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AFEHC : articulos : Hacienda y finanzas de un Estado oligárquico. El Salvador, 1874-1890. : Hacienda y finanzas de un Estado oligárquico. El Salvador, 1874-1890.

Ficha n° 2264

Creada: 11 octubre 2009
Editada: 11 octubre 2009
Modificada: 27 octubre 2010

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Autor de la ficha:

Antonio ACOSTA RODRIGUEZ

Editor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Hacienda y finanzas de un Estado oligárquico. El Salvador, 1874-1890.

Este ensayo muestra que la estructura impositiva del estado salvadoreño en los años 1874-1890 era extraordinariamente regresiva, pero muy consistente y coherente en el tiempo. Existía una gran sintonía entre la política del gobierno y los intereses no sólo de los grandes productores cafetaleros, sino también de los grandes comerciantes, acreedores del Estado y miembros a su vez de empresas contratistas con el gobierno. Se sostiene la idea que Estado salvadoreño era una estructura ocupada y manejada por las clases dominantes, casi sin necesidad de negociar o pactar con los intereses de otros sectores de la población, que se constituía como un proyecto muy sólido y que, además, se prolongó en el tiempo.
Palabras claves :
Estado, Estructura impositiva, Gobierno, Clases dominantes
Autor(es):
Antonio Acosta Rodríguez
Fecha:
Septiembre de 2009
Texto íntegral:

1Primera publicación en Pilar García Jordán (ed.), Estado, región y poder local en América Latina, siglos XIX y XX. Barcelona, Universidad de Barcelona, 2007, pp. 17-80.

Introducción.

2Hacia el último cuarto del siglo XIX en la convulsa historia centroamericana comenzaba a disminuir, no a concluir, la actividad bélica. En sus sociedades, los conflictos armados internos e internacionales dejaban paso lentamente, en ambos planos, a un creciente predominio de renovadas y más intensas relaciones económicas. Esto estaba directamente relacionado con la acelerada inserción de la región, como de América Latina en general, en la expansión de la economía internacional impulsada por la industria de buena parte de Europa occidental y de los Estados Unidos1.
El Salvador estaba inmerso en este proceso y el signo más evidente de ello era el desarrollo de la producción del café, cultivo que creció desde la década de 1840, hasta que a mediados de la década de 1870 superó al añil, producto tradicional, en términos de valor como principal producto de exportación. De esta forma, entre otras, la economía salvadoreña respondía a la demanda generada en los países industriales al tiempo que, por otra parte, el consumo del añil caía fruto de la competencia de la producción en otras regiones mundiales y de la aparición de tintes alternativos industriales. En menor medida, El Salvador intentó también encajar en la demanda internacional con otros productos como el cacao, el bálsamo, el azúcar o el hule, aunque sin acercarse a la importancia que alcanzó el café[2].

3 En términos generales los cambios necesarios en la economía nacional para ajustarse a dicho proceso fueron manejados por los grupos oligárquicos, tanto en el terreno de la producción – acceso y propiedad de la tierra, relaciones de trabajo y organización de la producción -, como en el de la distribución, en el del comercio y, muy importante, en el de la financiación que fue necesaria para la gran transformación que todo ello supuso. Como consecuencia, resultaron afectadas las estructuras productivas agrarias3. Hacia el tercer cuarto del siglo XIX El Salvador mantenía su carácter de país agrario – pese a lo cual importaba harina -, con una escasísima producción manufacturera y cuya economía, a rasgos muy esquemáticos contenía4 :

4(a) Un sector campesino, de indígenas o no, que sobrevivían en buena medida gracias a su propia producción.

5(b) Un muy amplio espacio de pequeños y medianos agricultores que producían tanto para su consumo como para el mercado interno. Una parte de este sector trabajaba también, a pequeña escala, cultivos para la exportación que comercializaban por medio de agricultores mayores y/o exportadores. La escasez de sus rentas los llevaba frecuentemente a convertirse en jornaleros alquilando su trabajo a salarios de pobreza o pidiendo crédito para poder subsistir. En este espacio había sectores significativos de artesanos que combinan producción agraria y pequeña producción artesanal.

6(c) En términos de tamaño, podría hablarse de otro ámbito de productores agrarios de mayor envergadura, que combinaban cultivos tradicionales con una producción orientada sobre todo al mercado internacional. En la medida en que el añil dejaba paso al café, la existencia de grupos agrarios poderosos fue desplazándose de oriente a occidente por donde se expandió con más fuerza el grano. Miembros de estos sectores formaron parte de la administración central y departamental, del ejército, de la Asamblea Nacional, así como del sistema judicial del país. En general obtenían sus principales ganancias de la venta para la exportación de cultivos en los que utilizaban mano de obra barata de colonos – no siempre asalariados – y jornaleros5 pero, también, de la compra frecuente de cosechas de dichos cultivos por adelantado a pequeños productores – las “habilitaciones” -, operación en la que igualmente obtenían amplios márgenes de ganancia.

7(d) Un espacio en el que había profundas diferencias era el del comercio, donde poco tenían que ver los pequeños comerciantes de localidades menores, o incluso de las ciudades, con los grandes operadores del comercio exterior, los propietarios o socios de las casas comerciales que se dedicaban a la importación–exportación, pero también a sustanciosas operaciones financieras, aprovechando las dificultades fiscales del Estado.

8e) Por fin podrían mencionarse a los numerosos empleados de la administración que con frecuencia veían cómo se retrasaba el pago de unos cortos salarios con poder adquisitivo decreciente.

9Sobre esta estructura esquemáticamente expuesta, que no pretende dar cuenta de importantes diferencias internas, locales y regionales, así como por sectores sociales, hacia el último cuarto del XIX influyeron los mencionados cambios económicos. Estos fueron dirigidos y manejados por los grupos más fuertes en propiedad de tierra y capital, que pusieron en estos años las bases de su hegemonía que les mantendría en el poder aproximadamente por más de un siglo6.

10Con altibajos que tenían que ver tanto con problemas internos, como con procesos económicos internacionales, la tendencia del comercio exterior de El Salvador – verdadero motor de la economía, salvo para ciertos espacios campesinos – fue ascendente desde el último cuarto del siglo XIX, como en toda América Latina7 (Véase Gráfico 1). Durante los años de este estudio, en medio de una crisis económica internacional, las exportaciones mostraron una tendencia de ascenso rápida hasta 1884 y, después, irregular hasta 1890. Por su parte, las importaciones mantuvieron niveles muy inferiores y no siempre en la misma tendencia que las exportaciones. Ello evidencia la existencia de dos dinámicas y lógicas económicas diferenciadas entre el sector exportador, de un lado, y la demanda interna – compuesta no sólo por los grupos exportadores y de cuyo funcionamiento se conoce muy poco -, de otro. Es prematuro tratar de encontrar los factores que influían en su interrelación, aunque este trabajo tratará de aportar algo de luz en este sentido.

11Sin perder de vista la interacción entre los planos nacional e internacional, en clave interna y regional, el país estaba sometido a grandes rasgos a tres tipos de conflictos:
(1) los que seguían causando enfrentamientos militares con las naciones vecinas cada vez de más corta duración, como el conflicto con Honduras y con Guatemala en 1875-6;
(2) las asonadas en el plano urbano relacionadas con los asuntos regionales y con la política nacional, pero en las que no cabe descartar razones económicas, como la que tuvo lugar en Santa Ana 1870 ó la de San Miguel de 1875;
(3) por último, los conflictos registrados en el ámbito rural, por problemas étnicos y/o de tierras, como los casos de Santiago Nonualco en 1846, el de Izalco en 1884 y otros8.

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Gráfico 1: Comercio exterior de El Salvador
Gráfico 1: Comercio exterior de El Salvador

13En el plano extra-regional, a comienzos del último cuarto del siglo XIX El Salvador era afectado por dos fenómenos que lo alcanzaban de lleno. El primero era la caída del precio del café en el mercado internacional. En Inglaterra, adonde El Salvador enviaba la mayor parte de sus exportaciones, para el período que aquí se considera, el descenso del precio del café alcanzó su punto más bajo en 1883, con efectos sobre la economía nacional que en parte son conocidos y en los que aquí se profundizará más9. Más tarde el precio se recuperaría temporalmente.

14Cuadro 1 : Exportaciones de añil y café. 1874-1890

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_Año _Añil Precio (UK)_ _Café _ Precio (USA) a _Precio (UK) b _% café en exports
_1874 1.721378 4-6 1.342.952 sd 101-0 sd
_1875 1.160.700 4-10 1.073.158 sd 95-0 sd
_1876 1.721.378 4-3 1.209.362 23 94-0 33,54
_1877 s/d 4-10 1.686.444 sd 97-0 43,51
_1878 s/d 4-4 1.179.334 sd 93-0 33,67
_1879 1.414.800 4-2 2.001.163 sd 88-0 48,53
_1880 1.173.673 5-3 1.723.465 sd 89-0 40,33
_1881 1.470.300 5-2 2.909.196 sd 78-0 59,34
_1882 1.295.550 5-0 2.700.804 sd 76-0 51,58
_1883 1.812.595 4-4 2.416.104 11 70-0 41,22
_1884 2.073.752 4-3 2.200.106 sd 66-0 36,27
_1885 s/d 4-0 2.010.436 8 64-0 35,16
_1886 1.003.706 4-0 2.668.454 sd 65-0 56,12
_1887 1.421.789 3-10 2.780.234 sd 81-0 53.03
_1888 1.296.710 3-10 4.589.197 2 75-0 68,42
_1889 1.347.108 3-6 3.545.764 sd 83-0 64,59
_1890 1.053.000 s/d 4.268.743 sd s/d 56,32

16Fuentes

17Héctor Lindo-Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX. (San Salvador. CONCULTURA, 2002, pp. 193-4).
Arturo Cruz Sequeiro, La República Conservadora de Nicaragua. 1858-1893. Managua. Fundación Vida, 2003, p.115.
a En centavos de dólar por libra.
b En chelines y peniques por quintal

18El segundo fenómeno fue el de la crisis económica internacional que se expandió a partir de 1873 aproximadamente. Sus raíces fueron diversas según los países, pero uno de sus componentes fue la creciente caída del precio de la plata y la progresiva adopción del patrón oro por varias de las naciones en proceso de industrialización y a las que El Salvador compraba sus importaciones10. La crisis, con sus oscilaciones, provocó escasez de capitales en los mercados internacionales y serios problemas en las balanzas de pagos, especialmente para naciones como El Salvador. En primer lugar el país no tenía moneda propia sino que funcionaba con una diversidad de monedas de otras naciones fundamentalmente de plata. Y, en segundo término, aunque tenía una cierta producción minera de oro y plata, mantenía liberalizada tanto la producción como la exportación de mineral, con lo que el Estado no obtenía ningún beneficio de la misma11. Todo ello, unido a una estructura fiscal fuertemente desequilibrada y deficitaria, no creó pero sí acentuó la existencia de una importante deuda interna de graves consecuencias sociales12.

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Gráfico 2: Precio de la Plata en Nueva York
Gráfico 2: Precio de la Plata en Nueva York

20El manejo de todos estos cambios y de sus consecuencias económicas desde el poder político se convirtió en un trasunto de lo que sucedía en el terreno de la producción, distribución y circulación agraria, y tuvo mucho que ver en la construcción de la hegemonía de los grupos sociales dominantes. Partiendo de la base de que la historiografía salvadoreña carece de estudios sobre historia monetaria o de precios, lo que supone un serio handicap, este artículo pretende mostrar precisamente en el plano de la política gubernamental cómo en la gestión de un espacio esencial para el funcionamiento del Estado, como era la Hacienda, la política fiscal fue planificada y controlada desde el poder por los citados grupos, al contrario de lo que se ha sostenido en alguna ocasión. En contra de lo que se ha llegado a afirmar, no es exacto que los gobiernos salvadoreños buscaran los fondos públicos en cualquier recurso que fuese políticamente viable, salvando los intereses de los cafetaleros13. Más bien podría decirse que los grupos dominantes – desde luego con conflictos internos – controlaban el poder ejecutivo, el legislativo y tenían muchos componentes en el judicial; que muchos de sus miembros eran ellos mismos cafetaleros; y que mantenían un proyecto fiscal perfectamente claro y coherente con sus intereses por encima de los avatares tanto de la política nacional como internacional. Derivado de ello, estas páginas tratan de explicar asimismo que las consecuencias que esto tuvo en el plano de las finanzas estatales, pese a las contradicciones que originaban, fueron consiguientemente manejadas por los mismos grupos en la misma línea que la política fiscal.

21En otras palabras, en el último cuarto del XIX, con el auge del café, los sectores de grandes propietarios, los negociantes del grano, y los empresarios del comercio exterior consiguieron que los gobiernos fueran diseñando un modelo de funcionamiento de la Hacienda y las finanzas del Estado que era un reflejo en el plano de la política económica de la relación de fuerzas existente en el país, en términos similares a como sucedía en otros países latinoamericanos14. De esta forma su hegemonía comenzó a ser prácticamente absoluta y se aseguraron unas condiciones excelentes para la reproducción del capital y la acumulación de beneficios en términos ventajosísimos, incluso en momentos de crisis económica internacional. Era un aspecto más de la forma en que dominaban las clases dominantes15.

22Todo lo anterior guarda una relación directa con el proceso de formación del Estado liberal. No se entrará aquí en un debate de la dimensión que este tiene16. No obstante parece fuera de discusión que para comprender el proceso de redefinición y del funcionamiento del Estado a fines del XIX, no es suficiente pero sí es necesario conocer la Hacienda pública y sus finanzas. En este sentido, este trabajo pretende contribuir a comprender mejor las bases de un estado latinoamericano en esta época, como era el salvadoreño, y a revisar al mismo tiempo el sentido del concepto debilidad del Estado que ha sido repetido excesivamente sin entrar a precisar qué es lo que se quiere decir con ello17.

23 El trabajo comienza en 1874, al final de la presidencia del general Santiago González y justo antes del inicio de la presidencia de Rafael Zaldívar. Esta última significó no sólo un relevante cambio político, sino también económico de gran importancia en la historia de El Salvador que transformó el rumbo del país [18]. El fin del estudio se fija en 1889, con la caída y muerte del general Francisco Menéndez, quien había derrocado años antes a Zaldívar. Tras 15 años de observación, el trabajo concluye en el inicio del repunte de la crisis internacional, a comienzos de la década 189019. Este lapso temporal se incardina con acontecimientos que sucedieron inmediatamente después y que quedan fuera del estudio pero, en todo caso, es suficientemente revelador de una serie de rasgos del funcionamiento de la Hacienda y las finanzas estatales como para poder ser considerado con entidad en sí mismo.

24 El período se divide en breves fases que permiten observar mejor evoluciones a corto plazo motivadas por circunstancias coyunturales pero que, en secuencia y simultáneamente, van reflejando a su vez la continuidad de rasgos constantes de la estructura fiscal y de las finanzas del Estado. Se comienza con el estudio de un año introductorio, 1874, para continuar con los gobiernos de los presidentes R. Zaldívar y F. Menéndez cuyos años de gobierno se dividen en las etapas: 1876-80; 1881-1882; 1883-85; y 1886-89, según criterios que se aclararán en cada caso.

25Es preciso hacer algunas observaciones acerca de las fuentes y del funcionamiento de la Hacienda de la República. El material de base con el que se trabaja procede de las Memorias que anualmente presentaban los ministros de Hacienda –bajo las diferentes denominaciones de esta cartera- a la Asamblea Nacional, si bien ocasionalmente se combina con otro tipo de información como, por ejemplo, los presupuestos nacionales. Aunque el último cuarto del siglo XIX fue relativamente más tranquilo que los cincuenta años anteriores, se produjeron los suficientes cambios políticos y administrativos como para que los sistemas de organización hacendística y presentación de los datos se modificasen con frecuencia, incluso a lo largo de un mismo gobierno. Ello hace a veces difícil la comparación de la información en el tiempo. En este sentido merece destacarse, entre otros, el cambio ocurrido en la gestión de la Hacienda a raíz del golpe de estado de 1885 por el general F. Menéndez, que modificó el funcionamiento de la contabilidad del ministerio.

26Los informes ministeriales permiten conocer cuál era la declaración oficial que hacían los gobiernos de sus recursos, así como del uso que les daban a los mismos y, por lo tanto, constituían el reflejo de los intereses de los grupos que controlaban el poder. Si bien en términos generales se puede conceder un alto grado de fidelidad a esta información, no siempre ni necesariamente coincidía con la realidad de los hechos, como se podrá comprobar y, en la medida de lo posible, aquí se tratará de detectar la relación ente las cifras oficiales y la realidad.

27La administración central de Hacienda (Contaduría, Tesorería, Juzgado de Hacienda, etc.) representada por el Ministerio tenía delegaciones que eran las llamadas Administraciones de Rentas en cada Departamento del país y que constituían una de las ramas de lo que se conoció durante algún tiempo como Otras Tesorerías (Véase Gráfico 3). Las Administraciones de Rentas recaudaban una serie de gravámenes a escala departamental y desde ellas se remitían fondos al Ministerio de Hacienda. Desde esta última, a su vez, se enviaban recursos que el gobierno central destinaba a gastos fijos de la administración, como salarios de empleados públicos, así como otros gastos e inversiones muy variables en departamentos y municipios, rigiendo en este flujo un amplio grado de discrecionalidad. No se podría considerar a este esquema de funcionamiento como una descentralización de la gestión, aunque alguna vez fuese calificada así por el presidente F. Menéndez, porque en realidad el grado de autonomía de las Administraciones de Rentas departamentales era escaso.

28Un papel fundamental en la estructura fiscal del Estado lo jugaban los municipios en los que la Hacienda nacional extraía recursos – bien en trabajo o en dinero – que eran utilizados sobre el terreno o que eran canalizados, como se ha dicho, a través de las Administraciones de Rentas hasta la caja central del Ministerio en San Salvador, a través de ramos como el Fondo de Caminos o el del Tajo. Por tanto, un estudio comprensivo de la Hacienda del país tiene que adoptar un enfoque de gran apertura institucional que englobe también el ámbito municipal20. En el terreno de los ingresos la Hacienda funcionaba, de forma resumida, conforme al esquema que se incluye abajo, en tanto que, para los gastos por lo general –aunque no siempre; ver el caso de 1874- lo hacía sobre la base de los ministerios. Además de ello y especialmente durante los años de Zaldívar como presidente, se utilizó un apartado muy importante cuantitativamente, tanto en ingresos como en gastos, conocido como “no presupuestados”, dedicado en gran medida a crédito y deuda.

29Al margen de las Administraciones de Rentas existía una administración autónoma, que en algún momento fue Dirección General, dedicada exclusivamente a la gestión de la Renta del Aguardiente en términos de estanco y vital en la estructural fiscal de la nación. También existían otros estancos de menos importancia, que eran los de la pólvora y el salitre. Estos constituían la segunda rama de las Otras Tesorerías. El del aguardiente disponía de varias administraciones territoriales en un número superior al de los Departamentos del país que fue modificado en el tiempo.

Gráfico 3: Organigrama de la Hacienda Pública
Gráfico 3: Organigrama de la Hacienda Pública

30Este trabajo enfoca básicamente a la contabilidad central de la Hacienda y, dentro de ella, a las rentas y gastos de mayor relevancia, dejando a un lado por razón de espacio otros ámbitos de la Hacienda ya mencionados. Igualmente el trabajo aborda la deuda pública siguiendo su evolución y sus causas, a grandes rasgos, durante el período estudiado. Es preciso aclarar que la ocasional ausencia de datos para algunos años se debe, por una parte, al hecho de que este estudio no pretende ser exhaustivo, aunque sí suficientemente significativo, para lo cual se han elegido los años que parecen más relevantes para explicar la tesis que se pretende demostrar. Pero con frecuencia responde también a veces el Ministerio no presentó informes o los presentó de forma parcial, debido a circunstancias especiales por las que atravesó el país. Por lo demás, es muy importante señalar que las cifras que se manejan de ingresos y gastos no son homogéneas a lo largo de los años. A veces por razones que cabe suponer estrictamente técnicas y otras, por motivos de interés político, los conceptos Ingresos y Gastos no comprendían siempre los mismos componentes, como sucedía a veces con los ya citados ingresos y gastos “no presupuestados”.

