite comercial guatemalteca colonial, ellos eran “...el descanso de las demás clases sin exclusión13”.

47Para entender la centralidad de la tierra comunal, y por consiguiente la de la población indígena durante todo este período histórico debe tenerse presente que el espacio territorial guatemalteco – o que también podría extrapolarse a todo el ámbito centroamericano fue siempre marginal en el conjunto del sistema colonial español, sobre todo por la ausencia de yacimientos de metales preciosos, dando como resultado una pobre y escasa relación comercial con la metrópoli. En consecuencia, los procesos económicos que aquí se generaron desde el punto de vista de dicha relación colonial se caracterizaron por ser coyunturales, ya que siempre se desarrollaron a partir de posibilidades y expectativas generadas en el mercado europeo, sin que por ello se promovieran procesos económicos alternativos y dinámicos en el ámbito interno y, menos aún, de largo aliento; rasgo esencial del sistema y la mentalidad colonial.

48La fluctuante demanda del cacao local en Europa – obre todo durante los siglos XVI y XVII – y, luego del añil en el XVIII, ilustran cómo las elites comerciales guatemaltecas asumieron esas coyunturas como una oportunidad inmediata para comerciar con la metrópoli y acumular riqueza, más que como ocasión para desarrollar procesos económicos productivos con perspectiva endógena. Tanto el Estado colonial como las elites locales y regionales depositaron su confianza en estos productos, sin prevenir ni planificar opciones y/o complementariedades a los mismos. Sobre todo, porque se contaba con la reserva económica de la población indígena organizada en torno a sus tierras ejidales, comunitarias.

49¿Cómo fue posible, entonces, que el régimen colonial sobreviviera en tales condiciones en este territorio?

50Mientras que en los espacios mexicano y andino la extracción de metales preciosos generó múltiples procesos productivos complementarios que, la vez produjeron significativos y constantes ingresos a las finanzas reales, en Guatemala las fuentes de dichas finanzas fueron escasas: fundamentalmente los tributos entregados regularmente por la población indígena, así como los impuestos que pagaban los comerciantes sobre las importaciones de mercaderías europeas como sobre las poco estables exportaciones de cacao, añil, y otras cuantas materias primas producidas localmente que también generaban ingresos fiscales pero cuyo monto era irrelevante con relación a los mencionados14. Estos dos rubros eran los que sostenían y permitían la reproducción del aparato estatal que daba vida al régimen colonial en el ámbito regional centroamericano.

51Son estos referentes y circunstancias fiscales los que explican y permiten entender la relevancia de la dualidad propiedad comunal – propiedad privada antes evocada, en tanto base reproductora del régimen colonial en el ámbito regional.

52Los ingresos fiscales por concepto de exportación de frutos y materias primas siempre fueron fluctuantes debido a su inestable demanda en el mercado europeo y como resultado de la competencia externa que debían enfrentar. El cacao guatemalteco era producido mayoritariamente por la población indígena ubicada en las zonas aptas para dicho cultivo, en tierras trabajadas colectivamente por ellos, pero que se les “escapaba de las manos” ya que tenían que entregarlo como tributo, pago de deudas o en sus intercambios comerciales. Al final, eran los comerciantes de la ciudad de Santiago quienes lo acaparaban, exportándolo luego hacia México o la península15.

53El añil, cultivo de carácter extensivo, se desarrolló de manera bastante generalizada en el siglo XVIII en buena parte de la actual república de El Salvador y, en una escala bastante menor en ciertas zonas del territorio guatemalteco. Sus propietarios eran criollos pero, mayoritariamente, mestizos. Salvo algunas excepciones, se cultivaba en pequeñas y medianas propiedades, tanto por razones técnicas como económicas16. El eje medular en el proceso productivo del añil era el del financiamiento, dado que era allí donde se concentraba la tensión de intereses entre los productores directos y quienes financiaban estos procesos para que se realizaran sin contratiempos. Mientras que los primeros buscaban asegurarse un beneficio decoroso y aceptable por los esfuerzos invertidos en toda la etapa puramente extractiva; los segundos, siempre trataron de cubrir con creces los riesgos que para ellos significaba invertir en un proceso productivo sometido a las inestabilidades propias del sistema colonial.

54El breve panorama hasta aquí esbozado permite constatar que la reproducción del régimen colonial descansó sobre dos pilares – dos ejes de generación de riqueza – caracterizados por ser desiguales. Mientras que el “Pueblo de Indios” se mantuvo invariable en su constitución y organización – centradas alrededor de la tierra poseída y trabajada colectivamente –, la propiedad privada fue importante en la medida en que estaba articulada a procesos productivos de exportación. En tal sentido, el régimen colonial fue viable y logró reproducirse a partir de la existencia de la población indígena concentrada y organizada en dichos pueblos.

55Debe rescatarse de la lectura de esta etapa histórica algunos de los efectos que, paradójicamente, se fueron generando al interior de los “Pueblos de Indios” como resultado de la imposición de la normatividad colonial. Los agotadores trabajos agrícolas comunes, las jornadas laborales obligatorias que debían cumplir fuera de los pueblos, las celebraciones religiosas con ocasión de las fiestas patronales, la existencia de normas y tradiciones consuetudinarias, entre otros, fueron elementos y factores a partir de los cuales se tejieron identidades y solidaridades locales que les cohesionaron en la adversidad que para ellos significaba vivir bajo dicho régimen. Todo ello, enmarcado dentro de un horizonte referencial territorial constituido por los cerros, montes, ríos y bosques que se encontraban dentro de los “mojones” que delimitaban las fronteras de cada pueblo. De tal manera que la tierra comunal no solo era concebida como el espacio que el régimen colonial les había impuesto para su reproducción física y material sino, también, como la posibilidad para crear lazos de solidaridad y una memoria común. Situación que explica el interés y la decisión con que defendían sus tierras ante las amenazas externas.

Las incertidumbres de la transición colonial hacia la economía agro-exportadora: los inicios de la nueva polaridad en torno a la tierra

56La independencia política de 1821 fue proclamada en medio de un clima de incertidumbre política y de inestabilidad económica. Las elites guatemaltecas que lideraron esta iniciativa no contaban con una propuesta política nueva ni original para sustituir la organización política colonial. En el ámbito económico, los ingresos fiscales se encontraban por los suelos y las exportaciones de añil enfrentaban serios problemas para ser colocadas en el mercado europeo17.

57A pesar de tales incertidumbres, se promovieron ciertos cambios políticos y económicos que si bien, y desde la perspectiva de los grupos de poder guatemaltecos, debían generar un cierto avance hacia la “modernidad republicana”, no lo fueron para la población indígena.

58El primero de estos cambios fue el del nuevo ordenamiento jurídico bajo el que se relacionarían los habitantes de estos territorios entre sí. Uno de sus ejes centrales fue el de la ciudadanía, como forma exclusiva de relación entre la población y las nuevas instituciones políticas y, de manera general, con el nuevo Estado. Y el otro, el de la primacía que se le atribuyó a la propiedad privada de la tierra.

59En cuanto a la ciudadanía si bien la Constitución Federal y la del Estado de Guatemala, promulgadas en esos años, establecían que todos los habitantes del territorio adquirían por nacimiento dicha condición, en la práctica se aplicaron restricciones que afectaron directamente a la población indígena. De esta forma, y a partir de criterios culturales y censitarios dicha población fue excluida de los supuestos beneficios republicanos18. Medida que, en esencia, apuntalaba la de la promoción de la propiedad privada, individual, de la tierra.

60Fue en ese contexto político que se promulgaron una serie de leyes para estimular el desarrollo de la propiedad privada pero que, en el fondo, más bien se orientaban a restringir la existencia de las de carácter comunitario, lo que queda claro al examinar el conjunto de disposiciones legales emitidas entre 1824 y 1836.

