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AFEHC : articulos : Recuperación democrática, Violencia y sistema político en Honduras (Década del 80). : Recuperación democrática, Violencia y sistema político en Honduras (Década del 80).

Ficha n° 2657

Creada: 15 junio 2011
Editada: 15 junio 2011
Modificada: 19 junio 2011

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Autor de la ficha:

Esteban DE GORI

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Recuperación democrática, Violencia y sistema político en Honduras (Década del 80).

Este trabajo se propone investigar el complejo vínculo que existió en Honduras, a principios de la década del ’80, entre la recuperación del orden constitucional y representativo, la desarticulación del estado desarrollista y el desarrollo de políticas de contrainsurgencia tanto en dicho país como en los países de la región. Para ello, se pretende analizar la construcción y afirmación de los términos de enemigo interno y enemigo comunista en el marco de las políticas orientadas por la Doctrina de Seguridad Nacional y por las contribuciones conservadoras del Documento Santa Fe I considerando a su vez, una interpretación sobre la estrategia de los Estados Unidos para la región centroamericana y caribeña y la consecuencia de ésta en el debilitamiento, fragmentación y represión de los grupos revolucionarios.
Palabras claves :
Recuperación democrática, Políticas de contrainsurgencia, Estado desarrollista, Doctrina de seguridad nacional
Autor(es):
Esteban de Gori
Fecha:
Junio de 2011
Texto íntegral:

1

Introducción

2La década del ´80 en la República de Honduras esta signada por transformaciones políticas y militares que tendrán eco hasta nuestros días. La recuperación del orden democrático se produce bajo el signo de la articulación que se produce entre un poder militar que construye una estrategia para fortalecer su poder tutelar en Honduras y en la región y los actores partidarios y empresariales tradicionales. Es decir, el orden democrático se erigía por una cohabitación asimétrica entre las élites militares y las élites partidarias. El poder militar, no sólo no se subordinaría al “poder civil”, sino que el primero se plantea como condición para el segundo. De hecho, en noviembre de 1980 el General Paz Garcia ubicaba a las Fuerzas Armadas como garantía y custodia del orden democrático. Es decir, de un orden, según la élite militar, asediado por la “subversión interna y externa”. El General Paz indicaba:

3“Les pido recordar que fuerzas extrañas nos acechan día y noche, en espera del momento en que mostremos división interna, debilidad, psicosis de miedo o desesperación, para lanzarse al atraque de su presa, que no es otra que nuestra libertad, nuestra soberanía y nuestro ensayo democrático1 …”

4Este proceso lleva a que, a principios de la década del ’80 la República de Honduras se convierta, a partir de una consolidada e histórica alianza con los Estados Unidos, en una base militar de entrenamiento, provisión de armas y recursos tanto para las fuerzas gubernamentales salvadoreñas y guatemaltecas como para la “contra” nicaragüense. Este proceso se fundamentaba (y pretendía legitimarse) en la lucha contra la amenaza comunista que suponían los heterogéneos movimientos revolucionarios en la propia Honduras, como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Por lo tanto, Honduras se transformó en una frontera geográfica e ideológica organizada por la convicción y adhesión de las élites políticas y militares a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Estas élites colaboraron en la construcción de una plataforma militar que promovió y desarrolló políticas de contrainsurgencia planificadas por el gobierno de los Estados Unidos, la CIA y por militares argentinos en la región centroamericana y caribeña. Esto transformó a este país centroamericano no sólo en un lugar geoestratégico privilegiado sino que le otorgo un “valor agregado” a la hora de solicitar armamentos, créditos, infraestructura y tecnología. Ahora bien, lo importante a tener en cuenta es que dicha estrategia funciono o se articulo con el inicio de un proceso constitucional restablecido después de dieciocho años de gobiernos militares. Es decir, el aumento del poder militar y la creciente militarización provocada por el establecimiento de la base militar y por la voluntad de tutelaje de las fuerzas armadas se llevo a cabo paralelamente a la recuperación de las formas y reglas de la democracia liberal2 . Recuperación que más allá de una resistencia minoritaria, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional y vastos sectores de la población aceptaron que la alianza con los Estados Unidos traería al fin de cuentas beneficios materiales y económicos y, en última instancia, propondría una fórmula estable para el orden político. Por lo tanto, la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) no sólo fue aceptada como la forma en que se organizaba la lucha política y militar entre el “capitalismo” y el “comunismo”, sino que para diversos países este conflicto constituyó una posibilidad política para obtener beneficios económicos y para establecer, por parte de las élites dominantes, amigos y enemigos entre los Estados y al interior de cada uno de estos. La DSN reordenaba el mundo exterior y el mundo interior de cada Estado-Nación a partir de una reflexión que al situarse en un conflicto de contención (al comunismo) utilizaba la concepción de enemigo interno. La cual “jugará un rol gravitante, bajo el manejo cognitivo de las dinámicas de resistencias a las políticas colonialistas europeas y la de EEUU3 .”

5Ahora bien, este proceso debe comprenderse en un contexto de la crisis económica de los 80 y la desarticulación del estado desarrollista por parte de élites militares y civiles que van a conducir el proceso de recuperación del orden democrático. Esta desarticulación implicará, en términos sociológicos, la precarización y disolución de instituciones que dotaban al Estado de poderes regulatorios y, por ende, la erosión de la capacidad estatal de intervenir en la economía. En este sentido, lentamente las corporaciones (fundamentalmente las corporaciones militares y empresariales) colonizarían el Estado hondureño.