Antes del gran cambio. 1874.

31Hacia el tercer cuarto del siglo XIX los países de América Central seguían viviendo momentos agitados en sus relaciones mutuas debido a los problemas derivados de la antigua unión regional. En 1874, poco antes de que se iniciaran cambios decisivos en la historia de El Salvador, el gobierno nacional, presidido por el general Santiago González tenía una cartera denominada Hacienda y Guerra, que reflejaba la importancia de los problemas militares y del Ejército en el país y en la región21. El titular era José Larreynaga, un rico y prominente hombre político que volvería a tener protagonismo durante posteriores gobiernos22.

32En la Memoria del ministerio referida a 1874, Larreynaga declaraba a la Asamblea haber ingresado como “verdadero producto de las rentas” 1.222.015 ps. que procedían mayoritariamente, por una parte, de las contabilidades de la Contaduría Mayor y de la Intendencia Militar (1.089.469 ps) y, por otra, del producto de la Renta del Aguardiente, que era administrada por una Dirección General autónoma23 (132.545 ps). No se incluía en los ingresos el producto de las rentas que no habían sido incluidas en el presupuesto de la República y que, para estos momentos, se desconocen. Según el ministro, eran contempladas por la Contaduría e Intendencia sólo “por juego de contabilidad o por ingresos eventuales”. Estas últimas rentas sí serían incluidas en años posteriores en los ingresos declarados por la Hacienda precisamente bajo la definición de “no presupuestadas” y llegaron a constituir durante el gobierno de Zaldívar, como se comprobará, una parte muy importante del movimiento de la Hacienda relacionado principalmente con créditos recibidos por el gobierno. Este hecho indica que, como era frecuente en el siglo XIX, no sólo se producían desvíos presupuestarios, sino que existían conceptos de importante magnitud en ingresos y gastos que ni siquiera eran considerados al elaborar los presupuestos nacionales. De cualquier forma, el “verdadero producto de las rentas” en 1874 había superado al presupuesto previsto en 35.221.

33Los dos componentes más importantes de los ingresos de este año habían sido la alcabala marítima o, en términos más amplios, las rentas aduaneras y el ramo de aguardiente. Ambas habrían significado entre el 53,9% y el 64% del total de los ingresos fiscales en 1874, dependiendo de la contabilidad de la renta del aguardiente24 (Véase gráfico 4). Los ingresos procedentes de las tres aduanas marítimas del país: La Libertad, Acajutla y La Unión, por orden de importancia, habían supuesto 527.170 ps. El informe del ministerio no especificaba claramente en qué medida este ingreso fiscal procedía de derechos sobre importaciones o exportaciones, pero se habían incrementado los derechos de la alcabala marítima “al 28% y 30%” lo que, según el ministro, había afectado a las importaciones que venían por Panamá a partir del 9 de febrero y a las que venían por el Cabo de Hornos a partir del 9 de mayo25. Esta asociación de la alcabala marítima con las importaciones, da a entender que los ingresos de esta renta procedían fundamentalmente de los productos importados, lo que resulta verosímil si se tiene en cuenta que los 527.170 ps. de los derechos aduaneros suponían el 18,5% de los 2.835.076 ps. que era el valor de las importaciones. El valor conjunto de las mercancías importadas (2.835.076 ps.) y exportadas (3.841.256 ps.) había ascendido a 6.676.332 ps. (Véase gráfico 1), lo cual suponía un incremento del valor del comercio exterior con respecto a 1873 y una balanza comercial claramente favorable en 1.006.180 ps.

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Gráfico 4: ingresos del Estado de El Salvador en 1874
Gráfico 4: ingresos del Estado de El Salvador en 1874

35Si las rentas aduaneras procediesen básicamente de las importaciones, lo notable de la estructura de ingresos en relación con el comercio exterior sería que, ascendiendo el valor de las exportaciones a 3.841.256, es decir, un 35% más que el valor de las importaciones, su contribución a las rentas fiscales sería mínima. Ello implicaría en términos sociales que, dado el importante peso relativo que la alcabala marítima tenía en el conjunto de los ingresos fiscales, existiría una política fiscal en el país extraordinariamente regresiva que estaría contribuyendo a provocar una fortísima desigualdad social26. En lo relativo al comercio exterior, las cargas indirectas al consumo parece que eran soportadas por el conjunto de la población, en tanto que la riqueza de la exportación se transformaba prácticamente en renta neta para los mayores productores y exportadores del añil y del café, sobre todo.

36El ministro Larreynaga indicaba que la exportación de añil en 1874 había caído con respecto a la de 1873 en 80.659 ps., pero que la del café había crecido en 286.622, lo que reflejaba el “progreso” de la vida económica en el país. El consumo de añil, añadía, “puede hacer que su precio sea tan poco remunerativo como el de la cochinilla y haga desaparecer las ‘rentas’ que de él proceden”; pero en cambio, “el halagüeño porvenir del café... puede llegar a ser un ramo pingüe de nuestra riqueza agrícola, principalmente si se toma en consideración el empeño del Ejecutivo en promover y fomentar el cultivo de la planta”.

37Este comentario de Larreynaga implicaba una significativa confusión, por equiparación. Era confuso equipar desde el Ministerio de Hacienda el auge de las exportaciones del café con el “progreso” de la vida económica y la “riqueza” agrícola en general, cuando en realidad tanto el café, como el añil y otros productos de exportación se regían por un tipo de relaciones de producción y de distribución socialmente desiguales, muy favorables a los grandes productores y a quienes compraban por adelantado las cosechas a los pequeños27. Para otro estudio quedará evaluar el significado económico y fiscal del esfuerzo del Ejecutivo en promover el café entre los pequeños productores con dinero público para que, posteriormente, fuesen los comercializadores quienes obtuviesen fuertes ganancias comprándoselo a bajos precios y casi sin presión fiscal alguna.

38El segundo concepto de los ingresos nacionales de 1874 lo constituía el impuesto sobre el consumo – muy extendido – de aguardiente. El Estado tenía el monopolio del aguardiente y compraba a productores privados – de aquí el gasto de 132.000 ps. en el ramo – para después revender la bebida con el impuesto incorporado en establecimientos (patentes o estanquillos), cuya explotación subastaba y en cuyo pago admitía títulos de la deuda nacional. En 1874, después de esta operación, el ingreso líquido del gobierno había sido de 368.496 ps. lo que suponía un aumento apreciable sobre años anteriores.

39Según se deduce del informe del ministerio, el gobierno había llevado a cabo una reforma en el sistema de impuestos sobre bebidas alcohólicas, derivada de las necesidades presupuestarias por los gastos originados por los conflictos armados que venía sufriendo el país. La reforma había consistido, por un lado, en la rebaja de los derechos de importación de aguardientes y vinos extranjeros por razones que el ministro explicaba de forma no muy convincente (fuertes existencias en el mercado nacional y baja calidad de dichos productos, con la consiguiente influencia sobre la salud de los consumidores). Al mismo tiempo, por otra parte, se había incrementado el impuesto sobre el aguardiente nacional que sería de desear, según el ministro, que fuese el único en consumirse por el beneficio para la industria nacional y para el mantenimiento de las rentas del fisco. Curioso rasgo de nacionalismo económico que contrasta con otras medidas que se adoptarían posteriormente.

40Por detrás de las rentas aduaneras y del aguardiente, también habían crecido otras rentas menores como la del papel sellado para trámites oficiales, el ramo del tajo28, la alcabala interior29 al 4% y 5%, y los estancos de pólvora y salitre. Por el contrario, habían bajado el impuesto al aguardiente extranjero, el de hospicio30, el de montepío de añileros31, etc. De todo lo dicho cabe resaltar que prácticamente el 100% de las rentas fiscales procedían de impuestos indirectos y que no sólo los derechos sobre exportaciones parecían ser mínimos, sino que no había rastro de otros posibles impuestos directos sobre propiedades o rentas.

41Frente a los ingresos, los gastos de la administración pública anotados por la Contaduría ascendían a 1.004.553 ps. Si se agrega a esta cifra el gasto generado por la renta del aguardiente, que montaba 132.545 ps, la suma total de los gastos habría ascendido, según el ministerio, a 1.137.099 ps., o sea 49.695 ps. menos que el presupuesto previsto. Se diría que las cuentas del Estado habían funcionado muy bien. Sin embargo, este aparente equilibrio contable entre ingresos y gastos era probablemente engañoso porque, casi con toda seguridad, una parte de los ingresos tanto de las rentas aduaneras como del ramo de aguardiente debía estarse produciendo en billetes de la deuda nacional para ser amortizados, los cuales en 1874 se cotizaban al 70% de su valor. De este modo, en realidad el disponible en efectivo por el gobierno debía ser menor que la cifra contable de los ingresos, en una proporción que se desconoce para esta fecha. Esto, que sucedía en años siguientes, era lo que obligaba al gobierno a mantener la espiral del endeudamiento en una tendencia que se volvía crónica.

42En 1874 la información de gastos no se ofrecía por ministerios. No obstante, se puede precisar que el principal capítulo era el Ejército, en el que se habían empleado 437.344 ps., incluyendo salarios y material militar, es decir, el 38,4% del total. Esto reflejaba que El Salvador vivía en un ambiente de conflictos regionales y que los militares eran un sector social determinante en el país, que ejercían además funciones de policía. Por otra parte, los 132.545 ps. que había requerido la gestión de la renta del aguardiente – compra de licor, salarios y otros – significaban el segundo capítulo en los gastos nacionales, o el 11,7% del total.

43Un tercer apartado relevante lo constituían las obras públicas a las que se dedicaron 121.138 ps., o el 10,7% del total. Pese a la reducida superficie nacional, su accidentada geografía y la estación de lluvias hacían que las vías de comunicación se deterioraran con frecuencia y se mantuvieran con dificultad. A ello había que añadir las necesidades de reparación y construcción de edificios, etc. por lo que podría considerarse que la cantidad dedicada a obras públicas era escasa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que existía un impuesto que no constaba en la contabilidad nacional porque su cobro se delegaba en los Municipios y del cual una parte se utilizaba en la construcción y reparación de caminos, que era el llamado Fondo de Caminos o de Trabajadores y que complementaban los gastos realizados desde el ministerio32.

44Según una cierta fórmula contable, los salarios de los empleados públicos ascendieron en 1874 a 115.000 ps., esto es, el 10,1% del total de gastos, pero si se añadiesen los sueldos militares, los del sistema judicial, la gestión del ramo de aguardiente, el telégrafo, educación etc. este porcentaje subiría sustancialmente. De hecho, sólo tres años más tarde, según el presupuesto nacional de 1877, la cifra destinada a salarios de la administración era superior al 75% del total de gastos33. Por otra parte, la expansión de las líneas del telégrafo absorbía el 4,6% del conjunto y menos que todo ello suponía el gasto en educación en los tres niveles – primaria, secundaria y superior -, que ascendía a 44.810 ps., o el 3,9% del total, lo que indica que la educación no era una de las prioridades del gobierno del general González.

45En 1874 el gobierno había decretado la “libertad de playas”. El significado de la expresión puede deducirse de que accionistas de las empresas privadas que se dedicaban a la explotación de la operación de los muelles de Acajutla y La Libertad, quisieran vender sus acciones, por lo que debió ser una decisión que no les favorecía. Pese a que el gobierno intentó llegar a un arreglo con ellos, finalmente decidió comprar las acciones de quienes quisiesen vender, a razón de 700 ps. las de La Libertad y de 240 ps. las de Acajutla en efectivo a cambio de billetes [¿de la deuda nacional?]. En tales condiciones el gobierno compró 185 acciones de La Libertad y 378 de Acajutla, de las que faltaba por pagar algunas al presentar el ministro su Memoria. La idea del gobierno era terminar de comprarlas todas y, siendo el Estado propietario de los muelles, mantener el impuesto existente, denominado “muellaje”, en los niveles mínimos suficientes para cubrir los gastos de administración, reparación y conservación de las instalaciones. En 1874 el gobierno calculaba que las acciones compradas, con la tarifa vigente de “muellaje”, debían generar un beneficio líquido no menor a 40.000 ps. en efectivo.

 Gráfico 5: Gastos del Estado de El Salvador en 1874
Gráfico 5: Gastos del Estado de El Salvador en 1874

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47Una vez revisados los principales rasgos de ingresos y gastos, merece destacarse un comentario efectuado por el ministro Larreynaga en la Memoria, que resulta revelador de la concepción que tenía de la Hacienda en términos sociales y en el que vertía elementos del discurso de la oligarquía en el ejercicio del poder. No es claro si el comentario se refería a algunas de las modificaciones fiscales que se habían hecho, o a otro posible proyecto de instaurar un nuevo impuesto. En todo caso Larreynaga afirmaba que en El Salvador:

48“... los impuestos y contribuciones no se invierten en sostener la ociosidad y el lujo de familias privilegiadas, sino que se administran con pureza y se aplican con economía a la creación y fomento de todo lo que de algún modo puede contribuir al desarrollo de la riqueza pública y privada, y a la comodidad y bienestar de los asociados.”

49Por ello añadía el ministro que “no tenía razón de ser el temor que se manifestaba cada vez que se había tratado de la creación de una renta nueva.. por indirectos o equitativos que hayan sido los medios propuestos para lograrlo.” Este temor “que se expresaba con apariencias de justicia y de razón”, terminaría desapareciendo “cuando la difusión de las luces y el perfecto conocimiento de sus obligaciones fuesen un hecho real para la generalidad.” El ministro concluía que, con la conservación de la paz y con la instrucción que el gobierno se esforzaba en proporcionar a las “masas”, vendría la confianza, la satisfacción de nuevas necesidades, “se aumentará el trabajo, progresará la riqueza individual, debiendo esperarse, en consecuencia, el incremento de las rentas nacionales.” Esta frase, pronunciada por supuesto desde la posición de las mencionadas “familias privilegiadas” y con una visión clasista e ilustrada casi dieciochesca, pareciera encerrar una cierta equidad fiscal sobre todo al decir que en parte las rentas nacionales dependían del desarrollo de la agricultura, lo que no parece corresponderse con el análisis de las rentas aduaneras.

50Ahora bien, el gobierno no hacía frente a los gastos estatales exclusivamente a base de ingresos procedentes de los impuestos. Estos eran insuficientes, máxime si fuese cierto que ya por estos años una parte de los ingresos del Estado no se efectuaban en efectivo. Para completar la financiación de las necesidades, el Estado manejaba una deuda que, a la par que necesaria, constituía un lastre que había que tratar de aliviar a partir de la propia Hacienda, lo cual agravaba el problema.

51En la mayor parte de los años que cubre este trabajo, el país no tuvo deuda externa. Ya había saldado la conocida – como en otros países – con la denominación de “deuda inglesa”, heredada de la inicial que habían adquirido las Provincias Unidas de Centroamérica34. Su deuda era interna y se había ido acumulando por una combinación de factores: de un lado fuertes e incesantes gastos públicos, sobre todo militares – de lo que era un reflejo el 38,5% de gastos en 1874 correspondiente al Ejército comentado arriba – y, de otro, una estructura fiscal extraordinariamente regresiva, descompensada y, como consecuencia de ello, claramente deficitaria.

52Al comenzar este último cuarto de siglo la deuda se dividía básicamente en la conocida como “deuda nacional”, consolidada, y una deuda flotante en una diversidad de documentos de crédito. Al margen de las fórmulas de amortización de la deuda nacional ya comentadas, el gobierno trataba de amortizar los documentos de la deuda flotante destinando parte de los recursos fiscales a tal fin, dando lugar a veces a los referidos como “gastos no presupuestados”. Frente a ellos, los fondos generados por préstamos, gastos impagados, etc. que alimentaban dicha deuda flotante, producirían a su vez los conocidos como “ingresos no presupuestados”.

53En octubre de 1873 el gobierno había constituido una Junta de Liquidación y Conversión de la Deuda Nacional, que se había prorrogado en abril de 1874 y que había actuado a partir de dos millones de pesos que la Asamblea Nacional acordó emitir “para la conversión de la deuda y otras necesidades de la Administración”. En diciembre de 1874 la Junta había empleado 1.618.798 pesos en billetes y habían quedado sin utilizar 381.172 ps. De lo empleado, quedaban deudas por cobrar o se habían amortizado 329.887 ps. por lo que la deuda nacional consolidada, en billetes ascendía a 1.288.910 ps., una cifra que era superior al total oficial de los ingresos nacionales, salvo los no presupuestados34. Por su parte, la deuda flotante, que formaba parte del pasivo del Fisco, estaba compuesta por deudas adquiridas por Hacienda en años anteriores y en el corriente a base de salarios retrasados, cantidades debidas a contratistas con el Estado, préstamos – algunos de ellos “forzosos” -, etc. y ascendía a 485.728 ps. En conjunto, por tanto, la deuda pública ascendía pues a 1.774.638 ps., superior al conjunto de los ingresos fiscales reconocidos y probablemente de los reales, incluyendo los no presupuestados.

54El ministro Larreynaga se quejaba en su Memoria de que en el presupuesto del año anterior no se hubiera previsto ninguna partida para pagos de créditos de años pasados, por lo que había tenido que recurrir a incluir en algunos ramos de los gastos ordinarios entradas “adatadas” (sic) para hacer frente a dichos compromisos, con su consiguiente inflamiento. Por ello, aplicando un criterio diferente, en el presupuesto del año 1875 el ministro incluyó una partida de 485.728 ps. del pasivo fiscal. De hecho el presupuesto para 1875 era deficitario y preveía 1.354.829 ps. de ingresos frente a 1.769.807 ps. de gastos. Si a ello se une que El Salvador no disponía de moneda nacional propia, lo que provocaba una fuerte inestabilidad monetaria que jugaba en contra de la situación, el panorama fiscal y financiero del país aparecía muy preocupante.

55Mediante contrata con alguna empresa privada, el gobierno estaba intentando la creación de un banco, que pudiera “contribuir al ensanche de la riqueza pública”. La institución traería además, según el ministro, “movimiento de capitales” y, sobre todas sus ventajas, ofrecería “un porvenir mejor para las rentas fiscales, pues el ensanche y la prosperidad del comercio, de la agricultura y de las artes implican incalculables beneficios en pro del tesoro nacional.” Pero era evidente que el gobierno, al tratar este asunto, tenía puestos sus ojos en el problema de la deuda y con expectativas poco prudentes porque, continuaba el ministro, el Ejecutivo podría:

56“abrirse un crédito en cuenta corriente por una cantidad mayor que el producto de las rentas que haga ingresar en él, y facilitarse así los fondos de que pueda necesitar en un momento dado, para obras de utilidad general”.

57Los análisis de los años que siguen permitirán desvelar con más detalle qué intereses manejaban esta situación y en qué sentido. En todo caso, los datos presentados, aunque son parciales, apuntan la existencia de una política económica que facilitaba, si no promovía, una fuerte diferenciación social de carácter económico.

Los años iniciales de R. Zaldívar. El crecimiento. 1876-1880

58En 1876 cambió una vez más la situación política en el país. A comienzos de año, al concluir su período presidencial, el general Santiago González reunió a las Cámaras para que eligieran a su sucesor. Así fue electo Andrés Valle como nuevo presidente, un rico ciudadano de Santa Ana – en la zona de expansión del café – que había sido senador y presidente de la Cámara de Diputados. En todo caso, el general González permanecería en el poder como vice-presidente35.