61Un primer aspecto a destacar es cómo, desde un principio, las nuevas autoridades políticas proclamaron la soberanía que desde la nueva forma de organización política – la República Federal – se asumió sobre la tierra. En 1825 se emitió una primera disposición destinada a promover la titulación privada de las tierras baldías. Nótese cómo se sustituye de manera inmediata el concepto de tierra realenga (del rey), utilizado durante el período colonial para designar a todas las tierras que no estaban siendo poseídas a título privado o colectivo, por el de baldías, o sea, sin ocupar, pero que pasaron a ser propiedad del nuevo Estado entonces constituido.

62Si bien es cierto que durante estos primeros años de vida independiente el Estado continuó reconociendo los derechos de los pueblos sobre sus tierras, éstos se fueron reduciendo paulatinamente. Se respetó la existencia de los ejidos pero cada vez menos las tierras comunales y, menos aún, las de las cofradías. Estas disposiciones principiaron a generar conflictos y tensiones al interior de los pueblos. Sobre todo, porque – y en base a una aplicación arbitraria de las leyes entonces emitidas sobre titulación de tierras baldías – se partía del principio de que todas las tierras no cultivadas podían ser denunciadas y apropiadas a título individual, privado. Además, la mayor parte de las antiguas autoridades indígenas de los pueblos fueron sustituidas por unas nuevas, de carácter republicano; proceso en el que fue determinante la aplicación del ya mencionado principio de la ciudadanía. En los primeros años de la década de 1830 dicha presión continuó agravándose, al extremo que en 1836 se autorizó y ordenó a las autoridades pueblerinas alquilar o vender los ejidos; y también se estableció que en adelante ya no se concederían tierras bajo esta modalidad a ningún pueblo.

63Sin embargo, y a pesar del carácter compulsivo de estos cambios, la propiedad privada no se generalizó como se esperaba. Las dificultades económicas de los interesados potenciales, al igual que las incertidumbres de la época – tanto políticas como económicas – fueron un importante freno. Para paliar estas contrariedades, las autoridades estatales pusieron en funcionamiento un mecanismo alterno que si bien no garantizaba el acceso a la propiedad plena de la tierra, si permitía su usufructo permanente: el censo enfitéutico. Mediante éste los interesados podían denunciar tierras, debiendo comprometerse a pagar un interés anual – que osciló entre un 5% y 8% – sobre el valor nominal de la tierra que se quería utilizar. En este contexto, muchos pueblos optaron por ceder parte de sus ejidos y tierras comunes bajo esta modalidad, lo que les garantizaba un ingreso anual.

64Por otro lado, y de manera simultánea, se promovieron disposiciones tendientes a asegurar la disponibilidad de fuerza de trabajo para las tareas agrícolas. Dado que el principio de ciudadanía universal había eliminado – formalmente – las diferencias entre todos los habitantes del territorio, se acudió a otros mecanismos legales y justificaciones económicas para garantizar dicho servicio.

65Se promovió una nueva práctica y discurso, completamente acordes con el espíritu liberal, en los que el argumento fundamental era que la riqueza general sólo se generaría a partir del desarrollo de la riqueza de los individuos. En tal sentido, se planteó que si la agricultura – identificada como la base para la generación de dicha riqueza – no se desarrollaba adecuadamente, no era porque no se contara con “brazos” suficientes que la trabajaran, sino porque la población que podía trabajar vivía en el vicio y la indolencia; por lo que era necesario obligarlos a cumplir con tal función.

66Se elaboró, de manera brutal, una construcción argumentativa basada en viejos prejuicios coloniales – los indios son perezosos, indolentes, apáticos, etc. –, a la que se le añadió la de la obligatoriedad de poseer medios reconocidos y honrados de subsistencia – la propiedad privada, requisito para el ejercicio de la ciudadanía –, para justificar la promulgación de leyes que al tipificarlos como ociosos – vagos será el concepto que más se utilizará desde entonces para referirse a ellos – los obligarían a trabajar en donde se les ordenara. A partir de entonces se aplicaron los mandamientos de trabajo así como sucesivas leyes de vagancia para tales fines.

67Por otro lado, también se puso en vigencia otra modalidad de control de la fuerza de trabajo campesina que consistió en permitir a los propietarios de tierras dar anticipos – en moneda o en productos – a los trabajadores. Éstos adquirían la obligación de pagarlos con trabajo en las próximas temporadas de labranza. La precariedad en la que vivían muchos campesinos les obligaba a aceptar tales anticipos, lo que les significaba enajenar su tiempo de trabajo futuro, en el que, además, ya no recibirían ningún pago. Y si lo obtenían era con el compromiso de pagarlo en la siguiente temporada de trabajo.

68Nótese cómo se fue operando un cambio significativo en la lógica argumentativa republicana liberal en torno a las formas de propiedad, la población indígena y el trabajo. Al atribuirle centralidad a los principios liberales de la propiedad privada de la tierra y de la ciudadanía, se dejó de lado aquellos – de carácter colonial – que habían sido la base para la reproducción del mismo: la tierra y el trabajo comunal. Pero, en esencia, se continuó reproduciendo lo mismo: la población indígena siguió siendo “...el descanso de las demás clases sin exclusión”.

69Pero estos cambios no se aplicaron sin complicaciones ni conflictos. Desde los primeros años de vida independiente, las comunidades indígenas reaccionaron ante las nuevas disposiciones reguladoras del acceso a la tierra, aunque enfrentando un nuevo problema de carácter jurídico, derivado de la aplicación del principio de la ciudadanía, así como de las nuevas instituciones políticas de carácter local.

70La fundación de la República Federal – y del Estado de Guatemala dentro de ella – supuso el establecimiento de nuevas instituciones políticas para la administración de la población y del territorio, entre las que estaban los ayuntamientos constitucionales que reemplazaron a los cabildos coloniales. Aunque en esencia no existían diferencias sustanciales en cuanto el para qué entre unos y otros, si se dieron en el cómo conformarlos. Fue aquí donde se sintieron los efectos diferenciadores de la aplicación de la ciudadanía. Muchas elites indígenas se vieron desplazadas de ese espacio de poder, no tanto porque carecieran de “medios conocidos de subsistencia” sino porque no hablaban el idioma castellano19. Pero, sobre todo, porque los mecanismos de elección para esos cargos no les favorecían, dado que las juntas electorales locales estaban bajo control de los curas y las minorías ladinas que si reunían los requisitos de ley. En este contexto, las nuevas autoridades locales – casi todas ladinas – no dudaron en aplicar la nueva legislación que arremetía contra la propiedad colectiva de la tierra, pasando ellos a ser los principales beneficiarios, a título individual.

71Ante esta avalancha la población indígena reaccionó en muchos casos tratando de mantener la cohesión a partir de una defensa común, articulada, de sus tierras. En los escritos y memoriales que a partir de entonces presentaron a las altas autoridades se continuaron identificando como lo habían hecho durante el período colonial: “...nosotros, los principales, los ancianos, y el común…” pero sin incluir más el de “alcaldes y regidores” que antes les articulaba de manera institucional a dicho común; es decir a la comunidad, y – sobre todo – al Estado. En todo caso, no cejaron en la defensa de lo que continuaban considerando como patrimonio común, tanto por medios legales como a partir de medidas de hecho, incluso de carácter violento.

72Durante los primeros veinte años de vida independiente los liberales promovieron cambios profundos con el propósito de transformar la matriz económica colonial, asentada sobre la dualidad estructural constituida en torno a la propiedad comunitaria – propiedad privada de la tierra. Y de forma paralela, a partir de los cambios políticos implícitos en la aplicación del principio de la ciudadanía. Como ya se planteó, se buscó universalizar, con carácter amplio, la propiedad privada y, de manera diferenciada, el principio de la ciudadanía. Y, cada vez más mitigadamente, se continuó permitiendo la propiedad ejidal.