6Entonces, durante la década del ´80, observamos una consolidación del poder militar, el tutelaje del proceso de recuperación democrática por parte de éste; cohabitación asimétrica del poder militar y del sistema de partidos; desarticulación del desarrollismo e inicios del régimen neoliberal. La dinámica monetarista, la apertura de la economía y el desmantelamiento de empresas estatales se articulaban con la intervención de Honduras en el conflicto regional y con la recuperación del orden democrático. Por lo tanto, la élite militar no sólo tutelaría la recuperación del orden constitucional, sino las nuevas políticas económicas. De esta manera, tutelaran el sistema de partidos y el desenvolvimiento del régimen económico.

7Estas reflexiones nos conducen a plantear una rápida historización del poder militar y su vínculo con el sistema político. Tal vez, como punto de partida podemos establecer los finales de la década del ’40. En septiembre de 1947 se constituyó en Rio de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) materializándose así, los intereses hemisféricos de los Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de Seguridad Nacional. En 1951 el Congreso de los Estados Unidos sancionó la ley de Seguridad Mutua (Mutual Security Act) donde se establecía ayuda militar, técnica y económica a los países amigos. Es decir, a países alineados con los intereses geoestratégicos norteamericanos y con la manera en que estos intereses reordenaban de manera dinámica los conflictos con enemigos posibles o aliados pro-soviéticos, tanto a nivel estatal como interno de cada uno de los países. Esta ley se concretó a través de los Programas de Asistencia Militar (PAM) la cual se interesaba por la “seguridad interna” frente a la amenaza de la “subversión comunista” y que sería aplicada por primera vez en 1954 en Guatemala, con el derrocamiento de Jacobo Arbenz. Ya en 1950 el funcionario del Departamento de Estado, George Kennan advertía sobre los tres objetivos de la política de Estados Unidos en América Latina: 1-Proteger las materias primas utilizadas por el mercado norteamericano, 2-Prevenir a los militares de América Latina del enemigo comunista y, 3-Prevenir los efectos psicológicos generados por las críticas hacia los Estados Unidos.

8El proceso político iniciado en la República de Guatemala por Jacobo Arbenz en 1951 fue interpretado por Estados Unidos como atentatorio a sus empresas e interés en dicho país. Por lo tanto, la interpretación sobre los efectos que ocasionarían la reforma agraria sobre sus empresas, fundamentalmente de la United Fruit Company, fue convertida y transformada en una “amenaza hemisférica” para el propio Estados Unidos y para la región misma. Así, se señalaba el “caso Guatemala” como la evidencia empírica del control de un Estado por parte de la URSS. La amenaza comunista había llegado a las costas de Centroamérica.

9A diferencia de las anteriores formas intervencionistas en Centroamérica los Estados Unidos establecieron a través de los PAM y de acuerdos bilaterales y multilaterales una forma de la intervención que intentaba incluir a países amigos en la “lucha contra el comunismo”. En este contexto se firma, el 20 de mayo de 1954, entre Honduras y los Estados Unidos el Tratado Bilateral de Asistencia Militar que tendría como objetivo preparar la invasión a Guatemala para derrocar al presidente guatemalteco. Este tratado se firmaba “en beneficio de la seguridad de ambos países y en cumplimiento de sus compromisos vigentes de seguridad bilateral.” Así se establecían ejercicios militares “para lograr objetivos comunes y compatibles de Honduras y de los Estados Unidos”. Entonces, entre ambos se definían “conjuntamente el concepto de operaciones, las zonas geográficas en las que se llevarán a cabo, el tipo y el número de fuerzas militares que se utilizarán, y el período de tiempo para cada ejercicio militar4.”

10Con este Tratado Honduras, a través de la ayuda militar norteamericana, construye un ejército profesional que con el tiempo se instituirá en un actor social y político privilegiado en la política nacional y regional. Ahora bien, la construcción de fuerzas armadas profesionales en 1954 obedece no sólo al proceso iniciado por Jacobo Arbenz en Guatemala sino como respuesta a la gran huelga desarrollada por los obreros bananeros, mineros y cerveceros desde mayo a julio. Debemos remarcar que las élites dominantes hondureñas, en su incapacidad por establecer un orden político durable y estable, propician la conformación de un actor político que colabore en la construcción de una hegemonía política. Por lo tanto, a través de la militarización y, por ende de la misma élite dominante, se buscará establecer una fórmula política de la estabilidad.

111954 es un año clave en la historia de Honduras como de la región centroamericana. El gobierno de Juan Manuel Gálvez (perteneciente al Partido Nacional) apelando a la posibilidad de un ataque por parte del gobierno de Jacobo Arbenz contra Honduras solicita a Estados Unidos el cumplimiento del Tratado.

12El gobierno hondureño, en connivencia con los EEUU, logrará construir una retórica de la amenaza tanto hacia dentro de su país como hacia la región intentando así, instituirse en un gobierno claramente alineado a los preceptos de la DSN y condicionando a los demás países a sumarse a dicha cruzada anticomunista. Estas acciones modificarán la fisonomía política de Centroamérica: primero, se establece en Honduras una base para la formación de militares y ejércitos contra la amenaza comunista proveniente del gobierno guatemalteco y, segundo, se presenta ante los países de la región como modelo de desarrollo ante la ayuda militar, técnica y económica de los Estados Unidos. Por lo tanto, los beneficios económicos recibidos por Honduras en base a una relación pragmática y de subordinación con los Estados Unidos propicio un incipiente desarrollo, así como la creación de un poder militar profesional y un fortalecimiento de su poder en las relaciones con otros países de la región. Pero a su vez, en este proceso debemos observar que no sólo surgirá en la escena política un poder militar sino un sujeto obrero dispuesto a organizarse, a intervenir y presionar en la escena pública.

13La preparación para derrocar al presidente guatemalteco fundará en y desde Honduras un laboratorio de prácticas políticas y discursivas anticomunistas que alcanzara mayor consistencia y organicidad a fines de los años 70.