59El mismo mes de enero de 1876, debido a un desacuerdo entre Guatemala y El Salvador relacionado con la presión de ambos países sobre Honduras, Justo Rufino Barrios declaró la guerra a El Salvador y el general S. González fue nombrado general en jefe de las tropas nacionales. Tras diversas acciones militares – en las que intervinieron, entre otros, los generales Indalecio Miranda, Francisco Menéndez, y el coronel Fernando Figueroa – y un nuevo e importante desgaste para el país en hombres y recursos, a fines de abril se firmó el Convenio de Chalchuapa36. Una vez suscrito, J. R. Barrios, en posición ganadora, decidió el nombre de quien sucedería a Andrés Valle como presidente de El Salvador: el Dr. Rafael Zaldívar.

60El ilustrado médico liberal, residente en Costa Rica, admirador de Francia y con experiencia diplomática, se dispuso a gobernar y transformar El Salvador en un país moderno en los inicios de una crisis económica internacional y en las difíciles condiciones fiscales y financieras que se han avanzado37. Zaldívar fue testigo de la sustitución del añil por el café como primer producto de exportación y sería, por otra parte, protagonista de reformas que cambiaron la vida nacional, desde la consolidación del carácter laico del Estado, pasando por el desarrollo de las comunicaciones, la educación y la agricultura, para lo cual, entre otras medidas, decretó la privatización de tierras comunales y ejidales38. Y todo ello lo llevó a cabo siendo fiel y fortaleciendo la relación de fuerzas sociales favorable a la oligarquía existente en el país.

61Es fácil deducir que ésta fue una política fuertemente expansiva en gastos que provocó la necesidad de incrementar los ingresos fiscales. Analizar cómo se concretó la política gubernamental en los planos fiscal y financiero puede ayudar a comprender mejor cómo se fue reaccionando frente a algunos factores que influían en la política económica nacional, y cuáles pudieron ser los efectos sobre el conjunto de la población. Los años de 1876 á 1880 pueden considerarse una primera etapa de la presidencia de Zaldívar en los terrenos indicados, que se caracterizó por una fuerte subida de las cifras fiscales acompañada de nuevas medidas en el plano de la deuda interna. A comienzos de 1878, el Ministro de Hacienda, Fabio Morán, presentaba a la Asamblea Nacional la memoria de su cartera referida al año antecedente de 1877, el primer ejercicio fiscal completo de la presidencia de Zaldívar39. El ministro comenzaba su intervención ante la Asamblea en uno de sus primeros párrafos afirmando:

62“Difícil y penosa ha sido la situación financiera del gobierno durante el año [1877]… Cuando una vez la caja nacional cae en bancarrota, se necesitan muchos recursos para volverla a su marcha natural; pero como, lejos de esto, vino la guerra de 1876, las dificultades fueron aumentando y llegaron a tal extremo que, después de aquel serio conflicto, no han bastado para salvarlas la alza de las rentas y los muchos medios económicos a que ha recurrido el gobierno40”.

63No obstante, en 1877 los ingresos de Hacienda se habían más que duplicado con respecto a los de 1874. Esto tiene, en principio, algo de sorprendente teniendo en cuenta los efectos de las inestabilidades políticas de 1875-76 ya mencionadas por el ministro, del primer intento de golpe de estado en 1877 protagonizado por el general Francisco Menéndez, alcalde de Ahuachapán, de otros “trastornos” sociales que fueron sofocados y, por último, de la coyuntura económica internacional41. En todo caso, en 1877 se habían recaudado 2.791.706 ps., una subida de 553.083 ps. sobre 1876, equivalente a un 24% de incremento. Ahora bien, es necesario precisar que, confirmando lo supuesto para 1874, la cantidad ingresada en dinero efectivo era sólo de 1.974.566 ps., es decir, el 70,7% del total nominal, correspondiendo el resto a amortización de deuda en sus distintas variantes. Esto adquiere gran importancia en relación con la política de gastos y con el proceso de endeudamiento del Estado.

64La recaudación total se componía, además de otras rentas menores, de 1.437.665 ps. procedentes de las rentas aduaneras y de 422.541 ps. correspondientes a la renta del aguardiente que, conjuntamente significaban 1.860.206 ps., o el 66,6% del total de los ingresos. Si se compara con las cifras de 1874, el aumento de estas dos rentas juntas había sido de más del 100%. ¿Cómo se habían alcanzado tales cantidades? En primer lugar, el origen estaba en una constante no sólo de El Salvador sino de muchas economías iberoamericanas: las alcabalas marítimas, o rentas aduaneras42, que habían crecido, entre otras razones, porque Zaldívar había incrementado en 1877 en un 10% los derechos de importación43. Confirmando lo que se apuntó para 1874, los ingresos por derechos aduaneros procedían básicamente de las importaciones y ahora se situaban en torno al 50% del valor de las mercancías, en tanto que las exportaciones estaban prácticamente exentas de carga fiscal. No se dispone de los datos precisos para 1877, pero existen para 1879, un año fiscal relativamente similar, salvo por el hecho de que en marzo de 1878 los “derechos marítimos” fueron elevados oficialmente al 70 por ciento44. El siguiente cuadro refleja el peso relativo de los derechos aduaneros cobrados a importaciones y exportaciones, en relación con el total de lo recaudado en 1879 sobre el comercio exterior45:

65Cuadro 2: Importaciones y exportaciones en 1880

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_ _ IMPORTACIONES _ _ EXPORTACIONES _
_ _ Valor _ Derechos _Valor _ Derechos
_ 2.549.160 1.402.204 4.122.888 35.461
_% s/ total recaudado - 97,47% - 2,52%

67Fuente: Estado general de los Ingresos y Erogaciones de las Rentas Públicas de 1879. Diario Oficial, 24 marzo 1880, págs. 296.

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Gráfico 6: importaciones, exportaciones y derechos recaudados
Gráfico 6: importaciones, exportaciones y derechos recaudados

69 Fuente: la misma que para el Cuadro 2

70Al margen de las cifras absolutas, el cuadro muestra que más del 95% de las rentas del comercio exterior procedían de las importaciones, mientras que las exportaciones – en las que el café y el añil significaban el 82,8% – sólo contribuían con el 2.5% de los derechos recaudados. Este 2,5% procedía posiblemente del 1.636.227 libras de añil exportado, a 1 peso la libra46. Porcentajes similares se debían estar produciendo en 1877 y se siguieron dando en los años siguientes. De estas cifras se desprende una consecuencia de profundo alcance para conocer mejor la historia del país: los beneficios de los exportadores de café y añil eran prácticamente netos, en tanto que los impuestos a los artículos de consumo eran repercutidos al conjunto de la población (Fuentes-L., 2002) Pero estas cifras tienen aún otro significado y es que en 1879 las importaciones experimentaban una presión fiscal si no del 70%, como oficialmente se había establecido, sí del 55%, lo que debía estarse traduciendo en un crecimiento de precios al consumo de una multitud de productos textiles, otras manufacturas y harina, con una probable caída del poder adquisitivo de gran parte de la población. Añadido a todo ello, en 1879, el gobierno decidió subir del 1% al 2% un impuesto sobre el comercio tanto de importación como de exportación, que se mantendría a lo largo de los años siguientes.

71 Confirmándose como otra constante fiscal del país, la segunda renta más importante era la del aguardiente. El aguardiente suministrado por los proveedores y vendido por el Estado produjo en 1877 un resultado líquido de 422.541,68 ps, lo que comparado con el de 1876 significaba un aumento de 23.269,3647. La principal razón de esta subida era que el impuesto sobre el aguardiente había experimentado un nuevo incremento. En línea con lo afirmado en 1874, el ministerio volvía a asegurar, como el anterior, que el alza que se había aplicado al precio del aguardiente – que se desconoce – había sido tan productiva para la Hacienda como beneficiosa para la moral pública puesto que, al ser más caro, supuestamente había disminuido su consumo y con él, la ebriedad y los delitos consiguientes a ella. No existe un estudio acerca del consumo de aguardiente en el país, pero el argumento de los gobiernos no carecía de cierta hipocresía48.

72 Al margen de otras rentas que proporcionaron ingresos menores a la Hacienda, merece destacarse la venta de acciones de las compañías que explotaban los muelles de Acajutla y La Libertad que llevó a cabo el gobierno en 1877, las mismas que había adquirido en 1874. La cuestión interesa no tanto por la magnitud de los fondos que produjeron, sino por la posición del gobierno que había sido su titular y por quiénes fueron los compradores. Las acciones compradas en 1874, fueron posteriormente “empeñadas” (sic) a plazo fijo por dos años. Próximos a su vencimiento los plazos y no habiendo dinero con qué rescatarlas, el gobierno, colocado en la disyuntiva de dejar caducar los plazos perdiendo su derecho a ellas, o venderlas para lograr un aumento sobre el tipo a que habían sido negociadas, decidió venderlas en pública licitación. De este modo, logró un 22% de utilidad sobre el precio de empeño de cada acción de las de Acajutla y un 20% de las de La Libertad. Es importante destacar que el “precio de empeño” era probablemente más bajo que la cotización de las acciones.

73En total se vendieron 410 acciones de la Compañía del Muelle de Acajutla y 56 de la de La Libertad que produjeron a Hacienda 23.640 ps. Pero, más que la cantidad, interesan los nombres de los compradores más importantes, que eran algunos de los más relevantes comerciantes del país y, a su vez, acreedores del gobierno. Entre ellos estaban Manuel Trigueros, por parte de la Sociedad Blanco & Trigueros, que adquirió 100 acciones de Acajutla y 33 de La Libertad; Mauricio Duke, 50 de Acajutla; Manuel Gallardo, 38 de Acajutla y 8 de La Libertad; Luis Schlessinger, 25 de Acajutla y 10 de La Libertad; y Onofre Durán, 12 de Acajutla, entre otros. Sería interesante saber si algunos de estos compradores habrían sido accionistas que vendieron sus participaciones en 1874. En cualquier caso es muy reveladora la posición de estos empresarios como Trigueros, Duke, etc. que se beneficiaban de la debilidad financiera del gobierno, el cual perdió dinero en la operación; que, por otra parte, participaban en las compañías que operaban los puertos donde eran al mismo tiempo importadores; y que eran, además, acreedores del gobierno como titulares de deuda flotante49.

74Para conocer algunos datos más de esta primera fase del gobierno de Zaldívar, en 1879, además de las cifras de comercio exterior referidas arriba, los ingresos fiscales habían sido el 4,4% superiores a los de 1877. No es posible comparar los gastos puesto que se desconocen los de 1877. Las rentas aduaneras y la del aguardiente seguían siendo las que suponían el mayor porcentaje del total de los ingresos, con el 66,8%. Otras rentas menores sumaban 537.748 ps., el 18,4%, pero el interés en la Memoria de Hacienda de 1879 era la aparición explícita del concepto “rentas no presupuestadas”, a las que se había aludido en los informes de 1874 y 1877, y que ahora ascendieron a 416.865 ps., es decir, el 14,1% del total de los ingresos. Es decir, un porcentaje considerable de la actividad de Hacienda se producía fuera de las leyes de presupuestos.
_
Cuanto va dicho ayuda a entender que el período 1877-80 marcó el comienzo del gran salto en términos fiscales en El Salvador. En estos años los ingresos y los gastos de la Hacienda evolucionaron así, pudiendo compararse con años anteriores y posteriores:

75Cuadro 3 : Ingresos y gastos de 1874 a 1880

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_ Años _Ingresos _Gastos
_1874 1.222.015 1.139.099
_1877 2.791.706 s/d
_1879 2.914.236 2.785.063
_1880 3.272.740 2.583.515
_1881 3.951670 3.826.637

77Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda

Gráfico 7 : ingresos y gastos
Gráfico 7 : ingresos y gastos

78Fuente: Las mismas que para el Cuadro 3.

79Ello podría explicarse en parte por el aumento de los beneficios de los exportadores, sobre todo de café, que habría contribuido al incremento de la demanda de importaciones lo cual podría haber generado, a su vez, más ingresos a la Hacienda sobre todo desde que la presión fiscal sobre las importaciones superaba el 50%. Pero, la cuestión tiene más que ver y quizás se entiende mejor a partir del proyecto de pacificación y modernización que Zaldívar quiso desarrollar en el país, y del crecimiento de los gastos que ello exigía.

80Parece revelador que el ministro de Hacienda no ofreciese la suma total de los gastos nacionales en la presentación que hizo de la Memoria correspondiente a 1877 a la Asamblea. En su intervención se limitó a afirmar que los gastos de los diversos ramos del presupuesto se habían compensado entre sí, llegando a formar un “cuasi equilibrio”, expresión cuyo significado no queda claro. Siempre en 1877 y tomando sólo como referencia los ingresos reales en dinero efectivo, se había producido una desviación presupuestaria del 41% a favor de las recaudaciones fiscales (los ingresos presupuestados habían sido 1.396.391 ps.), y del 100% si se considera también entre los ingresos la deuda amortizada. En estas circunstancias, lo ortodoxo en el manejo de la Hacienda habría consistido en subir los gastos también en torno al 40%, que había sido el aumento de los ingresos en dinero efectivo. Ello habría equivalido a un gasto de 1.845.000 ps. aproximadamente. Sin embargo, aun sin conocer el total de los gastos en 1877, hay referencias que permiten pensar que debieron superar ampliamente los dos millones de pesos. Sintomática y reveladora del programa económico expansivo del gobierno era la queja del ministro cuando decía en su Memoria:

81“Es incalculable lo dispendioso que se ha hecho la administración pública del Salvador. A crecidas erogaciones ordinarias y extraordinarias eventuales, se agrega toda la beneficencia pública… No hay una sola obra pública local que no afecte al Tesoro, cuando no en todo, sí en mucha parte de su costo. La iniciativa de ellas… ha venido, por una costumbre difícil de desarraigar, siéndole onerosa aun por lo relativo a las obras puramente municipales o eclesiásticas. No hay un solo establecimiento de enseñanza, aunque sea de carácter privado, que no pida y obtenga subvención, ni calamidad social que no recurra al gobierno en busca de socorro; enfin, todo pesa sobre las arcas nacionales, y esta costumbre hija de la necesidad o de cualquier otra circunstancia, se ha hecho ya ineludible en nuestro país”.

82El tono de las referencias a los gastos sociales resulta muy indicador del sentido del Estado que tenía el ministro y, en todo caso, afirmaba que estas eran algunas de las causas de que se hubiera mantenido el Tesoro en “alguna exhaustez” durante el año económico, dando en parte por resultado una mala situación financiera. No mencionaba los gastos militares, a los que se aludirá abajo.

83Tratando de gastos extraordinarios, hay que referirse en primer lugar, a la información del presidente Zaldívar en su mensaje a la Asamblea refiriéndose a 1877, en el sentido de que Hacienda había cubierto una deuda de más de 300.000 ps. reconocida a súbditos extranjeros a consecuencia de la asonada en San Miguel en 1875. Sobre este mismo punto, por su parte el ministro de Hacienda, en un apartado dedicado a indemnizaciones en la Memoria del ministerio, era más explícito. Morán informaba que las Juntas de Crédito Público creadas en agosto de 1876, el mismo año de la llegada al poder de Zaldívar, habían reconocido y liquidado todos los créditos del país procedentes de los perjuicios causados en las asonadas de Santa Ana, en 1870, y la de San Miguel ya mencionada. Además se habían considerado también los derivados de la última guerra con Guatemala y los que se reconocieron a los vecinos de Talpa (Dpto. La Paz) por un pronunciamiento que tuvo lugar en aquella localidad en abril de 1871. Es decir, que Zaldívar estaba atendiendo reclamaciones que gobiernos anteriores no habían considerado. En conjunto, el pago de indemnizaciones, según el ministerio había ascendido a 686.471 ps. en los cuales pudieran estar incluidos los 300.000 de los que hablaba el presidente.

84 Otro apartado importante de gastos en el que se superaron las previsiones era el referido a construcción y reparación de edificios públicos – hospitales, cabildos, templos, cárceles, aduanas, etc.- y a los inicios de una amplia campaña de acometidas de agua a numerosas localidades del país. En el presupuesto para 1877 estaban previstos 150.000 para obras públicas pero sólo en edificios se habían gastado 100.000 ps. según el ministerio, por lo que es probable que en este punto se hubiese desviado el presupuesto de forma apreciable. Además de ello, se habían prestado 30.000 ps. para la terminación y conservación para el ferrocarril de sangre que unía San Salvador a Santa Tecla.

85 Una de las mayores desviaciones presupuestarias se produjo en el capítulo del ejército. En el apartado de Fuerza Armada, o sueldos militares, se habían presupuestado 300.000 ps. y finalmente se gastaron 421.000 ps., mientras que en el de Gastos Militares, es decir vestuarios y material de guerra, se presupuestaron 60.000 ps. y se gastaron 200.000 ps. Ello se explicaba por la necesidad de redoblar las precauciones en relación con las “tendencias de trastornos” ocurridas a mediados de año ya mencionadas. Conviene recordar que las leyes de los Presupuestos de estos años, incluían un artículo en que se establecía que cualquier superávit que se produjese debía aplicarse, en primer lugar al “pago de los elementos comprados de guerra y que se compren en lo sucesivo”; en segundo término, a “la amortización de la deuda flotante y pago de los intereses de la deuda circulante en billetes”; y finalmente en “la promoción de toda obra o negocio de utilidad pública”, por ese orden50.

86Dejando al margen otros apartados, si a los gastos no previstos se suman las desviaciones indicadas, se puede explicar el salto producido en el apartado de gastos, que se reflejaba en el Cuadro 3. Ello tendría una repercusión en la deuda pública, puesto que el efecto de la amortización de deuda mediante pago en rentas aduaneras y en subastas de patentes de aguardiente quedaba probablemente anulado, e incluso superado, por la necesidad de nuevos créditos causada a partir del crecimiento de los gastos. Se diría que el proyecto modernizador de Zaldívar – incluyendo el aumento de gastos militares – estaba suponiendo una fuerte carga para la Hacienda pública y era demasiado ambicioso para la estructura fiscal existente en el país.

87No deja de ser irónico que, ante el esfuerzo económico realizado – cuyas repercusiones en términos de deuda se analizarán a continuación –, Zaldívar presumiese de que lo había logrado al tiempo que aseguraba la paz y la tranquilidad – por contraste con los tumultuosos años anteriores – combinándolo con el ejercicio de la libertad y, lo que más interesa aquí, “sin exigir un solo centavo a los salvadoreños”. Zaldívar no podía por menos que referirse a:

88“...lo módico de nuestras contribuciones [fiscales], apenas comparables con las que se exigen en las demás naciones. El Salvador es la única parte del mundo donde no se conocen las que gravan directamente la propiedad51”.

89Evidentemente Zaldívar se dirigía a los sectores más poderosos, que eran los que estaban contribuyendo proporcionalmente menos a los fondos nacionales. Sin embargo, y pese al evidente desequilibrio presupuestario, en coherencia con su pensamiento liberal Zaldívar mantuvo la intangibilidad de las propiedades y las rentas de los grandes productores y exportadores de añil y de café, que habían exportado en 1876 por valor de 3.415.963 pesos, es decir, un 185% de los ingresos nacionales presupuestados.

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Ahora bien, ¿cómo se esforzaba el gobierno en resolver lo que parecía la cuadratura del círculo para superar el déficit fiscal? Algunos datos proporcionados por el mismo presidente y los informes del Ministerio de Hacienda ayudan a comprender el problema financiero en el que vivía el país.

91 El Ejecutivo había recibido facultades por acuerdo legislativo de julio 1876 para resolver créditos, de manera que se creó una Junta de Conversión para pagar las deudas e indemnizaciones referidas al hablar de los gastos, así como también un empréstito tomado para sostener la última guerra, liquidaciones de sueldos, etc. La Junta emitió durante sus funciones un total de 2.300.000 ps., que era a lo que ascendía entonces el crédito circulante en billetes de la deuda nacional, según el ministerio. Pero en diciembre de 1877 dicha suma había quedado reducida a 1.830.435 ps. y hay que entender que los 320.741 ps. de la deuda nacional consolidada amortizados, según el Presidente estaban incluidos en esta disminución. Por otra parte, el pasivo, o deuda flotante ascendía a fines del 1877 a 889.265 ps., según el presidente Zaldívar, con lo que el total de la deuda pública interna ascendía a 2.719.700 ps., lo que era prácticamente equivalente al total de los ingresos fiscales del país.