73Sin embargo, la población indígena no se plegó de manera automática a estas nuevas normas y cambios impuestos autoritariamente. Se resistieron a desarticularse como comunidad, aún cuando perdieron el control del poder político de sus pueblos, y desarrollaron una lucha frontal para defender sus patrimonios territoriales. Lucha que iba más allá de la defensa de ese bien, dado que ésta se articulaba y sustentaba en identidades y solidaridades construidas a lo largo de los siglos de dominación colonial. La insurrección campesina de 1838 provocó la caída del gobierno liberal pero, sobre todo, la supresión de las leyes que venían amenazando la integridad y existencia de la comunidad campesina, sobre todo indígena.

74Podría afirmarse, entonces, que los intentos “modernizadores liberales” de estos años fracasaron, sobre todo en cuanto a la disolución de la comunidad indígena y la entronización absoluta de la propiedad privada. Aunque tal fracaso no ocurrió únicamente como resultado de la reacción indígena sino también por la ausencia de un proyecto económico coherente en torno al cual articular todos esos cambios entonces promovidos.

75Estos años – prolongación aguda de la crisis económica colonial – se caracterizaron por una creciente inestabilidad comercial, fiscal y financiera. Aunque los tributos pagados por la población indígena fueron suprimidos, y luego substituidos por otros impuestos con similares características, los ingresos fiscales tampoco se vieron incrementados con nuevos rubros impositivos. Además, se trató de un periodo en el que las constantes guerras civiles consumieron esos pocos ingresos. Las exportaciones se vieron reducidas a productos ocasionales y sin posibilidades de continuidad. La promoción de la propiedad privada no trajo consigo la generación de actividades económicas dinamizadoras de los intercambios comerciales con el exterior. De tal forma que la economía y las finanzas estatales continuaron descansando sobre la población a la que se quería marginar.

76Si bien no se alcanzaron de manera absoluta las metas planteadas por el liberalismo independentista, si se introdujeron y sentaron las bases de una nueva lógica y pensamiento político y económico, cuyo fin último era desarticular ese eje estructural que había permitido la reproducción del régimen colonial, sustentado primordialmente sobre la tierra comunal. A partir de entonces, la comunidad indígena principió a enfrentar serias dificultades para vivir y reproducirse de manera endógena, aún cuando continuó siendo esencial para el sostenimiento de la economía general.

Las ambigüedades del Régimen Conservador

77Este período histórico, que se prolongó de manera más o menos continua desde la caída del gobierno liberal en 1838 hasta 1871, logró alcanzar cierta estabilidad a partir de dos factores esenciales: la articulación económica al mercado externo a partir del cultivo y exportación de la grana, y la relativa “paz social” que se estableció entre el Estado y la población indígena.

78En relación con la grana, la producción local de este colorante natural alcanzó cierta estabilidad frente a la demanda que planteó el mercado textil europeo. Por un lado, era un producto que requería escasa fuerza de trabajo para su cultivo y producción, además de que tampoco necesitaba de grandes extensiones de tierra para su cultivo. Las zonas de producción, por otro lado, eran reducidas por lo que no se dieron intensos procesos de demanda y especulación en torno a la tierra. Y, por último, y de manera más o menos similar a como había funcionado el proceso de comercialización del añil durante el siglo XVIII, la elite comercial de la ciudad de Guatemala acaparó el control de los procesos de financiamiento y exportación.

79Este contexto, en principio, fue favorable para la población campesina y las comunidades indígenas. La presión sobre sus tierras comunes se vio bastante reducida, al igual que los requerimientos para la prestación de servicios de trabajo. No obstante, continuaron siendo los principales proveedores de alimentos y frutos necesarios para el consumo y abasto de la capital y demás centros urbanos.

80En cuanto al acceso a la tierra, si bien se continuaron promoviendo disposiciones y leyes tendientes a estimular la propiedad privada, también se emitieron otras con el propósito de proteger y garantizar a las de carácter comunal. Este cambio de orientación en la política estatal de tierras se explica tanto por el factor antes enunciado relacionado con las características del cultivo y explotación de la grana, como por el origen mismo de este régimen, la revuelta campesina.

81Sin embargo, en el ámbito político se acentuó la diferenciación y exclusión de la población indígena. De una modalidad de ciudadanía excluyente se pasó a otra, en la que se acentuó su carácter diferenciador. El argumento central de esta nueva modalidad fue el de la “minoridad” de la población indígena. Es decir, ésta no tenía ni las “luces” ni las capacidades suficientes y necesarias para participar de manera plena en la vida política nacional. Y para conjugar de manera “armónica” su presencia al interior del territorio se puso nuevamente en vigencia una serie de disposiciones legales de origen colonial. En consecuencia, se dispuso que el funcionamiento interno de las comunidades indígenas se regiría según dicha legislación lo que implicó, por un lado, que quedaran fuera del escenario político nacional. Y por otro, que no solo quedaban fuera, sino en posición de desventaja y dependencia. Se nombraron funcionarios de carácter regional y local para que sirvieran de enlace entre ellos con el poder y las autoridades centrales. De esta cuenta, la “paz social” instaurada por los conservadores fue posible a partir de la marginación a que fue sometida dicha población20.

82En tal sentido, la gran ambigüedad de este período histórico residió en que si bien la población y las comunidades indígenas estuvieron relativamente al margen de procesos de expoliación de tierras y de explotación sistemática de su fuerza de trabajo, ello fue a costa de la imposición de un marco legal diferenciador que les excluyó de la posibilidad de participar en los procesos de construcción de la nación, dado que “no reunían” los requisitos básicos para ejercer tales derechos.

83En cierta manera, los conservadores volvieron a restaurar la dualidad propiedad comunal – propiedad privada. Las primeras eran necesarias para la producción de alimentos para el consumo interno, así como para garantizar la auto-subsistencia de las mismas comunidades. De donde la importancia de su conservación y protección. La propiedad privada, por su parte, continuó desarrollándose de manera más o menos constante pero sin que su incremento cuantitativo generara cambios significativos en la economía y la generación de riqueza en el ámbito nacional. Como ya se indicó, la producción de la grana se focalizó en reducidos espacios territoriales, por lo que la demanda de tierra no se constituyó en un factor que alterara los procesos existentes.
La conflictividad que se registró en torno a la tierra en este período giró más bien alrededor de problemas de límites entre propiedades ejidales y comunales, aunque no por ello dejaron de existir litigios entre pueblos y propietarios privados, así como entre éstos últimos.

84h5. El Liberalismo de finales del siglo XIX: hacia la consolidación del nudo estructural latifundio-minifundio

85La crisis en la demanda de la grana – cultivada en el centro del país – en el mercado europeo se fue agudizando al mismo tiempo que el cultivo del café se fue expandiendo en la boca costa occidental del territorio guatemalteco. De tal manera que la transición entre uno y otro producto se fue dando sin grandes interferencias en cuanto a sus procesos productivos. No ocurrió lo mismo en lo relacionado con las bases estructurales políticas y sociales sobre la que ambos productos descansaban.

86La diferencia sustancial – motor de los cambios ocurridos a partir de 1871 – entre ambos productos eran el carácter extensivo del café, lo que implicó incorporar nuevos espacios para su mejor desarrollo y así garantizar la obtención de la mayor cantidad posible de beneficios económicos; al igual que el requerimiento de abundante fuerza de trabajo, de capital e infraestructura. Razones de peso y suficientes para provocar cambios políticos de gran magnitud, como los que se iniciaron en ese año y que continuaron afianzándose durante toda la primera mitad del siglo XX.