14La figura de Jacobo Arbenz también fue vinculada a la disputa política al interior de Honduras. Mientras el Partido Nacional en el gobierno alentaba su vínculo con las nacientes fuerzas armadas construía una discursividad que señalaba al Partido Liberal como un partido comunista que simpatizaba con el proceso guatemalteco. Por lo tanto, lentamente se va estableciendo la figura del enemigo interno. Una figura, que según los conflictos políticos nacionales y regionales, se irá desplazando hacia diversos actores sociales y políticos.

15El discurso político que señala e instituye enemigos internos se modificará o se recreará a la luz de los acontecimientos pero mantendrá la única atribución de que ser enemigo es ser indefectiblemente subversivo o comunista. Y en esta construcción del enemigo interno se establecería una conexión entre las huelgas obreras y el gobierno de Arbenz. Durante la huelga el agente de la CIA, W. Willauer5 telegrafió a su jefe en Centroamérica (Jhon Dulles) “informándole que el movimiento de los trabajadores costeños había sido provocado por comunistas guatemaltecos, y que era previsible una invasión de Guatemala contra Honduras6…” Entonces, la peligrosidad del enemigo interno radicaba fundamentalmente en su conexión imaginaria o real con el otro polo de la Guerra Fría. En esa indicación conectiva se dotaba al otro de la conexión de enemigo.

16En Honduras se formarían las fuerzas de Castillo Armas, aquellas que el 27 de junio de 1954 obligarían a Jacobo Arbenz a renunciar y que darían cuenta por primera vez en América Latina la forma en que asumiría la DSN. Por lo tanto, Honduras se convierte en un espacio geográfico específico para desarrollar actividades militares y de inteligencia contra los procesos políticos que se iniciaran en las décadas posteriores en Centroamérica y el Caribe. Pero a su vez, se convertiría en un territorio nacional donde debía luchar con sus propios enemigos internos como habían sido denominados los militantes y activistas del Partido Liberal. Es interesante remarcar que en 1956 este partido político debió expresar que “…estuvo, está y estará siempre contra el comunismo que oprime, niega y anula la personalidad. Y por último, declara que ningún individuo que pertenezca al comunismo puede ser miembro del Partido Liberal de Honduras7”.

17De esta forma, quedaba claro que ambos partidos políticos se encaminaban a aceptar y aplicar a través del tiempo la DSN. El afianzamiento de esta doctrina en Centroamérica y específicamente en Honduras doto de un poder a las fuerzas armadas nunca visto en este país. Desde 1963 hasta 1981 el régimen político se estructuraría bajo el arbitraje y participación de esta fuerza militar, es decir, bajo el arbitraje de una élite política dominante, ahora, militarizada que ve en la institución militar la posibilidad de establecer un orden estable mientras crece y se beneficia en el contexto de la Guerra Fría y en su alianza con los EEUU.

18Ahora bien, a diferencia de El Salvador, Nicaragua y Guatemala Honduras logró cierta estabilidad política que estuvo signada, como dijimos por el rol de las fuerzas armadas y por los acuerdos relativos que mantuvieron con el Partido Nacional y, en determinadas situaciones, con el Partido Liberal. Estos partidos garantizaron las interlocuciones con los diversos actores sociales, así como los funcionarios civiles en los distintos gobiernos, que desde 1963 a 1980, impusieron los militares. Pero también, la estabilidad estuvo garantizada por una economía que había garantizado tierras para una importante cantidad de campesinos hasta los años ‘20 y porque además ésta se había diversificado a la producción minera y otras producciones. De hecho, sin profundizar es importante considerar que el desplazamiento de personas ante el establecimiento de la United Fruit Company y otras empresas extranjeras fue menor que en otros países de la región.

19En el año 1957 triunfa en las elecciones Ramón Villade Morales (Partido Liberal) quien lograría constituirse en interlocutor de algunas reivindicaciones del movimiento sindical hondureño. En ese mismo año las fuerzas armadas logran que el jefe de las mismas no sea elegido por el Presidente, por lo tanto, habían logrado una autonomía institucional. De esta manera, la fórmula de la estabilidad se lograba, por un lado, instituyendo un actor político con el cual los partidos en el gobierno debían negociar y, por otro, con un actor que asumía autonomía frente a las cuestiones militares y policiales. Es decir, asumían, a través de los Programas de Ayuda Militar, la relación con los Estados Unidos en las políticas de contrainsurgencia en la región tornándose en la llave misma de los créditos, infraestructura y tecnología para Honduras.

20Estos dos poderes – el militar y el establecido por los partidos Nacional y Liberal – que con las constitución de 1957 establecían jurisdicciones y potestades lograban de alguna forma condicionamientos y limitaciones mutuas que lo volvían un orden relativamente estable.

21El gobierno de Ramón Villade Morales, entre otras cosas, reglamento un código laboral, organizó la seguridad social, promovió una ley de reforma agraria8 y una ley de fomento industrial haciéndose eco de las presiones sociales realizadas por los agrupamientos gremiales. El Partido Nacional apelando a la retórica del enemigo comunista promovió un golpe estado en 1963 dirigido por Oswaldo López Arellano que tuvo como resultado final la prevalencia y predominancia institucional de los militares en el poder político del país. Fueron reprimidos activistas sociales, fundamentalmente de la Federación Nacional de Campesinos de Honduras (FENACH), y dirigentes políticos debieron exiliarse. En 1965 Honduras, continuando su alianza con Estados Unidos, apoyará desde la Organización de Estados Americanos (OEA) la invasión a República Dominicana para el derrocamiento de Juan Bosch. Estados Unidos, frente a la revolución cubana de 1959, afianzaría su política intervencionista en Centroamérica y el Caribe presionando a los países de la región a hacer propia la lucha contra la amenaza comunista.