92 Sin duda, esto es lo que llevaba al ministro Morán a reconocer, en su Memoria de 1877, la dificultad de atender a los acreedores sin desatender el servicio de la Administración pública, pese a haber procedido a una disminución sustancial del crédito flotante de más de medio millón de pesos. Según el ministro, para resolver lo que denominaba “la crisis financiera” del Estado, sólo se necesitaba regularizar el pago del crédito pasivo, cuyos plazos, por su simultáneo vencimiento, complicaban y hacían hasta cierto punto imposible satisfacer con exactitud las obligaciones contraídas. Ello era tan urgente y necesario para el crédito del gobierno, aseguraba el ministro, como útil para sus acreedores, porque la anormalidad a la que se había llegado ofrecía poca seguridad al dueño o portador de un documento contra la Hacienda. El hecho era que, siendo el valor de los créditos vencidos superior al rendimiento mensual de las rentas, ningún acreedor podía contar con ser fielmente pagado, de lo que resultaba que el gobierno no conservaba su crédito, se veía obligado, además, a retrasar el pago de los empleados públicos y, finalmente, emprendía negociaciones que alejaban o dilataban la posibilidad de todo cumplimiento.

93A ellas se refería cuando hablaba de ciertas operaciones realizadas desde el ministerio que, pese a “parecer ruinosas”, afirmaba que no lo eran porque siempre habían tendido a la amortización de las deudas, ya fueran del crédito flotante o del circulante, que antes o después debían solventarse. En dichas operaciones, el Fisco había obtenido con frecuencia una prima gratis así como el interés devengado que, como condición precisa, habían cedido los acreedores a favor de la Hacienda.

94En todo caso, el ministro recomendaba a los miembros de la Asamblea que meditasen sobre el problema y que adoptasen “los medios más equitativos y prudentes para hacer menos sensible y gravosa a los intereses particulares” la solución. Frente a estos últimos, les pedía comprender los “cuantiosos y perentorios gastos” de la administración pública y el “sagrado deber de la Nación” de cumplir con las obligaciones. Ante tal dilema, lo revelador de la identificación del ministro con los intereses de los grupos dominantes, de los que formaban parte muchos representantes en la Asamblea, era su conclusión de que:

95“ ... en semejante situación y cuando no se puede ni se debe recurrir a nuevos impuestos, justo es promover la conciliación de ambas necesidades para que, sin perjuicio de existir, se vayan saldando la deuda flotante y la circulante en billetes sin los azarosos apuros que hoy se sufren.”

96Seguía quedando claro que el gobierno no estaba dispuesto a establecer nuevos impuestos pero ¿cuál era la salida que esperaba el ministerio con su petición?

97 Un intento de resolver las contradicciones financieras, al menos en parte, fue el decreto de la Asamblea Legislativa de febrero de 1878 por el que, entre otras medidas, se decidía que los derechos marítimos – que se repetía que estaban situados al 70% – se pagaran del siguiente modo: 30% en dinero efectivo; 15% en papel moneda o dinero efectivo; 15% el libramientos contra las aduanas o dinero efectivo y 10% en billetes de la deuda nacional52. A falta de documentación histórica que permitiera precisar los efectos de esta medida sobre los ingresos fiscales en dinero, parece claro que la capacidad operativa real del gobierno continuaría estando seriamente mermada.

98Pero una respuesta quizás más interesante a la pregunta anterior se encuentra en la Memoria del ministerio sobre 1879, cuando la deuda nacional circulante ascendía a 1.945.201 ps. y gozaba de un interés anual del 12% (por el mismo decreto de febrero de 1878) pagadero también en billetes de deuda53. El nuevo ministro Pedro Meléndez planteaba dos posibles soluciones: la primera era crear nuevos ramos de amortización para la deuda, puesto que los que había eran insuficientes pero, “ya que de momento no se puede hacer esto”, proponía la segunda que era un proyecto de decreto para reducir a un 6% el interés de 12% anual que tenían los billetes de la deuda consolidada. Es decir, se apelaba a la reducción de beneficios financieros a los tenedores de títulos de deuda. Pero, dado que muchos de ellos debían ser representantes de la propia Asamblea nacional, por lo que se verá más adelante, parece que lógicamente no aceptaron dicha propuesta.

99 Dos asuntos más merecen ser destacados. El primero se refiere a la emisión de papel moneda en 1877, para atender la “bancarrota” de la caja nacional, como la denominó el ministro Fabio Morán. Se emitieron 60.000 ps., una cantidad “limitada y pequeña”, según Zaldívar, con el objetivo de poder cubrir momentáneamente el presupuesto y pagar a los empleados civiles. Se entendía que el papel moneda “facilitaba las transacciones de todo género”, pero no se mencionaba el efecto que tal medida tendría sobre los precios. Por otra parte, como toda nueva disposición económica “de efectos desconocidos”, trajo consigo “inconvenientes y desconfianzas… que la práctica va haciendo desaparecer. A medida que la Hacienda vaya desahogándose… la demanda del papel irá recobrando su merecida aceptación”. En siguientes años no se volvieron a producir nuevas emisiones y los billetes de ésta se fueron amortizando y desapareciendo en un corto espacio de tiempo.

100 El segundo asunto tiene que ver con el interés del gobierno en establecer un banco en el país, objetivo que venía persiguiéndose desde años atrás. En 1877 se anunció la aparición de una institución que cubriría la necesidad de capitales para la agricultura y que vendría a “movilizar los capitales estacionarios, dándoles una colocación segura y productiva y a facilitar con el poder de sus operaciones la circulación, el giro y el descuento que deben comunicar un impulso tan benéfico al comercio y a las artes.” Las negociaciones llevadas a cabo en Paris finalmente fracasaron y no fue sino hasta 1880 en que el tan ansiado banco se fundó con el nombre de Banco Internacional del Salvador. El capital inicial del banco fue de 700.000 ps. y el contratista con el gobierno fue José Francisco Medina, aunque es de suponer que hubiera accionistas en la empresa de entre los empresarios nacionales54.

Éxito comercial e imprudencia financiera. 1881-1882

101Desde la perspectiva de la Hacienda, el período expansivo que se había iniciado en los años 1876-1880 alcanzó en 1881-1882 su momento culminante. Esta expansión tenía su fundamento en el comercio exterior y, en principio, sus efectos debían repercutir favorablemente en el plano financiero en el que tantas dificultades tenía el Estado. No obstante se hace necesario analizar con algún detalle qué ocurrió en este bienio para apreciar cuál fue la reacción del gobierno ante la favorable coyuntura que estaba viviendo.

102La expansión de estos años no se concretaba sólo en el crecimiento de las exportaciones que continuaron su tendencia alcista que se prolongaría hasta 1884 (Véase cuadro 4 y gráfico 8). En la medida en que su valor apenas si contribuía a los ingresos fiscales – aunque por estos años existía un gravamen del 2% sobre la exportación de café -, considerar las exportaciones no sería suficiente para comprender el funcionamiento de la administración del Estado. Lo interesante es que la expansión de estos años se manifestó también en las importaciones, cuyo valor superó la barrera de los 3.000.000 ps. en 1882 y que eran las que aportaban por encima del 90% de los ingresos55. En estos años las dos vertientes del comercio exterior evolucionaron como sigue en términos de valor de las mercancías expresado en pesos:

103Cuadro 4: importaciones y exportaciones de 1879 a 1884

104
_ Años _1879 _1880 _188156 _188257 _188358 _188459
_ Imports. 2.549.160 2.294.542 2.705.410 3.170.056 2.401.462 2.646.628
_ Exports. 4.122.888 4.273.088 4.902.435 5.227.039 5.861.052 6.065.799

105Fuente: Memorias anuales de loa años referidos.

106

Gráfico 8: Comercio exterior de 1879 a 1884
Gráfico 8: Comercio exterior de 1879 a 1884

107Fuente: Las mismas que para el Cuadro 4

108El bienio 1881-1882 parecía ser el mejor de la presidencia de R. Zaldívar. Después de su reelección en 1880, el país había estado en tal modo tranquilo que desde la Asamblea Nacional se hablaba de “paz octaviana”, al responder al Ministro de Hacienda tras presentar éste su Memoria anual sobre 1881. El presidente Zaldívar, por su parte, estimaba que el estado de la hacienda pública era “altamente halagador” y afirmaba, dirigiéndose también a la Asamblea, que “las rentas han sido suficientes para cubrir el presupuesto con toda exactitud, para atender al fomento de la industria y a las obras materiales de utilidad general y para conservar ileso el crédito de la Nación”. Los ingresos habían supuesto en dicho año 3.951.670 ps. (un 4,8% más que el año anterior) con los que se habían cubierto unos gastos valorados en 3.826.637 ps.

109En su intervención ante la Asamblea, Zaldívar pronunciaba palabras que recordaban a otras que ya había dirigido en 1878 en similares circunstancias. Ahora, a comienzos de 1882 decía:

110“Como sabeis, las rentas principales del Tesoro consisten en los derechos de importación… y el ramo de aguardiente, llamando mucho la atención el que ni la propiedad ni las personas de los salvadoreños estén sujetos a ningún impuesto directo y que, no obstante lo indeterminado de la contribución indirecta que sirve de base a nuestras rentas, la situación del fisco se mantenga de una forma tan favorable… Creo… que esta situación bonancible podemos y debemos sostenerla… sin que sea necesario introducir nuevos gravámenes para atender debidamente a las exigencias de la administración ordinaria y a las que reclama nuestro engrandecimiento progresivo60.”

111El presidente seguía siendo consciente de cuál era la naturaleza de la estructura fiscal del Estado y, aunque parecía admirarse de que funcionase con relativa normalidad, tenía claro que debía mantenerse el sistema impositivo existente, dejando a salvo eso sí, el apartado de la deuda al que también le dedicaría unas palabras. Ahora bien, ¿de donde procedían los casi cuatro millones de pesos recaudados por Hacienda en 1881?. En primer lugar se componían de 1.806.802 ps. procedentes de las rentas aduaneras, es decir, el 45,7% del total de la recaudación. El ingreso por rentas aduaneras suponía que el peso fiscal de los derechos recaudados sobre el valor del comercio exterior – fundamentalmente las importaciones – (2.705.410 ps.) había ascendido al 68,5%. Esto significaba que para hacer frente a un ritmo de gastos crecientes y con objeto de que la situación del Fisco se mantuviera de “una forma tan favorable”, como decía Zaldívar, su gobierno no había dudado en elevar de nuevo los derechos sobre las importaciones y, ahora sí, superaban claramente el 60%. Naturalmente ello implicaba, con toda probabilidad, una extraordinaria carga sobre los precios de los artículos de consumo del conjunto de los ciudadanos del país, acentuando las crecientes desigualdades sociales ya que, mientras tanto, los exportadores de materias primas habían ingresado en el mismo año 4.902.435 prácticamente libres de impuestos61.

112El siguiente cuadro, aunque incompleto, muestra una evolución de la relación ente el valor de las importaciones y el peso fiscal sobre las mismas:

113

Gráfico 9: valor de importaciones y derechos aduaneros
Gráfico 9: valor de importaciones y derechos aduaneros

114Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda

115Por otra parte, Hacienda había recaudado también, en 1881, 961.204 ps. del impuesto sobre el aguardiente, que suponían el 24,3% de todas las rentas. En estos momentos el 70% de los ingresos totales fiscales procedían, pues, de la conjunción de la renta del aguardiente con los derechos aduaneros, ambos gravámenes indirectos. Las bases del crecimiento de los ingresos dependían, por tanto, de la capacidad adquisitiva de una población cuya solidez era, como mínimo, dudosa. No se puede precisar la importancia añadida del problema monetario en país, pero hay signos suficientes para creer que estaba agravando la situación económica de amplios sectores sociales.

116Esta estructural composición de los ingresos vaciaba de significado uno de los tópicos que, de forma reiterada y en distintos gobiernos, expresaban las autoridades para explicar la mejora de la situación de la Hacienda, cuando ésta se producía. Ahora era el presidente Zaldívar el que aseguraba que esta situación tan favorable “sólo se explica por el poderoso incremento que reciben cada día… la agricultura y el comercio, aumentando el bienestar y la riqueza, tanto individual como social.” Era obvio que el crecimiento de la producción agraria de exportación sólo tenía un efecto indirecto sobre la demanda de productos de importación y ya había experiencia de que la correlación entre ambas variables no era ni mucho menos directa. Sin entrar en detalles de otras rentas, merece señalar que, en 1881, bajo el ya conocido concepto general de rentas no presupuestadas se habían recaudado 863.784 ps., es decir, un 21,8% del total de los ingresos.

117 En 1882 el ritmo ascendente de los ingresos se mantuvo. El ministro Pedro Meléndez decía al dirigirse al poder legislativo en marzo del año siguiente:

118“Hoy siento verdadera complacencia al presentaros una situación rentística bastante lisonjera debido, sin duda, al creciente movimiento y rápido progreso del país. La depreciación del café, que es uno de nuestros más importantes frutos de exportación, no ha sido bastante para abatir el progreso de las rentas, cuya tendencia, en el sentido de la alza, es muy satisfactoria, como paso a demostrarlo62...”

119Una vez más, como venía siendo habitual, desde el gobierno se asociaba la expansión de las exportaciones con el rápido progreso del país y con el crecimiento de las rentas fiscales, a pesar de que, como ya se ha demostrado y el propio presidente lo mencionó en el discurso citado, el comercio exterior básicamente generaba ingresos a partir de las importaciones. Ciertamente ambos flujos de mercancías estaban gravados con un 2% “ad valorem” pero, específicamente, otro 2% al que se venía sometiendo la exportación del café fue suprimido precisamente en 1882, dada la caída de su precio internacional y para contribuir a sostener el nivel de beneficios de productores y exportadores. Como apuntaba el ministro y se comprueba en el Cuadro 1, el descenso del precio del grano había producido ya el inicio de una disminución de la cantidad exportada (2.700.804 libras), después del máximo alcanzado en 1881 (2.909.196 lbs.). Por el contrario el precio del añil momentáneamente estaba subiendo y, después, por pocos años lo haría también el volumen exportado.

120En 1882 los ingresos ascendieron a 4.549.268 ps., lo que significaba un 15,1% de incremento sobre 1881, y la subida más importante entre los dos años la habían supuesto justamente las rentas aduaneras con casi un 20%. Esto era así sin considerar el capítulo de “rentas no presupuestadas” que habían pasado de 863.784 ps. en 1881 á 1.275.024 en 1882, es decir, un 47,6% más. Visto desde otro ángulo, esto quiere decir que, en 1882, el 28% de los ingresos tenía un origen no presupuestario.

121Se conoce a grandes rasgos cómo se distribuyeron los 3.826.637 ps. que la Hacienda nacional había gastado en 1881 –por encima de un millón de pesos más que el año anterior- por ministerios y por conceptos. Un breve resumen permite conocer algunos de los terrenos en que se había empleado este incremento.

122En primer lugar los salarios y gastos del Poder legislativo (26.308 ps.) y del Ejecutivo (15.396 ps.) eran los que menor volumen de recursos habían absorbido. En la cartera de Relaciones Exteriores (131.983 ps.) se habían incrementado los vínculos con el exterior acreditando nuevos agentes y legaciones mientras que en Justicia, anexa a la anterior, se habían aumentado los sueldos de los jueces de 1ª Instancia, secretarios y escribientes. Es decir, el Estado reforzaba el sistema judicial, uno de los pilares en que se sustentaba la hegemonía de la oligarquía.

123En el Departamento de Gobernación (407.269 ps.) se había invertido en vías de comunicación, en protección a la agricultura, en edificios destinados a la enseñanza pública, puentes, líneas telegráficas, etc. Concretamente se había abierto un nuevo camino entre San Miguel y Usulután, y se habían reparado el de La Unión a San Miguel, el de San Salvador a Sonsonate y el de la Libertad a San Salvador entre otros. Asimismo se habían mejorado los puentes sobre el río Sucio, el del Arenal entre San Salvador y Santa Tecla, y el de Izalco. Y, por otra parte, los servicios de Telégrafo y Correos habían experimentado un impulso. En otras palabras, se acentuaba el esfuerzo por la articulación territorial, mientras que, desde otros ámbitos de la política económica, se aceleraba la desarticulación social.

124Otras infraestructuras, también dependientes de Gobernación, habían recibido apoyo gubernamental. Así, en el edificio del Colegio de Señoritas de Sta. Ana se habían empleado 25.000 ps y otras cantidades se habían destinado a los edificios del nuevo Palacio Nacional, la Escuela Normal de Señoritas de la capital y la Imprenta Nacional. En cuanto a la Casa Hospicio de San Salvador había sido subvencionada personalmente por el Presidente. Además se habían continuado las obras de acometidas de agua en varias localidades, finalizándose la de Santa Tecla, se habían construido monumentos a los generales Morazán y Gerardo Barrios , etc.

125Hacienda y Guerra (1.435.501 ps), una cartera combinada, era la que más recursos había requerido como venía siendo habitual, aunque el ministerio no detallara los gastos del ejército. Habían crecido los gastos de los estancos, sobre todo el de aguardiente y, en menor medida, los de pólvora y salitre. En el primero habían crecido los honorarios de asentistas y cantineros, y se había comprado más aguardiente a los proveedores. Por otra parte, habían crecido también los gastos en las aduanas: en La Libertad y la Unión habían sido mayores que en 1880. Debido al aumento del comercio se había hecho necesario ampliar las bodegas en los puertos. Finalmente se había concluido el pago del armamento comprado en 1880 para reponer el destruido por un incendio en 1779. Frente al ministerio de Hacienda y Guerra, el de Instrucción Pública seguía teniendo una corta asignación (151.865 ps.), que se había empleado en extender la enseñanza primaria y secundaria, con más escuelas por todos los departamentos, pero también con nuevas cátedras en la Universidad.

126El apartado de “erogaciones no presupuestadas” había aumentado y alcanzaba ya una magnitud extraordinaria (1.530.409 ps., casi el 40% del total de los gastos), debido al reconocimiento y pago de varios créditos con sus intereses contra el Fisco, amortización de libramientos, giros de la Tesorería general, intereses de billetes y de otros documentos, compra de fincas, gastos de impresiones, de alumbrado público, mermas de pólvora y salitre etc.

127En 1882 la cifra general de gastos ascendió a 4.416.454, un incremento del 15,4%. El desglose de esta subida distribuida por ministerios se refleja en el cuadro siguiente

128CUADRO 5

129
_ Rentas _1881 _1882
_Poder Ejecutivo 15.396 s/d
_Poder Legislativo 26.995 24.151
_Relaciones Exteriores 131.984 156.525
_Gobernación 407.270 529.932
_Hacienda y Guerra 1.1435.501 1.437.506
_Instrucción Pública 151.866 197.213
_No presupuestadas 1.530.410 1.927.870

130Fuente: memorias anuales del Ministerio de Hacienda

131 Como era de esperar, a pesar del desequilibrio de la estructura fiscal el incremento de las recaudaciones tuvo un efecto sobre la situación de la deuda pública. En su discurso a la Asamblea referido a 1881, Zaldívar anunció que finalmente se había extinguido la deuda que restaba del papel moneda emitido en 1877 y en libramientos contra las aduanas. Igualmente afirmaba que se había amortizado – se debe entender que parcialmente – la deuda flotante, procedente de préstamos y contratas celebradas con anterioridad. Todo ello tenía una importante consecuencia y era que el 15% de derechos de aduana que se venían pagando con documentos de libramientos y con papel moneda, ahora ya se pagaba en efectivo, con lo que capacidad operativa del gobierno se había incrementado.