87Las primeras plantaciones cafetaleras se conformaron en espacios que, formalmente, eran aún considerados como de frontera agrícola. Este supuesto – tierra de frontera agrícola = tierra de nadie / tierra del Estado – explica, por ejemplo, el decreto gubernativo emitido en 1873 que declaró como estatales alrededor de 2000 caballerías de tierra ubicadas en la llamada “Costa Cuca”. Supuestamente “de nadie”, pero si de vocación cafetalera, casi inmediatamente fueron repartidas entre allegados, colaboradores y participantes en la gesta militar que en 1871 obligó al gobierno conservador a renunciar. Esa disposición gubernativa aducía que se buscaba estimular la agricultura pero, en realidad, se trataba de consolidar a determinados grupos de personas en torno a la caficultura en donde ésta podía desarrollarse naturalmente. Así, autoritariamente, se redireccionó el uso y propiedad de una vasta extensión de tierras que, en muchos casos, había venido funcionando como espacio de reserva agrícola y forestal a los pueblos de la parte sur del altiplano sanmarquense y quetzalteco como a los colindantes a ella desde las planicies de la boca costa21.

88De manera simultánea, se emitieron varias leyes con el propósito de estimular la propiedad privada de la tierra y, de esta manera, despejar todos los obstáculos que pudiera enfrentar el desarrollo del cultivo del café. Se suprimió la figura jurídica del censo enfitéutico, utilizada hasta entonces como una opción para acceder al usufructo de la tierra. Se ordenó a los usufructuarios que las redimieran (es decir, que pagaran al erario estatal su valor total para, a cambio, obtener el derecho de propiedad) para no perderlas. En todo caso, las comunidades que desde años atrás las habían otorgado bajo esta modalidad las perdieron, dado que si no eran redimidas por los usufructuarios pasaban a poder del Estado. Además, y bajo el sofisma liberal de que la propiedad en muchas manos era antieconómica, se ordenó a los pueblos lotificar y repartir sus tierras ejidales y comunales22.

89Se trató de una fuerte arremetida estatal cuya finalidad era crear las condiciones posibles y necesarias para estimular abiertamente el desarrollo del cultivo del café, sobre la base y la lógica de la propiedad privada. Arremetida que, en su camino, se tropezó con la existencia de las tierras ejidales y comunales, así como con la estructura dual antes referida.

90Es importante recordar lo que ya se indicó antes, que el café requería de “nichos ambientales” específicos para su adecuada reproducción. En consecuencia, las tierras más apetecidas fueron las de “vocación cafetalera”, lo que explica el decreto de 1873, al igual que el progresivo interés que fue cobrando la parte norte de la Verapaz, sobre todo para los colonizadores alemanes. Pero, también debe recordarse que esta “fiebre cafetalera” produjo efectos “colaterales” de gran impacto entre la población campesina e indígena, como también en cuanto a la consolidación de nuevas estructuras económicas y sociales.

91En la historiografía contemporánea se afirma que los liberales desplegaron una serie de disposiciones legales para desarticular y despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y así “arrojarlas al mercado laboral” necesario para el cultivo del café. Si bien este planteamiento resume un proceso que al final produjo tales resultados, se debe aclarar más y mejor cómo éstos se fueron materializando, sobre todo para evidenciar los mecanismos que para tales propósitos se pusieron en marcha, así como sus efectos diferenciados en todo el territorio nacional.

92Si bien las zonas específicas en las que se desarrolló el cultivo del café se ubican en nichos ecológicos ahora identificados con la llamada zona de boca costa así como en una importante porción del actual departamento de Alta Verapaz, este cultivo también se propagó a un importante número de departamentos del país, aunque los resultados no fueron iguales en todos ellos.

93Sin embargo, la legislación liberal que se promulgó a partir de entonces encerraba un interés muy claro: desarticular las modalidades colectivas de reproducción que permitían a las comunidades campesinas indígenas reproducirse, precariamente pero de manera autónoma. Es decir, desarticular el eje propiedad comunal – propiedad privada e implantar en su lugar uno nuevo que paulatinamente asumirá la modalidad del latifundio – minifundio, aún vigente.

94Al obligar a las autoridades municipales y departamentales a lotificar ejidos y tierras comunales – no importando la ubicación geográfica de los pueblos – se imponía una nueva lógica, un nuevo paisaje agrario, una nueva estructura dual de propiedad de la tierra: la plantación cafetalera y su contraparte en las – cada vez más pequeñas – propiedades individuales, privadas, los minifundios, en tanto herencia o residuo de las primeras. No se trataba únicamente de desarticular modalidades y mecanismos ancestrales de reproducción social colectivos, sino también – y a partir de leyes laborales de carácter coercitivo – obligar a dicha población a convertirse en la fuerza de trabajo que necesitaba el café[23].

95Los efectos que estas disposiciones ocasionaron al interior de pueblos y comunidades en el conjunto del territorio nacional aún no han sido suficientemente investigados y analizados. Sin embargo, es posible plantear que en la mayoría de los casos se generaron diversidad de procesos en torno a la propiedad de la tierra: muchos pueblos y comunidades – sobre todo donde la población era mayoritariamente indígena – se apresuraron a registrar sus tierras ante las nuevas instancias administrativas – el Registro de la Propiedad Inmueble (1877) – para salvaguardar sus derechos territoriales. En donde la población ladina era más numerosa se procedió de inmediato a lotificar y repartir esos bienes hasta entonces comunes, dando como resultado el establecimiento de pequeñas unidades productivas alrededor de dichos pueblos. Sin embargo, en los cuatro puntos cardinales del territorio se fue paulatinamente aplicando dicha legislación, con los efectos consiguientes de desarticulación comunitaria que perseguía.

96Y para que los efectos de la política liberal fueran universales, las autoridades también emitieron disposiciones de carácter político, más allá de lo agrario pero en estrecha relación con él. Una de ellas fue la de la redefinición de los términos para el ejercicio de la ciudadanía – y sus derechos y obligaciones inherentes – y la otra con la cuestión laboral.

97En relación con el ejercicio de la ciudadanía, la Constitución Política de 1879 definió como ciudadanos a los que sabían leer y escribir el idioma castellano, cerrándose, de entrada, toda posibilidad de participación, y, por consiguiente, de reclamar derechos, a la población campesina e indígena. Como corolario a esta nueva definición del “ser ciudadano” los intelectuales afines al régimen generaron discursos en los que afirmaban que “la nación guatemalteca” estaba conformada por una minoría que poseía las luces de la civilización, frente a una gran masa que vivía abandonada en el atraso y la barbarie24.

98De manera simultánea, se promulgaron reglamentos y leyes para obligar a dicha población a trabajar en las tareas específicas de la caficultura, en la construcción de infraestructura vial, al igual que en la prestación de servicios personales donde fueran requeridos. En consecuencia, el grueso de la población campesina indígena no sólo fue despojado de sus tierras ancestrales sino que, además, fue forzada a construir y consolidar la plantación cafetalera. Sin olvidar que estas disposiciones se aplicaron de manera violenta y coactiva por lo que la articulación de respuestas colectivas de rechazo u oposición inmediata fue controlada y limitada.

99Las leyes que en materia agraria se continuaron promulgando a partir de entonces tuvieron como propósito regular el acceso a la propiedad privada de la tierra, pero no la promoción de un desarrollo rural amplio y de largo plazo. En esencia, se debía defender y preservar a la caficultura de todo tipo de amenazas, tanto internas como externas.

100La conflictividad en torno a la tierra fue encausada dentro de nuevos parámetros jurídicos que ya no eran favorables a las comunidades, que continuaron peleando sus antiguos derechos pero a partir de nuevas disposiciones imbuidas de un espíritu esencialmente liberal, individualista. A lo que se añadía la marginación política – el no ser ciudadanos – que les imposibilitaba defender sus derechos en igualdad de condiciones frente a quienes, al amparo de la ley y del poder, les despojaban de sus tierras y los explotaban sistemáticamente.