22En 1969 el gobierno militar de Oswaldo López Arellano sometido a una fuerte presión popular decide llevar adelante la reforma agraria iniciada por el gobierno anterior. Y como Honduras, por su escasa población, había recibido a campesinos salvadoreños9 que con el tiempo lograrían poseer tierras, decidió recuperar primero estas. Como advierte Manuel Alcantara Saez, “la recuperación de tierras se refería tanto a nacionales a extranjeras, pero dado que la reforma agraria resultaba políticamente más viable si no se afectaban los intereses de los terratenientes nacionales, la decisión más lógica en su comienzos de ejecución era comenzar por las tierras de los salvadoreños10 .” La expulsión de éstos se articuló con los más de doce conflictos fronterizos provocados por el desacuerdo en la delimitación de su frontera común. A esto, debe agregarse algunas cuestiones importantes: el gobierno de Honduras denunció que el ejército salvadoreño apoyaría a opositores políticos para dar un golpe de Estado y, por otro lado, en enero de 1969 Honduras se opone al Tratado de Migración con El Salvador profundizando el conflicto entre países.

23En este contexto comienza a observarse en Honduras la construcción simbólica de la “cuestión salvadoreña”. La élite política y cultural lograba establecer en los salvadoreños la clave de sus imposibilidades y desgracias sociales. Como rezaban las calcomanías en Tegucigalpa: “Hondureño, toma un leño, mata a un salvadoreño.” El conflicto agrario se había transformado en un conflicto entre Estados nacionales que ponían en suspenso las figuras y retórica de los enemigos internos y recreaban las viejas figuras de rivalidad y competencia geoestratégica entre Estados. Inclusive grupos conservadores y paraestatales como Mancha Brava perseguían, saqueaban sus propiedades y reprimían a salvadoreños en territorio hondureño.

24Ahora bien, lo que va a rearticular estos haces de conflictos son las eliminatorias para el mundial de fútbol de 1970 a disputarse en México. Los equipos se enfrentaron en ambos países, pero debieron desempatar en México venciendo el equipo de El Salvador. El gobierno del general Fidel Sánchez Hernández aprovechó el triunfo para exacerbar la disputa con Honduras y romper relaciones diplomáticas. El 14 de julio de 1969 El Salvador invade Honduras y diecisiete días después presionado por la OEA11 los batallones salvadoreños regresan a la frontera tradicional. El resultado del conflicto dejaría unos 3000 muertos y unos 75.000 refugiados.
Lo paradójico de este conflicto armado, es que años después en la base militar de Honduras para las políticas de contrainsurgencia se entrenarían militares salvadoreños que habían participado en el conflicto bélico. Nuevamente la presión de los Estados Unidos y la alianza de los países de la región contra el comunismo colocaron entre paréntesis la rivalidad de Honduras y El Salvador.

25En el año 1972 se abre un periodo de fuertes luchas políticas por el control de Estado entre los partidos tradicionales y las fuerzas armadas. Este periodo que culminará en 1981 esta signado por una derechización del accionar de las prácticas estatales y del discurso político que deben inscribirse en el contexto del triunfo de la revolución sandinista. Aunque el orden político no se encuentre cuestionado de manera radical – como había sucedido en Nicaragua o como se observaba en El Salvador y Guatemala – las fuerzas políticas y militares apoyan la persecución y represión de los grupos armados hondureños. Grupos armados, como el Frente Popular Revolucionario López Zelaya y el Movimiento Revolucionario Francisco Morazán, que estaban ligados a las culturas de izquierdas hondureñas y a las luchas campesinas y obreras pero que eran considerablemente minoritarios con respecto a los grupos armados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Esto se debió en parte, a que los partidos tradicionales como las fuerzas armadas intentaron resolver algunas necesidades o demandas sociales a través de los gobiernos elegidos e inclusive durante algunos de los gobiernos militares. La acción política de las élites dominantes permitió construir un orden político, donde la represión interna y el disciplinamiento social se conjugó con la resolución de ciertas necesidades sociales y sectoriales permitiendo conducir el conflicto social. Tanto en los gobiernos democráticos como en los gobiernos militares de 1963 a 1980.

26Ante el inminente triunfo sandinista el gobierno de Honduras conformado por una Junta Tripartita de Gobierno encabezada por el general Policarpo Paz García esgrimió, en consonancia con los objetivos norteamericanos, la posibilidad de una invasión sandinista al territorio hondureño. Por lo cual reclamaba el cumplimiento del Tratado de Asistencia Militar con los Estados Unidos y abría la posibilidad de operaciones conjuntas en la región. Las operaciones de los grupos armados en Guatemala y en El Salvador constituyeron a Honduras en un actor central para los intereses hemisféricos norteamericanos. No sólo funcionaria de base militar y de entrenamiento para el desarrollo de las políticas de contrainsurgencia sino que se convertiría en una frontera ideológica y geográfica a los movimientos revolucionarios. Para esto, el gobierno hondureño no sólo recibirá la asistencia de militares argentinos, fundamentalmente del Grupo de Tareas Exterior del Batallón 60112, que los asesorarían en la represión interna –que produjo 184 desaparecidos- sino los fondos de la administración Reagan luego de un menguado apoyo por parte del gobierno de Carter. Ricardo Valencia considera que “una misión de cuarenta militares argentinos se estableció en Honduras para colaborar en tareas de contrainsurgencia en ese país y en Nicaragua desde principios de 1980 hasta enero de 198413 .” En el importante trabajo de Ariel Armony14 explica que la participación de los militares argentinos fue orientada por la pretensión de llevar adelante un cruzada anticomunista a toda América intentando, durante la administración Carter, asumir el liderazgo regional en la lucha contrainsurgente conformando para ello una articulación con diversos ejércitos comprometidos con los intereses geoestratégicos norteamericanos. Los militares argentinos decidieron forjar, hacia dentro y hacia afuera, una impronta en las formas que debía asumir la represión y el terrorismo estatal considerando que el modelo de represión aplicado en Argentina se revelaba como eficiente y exitoso. Estas operaciones y asesoramiento apuntaban a extender el Plan Cóndor ideado por los gobiernos militares del Cono Sur con el objetivo de construir un nivel de coordinación interamericana entre diversos gobiernos militares latinoamericanos y la CIA, donde la persecución, los encarcelamientos y asesinatos de militantes y dirigentes revolucionarios en cualquier país seria parte de una guerra que cada Estado libraba, como la región misma, contra la amenaza comunista. De alguna forma, se latinoamericanizó la represión política para construir una frontera ideológica frente a múltiples formas de acción política (social, política, revolucionaria) que fueron reducidas a la unidad conceptual de ser consideradas como apéndices o manifestaciones de los socios criollos del comunismo internacional. Por lo tanto, frente a esto la lucha política asumió el carácter teológico de una cruzada. Es decir, la DSN se convirtió en un Cruzada militar, ideología y discursiva que pretendía en América Latina componer una escenografía binaria del conflicto, nominar y conceptualizar a los enemigos y a sus características e inscribir cada acción de dicha cruzada en las raíces occidentales y cristianas.