132Según el presidente, a comienzos de 1882 sólo “gravitaba” sobre el Tesoro la deuda consolidada en billetes de crédito público, de la cual se habían amortizado, durante 1881, 352.475 ps. y quedaban en circulación 1.668.124 ps. El optimismo hacía afirmar a Zaldívar que, no debiendo producirse en lo sucesivo una nueva emisión de billetes de la deuda nacional y suprimiéndose los intereses que ella devengaba en efectivo, a lo más en tres o cuatro años podría quedar también extinguida, aun sin asignarle nuevas fuentes de amortización. La Memoria del ministro Pedro Meléndez corroboraba lo anunciado por el Presidente y, siendo ello así, el nivel de la deuda pública había descendido si se le compara con el existente en 1874, por ejemplo, cuando era superior a las rentas nacionales. Ahora había pasado a significar el 42,2% del total de los ingresos fiscales.

133 Merece destacarse que, en su deseo de acabar con la deuda, el ministro repetía “por tercera vez” – la primera vez había sido en 1879 – a los representantes la llamada de atención sobre “este punto tan importante para la Hacienda” que era el dictar una disposición que suprimiera los intereses de los billetes de la deuda nacional, lo que extinguiría en poco tiempo aquel crédito. Una propuesta tan heterodoxa la justificaba el ministro con el siguiente argumento:

134“...que la mayor parte de los tenedores de billetes se habían reembolsado ya, con solo los intereses, el valor de aquellos, y por eso no dudo que en esta vez ocupareis vuestra alta atención en un asunto de tanta trascendencia para el Fisco.”

135El ingenuo ministro, pese a ocupar una cartera de Hacienda, no sólo parecía no comprender el significado del interés de un crédito en el capitalismo, sino que menospreciaba el interés personal de aquellos representantes en la Asamblea que probablemente eran poseedores de billetes de la deuda nacional y que no estaban dispuestos a votar algo que les perjudicara, aunque fuese a costa de la contabilidad del Estado, y llevaban tres años demostrándolo. No parece descabellado pensar que, ahora que la situación de la Hacienda era “halagadora” y “lisonjera”, en términos de las más altas autoridades de la nación, los tenedores de documentos de deuda no iban a renunciar a sus beneficios auque se lo pidiera el mismo ministro de Hacienda.

136Este momento exultante, que culminaba un crecimiento iniciado años atrás, fue aprovechado por el gobierno para llevar a cabo ciertas operaciones en beneficio de los propietarios de capital que, como la creación del Banco en 1880, les posibilitaría incrementar el ritmo de su acumulación. Aunque no se podía sospechar ahora, algunas de estas operaciones tendrían graves consecuencias financieras en un futuro no lejano. En efecto, aprovechando la favorable – aunque sobre bases débiles – situación de la Hacienda, el gobierno se lanzó a la firma de una serie de contratas para cubrir nuevos servicios y necesidades en el camino al “progreso” al que Zaldívar quería conducir al país. Sólo como ejemplo de ellas se pueden citar la firmada con Fabio Morán – el ex-ministro de Hacienda – y Onofre Durán – accionista de compañías de muelles, entre otros negocios – para instalar una fábrica de tejidos de algodón; otra para instalar el alumbrado eléctrico en localidades del país, con Stanley Mc Nider; u otra, con Federico Augener, para establecer una línea de vapores entre San Francisco y los puertos de San Salvador. En todas ellas se favorecía a los contratistas permitiéndoseles la libre introducción de derechos e impuestos a toda la maquinaria, materiales, etc. necesarios para la instalación de sus negocios y, en el caso de la compañía de vapores, con la exención de cualquier derecho de puertos y la subvención de 900 pesos mensuales en moneda corriente en El Salvador63. Además de estos ejemplos, el gobierno adquirió por la suma de 300.000 francos franceses, amortizables en 6 años, la línea de tranvías entre San Salvador y Santa Tecla.

137Pero las contratas más importantes fueron las firmadas para construir diversas líneas de ferrocarril en el país. Parecía llegada la hora de construir líneas férreas que acompañaran el crecimiento de la producción y las exportaciones. Así lo expresaba el ministro: “...sobre todo en los lugares donde el tráfico es más activo, como entre los puertos y los principales centros agrícolas y comerciales.” Así, se firmaron entre 1881 y 1882 cuatro contratas en relación con los ferrocarriles: (1) con Francisco Camacho para el trayecto Acajutla – Sonsonate, convirtiendo esta población en una “ciudad marítima”; (2) con el mismo Camacho para la continuación de la línea hasta Santa Ana; (3) con J. Mauricio Duke para la construcción del trayecto San Salvador -La Libertad, por donde se realizaban las principales importaciones y salía también buena parte de las exportaciones; y (4) con el general Butterfield, desde La Unión a la frontera con Guatemala, tocando San Miguel, San Salvador y Sta. Ana, y enlazando en Guatemala con la línea que llegaba al puerto de Isabal64. Era en conjunto un proyecto muy ambicioso y, pese a la reducida superficie del país, claramente desmesurado que avanzó sólo parcialmente y con muchísimas dificultades65. El hombre fuerte en esta operación parecía ser Francisco Camacho, un español aparentemente sin antecedentes en este tipo de negocios. Ahora bien, Camacho no estaba solo, sino que tenía como socios a un grupo de los más importantes hombres del capital comercial y financiero del país, como Encarnación Mejía, Francisco Medina – ¿fundador del Banco Internacional? –, J. Mauricio Duke –contratista a su vez de la línea San Salvador-La Libertad, en la que quizás tuviera algunos de estos mismos socios-, José María Fernández, Juan Magee, L. A. Campbell, Manuel Trigueros, Eugenio Aguilar y Francisco Aguilar66. Es decir que eran los propios empresarios nacionales los que estaban detrás de la construcción de la líneas que debían prometían ser más rentables.

138En línea con lo expresado arriba, estos proyectos, como otros mencionados, esperaban contar con ayuda gubernamental. Como en el neoliberalismo del siglo XXI, los empresarios liberales del XIX buscaban el apoyo del Estado y desde el gobierno existía sintonía en este sentido. Así, el ministro de Hacienda afirmaba:

139“Para obtener tan incuestionables bienes, no hay que hacernos ilusiones: se necesita halagar a los empresarios, brindándoles con favores y ventajas que les faciliten la ejecución de las obras y los pongan en la actitud de traer los recursos que ellas requieren. Pero la concesión de esas ventajas tiene siempre que estar limitada por la conveniencia pública, y a esa preciosa regla de conducta ha subordinado sus pasos el Ejecutivo al celebrar las contratas…”

140La “conveniencia pública” consistió en facilitar a la compañía del ferrocarril la importación libre de impuestos de todo el material necesario para la construcción y la actividad de la empresa, así como la cesión gratuita de los terrenos nacionales que se necesitaran para la vía. Pero como si esto fuese insuficiente, el gobierno se embarcó en una operación financiera mediante la cual adquirió diversos y fuertes compromisos de inversión y garantías económicas, que implicaban el aumento de algunos impuestos nacionales para poder hacer frente a los mismos. Estos compromisos quizás pareciesen relativamente asequibles dadas las condiciones de bonanza de ingresos fiscales en 1882, pero podían terminar resultando arriesgados si cambiaba la coyuntura económica67. Sin duda, Camacho, sus socios y el Banco Internacional, a través del cual se realizaban las operaciones financieras, adquirieron una posición muy ventajosa a costa de los recursos fiscales del Estado salvadoreño.

141Habiéndose mencionado el Banco Internacional del Salvador, interesa destacar algunos datos correspondientes al primer año de sus operaciones. Las cifras eran espectaculares y dan idea de la existencia de importantes recursos en manos de las familias y grupos oligárquicos que se estaban enriqueciendo sobre la base de las exportaciones, y que ahora contaban con un instrumento a través del cual poner en el juego especulativo sus ganancias. Como decía el ministro:

142“En El Salvador, en donde tanto se trabaja para asegurar el bienestar general, era ya una necesidad ese poderoso agente que facilitase todas las transacciones y pusiese en movimiento la riqueza pública68”.

143Los descuentos hechos desde la instalación del Banco hasta fines de 1881 ascendían a 2.768.897 ps. siendo el tipo medio de descuento el 11,59%. Los billetes en circulación eran hasta la misma fecha de 239.000 ps. El movimiento en metálico con las agencias del banco ascendía a 2.057.717 ps, habiendo sido mayor en los principales centros mercantiles: Santa Ana, San Miguel y Sonsonate, por este orden. De manera que, sobre esta base, no es sorprendente que el dividendo, en el primer semestre de funcionamiento del banco, hubiese ascendido a 129 ps. por acción. A la vista de la gran actividad bancaria, el gobierno había celebrado otra contrata para la creación de un nuevo banco, la cual sometía a la consideración de la Asamblea.

144 En coherencia con toda esta acelerada transformación en la relación de fuerzas sociales en el país, en estos años se produjeron los decretos de extinción de ejidos y tierras comunales. Aun hoy no existe un buen estudio de los resultados de estas medidas, pero parece fuera de duda que en general contribuyeron a la aceleración del cultivo del café y, en última instancia, de la acumulación beneficios en manos de los granes productores y exportadores.

La recesión y el golpe de Estado. 1883-1885.

145Si 1881 y 1882 fueron posiblemente los mejores años de R. Zaldívar a lo largo de su presidencia, 1883 fue su segundo peor sólo detrás de 1885, cuando sería derrocado por un golpe de estado. En términos políticos 1883 era el último año de su segundo período electoral. No es este el lugar para reseñar los avatares en que se vio envuelto con tal ocasión, pero merece recordarse que, después de haber manifestado explícitamente su deseo de no ser reelegido, tomó la decisión de promover la redacción de una nueva constitución para permanecer en el poder tras haber sufrido, una vez más, la presión de J. R. Barrios. Asimismo conviene señalar que en el mismo año de 1883 tuvo que afrontar otro intento de golpe, con una ramificación importante en Santa Tecla, en el que estuvo involucrado de nuevo el inquieto general Francisco Menéndez, además del rico hombre de negocios Manuel Gallardo, ya mencionado, y otros ciudadanos69.

146A todo ello vino a sumarse la quiebra de la favorable, pero inestable evolución que estaba siguiendo la Hacienda nacional. En relación con esto, el Gráfico 1 permite recordar los diferentes caminos que seguían los intereses de los exportadores por un lado y la demanda de importaciones por otro. Pese a que los primeros se veían sometidos a los vaivenes del mercado, continuaban generando importantes ganancias prácticamente netas. Los datos de esta coyuntura permitirán explicar, al menos en parte, cómo sucedió dicho cambio de rumbo.

147La situación se hizo especialmente grave cuando, en 1885 se sucedieron dos agudos conflictos. El primero fue una nueva agresión militar de la Guatemala de J. R. Barrios a El Salvador – en la que el dictador guatemalteco encontró la muerte -, derivada de su declaración de la Unión Centroamericana. Ello implicó, una vez más, movilizaciones de tropas y enfrentamientos bélicos con las consiguientes consecuencias sobre la marcha de la agricultura y de la actividad económica del país en general. Pero, cuando la invasión guatemalteca había sido detenida, el pertinaz general F. Menéndez, inició otra rebelión militar contra el gobierno de R. Zaldívar en abril del mismo año 1885 que prolongó la alteración social de la nación al menos hasta junio. Poco antes, R. Zaldívar ya había salido del país, dejando el gobierno en manos del general Fernando Figueroa quien finalmente tuvo que claudicar ante Menéndez, el cual se instaló como presidente. Con ello la situación no se normalizó por completo, pero se inició una tendencia a la estabilidad social.

148Antes de esta convulsión que marcó el momento más bajo de la crisis nacional, en 1883 las exportaciones habían seguido creciendo: subieron un 12,1% con respecto al año anterior y se colocaron en 5.861.052 ps.; y aún lo hicieron en 1884, situándose en 6.065.799 ps. Ciertamente el peso relativo del café en las exportaciones acusaba la pérdida de importancia del cultivo en el mercado internacional desde 1881. En 1883, sólo representó el 41,22% de las exportaciones y 2.416.104 ps. con un fuerte descenso de los precios internacionales. Pero, por el contrario, el añil mantenía coyunturalmente la tendencia inversa y su exportación había alcanzado el valor de 1.812.595 ps., con lo que el total de las exportaciones subió en los términos indicados. En todo caso, el agitado año 1885 terminó perjudicando el ritmo exportador.

149Frente a ello, el problema a efectos del funcionamiento de la administración el Estado estuvo en las importaciones, que descendieron en 1883 casi 770.000 ps. (un 24,2% con respecto a 1882) situándose en 2.401.462 ps. Esto hizo que se hundieran las rentas aduaneras y tras ellas, dado su fuerte peso relativo, los ingresos fiscales de aquel año, que sumaron 4.061.320 ps. El caso se agravó porque, a pesar de las buenas palabras tanto de Zaldívar como de su ministro de Hacienda, Pedro Meléndez, en el sentido de que se trataba de algo pasajero, las cifras de ingresos fiscales, aun con una leve recuperación, se mantuvieron en 1884 en 4.067.201 ps. y cayeron aún más en 188570.

150

Gráfico 10: importaciones y exportaciones de El Salvador 1882-1885
Gráfico 10: importaciones y exportaciones de El Salvador 1882-1885

151Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda.

152No cabe duda de que se estaba ante una crisis seria, que debía estar produciendo dificultades económicas a amplios sectores de la población. No es extraño que el gobierno aprobara en 1884 una ley regulando la prisión por deudas, reflejo inequívoco de que los impagos estaban creciendo71. En estas circunstancias surgían con más nitidez las posiciones de los intereses en juego en el terreno fiscal y financiero del país, lo que facilita su análisis. ¿Cuál era la explicación de las autoridades políticas para el cambio de tendencia sucedido en 1883? El ministro Meléndez rechazaba la causa del descenso de las rentas aduaneras que “muchos” encontraban en los altos derechos de importación existentes, de más del 60% sobre el valor de las mercancías. En su lugar, colocaba como primera razón el alto crédito que habían alcanzado los billetes de la deuda pública consolidada, con los que se pagaba hasta el 25% de los derechos de importación y que, después de la operación realizada para financiar el ferrocarril Sonsonate-Santa Ana, aseguraba que habían alcanzado su valor nominal cotizándose a la par. La cuestión era, según el ministro, que los grandes comerciantes, que venían comprando en el mercado los billetes de la deuda nacional devaluados hasta un 15% y 20% de su valor para después utilizarlos en el pago de los derechos de importación con una ganancia de un 80%, ahora parece que tenían que comprarlos a su valor nominal con lo que dicha ganancia desaparecía y esto habría desanimado el interés importador.

153No es posible asegurar que ésta hubiese sido la causa principal de la caída de las importaciones, aunque es un argumento plausible, pero lo que la explicación del ministro revela es la importancia económica que tenía la existencia de la deuda para un sector tan determinante para la Hacienda como era el del comercio de importación. Desde esta perspectiva, los comerciantes tenían interés en que siguiera existiendo la deuda consolidada del Estado con los títulos devaluados porque, además de otras fórmulas que utilizaban para aprovecharse de la debilidad de la Hacienda y que daban lugar a la deuda flotante, hacían suculentos negocios con dichos documentos de la deuda consolidada aprovechando su baja cotización.

154

Gráfico 11: Ingresos, gastos y deuda
Gráfico 11: Ingresos, gastos y deuda

155Fuente: memorias anuales del Ministerio de Hacienda

156Esto permite relacionar la debilidad de la Hacienda y la debilidad del Estado, que ha sido reiterada en estos años por la reciente historiografía. Lo que aquí se propone es que se trataba de dos realidades diferentes sin una vinculación causal entre sí y, si acaso, que la existencia de la deuda y su manejo por sectores económicamente poderosos, aunque pueda parecer paradójico, confería cierta estabilidad a las instituciones. En la medida en que los grupos dominantes en el país manejaban de forma consistente los negocios más importantes: producción y comercio exterior, y que, a partir de ello, seguían controlando las instituciones del Estado (Asamblea, gobierno, ejército y poder legislativo), no puede decirse que estas últimas mostrasen debilidad en su funcionamiento. En realidad, la debilidad de la Hacienda y los problemas financieros del Estado se constituían de hecho en otro más de los recursos económicos utilizados por dichos grupos para ampliar sus beneficios. Dicho de otro modo: en la medida en que el Estado era un aparato que representaba los intereses de ciertos sectores sociales, en El Salvador, en estos años al menos, el poder de estos últimos era tal que llegaban a utilizar la debilidad de la Hacienda – a partir de una estructura fiscal mantenida frente a cualquier circunstancia – para hacer negocios con ella, sin que el control de la estructura institucional del Estado se debilitara por este motivo. Esto mueve a pensar que, probablemente, los criterios que se utilizan en la actualidad para evaluar la fortaleza o debilidad de un estado capitalista, no deban ser los mismos que se usen para comprender el funcionamiento de algunos estados oligárquicos latinoamericanos a fines del siglo XIX.

157En relación con este análisis, el golpe de estado de 1885 hay que entenderlo como el resultado de la confrontación entre distintos sectores de los grupos dominantes, agravada por la crisis económica. Pero el golpe no implicó, como se verá, cambios sustanciales en el modelo fiscal y financiero, salvo los derivados del agravamiento de la crisis, y continuaron siendo los mismos grupos que controlaban la estructura económica los que siguieron sacando provecho de la caída de los ingresos fiscales. Precisamente desde esta perspectiva se comprende que en septiembre de 1883, experimentándose ya la crisis de las importaciones desde meses atrás, el gobierno decidiera “favorecer los intereses generales del comercio” y rebajase un 20% el aforo de las mercancías, “para el mejor éxito de sus negocios, sin perjuicio de las rentas nacionales72”. La expresión no puede ser más reveladora de la sintonía del poder político con los intereses de los grandes comerciantes – obsérvese que en ningún momento se menciona la menor preocupación del gobierno respecto al efecto de la medida sobre los precios al consumo -. Y, por otra parte, la frase no podía ser más contradictoria porque era evidente que una disminución de la presión fiscal sobre las importaciones afectaba negativamente a las rentas nacionales, dada la estructura impositiva existente. Por supuesto, y a pesar de las circunstancias, ni siquiera se planteó la posibilidad de introducir algún nuevo impuesto de carácter directo en el sistema fiscal, como sí se intentó en algún país latinoamericano en circunstancias parecidas73. Por el contrario, el gobierno completó su decisión de favorecer a los importadores concediendo demoras en el pago de derechos aduaneros a los que las habían solicitado, lo que, al parecer, llegó a ocasionar un mayor movimiento comercial.

158El ministro Meléndez añadía en su Memoria que, para explicar la coyuntura desfavorable, también era necesario tomar en cuenta, por un lado, la baja que el café, el añil, el bálsamo y otros artículos de exportación habían sufrido en los mercados extranjeros y, por otra parte, la desconfianza que temporalmente habían producido las referidas “tentativas revolucionarias” en los negocios mercantiles, habiéndose limitado el comercio a hacer pequeños pedidos mientras se superaba la crisis. La primera de estas razones equivalía a poner en relación la exportación con la demanda interna lo que, como ya se ha explicado, tenía sólo una vinculación relativa, por lo que este argumento del ministro no era convincente. Algo más de sentido tiene el posible efecto del malestar público y del intento golpista de 1883 – que incluyó una compra de armas en los Estados Unidos para el movimiento – sobre el negocio de la importación.

159En realidad la crisis pudo deberse a una combinación de factores, algunos de los cuales los mencionaba el ministro. Sin embargo, llama la atención que ninguna explicación de las ofrecidas mencionase la variable de la moneda, afectada por el creciente descenso del precio internacional de la plata, que había alcanzado su punto más bajo hasta el momento en este proceso, situándose en 1,09 dólares por onza (Véase gráfico 1). Esto debía estar provocando un incremento de las primas que los comerciantes tenían que abonar para poder pagar en oro las mercancías procedentes de aquellos países que ya habían establecido en patrón en este metal, esto es, Gran Bretaña y Estados Unidos, los dos a los que El Salvador compraba más, con diferencia (Véase cuadro X).