101El siglo XIX, en tal sentido, fue el escenario en el que paulatinamente se fue desestructurando el andamiaje construido y fortalecido durante el régimen colonial, el cual se había articulado en torno a las tierras ejidales y comunes así como, aunque con menor importancia, las de propiedad privada. Durante los siglos de dominación colonial no se concibió – dadas las características geo-económicas de este territorio – otra posibilidad para asegurar la reproducción del régimen colonial que la de dicha dualidad estructural. A partir de la independencia, las ideas de la Ilustración y del Liberalismo irrumpieron en los espacios de discusión de las elites locales y regionales. Se concibió, entonces, la posibilidad de un nuevo orden, nuevas estructuras, nuevos proyectos políticos y económicos, pero sin considerar como parte activa de ellos a la mayoritaria población indígena. En el fondo, se quería continuar reproduciendo el esquema colonial de “las dos repúblicas”, pero con la diferencia de que “la república de indios” ya no contaría con su espacio vital para autosubsistir y reproducirse. Se impuso el individualismo liberal al que tenían que amoldarse pero sin permitirles hacerlo en igualdad de condiciones.

102h4. Caminando hacia el siglo XXI: ¿nudos petrificados?

103Un rápido repaso de la historia política del siglo XX nos advierte sobre ciertas constantes que no pueden dejarse de lado al establecer un balance sobre la crisis estructural en la que nos encontramos sumergidos en la actualidad, al iniciar el nuevo siglo. Sin olvidar que de la mano de esa historia política va la de los procesos económicos que la sustentaron y moldearon.

104El ascenso de los liberales al control de los aparatos del gobierno político nacional a partir de 1871 favoreció el establecimiento de nuevas relaciones y vinculaciones con el mercado mundial, iniciándose así la configuración de una economía agro-exportadora que, a su vez, condujo a la formación y consolidación – en el ámbito interno – de una reforma económica estructural que sólo fue posible a partir de una profunda transformación del Estado.

105Una primera consecuencia directa en el ámbito económico fue el surgimiento, desarrollo y consolidación de la unidad productiva cafetalera que, a la vez, se fue estructurando mayoritariamente bajo la modalidad del latifundio. A partir de éste se fue gestando una importante transformación del paisaje agrario nacional. Y, por ende, de la sociedad guatemalteca en su conjunto25.

106De manera paralela a la transformación del paisaje también se dio la de las relaciones laborales, proceso en el que confluyeron varios factores. Las disposiciones liberales contra la propiedad comunal abrieron las puertas a la conformación de una fuerza de trabajo disponible para las necesidades de la caficultura. Tanto el Reglamento de Jornaleros como la actualización de la habilitación por deudas como otra modalidad de reclutamiento de fuerza de trabajo para la plantación cafetalera se aplicaron de manera compulsiva entre quienes recién habían sido despojados de sus formas de articulación y subsistencia comunitarias. A estas disposiciones laborales se añadieron sucesivamente otras más, todas bajo el signo de la compulsión: el “batallón de zapadores”, la “ley de trabajadores”, las “leyes de vagancia”, la “boleta de vialidad” y el “reglamento de jornaleros”.

107Pero, al suprimir las formas ancestrales de organización comunitaria se sentaron las bases para el surgimiento y consolidación de la antítesis del latifundio: el minifundio. La lotificación obligatoria de ejidos y tierras comunales, antecedente previo de la minifundización, trajo consigo no sólo la desintegración de las formas de organización y reproducción económica y social comunitaria sino, además, la puesta a la disposición del latifundio cafetalero de dicha población. De tal manera que, en el ámbito interno y a partir de tales disposiciones, se crearon las bases necesarias para que el latifundio cafetalero se desarrollara y fortaleciera sin obstáculos de ninguna naturaleza.

108A partir de estas dos premisas básicas: la consolidación del latifundio cafetalero y la disponibilidad de fuerza de trabajo bajo formas compulsivas y semigratuitas – concentrada en el minifundio – se aseguró el paulatino incremento de la producción y exportación de café; lo que, en términos económicos significó que a pesar de que la economía guatemalteca se vio vinculada al mercado internacional capitalista, no se generó un genuino proceso de “modernización capitalista” interna como consecuencia de esa vinculación.

109Si bien se produjo una significativa inversión de capital en la plantación cafetalera, la tierra se fue paulatinamente transformando en mercancía, y se dio una masiva mercantilización del producto, tal “modernización” no llegó a ser completa ya que afianzó el carácter servil de las relaciones sociales ya existente en el ámbito de la organización del trabajo. En primer lugar, porque la fuerza de trabajo indígena y campesina pasó a depender del poder y la voluntad de los terratenientes dando lugar a relaciones laborales que funcionaron y se reprodujeron bajo modalidades coactivas, no libres, que limitaron la libertad de movilización de dicha población. De donde, la posibilidad para que los cafetaleros acumularan riqueza – y poder en consecuencia – no fue tanto la propiedad de la tierra en sí, sino el acceso libre a una masa de trabajadores bajo las condiciones previamente descritas. El paulatino incremento de la producción y exportación de café fue, entonces, posible a partir de este tipo de relaciones laborales. Dicho de otra manera, sin este tipo de relaciones laborales, no hubiera sido posible el desarrollo y consolidación del latifundio cafetalero26.

110Como ya se indicó, el despojo de las tierras de las comunidades trajo consigo la imposición de relaciones laborales serviles, precapitalistas, lo que no les permitió alcanzar autonomía económica, vía salario. Y como efecto en cadena, se obstaculizó la posibilidad de conformar y consolidar un mercado interno sólido, al igual que la diversificación productiva. El carácter servil de las relaciones laborales a que fueron sometidos les impidió convertirse en consumidores reales. Los “salarios” percibidos por su trabajo no circulaban más allá de las “tiendas de raya” localizadas al interior de las fincas. En tal sentido, se impuso y afianzó entre ellos un sentido y forma de reproducción económica centrados en la auto-subsistencia.

111De tal manera que la economía guatemalteca se vinculó al mercado internacional a partir de la consolidación de una estructura productiva – el latifundio cafetalero – al interior de la cual se continuaron reproduciendo relaciones sociales y, más específicamente salariales, no capitalistas.

112Esta herencia liberal decimonónica fue paulatina y constantemente reforzada por un régimen político autoritario y excluyente, encarnado en las sucesivas dictaduras que se convirtieron en la opción política por excelencia para la oligarquía cafetalera, tanto porque les garantizaba la oferta y disponibilidad de fuerza de trabajo, como porque mantenían el orden necesario que se requería en tales circunstancias.

113La primera mitad del siglo XX fue el crisol en el que se anudaron de manera férrea estos rasgos y componentes de la estructura social y productiva nacional. Este era el escenario y el tipo de relaciones económicas y sociales que predominaban en Guatemala cuando se produjo el derrocamiento del dictador Jorge Ubico en 1944. El reto que los revolucionarios se plantearon fue transformar tal escenario y relaciones para, así, poder promover la modernización económica, política y social que el país necesitaba.

114h5. El período 1944-1954: una oportunidad de transformaciones atropellada

115El horizonte hacia el que apuntaban los objetivos y metas de los promotores e impulsadores de los procesos cívicos y políticos que desembocaron en la renuncia del dictador Ubico y los posteriores cambios que el país experimentó durante este período era, fundamentalmente, el de la modernización del país.

116La búsqueda de dicho horizonte se fue construyendo de manera paulatina, a partir de diversas y sucesivas medidas tales como la modernización de las instituciones públicas, el restablecimiento de la autonomía municipal, el sufragio universal (aunque aún con restricciones para la población analfabeta y las mujeres), la legislación laboral, la seguridad social, la apertura política y la posibilidad del ejercicio de los derechos de organización política y social, la libertad de prensa, el impulso de proyectos de desarrollo de la infraestructura vial, etcétera.