27En 1980 se articularon diversos fenómenos a tener en cuenta: 1- el triunfo de Reagan y el considerable aumento del intervencionismo norteamericano y argentino, 2-el inicio en Honduras del restablecimiento de las reglas democráticas, 3- la consolidación del gobierno sandinista y 4- el avance y fortalecimiento de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG) y del FMLN que en 1981 comenzaría con su ofensiva militar contra el gobierno salvadoreño.

28El gobierno de Reagan no sólo aumentará la presión militar sobre Centroamérica sino que con ello elaborará un discurso que superlativizará la amenaza comunista en la región. Esto no sólo se realizaría para fundamentar sus acciones políticas intervencionistas sino para profundizar su control sobre una región que lejos estaba – menos el caso de Cuba – de mantener una relación política con la URSS. El denominado Documento de Santa Fe, elaborado por los grupos conservadores ligados a la campaña de Reagan en 1980 – luego ordenado por el Consejo de Seguridad Interamericana – planteaba que: “El continente americano se encuentra bajo ataque. América latina, la compañera y aliada tradicional de Estados Unidos, está siendo penetrada por el poder soviético. La cuenca del Caribe está poblada por apoderados soviéticos y delimitada por Estados socialistas” Por lo tanto, “no podemos permitir que se desmorone ninguna base de poder norteamericana, ya sea en América Latina, en Europa Occidental o en el Pacifico Occidental, si es que Estados Unidos debe retener energía extra para ser capaz de jugar un rol equilibrador en otras partes del mundo15 .”

29Las políticas de contrainsurgencia elaboradas en la base de Honduras tendrían fundamento en la inminencia de una guerra frente a la amenaza soviética organizada en los países de la región y en la necesidad de resituar a Estados Unidos como equilibrador del poder mundial. El enemigo interno no sólo se había organizado en movimientos armados sino que en el caso de Nicaragua accedía al poder. En este caso el enemigo interno se tornaba enemigo estatal.
Ahora bien, las políticas de contrainsurgencia hacia la región se desarrollarán en consonancia con la recuperación de las formas constitucionales en Honduras y con la represión interna. En 1980 el Partido Liberal triunfa en las elecciones y es electo Roberto Suazo Córdova quien ante “el triunfo de la revolución sandinista y la llegada del Ronald Reagan a la Casa Blanca, contribuyeron a que el gobierno de Suazo Córdova adquiriera un perfil conservador.” Así, el “otrora civilista Partido Liberal concluyo una alianza con el General Gustavo Álvarez Martínez16 , jefe de las Fuerzas Armadas, y ambos pusieron en aplicación una versión local de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN17).” Entonces, como observamos se articularán la recuperación democrática con el desarrollo de las políticas contrainsurgentes en Honduras como en la región llevadas adelante por la autonomía institucional logradas por las Fuerzas Armadas en el año 195718. El acuerdo del Partido Liberal con las Fuerzas Armadas, que suponía un “mayor espacio político para las autoridades civiles y políticas” nuevamente garantizarían un orden duradero que permitiría la presencia de la “Contra” en suelo hondureño; en 1983 la permanencia del ejercito de los Estados Unidos en diversos puntos del país y los soldados salvadoreños, antes enemigos en la llamada “guerra del futbol”, que se convirtieron en participantes del Centro Regional de Entrenamiento Militar.
Honduras, convertido en una plataforma para las políticas de contrainsurgencia, recibiría de Estados Unidos un presupuesto jamás obtenido en la historia de ese país. La ayuda militar se disparo de U$S 3,9 millones en 1980 a U$S 77,5 millones en 1984 reduciéndose en 1989 a U$S 41,1 millones, a U$S 2,7 millones en 1993 y a sólo U$S 425.000 en 1997.[19]
Este presupuesto dotaba de un poder inigualable de las fuerzas armadas frente al poder político. Lo que llevo al mismo presidente Roberto Suazo Córdova a negociar con el General Álvarez Martínez. Durante su jefatura de las Fuerzas Armadas fueron incorporados oficiales argentinos como asesores militares, que con apoyo de la CIA y del FBI, organizaron a fines de los años 70 el Batallón 3-16. Este cuerpo de paramilitares clandestinos fue responsable de la desapariciones forzadas, persecución y tortura de personas y del establecimiento de cementerios clandestinos en territorio hondureño. “De acuerdo al ex oficial de inteligencia y miembro del Batallón 3-16, Florencio Caballero, 25 reclutas hondureños recibieron entrenamiento de inteligencia encubierta, en una ubicación no identificada del suroeste de los EEUU., donde recibieron instrucción en técnicas de interrogatorios y supervisión, dadas por instructores estadounidenses. Estos hombres regresaron a Honduras a trabajar en el Batallón 3-16, y continuaron su entrenamiento con la asesoría de instructores argentinos y norteamericanos. El Batallón 3-16 empleaba un modus operando que se asemejaba a las tácticas de los escuadrones de la muerte en Argentina.”[20] Los oficiales hondureños que participaban en el Batallón 3-16 “no sólo recibieron un extenso entrenamiento militar estadounidense, también eran oficiales de la línea dura que compartían la visión geopolítica de los EEUU”. De esta forma, “el ejército hondureño se integraba a un aparato militar hemisférico controlado por los EEUU21.”