160CUADRO 6

161COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR (1883)

162
_Países _Importación (en pesos) _Exportación (en pesos)
_Gran Bretaña 842.489 2.212.670
_Estados Unidos 829.916 1.384.021
_Alemania 72.285 988.507
_Francia 463.461 512.220
_Italia 12.877 406.398
_Ecuador 35.908 70.623
_Otros - -
_TOTAL 2.401.462 5.861.052

163Fuente: Memoria deL Ministerio de Hacienda. 1884

164Dicho todo lo anterior es también muy significativa la percepción de los sectores dominantes, en los que cabe situar a los miembros del gobierno, sobre la marcha general del país y puede tomarse, como ejemplo, la parte del informe del ministerio de Hacienda sobre la evolución de la producción minera en el mismo año 1883. El ministro Meléndez afirmaba que:

165“Las labores de minas tienden a crear y desarrollar cierto bienestar y riqueza no sólo a los que consagran su trabajo… a esa poderosa y difícil industria, sino también a las poblaciones cercanas y muchas veces a un Estado entero.”

166Dejando a un lado cuáles podrían ser las condiciones de trabajo de los obreros en las minas, sin duda El Salvador no era uno de aquellos estados beneficiados por la riqueza minera puesto que, como ya se comentó, la exportación de “oro, plata y brozas minerales” estaba exenta del pago de derechos aduaneros. En 1883 la producción minera, concentrada fundamentalmente en los departamentos de Gotera y La Unión, había caído espectacularmente de un valor de 800.000 ps. el año anterior a 336.200 ps. por lo que, según Meléndez, “la ley del progreso no se había hecho sentir en aquellos centros de trabajo y de consumo de dinero”. Sin embargo, añadía el ministro, “esto no anulaba el general progreso del país”.

167En términos generales, el ministro P. Meléndez sentía “la pena” de comunicar que el producto de las aduanas había disminuido en una suma de bastante consideración, pero al mismo tiempo afirmaba: “me complazco en anunciar que la exportación ha aumentado en una cantidad superior a la baja de las importaciones, lo cual demuestra la fuerza de vitalidad que el país contiene en sus elementos de riqueza.” De nuevo, en una sola frase, un ministro relacionaba el plano público lamentándose de la caída de las rentas, con el privado en una especie de compensación alegrándose por el incremento de las exportaciones, que prácticamente no tenían reflejo en los ingresos de su ministerio y del Estado. El ministerio estaba allí para regocijarse del incremento de las rentas privadas, identificándolas con la “fuerza de vitalidad” del país, garantizando que seguirían intangibles desde el punto de vista fiscal, aunque las rentas públicas se hundieran. Mientras tanto, en medio de la gravedad de la situación fiscal, el gobierno trataba de buscar liquidez recurriendo incluso a desprenderse de servicios del Estado, como sucedió en el caso de la venta de la Imprenta Nacional al súbdito italiano Francisco Sangrini por 30.000 ps.

168Como es lógico la nueva situación de la Hacienda tuvo repercusiones en el apartado de los gastos y en 1883 se produjo un descenso de 414.499 ps. con respecto al año anterior, equivalentes a un 9,4%. Todos los conceptos y ministerios resultaron afectados por la rebaja pero los porcentajes más fuertes se produjeron en el poder Ejecutivo, cuyos gastos, que eran básicamente salarios, experimentaron un recorte del 44,3%, probablemente en retrasos; en la cartera de Hacienda y Guerra con un 6,4% de reducción; y en gastos no presupuestados, es decir, básicamente pago de deudas, en las que se empleó un 5,1% menos que en 1882.

169CUADRO 7

170DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR MINISTERIOS

171
_Rentas _ 1882 _ 1883
_Poder Ejecutivo s/d 15.792
_Poder Legislativo 24.151 19.233
_Relaciones Exteriores 156.525 142.457
_Gobernación 529.932 501.998
_Hacienda y Guerra 1.437.506 1.344.202
_Instrucción Pública 197.213 192.692
_No presupuestadas 1.927.870 sd

172Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda

173Pero además de los gastos corrientes de la administración, el gobierno tenía que hacer frente a compromisos adquiridos con la firmas de algunas de las contratas mencionadas anteriormente, de entre las que destacaban algunas de los ferrocarriles. Así, en 1883 con la crisis fiscal, el gobierno tuvo que desembolsar 385.085 ps. derivados de la contrata con la empresa del ferrocarril Sonsonate-Santa Ana y que debían considerarse en el haber del Fisco.

174Una vez más, el relativamente bajo descenso comparativo en los gastos corrientes de la administración ocultaba un importante ascenso de la deuda. En 1883 el pasivo, por su parte ascendía a 1.648.301 ps. y se componía de los siguientes conceptos:

175CUADRO 8

176COMPOSICIÓN DE LA DEUDABLICA – 1883

177
_ En dinero efectivo _en pesos
_ Préstamos y contratos 531.745
_ Sueldos empleados civiles y militares 62.714
_ Órdenes contra administraciones terrestres 25.986
_ PARCIAL 620.445
_ Por derechos marítimos sd
_ Órdenes contra el 30% de derechos en La Unión 237.505
_ Órdenes contra impuesto al peso bruto de mercaderías de Acajutla, por contrata sobre construcción del edificio de Aduana de Sonsonate 50.391
_ Órdenes contra el 15% de libramientos 659.561
_ Intereses de estos libramientos 80.386
_ PARCIAL 1.027.843
_ TOTAL 1.648.288

178Fuente: Memoria del Ministerio de Hacienda.

179 En los casos de deuda con vencimiento fijo, las cantidades no eran exigibles de inmediato y se amortizaban pagándose a los acreedores al llegar los diferentes plazos estipulados en los convenios celebrados al efecto por el gobierno. Lo demás eran órdenes y retrasos en el pago de salarios que, lógicamente, dificultaban el funcionamiento administrativo del Estado.

180 Por otra parte, la deuda consolidada que, a fines de 1882 ascendía a 1.589.861 ps., se había incrementado en 17.858, hasta 1.607.720 ps. En virtud de la operación financiera llevada a cabo con ocasión de las contratas del ferrocarril, el gobierno había negociado con los tenedores de los billetes de manera que había logrado que una parte de ellos depositaran 1.053.023 ps. en el Banco Internacional de El Salvador. De esta forma, transformaba esta parte de la deuda en inversión en la empresa del ferrocarril Sonsonate-Santa Ana, la cual pagaba un 4% de interés anual, liquidándolo mensualmente en efectivo. No hay lugar aquí para efectuar un calculo de los beneficios del Banco y sus accionistas en esta operación de ingeniería financiera, pero parece que fueron sustanciosos.

181El valor de los billetes cuyos propietarios no habían entrado en la operación con la empresa del ferrocarril era, a fines de 1883, de 554.696 ps. que seguían estando en circulación. Para ir amortizándolos el gobierno había destinado el pago de un pequeño derecho que existía por el almacenaje de mercancías en los puertos, por un decreto de febrero de 1883. Es decir, que, al margen de compromisos adquiridos y gastos corrientes, sólo en deuda tanto flotante como consolidada se había pasado de 1.668.124 que era la existente a comienzos de 1882, a más de 3.250.000 en 1883. Y en 1884 la deuda continuó creciendo. Este año el pasivo del Fisco se componía de

182CUADRO 9

183PASIVO DEL FISCO – 1884

184
_ Deuda flotante en dinero efectivo 1.100.344
_ Libramientos sobre aduanas 1.093.857
_ A cargo de varias rentas 862.051
_ Total 3.056.252

185Fuente: Memoria del Ministerio de Hacienda.

186La última partida tenía su origen en varios contratos a los que se habían destinado determinados ramos de las rentas públicas para cancelar los créditos correspondientes, cuya amortización se estaba llevando a cabo. En otras palabras, aumentaba de el forma el grado en que quedaban hipotecados los ingresos fiscales y disminuía, con ello, la capacidad de actuación del gobierno. Si a 3.056.252 se añadiese una cifra probablemente superior al medio millón de pesos de deuda consolidada – en 1883 eran más de 550.000 ps.- el total debía sumar en torno a 3.700.000 ps. Teniendo en cuenta que los ingresos anuales en 1884 habían sido 4.067.201 ps., ello daba una de las peores elaciones deuda-ingresos de estos años.

187Se diría que había estallado la contradicción entre: (1) la fase de expansión de gastos nacionales, incluyendo contratas; (2) la obstinada dependencia fiscal básicamente de importaciones y aguardiente; y (3) el mantenimiento casi absoluto de cargas fiscales a las exportaciones.

Se agrava la crisis fiscal; la deuda se dispara. 1885-1889

188A fines de junio de 1885 el general Francisco Menéndez llegó por fin a la presidencia de la República. Así ponía colofón a una carrera de varios intentos por lograrlo utilizando la vía armada. El militar no tenía un proyecto político ni económico muy diferente, al de Zaldívar, salvo en el punto de no reeleción y en el rechazo a la supuesta corrupción. De hecho, pese a que las condiciones internacionales mejoraron relativamente en la segunda mitad de la década de 1880, la situación económica del Estado empeoró. Menéndez, ex–alcalde de Ahuachapán y con fuertes vínculos en la región cafetalera, estaba alineado con la oligarquía nacional, si bien con grupos opositores a Zaldívar, y mantuvo en realidad una política económica básicamente similar a la de su predecesor.

189 ¿En qué basaba Menéndez su propuesta de conquista del poder? Fundamentalmente planteaba dos argumentos. El primero era de carácter político y se resumía en que Zaldívar era un tirano, que había sido presidente por la presión de las armas de Justo Rufino Barrios y que estaba planeando continuar en el poder. Al margen del hecho de que el propio Menéndez había llegado al poder por una sublevación militar, no es éste el lugar para discutir el asunto, pero quizás ello explica que sus primeros intentos por alcanzar la presidencia dataran de mucho antes de que Zaldívar pensase en perpetuarse en el poder, si es que éste realmente se lo propuso. Por lo demás, las primeras acciones de Menéndez como presidente no fueron muy respetuosas con los derechos políticos de los ciudadanos; de hecho suspendió el derecho al voto por decreto a todos aquellos que hubiesen podido apoyar una nueva reelección de Zaldívar [74]. Por ello no deja de ser irónico que Menéndez haya pasado a la posteridad como un modelo de gobernante liberal, llegando a ser calificado como el “Washington centroamericano”, a menos que el adjetivo “liberal” se utilice en sentido muy laxo, como en realidad hay que utilizar este y otros términos políticos en muchos momentos de la historia latinoamericana contemporánea75.

190El segundo argumento era de naturaleza económica y se centraba en la figura de Zaldívar con dos frentes. Ante todo, estaba la propia persona del ex -presidente, cuya legitimidad como tal era cuestionada. Pero, desde el punto de vista económico, Menéndez denunciaba que Zaldívar había sido un corrupto, en su beneficio y en el de sus amigos y asociados. En paralelo con ello, otro aspecto de la misma línea de ataque era que Zaldívar tenía al comercio “abrumado por el peso de los impuestos76”. Al nuevo mandatario, al igual que el anterior, el nivel de los impuestos no le preocupaba en relación con sus efectos sobre los precios al consumo, sino por las consecuencias que ello podía tener para los intereses de los comerciantes. Por lo demás, no se sabe si realmente había comerciantes descontentos con la situación o si se trataba exclusivamente de una excusa para justificar la sublevación.

191Durante más de un año Menéndez llevó a cabo un proceso de persecución contra los supuestos actos de corrupción de Zaldívar. De hecho, desde el gobierno se realizó una especie de encuesta entre los alcaldes de las localidades del país para que presentaran quejas o acusaciones contra Zaldívar, y algunas de las respuestas que se conocen fueron en el sentido de que no tenían nada de qué quejarse77. De los múltiples ataques de que fueron objeto él y su gobierno, da idea el siguiente extracto sacado de un extenso informe encargado por el propio Menéndez a su ministro de Justicia sobre el “dinero perdido” por el Fisco durante los años de Zaldívar:

192“La acción del ex-presidente Zaldívar sobre la administración pública, es comparable a una espantosa vorágine, que arrebata irresistible los recursos y la vitalidad del país, para sepultarlos en un océano de defraudaciones y malversaciones… Los paseos a los ríos y los lagos, los banquetes, los bailes, los licores, el espionaje y el harem (sic) del Sultán Presidente, sobre haber sido desastrosos a la moral pública, costaron muy caro al Tesoro… A esta clase pertenecen algunas sumas recibidas por personas ausentes hoy de la República, y por otras que aquí están, pero que por honor al país, no las designo nominalmente78...”.

193Esta es una simple muestra de las acusaciones y descalificaciones de que fue objeto Zaldívar y la lista de personas involucradas en las supuestas corrupciones es muy larga. Al propio ex–presidente se le consideraba “autor y cómplice de desfalcos a la Hacienda pública” por importe de 1.802.121 ps. No hay fuentes documentales para analizar a fondo tal acusación pero, al igual que otras incluidas en el mismo expediente, parecen como mínimo exageradas, sin negar la posibilidad de que la presidencia de Zaldívar se hubiese llegado a rodear de un boato criticable.

194 Junto a Zaldívar, entre una larga lista de personas también acusadas, se incluía al contratista de la construcción del ferrocarril, Francisco Camacho, a quien se le hacía responsable de 490.085 ps. en billetes de deuda y dinero en metálico supuestamente “perdidos” por el Fisco; al ex–ministro de Hacienda, Fabio Morán, a quien se acusaba de “haber autorizado desfalcos” a la Hacienda por 303.658 ps.; al empresario y comerciante J. Mauricio Duke “por varias cuentas”, por 210.151 ps.; a Daniel Infante como administrador y tesorero de Hacienda, sin cargos específicos, por 179.3907 ps. etc. hasta alcanzar la suma de 4.409.399 ps. El asunto no pasaría de ser un simple gesto de revancha política, si no fuese porque en muchos casos las acusaciones parecían infundadas o ser producto de simples defectos administrativos; porque además se publicaron en el Diario Oficial con los nombres de todos los acusados; y, sobre todo –y es lo que aquí más interesa- porque la extraordinaria cifra de “más de 4 millones de pesos” de “dinero perdido” fue utilizada en parte por F. Menéndez para engrosar el monto de la deuda pública heredada del gobierno anterior y para justificar con ello una política económica que no tenía visos de ser distinta, ni más exitosa que la de su antecesor. Así, en su discurso a la Asamblea de 1887, el presidente Menéndez afirmó que la deuda del estado, agravada por “contratas onerosísimas” y por una agricultura, la “verdadera riqueza, luchando penosamente contra la baja de los precios de nuestros principales frutos en los mercados extranjeros” (de lo que no podía culpar a su antecesor), se situaba en cerca de nueve millones de pesos79.
Un punto específico, dentro de este segundo argumento de carácter económico utilizado por el general Menéndez, podía tener más fuerza y se refería a la mala gestión financiera del gobierno anterior, poniéndose énfasis concretamente en algunas de las contratas firmadas por Zaldívar con diferentes fines. Los diversos gobiernos del país, incluyendo el de Menéndez, que actuaban sobre la base de unos presupuestos deficitarios, contrataban numerosas obras y servicios con empresas particulares. Por regla general, como ya se vio, estas contratas incluían cláusulas muy favorables para la empresa contratista. Y así sucedió también durante los años el general Menéndez, por ejemplo, con la contrata firmada por el gobierno con una empresa extranjera (Sres. Essex E. Reade y John Drumond), en enero de 1886, para la construcción del ferrocarril entre Santa Ana y Metapán, con generosas concesiones de tierras y minas, y en la que se preveía la acuñación de un décimo del oro y la plata que llegara a extraer dicha empresa80.

195En el caso de Zaldívar, lo que ya se destacó anteriormente fue la rapidez y facilidad, podría decirse que imprudencia, con que en 1881, en un momento relativamente favorable para la Hacienda, el gobierno se lanzó a firmar una serie de contratas para la construcción del ferrocarril con las que se cargó de compromisos económicos. Y el hecho es que, al cambiar la coyuntura económica, aquellas contratas se volvieron una pesada carga para el Estado. De todas formas, el caso Camacho se convirtió en un caballo de batalla que Menéndez explotó como signo del desastre que, según él, había sido el gobierno de Zaldívar. Sin embargo Menéndez no rompió con Camacho y sus socios; por el contrario, a pesar de haber suspendido en principio todas las contratas firmadas por Zaldívar en sus nueve años de gobierno, en noviembre de 1885 revisó el contrato de la construcción del ferrocarril Sonsonate-Santa Ana. Un caso diferente fue la contrata firmada con F. Sangrini en 1883, para vender la Imprenta Nacional. En esta operación, además de situar una actividad económica en manos privadas, se había tratado, por parte del gobierno de Zaldívar, de obtener liquidez, en momentos en que la situación fiscal se agravaba y el déficit era cada vez mayor. Menéndez, sin embargo, transformó este negocio en otro escándalo y, al tratar de deshacerlo judicialmente, lo que consiguió fue involucrar a Italia en el caso y tener que pagar finalmente más de 200.000 ps. por un contrato que había sido originalmente de 30.000 ps81.

196Estas observaciones parecen pertinentes para dar una idea de cuál fue el significado, en el terreno financiero del Estado, del cambio político que se produjo con el golpe de junio de 1885. Pero, más allá de los detalles expuestos y del juicio que pueden merecer, lo que interesa en este trabajo es la relación que tienen con las cuentas nacionales, cuya evolución se muestra a continuación. En realidad, las cuentas no resultaron deficitarias por eventuales actos de corrupción de Zaldívar, si es que los cometió, sino fundamentalmente por la naturaleza de su estructura fiscal derivada de la relación entre sectores sociales en el país y por los efectos derivados del golpe de estado practicado por Menéndez.
Los problemas militares, así como las alteraciones sociales y políticas derivadas que tuvieron lugar en 1885, tuvieron lógicamente consecuencias económicas graves para la nación. Las movilizaciones de tropas, la desatención de los cultivos y cosechas, los fuertes gastos militares, el “empréstito forzoso” de 500.000 ps. al que acudió Zaldívar para tratar de superar la crisis, etc. todo ello tuvo una repercusión importante en la producción, el comercio y el consumo de la población, y, naturalmente, en la Hacienda y las finanzas del Estado, con una importante caída de los ingresos y un agravamiento de la situación financiera. Por contra, no parece que estuviera ocurriendo lo mismo con los grandes exportadores82.

197Naturalmente los malos momentos de la Hacienda y de los recursos estatales se reflejaba en la evolución de los ingresos y los gastos, que experimentaron altibajos durante el gobierno de Menéndez. Salvando los 8 meses iniciales de 1885, las cifras generales evolucionaron así:

198CUADRO 10

199
_Años Ingresos Gastos
_1886 s/d 3.147.062_
_188783 2.959.775 2.849.821
_188884 3.794.709__ 3.667.108__
_188985 4.109.976 4.037.501

200Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda

201_ No consta que esta cifra correspondiese al año fiscal de 1886, o a 15 meses desde septiembre de 1885 á diciembre de 1886.

202__ Estas cifras corresponden a la Memoria anual del Ministerio de Hacienda. El gráfico siguiente recoge estas cifras y, añadiéndoles la información relativa a la deuda pública – que será comentada más adelante -, las relaciona con las equivalentes de los años 1882 á 1884, que corresponden a la fase de declive en el gobierno de R. Zaldívar, para poder apreciar bien los efectos del golpe de estado de Menéndez, pese a la subida relativa del precio del café que se produjo en 1886.

203

Gráfico 13: ingresos y deuda de El Salvador en 1882-1889
Gráfico 13: ingresos y deuda de El Salvador en 1882-1889

204Fuente: Las mismas que para el Cuadro 10.