117Se apostaba, en esencia, a que Guatemala funcionara de acuerdo con los grandes enunciados que habían sido el centro de la propaganda y la lucha de los países aliados que en ese momento enfrentaban el totalitarismo nacional-socialista: la libertad y la democracia, principios que reñían con la visión feudal, señorial, de la oligarquía cafetalera que desde finales del siglo XIX siempre había apostado por la dictadura, como espejo que reflejaba su visión y proyecto de país.

118En el ámbito específico de la tierra y la problemática rural se promovieron varias disposiciones que, encadenadas entre sí, prepararon el camino al eje central de la política económica del segundo gobierno revolucionario: la reforma agraria. En efecto, ésta fue precedida por una serie de disposiciones emitidas durante el primer gobierno revolucionario, relacionadas directa e indirectamente con dicha problemática: desde el establecimiento de la seguridad social, el código de trabajo, el fomento y desarrollo del cooperativismo, hasta la ley de arrendamiento forzoso. Ésta última, con un carácter más orientado a promover soluciones de compromiso entre propietarios y campesinos, aunque con la renuencia de los primeros.

119El eje central de la reforma agraria era la modernización capitalista del país, tal como lo afirmó el presidente Árbenz cuando tomó posesión de la primera magistratura de la nación:

120...nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico de Guatemala, tendiendo hacia los tres objetivos fundamentales siguientes: a convertir nuestro país de una nación dependiente y de economía semicolonial en un país económicamente independiente; a convertir a Guatemala de país atrasado y de economía predominantemente semifeudal en un país moderno y capitalista; y hacer porque esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del pueblo27.

121De esta cuenta, alrededor de la reforma agraria se articularon una serie de medidas y acciones que provocaron como efecto posterior una transformación profunda de las estructuras económicas, políticas y sociales del país. Se trataba de desarticular y desatar el nudo liberal que se había venido tensando y cerrando en torno a la propiedad de la tierra28.

122Tierra y salarios fueron los dos cambios más significativos que entonces conoció la población campesina e indígena; cambios por demás trascendentales para ellos dado que implicaban su liberación de la servidumbre a la que habían estado sometidos durante generaciones. Y, sobre todo, porque con estos cambios se quería desatar el nudo estructural latifundio-minifundio que los liberales habían impuesto y consolidado a lo largo de más de setenta años.

123Los efectos de la aplicación de la reforma agraria, y demás transformaciones sociales de este período son ampliamente conocidos, como lo son también los múltiples obstáculos que la oligarquía terrateniente interpuso para bloquear dicho proceso. Oposición a la que se sumó, además, la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos para hacer fracasar este proyecto nacionalista. En tal sentido, la renuncia del presidente Árbenz y la imposición del liberacionismo evidenciaron el triunfo de la coalición de intereses de quienes, en última instancia, se oponían a modernizar a Guatemala.

124Aún no se han llevado a cabo investigaciones sistemáticas que evidencien los efectos profundos que produjeron los cambios operados durante esos “diez años de primavera en el país de la eterna dictadura”. Sabemos sobre los efectos de la apertura política, la modernización de las finanzas públicas, las leyes de beneficio social (sobre todo la seguridad social y el código de trabajo). Sin embargo, son pocos los estudios que dan cuenta sobre los efectos económicos, políticos y sociales que estos cambios tuvieron en el ámbito local, comunitario. En el caso específico de la reforma agraria contamos con las cifras oficiales que informan sobre los resultados de la aplicación del decreto 900. Pero, todavía no se conocen las dinámicas sociales que este decreto generó en los ámbitos locales, sobre todo desde el punto de vista de las articulaciones y efectos que en torno a él se dieron con relación a la conflictividad social que entonces se generó alrededor de la tierra29.

125En todo caso, la contrarrevolución se preocupó de manera privilegiada por desarticular lo hasta entonces construido, centrando su atención en la anulación de la reforma agraria así como en el cierre de los espacios políticos abiertos en el escenario nacional. Sin olvidar que para lograrlo se acudió de nuevo al autoritarismo y a la represión como mecanismos por excelencia.

126Al contextualizar la reforma agraria dentro del proceso histórico de larga duración al que se ha venido aludiendo, es imposible no considerarla como un esfuerzo que contenía una visión y horizonte modernizador y con amplias perspectivas sociales. Ésta buscaba transformar las relaciones precapitalistas, premodernas, que regían el campo y, de manera más amplia, a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, y a partir de consideraciones y justificaciones ideológicas que ocultaban intereses explotadores señoriales, se hipotecó el futuro del país al impedir que se llevara adelante un esfuerzo y un proceso nuevo, modernizador y con perspectiva social.

Conclusiones: ¿de vuelta al pasado? De la contrarrevolución a los Acuerdos de Paz

127Las sucesivas disposiciones que en el ámbito gubernamental se han venido imponiendo a partir de 1954 hasta la fecha en cuanto a la problemática agraria se pueden caracterizar por una asombrosa capacidad de invisibilización de la centralidad de dicha problemática con relación a las dificultades que experimentamos para abandonar el profundo nivel de postración social y económica en el que vivimos.

128Desde el Estatuto Agrario, aprobado en 1956, hasta la puesta en funcionamiento de las instituciones que se desprendieron de los Acuerdos de Paz (sobre todo los organismos gubernamentales Fontierra y Contierra) como instancias de carácter gubernamental destinadas a atender la “cuestión agraria”, estas iniciativas se caracterizan por desconocer, conscientemente, las raíces estructurales de los problemas que pretenden solucionar.

129Por un lado, no cuestionan la centralidad de la forma concentradora de la propiedad privada de la tierra, lo que no ha contribuido a transformar las profundas desigualdades sociales existentes en el campo guatemalteco. Por otro, y hasta donde ha sido posible, han optado por promover iniciativas que sólo han tenido efectos paliativos de corto plazo entre dicha población. Los repartos de las fincas nacionales y los proyectos de colonización han sido, sin lugar a dudas, la única “política” gubernamental que se materializó a partir de 1954, hasta que este patrimonio estatal se agotó. Pero, más allá de esta medida, muy pocas entre las demás pueden ser consideradas como “políticas de Estado”. Más bien, podría afirmarse que la verdadera política estatal, con continuidad y coherencia a lo largo de estos años ha sido la de mantener el nudo estructural latifundio – minifundio.

130De esta cuenta, la mayoritaria población campesina e indígena se vio obligada – a partir de 1954 – a retomar nuevamente la ruta de los grandes latifundios (fincas cafetaleras y algodoneras, plantaciones azucareras) que volvieron a consolidarse y expandirse, para obtener allí un magro complemento para su sobrevivencia familiar.

131A lo largo de todos estos años, caracterizados por el autoritarismo y el militarismo, la población campesina e indígena no ha logrado posicionar en la agenda estatal el tema agrario. Desde las instancias superiores de gobierno, como desde los poderosos sectores económicos, al igual que desde las formaciones partidistas que se han venido sucediendo, se ha negado sistemáticamente cualquier tipo de consideración sobre un abordaje distinto, novedoso, modernizador, sobre dicha problemática. Más bien, las respuestas a las propuestas campesinas han sido la descalificación y la represión.

132En ese sentido, el largo conflicto armado interno puede ser también analizado y entendido como un gran esfuerzo estatal – en su sentido amplio – para eliminar toda posibilidad de cuestionar el status quo de la nación guatemalteca. De esta cuenta, los campesinos aún no son reconocidos como sujetos políticos y económicos con capacidad organizativa y propositiva. Acostumbradas, como lo han estado la clase dominante así como las formaciones partidistas de turno –que aparecen y se desvanecen del espectro político con una gran versatilidad– a considerar a la población rural como residuo social pasivo y útil en tiempo de elecciones o de temporada de cosecha, no pueden ver en ellos a sujetos políticos con capacidad para articular demandas y – sobre todo – para defenderlas. Cada vez que los campesinos se manifiestan y hacen propuestas es común escuchar de labios de esos sectores retrógrados explicaciones deslegitimadoras de tales demandas, sustentándolas en visiones paternalistas que solo les permiten ver manipulación o ignorancia, en lugar de escuchar una voz fuerte que les cuestiona y que reclama lo que les corresponde por justicia y por derechos históricos.