30Ahora bien, la lucha contra la amenaza comunista fue aprovechada por los grupos políticos gobernantes ya que parte de ese presupuesto militar sirvió para la construcción de caminos, puentes, hospitales y ciertas políticas de infraestructura22 que ayudaron a lograr cierto apoyó de la población a la alianza con los Estados Unidos y, por ende, a mismos gobiernos constitucionales.

31En síntesis, podemos advertir en el caso de Honduras su alineamiento a las políticas estratégicas de Estados Unidos en el hemisferio ayudaran, a partir de 1980, a conformar una fórmula política donde el orden mismo se lograría a partir de una articulación entre un proceso democrático – donde el PL y el PN resolverían sus diferencias – y un proceso de crecimiento del poder militar que se ocuparía de la represión a los movimiento armados hondureños y, fundamentalmente, de la caracterizada “amenaza soviética” en otros países de la región.

32El gobierno hondureño aceptó y promovió la lucha fronteras adentro y fronteras afuera articulándose en la estrategia norteamericana. Esto suponía una estrategia de largo alcance: a- destruir cualquier movimiento interno que pusiera en entredicho la estabilidad de Honduras, b-impedir la solidaridad con los movimientos revolucionarios de El Salvador y Guatemala, controlar la frontera salvadoreña y especialmente a los refugiados, d-generar una corriente de opinión favorable a los intereses norteamericanos en la región, de los cuales el ejército y el gobierno de Honduras forman parte y por último, e- socializar una doctrina de seguridad nacional como sostén ideológico de las acciones que ameritarían los objetivos anteriores. Por lo tanto, las políticas de contrainsurgencia no sólo instrumentaron un sinfín de ejercicios militares de represión sino que buscaron obtener legitimidad de sectores sociales y políticos. La DSN no sólo era un esquema de defensa interamericano sino una ideología que buscaba crear un escenario real o imaginario de conflicto y de ataque contra América Latina.
El gobierno de Honduras colaboró con esta doctrina construyendo una discursividad que hacía del hondureño alguien diferente a los nicaragüenses, salvadoreños y guatemaltecos que vivían en una situación de guerra. Así, como también señalaba que las acciones armadas en Honduras eran realizadas por el FMLN y por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quienes oficiaban por encargo del comunismo internacional, por lo tanto, eran considerados traidores a su patria que además atacaban suelo hondureño. En este sentido, el gobierno hondureño logro recrear la idea de una invasión comunista con tanta efectividad como había suscitado en 1954. El recurso discursivo que apelaba a la invasión comunista por parte de sandinistas y en menor medida por el FMNL fue una estrategia utilizada para lograr legitimidad a la DSN como así, para desarticular cualquier movimiento revolucionario en Honduras. Con esto, se pretendía transformar en rechazo cualquier tipo de simpatía o apoyo al sandinismo y lograr legitimidad y adhesión a los actos gubernamentales.

33En 1983 se creó la Asociación para el Progreso de Honduras bajo control de las Fuerzas Armadas que buscó unir a empresarios, intelectuales, políticos, sindicalistas que estableciesen diagnósticos y propuestas para el Estado. Así se comenzaba a conducir el proceso de tutelaje democrático y a conducir la desarticulación del Estado desarrollista.

34De esta Asociación no sólo surgió la idea de solicitar a EEUU la invasión de Nicaragua sino la propuesta de organizar en cooperativas a más de 120.000 familias campesinas sin tierras bajo régimen militar persiguiendo como objetivos: a-organizar y controlar a las familias sin tierra, bajo una forma de organización militar que permitiese con el tiempo estructurar patrullas civiles alertas frente a la amenaza comunista, b-Incrementar la producción maderera y mejorar las condiciones de esas familias y c-dificultar cualquier desarrollo de organizaciones armadas que pretendiesen utilizar los bosques como retaguardia.

35De esta manera, en Honduras el rol contrainsurgente regional poseía sus correlatos internos. Era obvio para sus dirigentes políticos y militares que no podía librarse una batalla contra el denominado poder soviético instalado en la región si en su propio país se permitía el desarrollo de los movimientos revolucionarios y la inestabilidad política. Por lo tanto, la condición para el establecimiento de una plataforma militar que dirija las actividades de represión y desaparición de personas en la región era la estabilidad política del país en que se realizaría esto. Y de alguna forma, Honduras –y Costa Rica en menor medida- cumplía con este requisito.