205Dejando para más tarde el espectacular crecimiento de la deuda pública experimentado en los años del general Menéndez, merecen ante todo atención los ingresos y los gastos. En primer lugar, si se toma como referencia la caída de los gastos fiscales en 1886 con respecto a 1884 y aunque no se dispone de información completa para el año fiscal de 1885, se debe suponer que los ingresos debieron haber disminuido también en una tendencia similar. Por otra parte, después de que en 1887 los ingresos cayeran aproximadamente a los niveles de 1879, crecieron en los dos años siguientes hasta alcanzar cifras parecidas a las 1884. Es decir, se había retrocedido cinco años en términos de ingresos nacionales. Algo similar puede afirmarse con respecto a los gastos. ¿Cuáles fueron los argumentos económicos en los que se apoyó el gobierno para lograr crecer relativamente en estos años, aunque fuese a niveles de cinco años atrás? Se puede observar la evolución de los dos principales componentes de los ingresos nacionales: las rentas aduaneras y el ramo del aguardiente, cuyo peso relativo, en conjunto, fue incrementado por Menéndez en relación con el total de los ingresos, si se compara con los años de Zaldívar:

206CUADRO 11

207
_ Años _ Rentas aduaneras _ Ramo aguardiente _ % sobre total
_1885 1.075.026
_1886 1.645.168 604.008
_1887 1.795.378 818.040 88,3
_1888 2.187.976 977.269 83,4
_1889 2.252.235 1.124.458 82,1

208Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda.

209Menéndez elevó por encima del 80%, un nivel desconocido hasta entonces, los ingresos conjuntos de rentas aduaneras y aguardiente, llevando a un extremo difícilmente soportable el desequilibrio fiscal. Conviene referirse, ante todo, a las rentas aduaneras. Menéndez mantuvo la carga fiscal sobre importaciones próxima al 55% de su valor, hasta que en 1889, cuando las importaciones cayeron, subió la presión fiscal por encima del 70%, el más alto de los años estudiados en este trabajo. A pesar de las oscilaciones en la evolución del comercio, cuyos datos en estos años se presentan en el cuadro siguiente, los ingresos aduaneros se siguieron obteniendo básicamente a raíz de las importaciones.

210CUADRO 12

211COMERCIO EXTERIOR DE EL SALVADOR

212
_ Años _ Importaciones _ Exportaciones
_ 1886 2.768.037_ 6.078.138_
_ 1887 3.275.024 5.230.194
_ 1888 4.081.547 6.757.605
_ 1889 2.886.050 5.673.785

213 Fuente: Memorias del Ministerio de Hacienda

214_ Las cifras de 1886 corresponden a un año fiscal de 12 meses.

215En 1887 y 1888 el nivel de las importaciones superó el alcanzado en 1882; pero no así en 1885, 1886 y 1889, cuando descendió a valores de quince años atrás. Pese a ello, las rentas aduaneras mantuvieron su recuperación debido a la creciente presión fiscal. Por otra parte, Menéndez subió el impuesto sobre aguardiente en 1887 de 31 á 40 cts. por botella, logrando así también, lógicamente, el aumento en la recaudación de dicha renta. Es decir, que ante los problemas fiscales, Menéndez había recurrido al aumento de los impuestos hasta límites antes desconocidos, precisamente uno de los argumentos que había utilizado contra Zaldívar en el golpe de Estado.

216Además, en el esfuerzo por incrementar los ingresos nacionales, Menéndez procedió a modificar algunas medidas que databan de años atrás. Por un lado suprimió en 1889 un impuesto relacionado con la exportación del añil, usando como argumento la caída del precio de dicho producto en los mercados internacionales86. En palabras del ministro, el cultivo sólo dejaba “miserable beneficio”, cuando no “pérdidas a los productores y exportadores”. En términos muy comprensivos, el ministro se refería a algunos departamentos – básicamente los orientales – manifestando que, “por la naturaleza de sus terrenos, por los gastos hechos en obras de larga duración para elaborar el añil, por costumbres adquiridas y tal vez por falta de conocimientos de otros cultivos apropiados…que puedan sustituir con ventaja al añil…”, se veían en recesión. Por ello consideraba que era necesario dictar medidas tendentes a disminuir el coste del cultivo por lo que se abolió el impuesto fiscal que pesaba sobre su exportación87.

217 De signo contrario fue la medida tomada en relación con la exportación de café, motivada por un hecho excepcional: el terrible incendio del Palacio Nacional ocurrido en noviembre de1889. A pesar de que la cosecha de café de aquel año no había sido muy abundante, lo que se refleja en la caída del valor de las exportaciones, el gobierno de Menéndez estableció el mismo mes de noviembre el impuesto de un peso por quintal de café exportado con destino a la reconstrucción del Palacio, en el entendido de que la cantidad que se recaudara – que se estimaba en unos 150.000 ps. – no sería suficiente para concluirla88.
_ Como se refleja en al Cuadro 13, los gastos nacionales oscilaron en los años de Menéndez, aunque mantuvieron también una tendencia ascendente en correspondencia con los ingresos. Su distribución por ministerios fue la siguiente entre 1887 y 1889.

218CUADRO 13

219DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR MINISTERIOS

220
_ Carteras _ 1887 % _ 1888 % _ 1889 %
_ Beneficencia 142.217 156.984 178.884
_ Fomento 337.209 538.789 376.650
_ Gobernación 267.251 12,6% 352.738 690.143 22,5
_ Guerra 686.623 32,5% 755.730 908.952 29,6
_ Hacienda 245.186 267.009 317.614
_ Instrucción Pca. 248.321 273.478 10,6 365.699 11,9
_ Justicia_ 154.883 - -
_ Relaciones Ext. 24.814 40.651 47.956
_- 2.106.507 100% 2.559.001 100% 3.065.679 100 %
_Pago deudas 743.314 35,2% 964.003 37,6% 971.821

221Fuente: Memorias del Ministerio de Hacienda.

222Los gastos de Justicia estaban englobados en Gobernación en 1888 y 1889.

223El nuevo sistema de presentación de los gastos durante el gobierno de Menéndez era más claro que los utilizados durante los años de Zaldívar, lo que posiblemente era el reflejo a su vez de una contabilidad más rigurosa. El rasgo más notable es que habían desaparecido los conceptos de ingresos y de gastos no presupuestados, y resultaba más fácil observar la evolución anual de la contabilidad. Salvo las cantidades destinadas al pago de deudas, que en dos ocasiones superaron un tercio de los gastos corrientes, la cartera más importante seguía siendo la de Guerra y absorbía casi la tercera parte del total de las erogaciones del gobierno. Una relevancia creciente adquirió la cartera de Gobernación que, como se vio en años anteriores, englobaba un amplio sector de la administración, más gastos como correos y telégrafos, servicio este último que se estaba expandiendo rápidamente. La instrucción pública apenas superaba el 10% del total de los gastos. Y, en cualquier caso, en términos comparativos todavía los gastos corrientes de 1888, 2.559.001 ps., apenas superaban a los de 1882, que habían supuesto 2.488.584 ps.

224Menéndez recurrió a diferentes medidas para suplir los bajos ingresos públicos y poder mantener el ritmo creciente de gastos. Así, por ejemplo, utilizó retenciones en salarios de funcionarios públicos para atender a algunas instituciones. Los sueldos militares tenían desde 1887 una retención del 2% (7.303 ps. aquel año) destinada a favor de la Escuela Politécnica militar, y los salarios civiles sufrían una reducción del 1% (6.203 ps.) destinada al Hospital de San Salvador. A partir de ello se puede saber que el total de los salarios de los funcionarios, civiles y militares, ascendía en 1887 a 985.490 ps., lo que significaba el 46,7% del total de los gastos nacionales. Se había producido una rebaja importante en este capítulo si se compara, por ejemplo, con 1877 cuando los sueldos públicos suponían más de 70% del presupuesto total.

225 En otro orden de cosas, durante estos años el gobierno denominó una parte de los ingresos procedentes de las rentas aduaneras como “impuestos municipales”, que en 1887 ascendieron a 127.350 ps., lo que podía hacer pensar que se atendía al conjunto de las municipalidades del país con asignaciones determinadas en el presupuesto nacional. Sin embargo su destino se restringía a las municipalidades, hospitales e instituciones benéficas básicamente de occidente, como Acajutla, Sonsonate, Santa Ana, San Salvador. Santa Tecla y Ahuachapán, mientras que en oriente sólo se beneficiaban de ello el hospital, instituto y asilo de San Miguel y el hospital de La Unión, con parte de los fondos recaudados en esta última aduana, la menos importante de las tres. Era una de las muchas muestras de la preferencia del poder político por la zona cafetalera occidental con respecto a la oriental.

226 En 1889, apremiado por la creciente deuda pública, Menéndez tomó otra decisión encaminada a reducir gastos y relacionada con el comercio exterior. Tenía que ver con la medida adoptada en 1883 por Zaldívar en relación con la exportación de azúcar. Entonces se había establecido una prima de 50 cts. por quintal de azúcar, mascabado o panela que se exportara naturalmente para estimular el aumento del cultivo. Como había sucedido con las subvenciones para extender el cultivo del café, éste era otro caso de uso de recursos públicos para beneficiar a exportadores que, después, no contribuían fiscalmente al Estado89. En 1889 la prima ascendía al parecer aproximadamente a 20.000 ps. y Menéndez decidió derogar aquel decreto, después de haberlo pedido en varias ocasiones a la Asamblea, apelando a que:

227“La industria azucarera ha mejorado notablemente y buenas ganancias deja a los que a ella se dedican, y esto no por obra de la prima con la que se le quiso dar vida artificial, sino en virtud de las leyes naturales que rigen la producción y los cambios. Pero aun cuando esta industria se encontrara en deplorable situación, esto no bastaría a justificar la medida a que me refiero porque, o puede aquella subsistir por si misma… y en tal caso la prima no tiene razón de ser, o bien carece de condiciones naturales para tener vida propia y sólo puede tener existencia artificial y entonces la prima es antieconómica y gravemente dañosa, porque tiende a mantener el trabajo en infecunda actividad, distrayéndole de las empresas y centros de verdadera producción.”

228Se trataba de un discurso de gran coherencia liberal en el que, aparte del sentido que se le asignaba a la subvención, merece destacarse la última observación sobre el trabajo retenido en “infecunda actividad”, en lugar de utilizarlo en empresas de “verdadera producción”, es decir, donde la plusvalía pudiera ser generada y extraída directamente por el empresario, en lugar de tener que ser suplida por una ayuda estatal.

229El gran cambio en la gestión gubernamental del presidente Menéndez se produjo en el terreno de las finanzas y, especialmente, en el de la deuda pública. Los duros efectos que tuvieron la guerra con Guatemala y el golpe militar sobre la Hacienda, en otras palabras, el retroceso experimentado en términos fiscales durante su mandato se acumularon a la crisis que se había desatado en 1883 y repercutieron de forma importante sobre la deuda. No es posible abordar a fondo aquí todas las determinaciones que fue tomando el gobierno en relación con la deuda, ni seguir en detalle su evolución, pero se pueden destacar algunos aspectos básicos que den idea del camino que siguió el proceso.

230Menéndez declaraba que su interés preferente al dar el golpe habían sido los problemas económicos y afirmaba que en 1885 el crédito del Estado se encontraba “casi completamente perdido en el interior y en el exterior”, en lo que no le faltaba algo de razón. Pero la base de esta afirmación era que, según él, la deuda nacional ascendía a cerca de nueve millones de pesos, en “gran parte procedente de impuras negociaciones”, y sentenciaba que la situación “exigía medidas enérgicas y decisivas”. Es decir, que engrosaba la deuda existente al final del gobierno de Zaldívar con una parte al menos de los más de cuatro millones de pesos “perdidos” a los que se aludió arriba. Ante dicha situación, Menéndez decidió, por un lado, suspender la vigencia de las contratas suscritas por los gobiernos de Zaldívar hasta que los tribunales decidieran sobre su validez o se llegara a un arreglo equitativo con los interesados y, más importante aún, suspender el pago de la deuda el tiempo necesario para calificarla y clasificarla convenientemente.

231Tras la suspensión del pago de la deuda pública que, lógicamente, Menéndez achacaba fundamentalmente a la presidencia de Zaldívar hasta 1885, se procedió a una clasificación de la misma según la cual quedó dividida en:

2321ª clase. La compuesta por sueldos de empleados civiles y militares, la procedente de montepíos y pensiones de inválidos, préstamos voluntarios o forzosos, libramientos contra las Aduanas y contratos sobre rentas, créditos procedentes de contratas de cañerías, colegios y escuelas, elementos de guerra, obras públicas , etc.
2ª clase. La existente en billetes de Deuda Nacional resellados y no resellados, los perjuicios reconocidos y los depósitos, las subvenciones a empresas industriales y establecimientos de beneficencia y de instrucción pública, etc.
3ª clase. Los intereses de las clases antedichas liquidados conforme a esta ley, las primas estipuladas en contratos de libramiento contra las Aduanas, sobre anticipo de derechos y sobre rentas, las primas a la exportación de frutos, etc.

233A 24 de octubre de 1886 quedaba establecido que la deuda de 1ª clase ascendía a 1.672.360 pesos y devengaría un 6% de interés; la de 2ª, a 1.988.896 y produciría un 4%; y la de 3ª clase a 3.009.479 a 0% de interés, todo lo cual hacía un total de 6.670.736 pesos90. A comienzos de 1887 Menéndez declaraba que se había llegado a esta cifra gracias a haberse amortizado cerca de un millón y medio de pesos de la deuda anterior a 1885. Esta última afirmación era verdaderamente sorprendente y difícil comprender pues se trataba de lo equivalente a la tercera parte de los ingresos previstos en el presupuesto de 1886. Ello sólo podría entenderse en el caso de que el gobierno hubiera desatendido gravemente otras obligaciones del Estado, como parecía estar sucediendo efectivamente.

234Pero el gobierno estaba desbordado. En 1887 afrontaba un caudal de pagos de deuda flotante: en efectivo, por amortización de vales y certificaciones del empréstito de 1885, por amortización de órdenes a favor de F. Camacho, por amortización de órdenes expedidas a favor de Augusto Bouineau y otras personas, y por “devolución de contratas anteriormente celebradas que no era posible llevar a efecto” que ascendía a un total de 743.314 ps. En cuanto a la deuda consolidada, se sucedían decretos para tratar de aliviarla. Menéndez trataba de conciliar las necesidades públicas y los derechos particulares, lo que, como ya se ha comprobado en casos anteriores, era algo difícil de conseguir.

235Ante tal volumen de deuda, en junio de 1886 el ministerio de Hacienda, cuyo titular con Menéndez era Estanislao Pérez – un general que lo acompañó en el golpe de estado a Zaldívar -, celebró un contrato con el Banco Particular – el segundo constituido en el país y con sede en Santa Ana – por el que el Banco abría una cuenta corriente, al 1¼% mensual, hasta por 60.000 ps. La primera partida del cargo, por 15.485 ps., correspondía a una deuda que ya el gobierno tenía con el Banco por otro contrato previo de enero de 1886. Para el pago de la deuda que se generase con el nuevo contrato, se designó el 40% de los derechos de importación que se percibieran en las tres aduanas hasta enero de 1887 y, a partir de entonces, la cuota de derechos quedaba reducida al 33,5%. Por otra parte, también se estipuló que el contrato que gobierno adeudaba al Banco por casi 100.000 ps., según contrata de enero de 1885, devengara el interés del 9% anual desde mayo de 1886. Pero el gobierno no pudo cumplir con las condiciones del contrato y, en mayo de 1887, se llegaba a otro arreglo con el Banco para reducir la tasa de interés anual sobre la cuenta corriente del 15% estipulado inicialmente al 9%. En este período de crisis financieras en diversos estados de América Latina, el incipiente sector bancario encontraba oportunidades para hacer buenos negocios91.

236Otras varias contratas se firmaron con comerciantes y hombres de negocios para disponer de liquidez pagando primas muy altas para atender necesidades urgentes. Una de ellas resultó de los importantes daños causados por un motín en el puerto de La Unión en septiembre de 1886, probablemente reflejo de las dificultades económicas por las que atravesaba la población. Para afrontarlos se firmó una contrata con Ramón Argüello por la cual éste entregaba al gobierno 30.000 ps. en documentos de deuda pública clasificada de 1ª clase, más 15.000 ps. en dinero y, a cambio, el gobierno entregaba al Sr. Argüello 30.000 ps. en órdenes contra las aduanas, amortizables en el 50% de los derechos que generasen las mercaderías que importase. La forma de presentar el ministro las ventajas de dicha contrata era decir que se habían conseguido 15.000 ps. en dinero sin ningún interés, y amortizados 30.000 ps. en documentos de 1ª clase a la mitad de su valor nominal. Aun sin saber cuál era la cotización de los billetes de la deuda – que debía ser muy baja -, la realidad de la operación distaba mucho de la versión del ministro. Otras muchas contratas se firmaban para conseguir liquidez, como la comprometida con Manuel Trigueros, un fuerte comerciante ya mencionado, que prestó 50.292 ps. al 18% de interés anual.

237Aunque muchos aspectos de la actividad financiera de estos años queden sin tratarse, no se pude dejar de mencionar la preocupación constante por el problema de la moneda. La existencia de una moneda nacional con un peso y ley en relación con el valor que representara se sentía como una necesidad urgente. Entre muchos otros problemas relacionados con el comercio interior, como la escasez de moneda fraccionaria que obligaba a redondear precios con perjuicio para los consumidores, o los frecuentes intentos de falsificación de moneda, estaba el hecho de que entraba mucha moneda de plata del extranjero cuyo valor intrínseco distaba mucho del nominal. El gobierno no estaba en condiciones de crear una Casa de Moneda, lo que ya se había intentado en época de Zaldívar, y en 1887 había firmado una contrata con Gustavo Guzmán para la creación de dicha Casa. Se trataría de una empresa particular inspeccionada por el gobierno, para garantizar que el contratante cumplía con sus obligaciones en el contrato. Lo interesante del nuevo intento es que, una vez más, la Asamblea no ratificó el intento de crear la Casa de Moneda con lo que El Salvador continuó en un estado de extraordinaria gravedad en el terreno monetario, lo que no contribuía a resolver los problemas. Será necesario analizar en el futuro si es que existían intereses en dificultar la creación de una moneda nacional en el país.

238En 1888 el Estado de El Salvador se había constituido en deudor de la compañía inglesa Salvador Railway Construction C. Ltd., que había prestado al empresario del ferrocarril Sonsonate-Santa Ana 170.000 libras esterlinas. Como garantía habían quedado afectas 3.000 acciones que el gobierno tenía en la empresa, hasta tal punto que no le era posible ni siquiera intervenir en su administración. El ministro se dirigía en 1888 a la Asamblea pidiéndole que adoptara las medidas adecuadas para que dicho pago se efectuara lo más brevemente posible “redimiendo a la vez al país del depresivo pupilaje en que le pudo la onerosa especulación que dio origen a tan enojoso asunto”. Pero no existía una solución fácil.

239Ante lo acuciante de los problemas financieros, en el mismo 1888, después de un intenso debate en torno a la deuda externa, y a la conveniencia o no de volver a pedir un nuevo empréstito para tratar de superar la crisis, el gobierno de Menéndez hizo un intento de recaudar fondos entre miembros de la oligarquía salvadoreña, como Ángel Guirola, José Larreynaga y otros, para intentar evitar el tener que solicitar otro préstamo en el exterior. Sin embargo, el intento fracasó en uno de los momentos en que con más claridad se dejó ver la actitud de la clase dominante ante los problemas de las finanzas nacionales. Finalmente, el gobierno optó por enviar a un joven Carlos Meléndez a Londres quien negoció otro crédito de 300.000 libras con The London and Sothwestern Bank. Ltd., surgiendo con ello nuevamente una “deuda inglesa92”. De las 300.000 libras, el gobierno utilizó 183.000 en pagar capital, intereses y gastos pendientes con la compañía del ferrocarril, y el resto de la deuda sea arrastró hasta fines del siglo.