133La actual crisis del café, evidencia de la crisis del modelo agro-exportador liberal, tampoco está siendo vislumbrada como una oportunidad para dar un salto cualitativo hacia un nuevo modelo económico moderno e incluyente. Las propuestas de modernidad y de modernización que se perfilan desde los sectores de poder continúan estando aferradas y sustentadas en la visión oligárquica, liberal construida durante el largo régimen liberal.

134De tal manera que la inserción al nuevo orden económico mundial que ahora plantean vuelve a repetir el error histórico cometido a finales del siglo XIX: modernizar las relaciones económicas hacia el exterior pero sobre una estructura económica interna arcaica, atrofiada y sin posibilidades de desarrollarse plenamente. En otras palabras, se apuesta nuevamente a la exclusión y a la conflictividad social.

h4. Bibliografía general

135Apuntamientos sobre la agricultura y el comercio del Reyno de Guatemala. Nueva Guatemala: Impreso en la oficina de D. Manuel Arévalo, 1811.

136Arriola Avendaño, Carlos Enrique. “La lucha de clases durante la revolución guatemalteca 1944-1954. La política agraria en el período revolucionario. (2ª parte),” en: La Revolución de Octubre. Diez años de lucha por la democracia en Guatemala, 1944-1954. (Eduardo Velásquez, compilador) Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Tº II, pp. 1-42.

137Bertrand, Michel. Terre et société. Les communautés Maya-Quiché de la región de Rabinal du XVIè au XIXè siècle. México: CEMCA, 1987.

138Cambranes, J.C. Café y campesinos en Guatemala, 1853-1897. Guatemala: Editorial Universitaria, 1985.

139Cortés y Larraz, Pedro. Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala . Biblioteca “Goathemala”. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1958.

140Dardón Flores, Ricardo Danilo. “Los Cakchiqueles de Sacatepéquez: Historia y vida cotidiana durante la época colonial,” en: Estudios 1/98 (1998) (3ª época) pp. 88-101.

141Fernández, J. A. Pintando el mundo de azul. El auge añilero y el mercado centroamericano, 1750-1810 . San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2003.

142Fry, Michael Forres. “Política agraria y reacción campesina en Guatemala: la región de la Montaña, 1821-1838,” en: Mesoamérica, 15 (1988), pp. 25-46.

143García Peláez, Francisco de Paula. Memorias para la Historia del Antiguo Reino de Guatemala. Biblioteca “Payo de Rivera”. Guatemala: Tipografía Nacional, 1943-1944. 3 tomos.

144Handy, Jim. Revolution and Reaction: National Policy and Rural Politics in Guatemala, 1944-1954. Tesis de doctorado. Universidad de Toronto, 1985.

145Holleran, Mary P. Church and State in Guatemala. Studies in Economic History, Economics and Public Law, Nº 459. New York: Columbia University Press, 1949.

146Jickling, David. “Los vecinos de Santiago de Guatemala en 1604”, en: Mesoamérica 3 (1982), pp 145-231.

147Lovell, W. George. Conquista y cambio cultural. La Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala, 1500-1821. Antigua Guatemala, CIRMA, 1990.

148Lujan Muñoz, Jorge. Agricultura, mercado y sociedad en el Corregimiento del Valle de Guatemala, 1670-1680. Guatemala: Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1988.

149Martínez Peláez, Severo. La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. México: Fondo de Cultura Económica, 1998.

150McCreery, David. Rural Guatemala: 1760-1940. Stanford, Stanford University Press, 1994.

151Ots Capdequi, J.M. Historia del Derecho Español en América y del Derecho Indiano. Madrid: Aguilar, 1968.

152Palma Murga, Gustavo. Agriculture, commerce et société au Royaume de Guatemala, 1770-1821 Tesis de doctorado. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1985.

153————————. “El valle central de Guatemala en el siglo XVI: tierra, identidad y presión colonial,” en: Estudios. Guatemala: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, 2/93 (diciembre de 1993) 3a. época, pp. 39-60

154————————-. “La tierra comunal en Guatemala: reducto de sobrevivencia y resistencia indígena ante el sistema colonial español,” en: Derecho Indígena. Sistema Jurídico de los Pueblos Originarios de América. Guatemala: Centro de Estudios de la Cultura Maya, 1994. pp. 57-76

155Pinto Soria, Julio. El Valle Central de Guatemala (1524-1821). Un análisis del origen histórico-económico del regionalismo en Centroamérica. Guatemala: Editorial Universitaria, 1988.

156Revista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1994) Julio-Diciembre.

157Rodas Núñez, Isabel. De españoles a ladinos. Cambio social y relaciones de parentesco en el Altiplano central colonial guatemalteco. Guatemala: Ediciones ICAPI, 2004.

158Taracena Arriola, Arturo et al. Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944. Antigua Guatemala: Nawual Wuj, 2002.

159Tischler Visquerra, Sergio. Guatemala 1944: crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal. Guatemala: F & G editores, 2001.

160
h4. Notas de pie de página

1611 Ots Capdequi (1968) ha desarrollado de manera amplia estos aspectos. Véase José Maria Ots Capdequi, Historia del Derecho Español en América y del Derecho Indiano, (Madrid: Aguilar, 1968).

1622 Reales Cédulas emitidas en El Pardo a primero de noviembre de 1591. En: Archivo General de Centroamérica, Al, legajo 5935, expediente 51905.

1633 Véase Severo Martínez Peláez, La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca, (México: Fondo de Cultura Económica, 1998).

1644 Existe en el Archivo General de Centroamérica abundante información que da cuenta de los múltiples procesos judiciales emprendidos por los pueblos de indios para comprar tierras.

1655 Gustavo Palma Murga, “El valle central de Guatemala en el siglo XVI: tierra, identidad y presión colonial,” en: Estudios. Guatemala: Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, 2/93 (diciembre de 1993) 3a. época, pp. 39-60.

1666 En los Protocolos de escribanos – notarios de la época – se encuentran registradas numerosas escrituras de compra-venta de inmuebles rurales. En muchas de ellas se establece, de manera pormenorizada, el valor de los bienes que los integraban al momento de la transacción. Llama la atención que sobre el valor total, el correspondiente a la tierra como tal no representa más allá de un 25% del total general. El resto se distribuía entre los valores asignados a los esclavos – cuando los había –, las casas y demás instalaciones, herramientas y aperos, así como los ganados.

1677 Un censo de habitantes de la ciudad de Santiago, de principios del siglo XVII, distingue entre hacendados y los labradores. Mientras que los primeros eran muy pocos los segundos eran bastante numerosos. Aunque no se precisa la diferencia entre unos y otros, suponemos que tal distinción respondía al tipo de unidad productiva y a la manera cómo éstas eran explotadas. Véase Francisco de Paula García Peláez, Memorias para la Historia del Antiguo Reino de Guatemala. Biblioteca “Payo de Rivera”. Guatemala: Tipografía Nacional, 1943-1944, tomo I y también David Jickling, “Los vecinos de Santiago de Guatemala en 1604”, en: Mesoamérica 3 (1982), pp 145-231.