36El gobierno constitucional de Honduras, permitió y reforzó el rol de su país en la estrategia contrainsurgente regional ideada por los EEUU implicando esto:

371- La creación de un complejo militar y logístico para realizar una invasión así como tareas de inteligencia y represión. Estados Unidos preparo en Honduras un puente y una retaguardia para una invasión a Centroamérica y el Caribe.
2- La realización de maniobras conjuntas lo que ayudo a los soldados norteamericanos a formarse en el terreno y fortaleció al ejército hondureño frente a otros ejércitos de la región.
3- La organización del Centro de Entrenamiento Regional para formar en tareas de contrainsurgencia a soldados salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y costarricenses. Los asesores fueron aportados por la CIA, el ejército de EEUU y por el gobierno militar de Argentina que defendía y publicitaba el “éxito de su modelo represivo”.
4- Colaborar activamente con la “Contra” y con el Gobierno de El Salvador. Sin la cual, por ejemplo, la “Contra” no tendría existencia ya que no contaba con una base social de apoyo en Nicaragua. El territorio hondureño funcionó como retaguardia y lugar de abastecimiento para la “Contra” frente al ataque y persecución del ejército sandinista. En el caso de El Salvador, el ejecito hondureño participó y asistió a las fuerzas gubernamentales en diversos ataques y matanzas. Colaboró en el gobierno de El Salvador proveyendo información y apresando a militantes que se refugiaban en Honduras.
5- Transformarse en una plataforma de la represión regional expandiendo las prácticas represivas y genocidas realizadas por el gobierno militar en Argentina.

38En octubre de 1983 el gobierno hondureño colaboraría con la invasión a la isla de Granada. Estados Unidos fundamento dicha invasión en que el aeropuerto que el gobierno granadino construía sería utilizado para construir un puente de la Unión Soviética y Cuba con los movimientos revolucionarios centroamericanos. Como indica Pompeyo Márquez, la política de Reagan redujo “todo un complejo de situaciones a una simpleza: la confrontación con la Unión Soviética y por tanto el escenario debe ser ocupado a como dé lugar en nombre de la seguridad y la defensa de los Estados Unidos23.”

39Los medios de comunicación vinculados con la estrategia norteamericana alertaron de la presencia de soldados cubanos y soviéticos que nunca fueron encontrados así como esgrimieron que existían acuerdos secretos entre Granada, la Unión Soviética, Cuba y Corea del Norte que tampoco pudieron comprobarse.

40El imaginario político de una Tercera Guerra Mundial se recreaba bajo la lógica de las intervenciones norteamericanas en la política centroamericana y caribeña. Cualquier espacio o territorio por más insignificante que sea era indicado como el ámbito donde se libraba una guerra mundial.

41La derrota del FSLN en Nicaragua y la posibilidad de acuerdos pactados en El Salvador y Guatemala entre sus movimientos revolucionarios y los gobiernos, y la disolución de la URSS resignificaron las formas de la intervención norteamericana en Centroamérica y el Caribe incluyendo las partidas presupuestarias dirigidas al gobierno de Honduras. Las condiciones políticas a fines de la década del ’80 se habían modificado radicalmente. La presión de la opinión pública contra la intervención norteamericana en Nicaragua y en El Salvador obligó al Congreso de los Estados Unidos a reducir sustancialmente la ayuda militar. En este contexto de post-Guerra Fría la política norteamericana comenzó a desvincularse de su alianza con el ejército hondureño y ya no lo considero un aliado contra el comunismo sino un obstáculo para los procesos democráticos. Ahora bien, la democracia, ante la ausencia del enemigo soviético y subversivo, podía articularse con las políticas neoliberales que empezaban a imponerse en todo el mundo. Democracia y mercado aparecían como los más eficientes reguladores de la vida económica, política y social. Pero en Honduras, dicha fórmula entre Democracia y Mercado debería contener en su seno la fortaleza e injerencia del poder militar.

42El presupuesto interno que el Estado hondureño utilizaba para financiar a las fuerzas armadas se redujo de tal forma que la convirtieron en una fuerza mínima la cual, a su vez, quedo desprovista de financiación propia. Pero ello, no implico que pierdan una relevancia central en el proceso político y económico interno.

43En el año 1995 fueron llamados a declarar diversos oficiales hondureños por desaparición y persecución de personas. Y un año después el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Leo Valladares, solicitó al gobierno argentino toda la documentación vinculada a la participación de militares argentinos en Honduras. Ya que deseaba saber acerca del destino de los 184 militantes y dirigentes populares desaparecidos. En el texto de la carta que entregó Leo Valladares al presidente argentino Carlos Menem indicaba que: “En atención a esta misión, el Comisionado Nacional elaboró en 1993 un informe provisional sobre los desaparecidos en Honduras, , que documenta 184 casos de desapariciones forzadas de personas y determina responsabilidades del Estado por medio de sus funcionarios24.” En esta carta se solicitaba información sobre la presencia de militares argentinos en Honduras entre 1980 y 1990 y sobre la naturaleza del Acuerdo Tripartito entre Argentina, Honduras y los Estados Unidos para apoyar y promover a la “contra” nicaragüense con base de operaciones en Honduras. También reclamaría información, del mismo tenor, al gobierno norteamericano el acceso a los archivos vinculados con las políticas de contrainsurgencia en territorio hondureño.
El año 2006 la ministra de Defensa de la Nación Argentina, Nilda Garre, pediría disculpas en Honduras por la participación de militares argentinos en la desaparición forzada de personas.