240 En junio de 1890, cuando se cumplían cinco años del derrocamiento de Zaldívar y F. Menéndez se preparaba para seleccionar a su sucesor de entre un grupo de notables del país, el general Carlos Ezeta dio un nuevo golpe de estado (Castañeda, 1996). El nuevo presidente intentaría algunas nuevas medidas en una crisis que, en condiciones económicas internacionales aún más duras, no hizo sino agravarse. Una de las primeras fue elevar algo la presión fiscal sobre las exportaciones. Así, en el año fiscal de 1890 – que cubre algunos meses después de muerto Menéndez y, sobre todo, los correspondientes a la cosecha y parte de la exportación del café -, el valor de las exportaciones ascendió a 7.578.533 ps. y, dentro de ellas, el café supuso 4.268.743 ps., o el 56,32%. Pues bien, su exportación produjo 279.689 ps., lo que equivalía a un gravamen del 6,5%. Si se recuerda que el 1% se destinaba a la reconstrucción del Palacio Nacional, había otro 5% de presión fiscal sobre el grano. Ahora bien, la relación entre la política fiscal y financiera de C. Ezeta y su posterior derrocamiento en 1894 será objeto de otro trabajo.

A modo de conclusiones

241 Lo anterior es sólo una síntesis de un problema –el funcionamiento de la Hacienda y las finanzas del Estado- que requiere sin duda mayor profundización. Pero, a pesar de ello, hay ciertos rasgos que se desprenden de la información analizada que merecen ser destacados y que apoyan algunas de las ideas que figuran en la introducción de este trabajo.

242 La primera es que la estructura impositiva del estado salvadoreño en los años estudiados era extraordinariamente regresiva, pero muy consistente y coherente en el tiempo. Las declaraciones de diferentes autoridades sobre el tema, indican que se estaba ante una auténtica política de estado, contra lo que alguna vez se ha afirmado. Sin embargo dicha estructura era de gran debilidad en la medida en que dependía en porcentajes de entre más del 60% y a veces más 80% sobre productos importados y consumo de aguardiente conjuntamente, mientras que, por contraposición, las exportaciones estaban mínimamente gravadas. Las diferencias sociales que esta situación debía estar generando tenían que ser muy fuertes, siendo notable el grado de acumulación producida en manos de los grandes exportadores básicamente de café. A partir de esta realidad, algunas interpretaciones de cierta historiografía liberal, como la de que los beneficios del café generaron el progreso del país, son de naturaleza algo más que conservadora93. Por lo demás, a pesar de la existencia de fracciones en los sectores sociales dominantes y del reparto de papeles entre ejecutivo y legislativo, existía una gran sintonía entre la política del gobierno y los intereses no sólo de los grandes productores cafetaleros, sino también de los grandes comerciantes, acreedores del Estado y miembros a su vez de empresas contratistas con el gobierno. La estructura fiscal, los gastos y las aventuras militares, así como el proyecto de “modernización” llevado a cabo tanto por Zaldívar como por Menéndez, en medio de una crisis internacional con escasez de capitales, hicieron crecer una deuda interna agobiante. Pero ésta, al igual que sucedía la fragilidad de la Hacienda, fue manejada por los mismos sectores que ostentaban el poder económico como una fuente más de recursos para incrementar sus ganancias. Un componente no menor de esta situación era la inexistencia de una moneda nacional, y es digno de un posterior análisis tratar de explicar las causas de que se retrasase tanto la creación de una Casa de Moneda y una moneda propia en el país.

243 Ahora bien, en la medida en que la política fiscal respondía a los intereses de los sectores dominantes y en que los diferentes gobiernos actuaban en la misma dirección en este terreno, pese a las dificultades económicas y no sin algunas contradicciones, la afirmación de que el Estado era débil no parece corresponderse con la realidad. La hipótesis que se plantea aquí para ser profundizada en futuras investigaciones es la de que el Estado salvadoreño era una estructura ocupada y manejada por las clases dominantes, casi sin necesidad de negociar o pactar con los intereses de otros sectores de la población, que se constituía como un proyecto muy sólido y que, además, se prolongó en el tiempo. Y los golpes de estado no alteraban sustancialmente esta realidad.

244Notas de pie de página

2451 Véanse Victor Bulner-Thomas, The Economic History of Latin America since Independence. (Cambridge: Cambridge University Press, 1994) y Steven C. Topik y Allen Wells, The Second Conquest of Latin America. Coffee, Henequen and Oil during the Export Boom. 1850-1930. (Austin, University of Texas Press,).

2462 Véanse David Alejandro Luna, Manual de Historia Económica de El Salvador. (San Salvador: Editorial Universitaria, 1971), págs 202-203 y Héctor Lindo-Fuentes. La economía de El Salvador en el siglo XIX. (San Salvador: CONCULTURA, 2002), págs. 192-193.

2473 Véase Aldo Lauria-Santiago, An Agrarian Republic. Commercial Agriculture and the Politics of Peasant Communities in El Salvador, 1823-1914, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1999).

2484 Véase Lorenzo López, Estadística General de la República de El Salvador, (San Salvador: Ministerio de Educación, 3ª ed. 1974) [1ª ed. San Salvador, Imprenta del Gobierno, 1858].

2495 Véase David Browning, El Salvador, la tierra y el hombre. (San Salvador: CONCULTURA (4ª ed.), 1998).

2506 Véanse Eduardo Colindres, Fundamentos económicos de la burguesía salvadoreña, (San Salvador: UCA, 1977 ; Patricia Alvarenga, Cultura y ética de la violencia. El Salvador, 1880-1932. (San José: EDUCA, 1996) ; Aldo Lauria-Santiago, _An Agrarian Republic_…; Rafael Menjívar y Rafael Guidos, “Prólogo” a John Baily et al. El Salvador de 1840 a 1935 estudiado y analizado por los extranjeros, (San Salvador: UCA Editores., 1978).

2517 Véanse Ciro F. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, Historia económica de América Latina. (Barcelona: Crítica, 1979) ; Roberto Cortés Conde, “Export-led Growth in Latin America: 1870-1930”, Journal of Latin American Studies, vol. 24 (1992), págs. 163-179; Victor Bulner-Thomas, The Economic History.

2528 Véase Gregorio López Bernal, “El levantamiento indígena de 1846 en Santiago Nonualco. Conflictos locales, etnicidad y lucha de facciones en El Salvador”, Revista de Historia, (Universidad Nacional-Costa Rica), nº 42 (Julio-Diciembre) 2000, págs. 9-39.

2539 Véase Héctor Lindo-Fuentes. La economía de El Salvador.

25410 Véanse Johan Akerman, Estructuras y ciclos económicos. (Madrid, Aguilar, 1962) ; Carlos Marichal, Historia de la deuda externa de América Latina. (Madrid, Alianza Ed., 1988) ; Charles P Kindleberger, Historia financiera de Europa. (Barcelona, Crítica, 1988), – Hugh Rockoff, “Banking and Finance, 1789-1914”, en Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman (Eds.) The Cambridge Economic History of the United States. Vol. II. The Long Nineteenth Century. (Cambridge, Cambridge University Press, 2000), págs. 667 y ss.

25511 Según la Codificación de Leyes de Cruz Ulloa (1879 : 321) “las brozas minerales, el oro y la plata en barras… pagarán los derechos de tarifas”. Sin embargo en la Memoria del Ministerio de Hacienda y Marina de 1884, se afirmaba que la industria minera se encontraba “favorecida por nuestra legislación y apoyada por las franquicias y demás providencias decretadas por la autoridad pública” (Diario Oficial –en adelante D.O.- 11 de marzo de 1884).

25612 Gabriel Ardant, Theorie sociologique de l’impôt, (Paris, 1965, 2 vols).

25713 Véase Héctor Lindo-Fuentes. La economía de El Salvador pág. 289.

25814 Véanse Roberto Díaz Castillo, Legislación económica de Guatemala durante la reforma liberal, (Guatemala, Editorial Universitaria de Guatemala-EDUCA. 1973) ; Javier Tantaleán Arbulú, Política económico-financiera y la formación del Estado: siglo XIX, (Lima: CEDEP, 1983) ; Miron Burgin, The Economic Aspects of Argentine Federalism, (Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1946).

25915 Goran Therbon, ¿Cómo domina la clase dominante?, (Madrid: Siglo XXI, 1979).

26016 Heinz Rudolf Sonntag y Héctor Valecillos, El Estado en el capitalismo contemporáneo, (México: Siglo XXI, 1977); Theda Skocpol, Bringing the State Back In, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

26117 Erik Ching, From Clientelism to Militarism: The State, Politics and Authoritarianism in El Salvador, 1840-1940. Tesis Doctoral. Universidad de California, Santa Barbara, 1997; Aldo Lauria-Santiago, _An Agrarian Republic_…;

26218 Ricardo Roque Baldovinos, “La formación del espacio literario en El Salvador en el siglo XIX”, Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, No.3 enero – junio 2002.

26319 Estas páginas son un avance de una investigación más amplia, en la que se abordarán las décadas que siguen a las aquí analizadas.

26420 Antonio Acosta, “Municipio y Estado en El Salvador a fines del siglo XIX. Una contribución al análisis desde la hacienda local”. Revista de Indias (C.S.I.C.) (2007).

26521 Rafael Reyes, Nociones de Historia de El Salvador, (San Salvador, Imprenta Rafael Reyes, 1920), pág. 195 y ss.

26622 Fue Ministro de Gobernación con el general F. Menéndez y asesor financiero presidente general Carlos Ezeta en la década de 1890.

26723 Memoria de la Secretaría de Estado de los Ramos de Hacienda y Guerra. San Salvador, Tipografía Nacional, 1875.

26824 Sorprende que los 132.545 ps. considerados como ingresos por renta de aguardiente en la Memoria del Ministerio correspondían en realidad a “Costos de compras”. Por contraposición a este concepto, existían otros como “Productos generales del ramo” (475.048 ps) o “Ventas generales” (501.041 ps) que parecen más propios para ser incluidos como ingresos en las rentas nacionales. De ahí que, dependiendo del concepto que se adopte, el total de los ingresos varíe y asimismo el peso relativo de ambas rentas. Para la elaboración del Gráfico 4 se ha usado la cifra de 475.048 ps.

26925 No se conoce el detalle de la aplicación de estos porcentajes sobre productos concretos. El problema de las Tarifas de Aforos, que no ha sido estudiado aún, fue un asunto de gran importancia para el comercio exterior y para los ingresos fiscales no sólo en el período que cubre este trabajo.

27026 Gabriel Ardant, Theorie sociologique; – Jean Bouvier, y Jacques Wolff, (comp.), Deux siècles de fiscalité française, XIXe-Xxe siècles: histoire, économie, politique, (Paris, École de Hautes Etudes de Sciences Sociales, 1973).

27127 En 1852 se había establecido el impuesto de 3 pesos y 2 reales pagaderos en vales o bonos de cualquier clase, más 2 reales en moneda efectiva, por cada zurrón de añil de 150 lbs. que se exportase (Menéndez, 1956, Lib. VIII, ley 8). Véase a Patricia Alvarenga, Cultura y ética.

27228 Fondos procedentes de las Administraciones de Rentas departamentales y, a su vez, de los municipios, a partir de un impuesto sobre el sacrificio de animales para el consumo y que, en última instancia, debían ser utilizados para la instrucción pública (Menéndez, 1956, Lib. VIII, ley 21).

27329 Un derecho sobre transacciones inmobiliarias rurales y urbanas (Menéndez, 1956, Lib. VIII, diversas leyes).

27430 No se definía por su origen sino por su destino.

27531 Un viejo derecho colonial para crear un fondo de crédito a los añileros. Era de muy escasa importancia fiscal. El “Producto de las guías de añil y montepío de añileros” en el Presupuesto de 1877 significaba el 2,5% del total de ingresos previstos (Leistenschneider, 1977).

27632 Memoria del Secretario de Estado de Hacienda, Guerra y Marina de 1878. D.O. 1 de marzo de 1878.

27733 Antonio Acosta, “Municipio y Estado en El Salvador.

27834 No figura el papel no convertido que se amortizó hasta mayo de 1874, de cuya fecha data la amortización del nuevo papel. Es interesante señalar que las planchas litográficas empleadas en la impresión de los billetes se hallaban custodiadas por la Cía. Nacional de Billetes de Banco de Nueva York, cerradas y selladas por el Ministro Plenipotenciario de El Salvador para evitar la tentación de fraude.

27935 Rafael Menjívar, Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador (San Salvador: UCA Eds., 1980) ; – Alfonso Quiroz, Banqueros en conflicto. Estructura financiera y economía peruana, 1884-1930, (Lima, Universidad del Pacífico, 1984); – Alberto Acosta Espinosa, La deuda eterna. Una historia de la deuda externa ecuatoriana, (Quito, Libresa. 1994) ; Julio Sevares, Historia de la deuda. Dos siglos de especulación. (Buenos Aires. Capital intelectual, 2005)

28036 De los tres relevantes militares, dos – Menéndez y Figueroa – tuvieron una activa vida política llegando a ser presidentes de la República.

28137 Apenas existe un estudio serio sobre la decisiva etapa de gobierno de Zaldívar. Es significativo que un trabajo como el de H. Lindo-Fuertes pase casi de puntillas por los años de la presidencia de R. Zaldívar.

28238 Roberto Molina y Morales, “Licenciado Don Rafael Zaldívar”. En María Leistenschneider, Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su Administración. (San Salvador: Ministerio de Educación, 1977), págs. 17-21; Ricardo Roque Baldovinos, “La formación del espacio literario” ;

28339 F. Morán participaría en 1879 en un intento de golpe contra Zaldívar, tras ser sustituido en el ministerio, y se conocen negocios suyos con posterioridad a haber estado en el gobierno (Reyes, 1920).

28440 Memoria del Secretario de Estado en los Departamentos de Hacienda, Guerra y Marina en 1878. D.O., 1 de marzo de 1878.

28541 También en la Memoria de Hacienda de 1878 ya citada. Además, en la Memoria de 1880, referida al año 1879, también se mencionan alteraciones en Ahuachapán, donde estaba Francisco Menéndez. Rafael Reyes, Nociones de Historia.

28642 Miron Burgin, The Economic Aspects.

28743 Decreto de 28 septiembre 1877.

28844 D.O. 15 febrero 1878. A pesar de ello, la presión fiscal sobre las importaciones sólo reflejaba según la contabilidad en 1879 el 55%.

28945 Memoria del Secretario de Estado de los Departamentos de Hacienda, Guerra y Marina. D.O. 1 de abril de 1880.

29046 Ver nota 7.

29147 A lo largo de estos años, la información sobre la renta del aguardiente variaba entre “producto líquido” y “producto bruto”, lo que hace difícil la comparación ente los datos, aunque la tendencia ascendente es clara.

29248 Por otra parte, se había autorizado una nueva fábrica de “licores finos”, a imitación de los extranjeros, mediante una contrata a favor de Don Oltman Watjen.

29349 Esto lo conocemos con detalle para años posteriores a este estudio a partir de otro tipo de documentación. Véase Héctor Lindo-Fuentes. La economía de El Salvador, pág. 297)

29450 Ley de Presupuesto para el año económico de 1877. D.O. 14 marzo 1878.

29551 Mensaje del Presidente al Cuerpo Legislativo. D.O. 16 de enero de 1878. Es interesante comparar este tipo de observaciones con las de otros gobernantes de la época. Para Colombia o México, ver Malcolm Deas, “The Fiscal Problems of Nineteenth-Century Colombia”, Journal of Latin American Studies, vol. 14, 2, pág. 289.

29652 D.O. 15 de febrero de 1878.

29753 Memoria… D.O. 1 de abril de 1880.

29854 Véase Héctor Lindo-Fuentes. La economía de El Salvador, pág. 268.

29955 Se ofrecen datos hasta 1884 para apreciar la tendencia alcista de las exportaciones. La caída de las importaciones en 1883 se comentará en el siguiente apartado.

30056 Memoria del Ministro de Hacienda, Guerra y Marina de 1882. D.O. 21 de abril de 1882.

30157 Memoria de los Ramos de Hacienda, Guerra y Marina de 1883. D.O. 4 de marzo de 1883.

30258 Memoria de los Ramos de Hacienda, Guerra y Marina de 1884. D.O. 11 de marzo de 1884.

30359 Memoria de los Ramos de Hacienda y Marina de 1885. D.O. 14 de marzo de 1885. Resulta llamativo que, al parecer, Guerra no estuviese incluida en la cartera, precisamente el año en que triunfaría el golpe de estado.

30460 Mensaje del Presidente a la Legislatura. D.O. 19 de enero de 1882.

30561 Una investigación sobre la evolución de los precios sería muy importante para conocer mejor la historia de El Salvador durante este período del neocolonialismo.

30662 D.O. 4 de marzo de 1883.

30763 En 1877 ya había otra compañía de vapores años atrás que también percibía una subvención. Ver Presupuesto de 1877.

30864 Las contratas fueron anunciadas por el ministro de Hacienda en su Memoria de 1882.

30965 Véase Héctor Lindo-Fuentes. La economía de El Salvador.

31066 Estatutos de la Compañía de F.C. de Acajutla. D.O. 28 abril 1882

31167 Las condiciones de esta operación serán estudiadas en un próximo trabajo.

31268 Rafael Reyes, Nociones de Historia de El Salvador,

31369 Memoria de 1882.

31470 Como consecuencia del agitado año político, no existen datos globales para 1885. Ver datos parciales en D.O. 15 de noviembre de 1886.

31571 D.O. 1 deenero de 1884.

31672 Memoria de 1883.

31773 William Sater,. “Chile and the World Depression of the 1870s”, J.L.A.S. vol. 12 nº 1, 1979, págs. 67-99.

31874 Para esta fase de transición tras el golpe de estado, resulta muy ilustrativo consultar el Diario Oficial de 1885 y 1886. ; Julio Alberto Domínguez Sosa, Génesis y significado de la Constitución de 1886_. (San Salvador, Ministerio de Cultura. 1958).

31975 Macello Carmagnani, Historia y sociedad en América Latina. 1850-1930. (Barcelona, Crítica. 1984).

32076 Mensaje del Presidente Provisional de la República a la Asamblea. D.O. 17 de febrero de 1887.

32177 Por ejemplo, José Mª Martínez al Gobernador. San Sebastián, 23 de mayo de 1887. AGN, Gobierno 2, S. Vicente. Rudecindo Bonilla al Gobernador. Santa Clara, 23 de marzo de 1887. AGN Gobierno 1, S. Vicente.

32278 D.O. 4 de octubre de 1886

32379 Mensaje del Presidente Provisional de la República a la Asamblea. D.O.17 de febrero de 1887.

32480 D.O. 13 de enero de 1886.

32581 D.O. 25 de mayo de 1886.

32682 Se dispone por un lado de información estadística muy elemental para 8 meses de 1885 y, por otro lado, de datos para 15 meses que cubren los finales de 1885 y el año 1886 completo.

32783 Memoria del Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina, de 1888.

32884 Memoria de los Ramos de Hacienda y Crédito Público, de 1889. D.O. 7 de mayo de 1889.

32985 Memoria de los Ramos de Crédito Público, Hacienda y Marina de 1890. D.O. 14 de mayo de 1899.

33086 Ver nota 7

33187 D.O. 14 de mayo de 1890

33288 Ibídem. Esto ha sido utilizado por F. Lindo-F para asegurar que el gobierno recurría a cualquier fuente políticamente viable de ingresos.

33389 En 1878 representantes en la Asamblea Nacional con intereses en los negocios agrarios, como R. Ayala y M. Yúdice, habían propuesto que se concediera una prima de 4 ps. por quintal de cacao que se exportara. D.O. 12 de enero de 1884.

33490 D. O., 26 de marzo de 1888.

33591 Alfonso Quiroz, Banqueros en conflicto.

33692 José Flores Figeac, Recordatorio histórico de la República de El Salvador, (San Salvador: Talleres Gráficos Cisneros, s/f. , 1934), pág. 347.

33793 Bradford Burns, “The Intellectual Infrastructure of Modernization in El Salvador, 1870-1900” in The Americas, vol. 41 (Washington) 1985, págs. 57-82.

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Para citar este artículo :

Antonio Acosta Rodríguez, « Hacienda y finanzas de un Estado oligárquico. El Salvador, 1874-1890. », Boletín AFEHC N°42, publicado el 04 septiembre 2009, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2264

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