1688 A finales del siglo XVII se generó un proceso judicial promovido por varios pueblos de indios del Valle de Guatemala en razón de los abusos que se cometían contra ellos en los repartimientos de trabajo en las labores de trigo de los alrededores. Este documento, analizado por varios historiadores ofrece una idea general sobre el tipo de propiedades allí existentes, véase Hernández (1977), Jorge Luján Muñoz, Agricultura, mercado y sociedad en el Corregimiento del Valle de Guatemala, 1670-1680, (Guatemala: Dirección General de Investigación, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1988), Julio Pinto Soria, El Valle Central de Guatemala (1524-1821). Un análisis del origen histórico-económico del regionalismo en Centroamérica, (Guatemala: Editorial Universitaria, 1988), Michel Bertrand, Terre et société. Les communautés Maya-Quiché de la región de Rabinal du XVIè au XIXè siècle, (México: CEMCA, 1987).

1699 Rodas elaboró un importante estudio en el que muestra las estrategias económicas que implementaron grupos de familias de españoles pobres que con el paso del tiempo devinieron en ladinos, sobre todo en torno a la tierra y en zonas marginales o al interior de los “espacios indígenas”. Isabel Rodas Núñez, De españoles a ladinos. Cambio social y relaciones de parentesco en el Altiplano central colonial guatemalteco, (Guatemala : Ediciones ICAPI, 2004).

17010 Véase Ricardo Danilo Dardón Flores, “Los Cakchiqueles de Sacatepéquez : Historia y vida cotidiana durante la época colonial,” en: Estudios 1/98 (1998) (3ª época) pp. 88-101.

17111 Cortés y Larraz hace referencia a las haciendas de los dominicos en la región de la Verapaz. Pedro Cortés y Larraz, Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala, Biblioteca “Goathemala”. (Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 1958). Véase también Julio Pinto Soria, El Valle Central de Guatemala (1524-1821). Un análisis del origen histórico-económico del regionalismo en Centroamérica, (Guatemala: Editorial Universitaria, 1988). Holleran incluye un listado de propiedades eclesiásticas expropiadas por los liberales en el año 1829. Véase Mary P Holleran, Church and State in Guatemala. Studies in Economic History, Economics and Public Law, Nº 459. (New York: Columbia University Press, 1949).

17212 Véase Gustavo Palma Murga, “La tierra comunal en Guatemala: reducto de sobrevivencia y resistencia indígena ante el sistema colonial español,” en: Derecho Indígena. Sistema Jurídico de los Pueblos Originarios de América. (Guatemala: Centro de Estudios de la Cultura Maya, 1994), págs. 57-76

17313 Véase Apuntamientos sobre la agricultura y el comercio del Reyno de Guatemala. Impreso en la oficina de D. Manuel Arévalo, Nueva Guatemala, 181, pág. 130.

17414 Tanto los tributos como los impuestos de importación/exportación – llamados de Alcabala – constituían más del 80% del total de los ingresos fiscales anuales a finales del siglo XVIII. Hasta la década de 1760 – y desde el siglo anterior – el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala “arrendó” el pago del impuesto de alcabala, estando obligado a pagar una cantidad fija anual al fisco real. Más tarde se comprobó que esa cifra (que osciló entre veinte y treinta y cinco mil pesos anuales) era mínima con relación a los beneficios que obtenían los comerciantes de la ciudad en sus transacciones comerciales. Además de que al asumir el ayuntamiento este contrato con la Corona evidenciaba la relación simbiótica que le unía a la poderosa elite comercial guatemalteca. Véase Francisco de Paula García Peláez, _Memorias…op. cit. y Gustavo Palma Murga, Agriculture, commerce et société au Royaume de Guatemala, 1770-1821, Tesis de doctorado. Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1985.
.

17515 La producción cacaotera se ubicó en la llamada región de “los Suchitepéquez” (buena parte de los actuales departamentos de Suchitepéquez y Mazatenango, así como del sur de San Marcos y Quetzaltenango. Luego, y de manera más intensiva, en la región de “los Izalcos” (los actuales departamentos de Santa Ana y Sonsonate, de la República de El Salvador)

17616 Fernández propone que era menos costoso el proceso productivo añilero al interior de una unidad familiar que en una propiedad grande o mediana. Sobre todo, porque era más factible desarrollar los procesos técnicos en pequeña escala (riego, control de plagas, corte, procesamiento, etc.) que en grandes unidades productivas. Lo que, agrega este autor, garantizaba una mejor calidad de añil, altamente valorada por los comerciantes de la ciudad de Guatemala. De tal manera que fue el escaso instrumental técnico el que limitó el desarrollo de una economía de escala en torno al añil, favoreciéndose así la existencia de los pequeños y medianos productores. Véase José Antonio Fernández, Pintando el mundo de azul. El auge añilero y el mercado centroamericano, 1750-1810. (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2003).

fn17. Además de que a partir de entonces los procesos productivos y de comercialización del añil que como ya se indicó, se concentraban en territorio salvadoreño, pasaron a ser controlados por las elites de dicho territorio, lo que implicó una significativa reducción de ingresos para la elite comercial guatemalteca; además de la pérdida de un importante eje de poder económico.

17718 Según estos criterios podía ser ciudadano aquel que demostrara ser propietario – privado por supuesto – y/o que demostrara capacidad para sostener adecuadamente a su familia. El énfasis de estos requisitos apuntaban a fortalecer el carácter individualista de la relación de los individuos entre sí y con el Estado. De igual manera, se estableció que para ejercer cargos de administración pública en el ámbito local se debía hablar el idioma castellano y vestirse a la manera occidental.

17819 Se promovieron concursos y premios para quienes lograran castellanizar al mayor número posible de indígenas, así como para que se vistieran “al estilo occidental”. Véase Taracena (2002).

17920 Dto. 76 de la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala, 14 de Diciembre de 1839. Véase también Arturo Taracena Arriola et al. Etnicidad, estado y nación en Guatemala, 1808-1944, (Antigua Guatemala: Nawual Wuj, 2002) y Michael Forres Fry, “Política agraria y reacción campesina en Guatemala: la región de la Montaña, 1821-1838,” en: Mesoamérica, 15 (1988), págs. 25-46.
.

18021 “Enajenación de los terrenos baldíos de la Costa Cuca y del Palmar”, en: Leyes emitidas por el Gobierno Democrático de la República de Guatemala, desde el 3 de junio de 1871 hasta el 30 de junio de 1881, págs. 201-202.

18122 Dto. 170 sobre la redención de los capitales representativos del valor del dominio directo de los terrenos concedidos en enfiteusis. Guatemala, 8 de enero de 1877 (Recopilación Leyes, 1877. To I, pág. 3)

18223 Circular de 19 de febrero de 1877 (Recopilación de Leyes, To 2, p. 48)

18324 Véase Arturo Taracena Arriola et al. Etnicidad op. cit.

18425 Véase J.C. Cambranes, Café y campesinos en Guatemala, 1853-1897, (Guatemala: Editorial Universitaria, 1985) y David McCreery, Rural Guatemala: 1760-1940. (Stanford, Stanford University Press, 1994).

18526 Sergio Tischler Visquerra, Guatemala 1944: crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal, (Guatemala: F & G editores, 2001).

18627 “Discurso pronunciad por el coronel Jacobo Árbenz el 15 de marzo de 1951, al asumir la presidencia de la República.” En: Revista del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (1994), pág. 214.

18728 Arriola Avendaño, Carlos Enrique. “La lucha de clases durante la revolución guatemalteca 1944-1954. La política agraria en el período revolucionario. (2ª parte),” en: La Revolución de Octubre. Diez años de lucha por la democracia en Guatemala, 1944-1954. (Eduardo Velásquez, compilador) Guatemala, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. Tº II, pp. 1-42.

18829 Un aporte interesante en este sentido lo constituye la tesis doctoral de Jim Handy, Revolution and Reaction: National Policy and Rural Politics in Guatemala, 1944-1954, (Tesis de doctorado. Universidad de Toronto, 1985).

189

Para citar este artículo :

Gustavo Palma Murga, « La problemática agraria en Guatemala hoy: algunos apuntes históricos para su comprensión », Boletín AFEHC N°39, publicado el 12 diciembre 2008, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2095

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