Reflexiones finales

44La instauración de un régimen político que recuperaba en 1981 las formas constitucionales se articulaba con las prácticas del recién creado Batallón 3-16, con el funcionamiento de una base militar dedicada a las políticas contrainsurgentes en la región centroamericana y caribeña y con la desarticulación del estado desarrollista. Pero a modo de consideración debemos advertir que la democracia hondureña no puede ser concebida como una democracia ficticia o falaz sino como un régimen que al mismo tiempo que apelaba a formas democráticas y liberales – en la cual dirimían sus propuestas y contradicciones el Partido Liberal y el Partido Nacional – se articulaba con el tutelaje militar y formas represivas y autoritarias que llevaron a la desaparición de personas y a prácticas contrainsurgentes fuera de las fronteras hondureña. Podríamos decir, que hasta fines de la década del 80 el proceso democrático hondureño, el cual conto con la reforma constitucional de 1982, se vinculó y se estructuró con la desarticulación del estad desarrollista y con prácticas represivas y autoritarias tanto adentro como afuera de sus fronteras que fueron guiadas por un aceptado corpus ideológico propuesto por la DSN. Esto de alguna forma pone en cuestión una teorización, desarrollada en el contexto de la llamada transición a la democracia, que suponía que la democracia era la antítesis de la dictadura o del autoritarismo. De esta forma, la desaparición forzada de personas como la tortura y la represión podían convivir y articularse con un régimen que intentaba legitimarse a través de las reglas democráticas y constitucionales. Si bien Zigmunt Bauman25 planteaba que el holocausto era una posibilidad de la modernidad podemos, advertir que en caso Hondureño, las prácticas de contrainsurgencia –tanto adentro como fueras de sus fronteras- fueron una posibilidad del régimen democrático. De hecho, represión y desaparición forzada de personas convivieron con la democracia, es decir, convivieron de la misma forma que convivieron a través de pactos y acuerdos el poder militar y el poder político. Poderes que aceptaron y adhirieron, bajo distintas formas y discursividades, a la Doctrina de Seguridad Nacional y a los esquemas planteados por la Guerra Fría.

45Notas de pie de página

461 Citado por Marvin Barahona, Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica (Honduras: Editorial Guaymuras, 2005), págs. 235-236.

472 Después de un largo periodo de gobiernos militares que van de 1963-1980 en el año 1981 los hondureños son convocados a las elecciones presidenciales resultando como vencedor Roberto Suazo Córdova del Partido Liberal.

483 Cristián Fuentevilla Saa,“El destino manifiesto en la representación de la Doctrina de Seguridad Nacional”, en Polis. Revista Académica(2008), pág. 38.

494 Tratado de Asistencia Militar, 20 de mayo de 1954.

505 Luego del derrocamiento de Arbenz sería nombrado embajador en Honduras.

516 Matías Funes, Los deliberantes. El poder militar en Honduras (Honduras: Editorial Guaymuras, 1995), pág. 174.

527 Funes, Los deliberantes. El poder militar en Honduras, pág. 181.

538 En 1961 se creó el Instituto Nacional Agrario y un año después se promulgo la Ley de Reforma Agraria.

549 Más de 250.000 eran los salvadoreños que vivían en Honduras y una mínima porción poseía residencia legalizada.

5510 Manuel Alcantara Saez, “Diez años del conflicto armado entre El Salvador y Honduras” en Revista de Estudios Internacionales (1980), pág. 79.

5611 Debemos considerar que en el proceso previo al conflicto armado El Salvador denunció ante la OEA el genocidio perpetrado por el gobierno hondureño.

5712 Este grupo comienza sus operaciones en el proceso que culmina con el derrocamiento de la presidenta boliviana Lidia Gueiler en 1980.

5813 Ricardo Valencia, “El nuevo sospechoso”, en Revista Estudios Sociales (May/Ag. 2006), pág. 34.

5914 Ariel Armony, La Argentina, los Estados Unidos y la Cruzada anticomunista en América Central 1977-1984 (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1999).

6015 Citado por Pompeyo Márquez, “Granada: una invasión anunciada”, en Revista Nueva Sociedad (Nov-Dic. 1983), pág. 4.

6116 El general Gustavo Álvarez Martínez coordinó los proyectos contrarrevolucionarios de la CIA en la región. Se graduó en la Academia Militar argentina en 1961, y luego en la Escuela de las Américas. Fue comandante de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP). En 1982, fue designado Jefe de las Fuerzas armadas en Honduras convirtiéndose en uno de los actores dominantes de la política hondureña. En 1984 debió exiliarse.

6217 Ernesto Paz-Aguilar, “Honduras: ¿se iniciará el cambio?”, en Revista Nueva Sociedad (Marzo-Abril 1990), pág. 23.

6318 En 1999 a partir de una reforma constitucional el Jefe de las Fuerzas Armadas se encontraría bajo el control presidencial.

6419 Estas cifras están citadas en Mark Ruhl, Honduras: Militarismo y Democratización en aguas turbias. Trabajo presentado en la reunión de 1998 de la Latin American Studies, Septiembre 24-26 de 1998 en Illinois, Estados Unidos.

6520 Lesley Gill, Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas (Santiago: LOM, 2005), pág. 120.

6621 Gill, Escuela de las Américas. Entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas, pág. 122.

6722 En agosto de 1982 la maniobra llamada Desplazamiento Combinado comenzó un plan de cuatro años para dotar de agua potable y construir caminos de penetración hacia poblados ubicados en la región noroccidental y en aéreas fronterizas con Nicaragua. Estos beneficios que se presentaban como beneficios para la comunidad poseían como fin estratégico las políticas de contrainsurgencia.

6823 Pompeyo Márquez, “Granada: una invasión anunciada”, en Revista Nueva Sociedad (Nov-Dic 1983), pág. 5.

6924 Carta dirigida a Carlos Menem por Leo Valladares. http://www.derechos.org/nizkor/honduras/doc/cia1.html

7025 Zigmunt Bauman, Modernidad y Holocausto (Madrid: Sequitur, 2008).

Para citar este artículo :

Esteban de Gori, « Recuperación democrática, Violencia y sistema político en Honduras (Década del 80). », Boletín AFEHC N°49, publicado el 04 abril 2011, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2657

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