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AFEHC : articulos : La protección estatal a la Iglesia Católica en Centroamérica: entre el patronato y el concordato : La protección estatal a la Iglesia Católica en Centroamérica: entre el patronato y el concordato

Ficha n° 3030

Creada: 12 mayo 2012
Editada: 12 mayo 2012
Modificada: 28 mayo 2012

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Autor de la ficha:

Xiomara AVENDAñO ROJAS

Editor de la ficha:

Carmela María VELAZQUEZ BONILLA

Publicado en:

ISSN 1954-3891

La protección estatal a la Iglesia Católica en Centroamérica: entre el patronato y el concordato

La historia política y religiosa la podemos encontrar en las memorias, relatos o visitas de la época colonial, pero tal perspectiva desapareció con los primeros textos de los historiadores liberales, mismo enfoque que todavía predomina. Posteriormente, surge una historia eclesiástica donde abundan los listados de obispos y el recuento de sus principales obras. Este artículo pretende mostrar que el sistema representativo, el cual surgió tras la crisis de la monarquía española y la declaración de la independencia en 1821, brindó su respaldo a la iglesia católica con todas sus prerrogativas. El patronato firmado entre la corona española y el Papa a inicios del siglo XVI no fue abolido, más bien fue causa de disputa entre las antiguas provincias del Reino de Guatemala. A mediados del siglo XIX, las repúblicas unitarias iniciaron negociaciones para re-establecer sus relaciones con la Santa Sede tras la firma de un Concordato.
Palabras claves :
Patronato Real, concordato, Independencia de Centroamérica
Autor(es):
Xiomara Avendaño Rojas
Fecha:
Marzo de 2012
Texto íntegral:

1

Introducción

2 Durante la época colonial la relación Iglesia-Estado se firmó a través del Patronato, lo que le otorgó al catolicismo el derecho de ser la única religión en los territorios bajo la influencia de la corona española. En esta experiencia la monarquía hispánica y Santa Sede resultaron beneficiados. El clero, las órdenes religiosas y la alta jerarquía cumplieron funciones propias del culto católico, pero además llevaron sobre sus hombros tareas propias del Estado español.

3 Para el historiador del Derecho Indiano, Bernardino Bravo Lira, el Estado español en Indias se fue configurando, como un Estado misional. “Lo original de él y lo que lo define como un Estado misional frente al Estado confesional que, por la misma época, cobra forma en Europa. Mientras éste reconoce y protege una religión establecida como oficial católica, luterana, calvinista, el Estado misional tiene como fin primordial procurar atraer a sus vasallos a la fe católica, es decir promover el establecimiento de esa religión1.” Esa intrínseca relación política no se disolvió al momento de la declaración de la Independencia centroamericana, más bien hubo un incremento de tensión entre las antiguas provincias y el gobierno federal por la definición del Patronato. Tal asunto se resolvió con la llegada de Francisco Morazán a la presidencia de la República Federal, a raíz del cual, un decreto aclaró que el Patronato correspondía al gobierno federal y el vice patronato lo ejercía cada uno de los estados.

4Ante la formación de nuevas repúblicas en el continente americano, la Santa Sede cambió de posición; primero, para reconocer a los nuevos gobiernos y segundo, para iniciar negociaciones diplomáticas que conllevaron a la firma de Concordatos. La protección brindada por el Estado a la Iglesia es conocida como confesionalismo, el cual se define como una:

5“…actitud específica del estado en materia religiosa, que se manifiesta en otorgar una situación de privilegio a un grupo o a una confesión religiosa, haciendo propios los principios y la doctrina de la misma y asumiendo en su legislación o en sus comportamientos aspectos doctrinales derivados directamente de tal doctrina, incluso más allá de cualquier mediación de las conciencias individuales2.”

6En este trabajo se presenta un esbozo sobre la disputa del Patronato entre las antiguas provincias del reino de Guatemala y un recuento de la legislación estatal donde se brinda el respaldo a una corporación de antiguo régimen: la Iglesia Católica. Al parecer las facciones políticas centroamericanas de diferentes signos brindaron su protección al culto católico pero permitieron la presencia de otras agrupaciones religiosas en el ámbito privado.

La vigencia del Patronato

7En las primeras décadas del siglo XVI se establecen nuevas estructuras estatales y nuevas ideas sobre el poder y su ejercicio. La monarquía hispánica, expresó su dominio sobre el poder espiritual y lo aseguró mediante arreglos con la alta jerarquía de la Iglesia Católica; estos fueron:
a. La bula de Alejandro VI, en 1493. Los Papas adjudicaron las tierras recién descubiertas a los reyes católicos a condición de diseminar y predicar la religión católica, por eso acceden a que el estado intervenga en el gobierno eclesiástico y las finanzas.
b. La bula de Alejandro VI, de 1501. Los diezmos eclesiásticos, fueron cedidos a la corona y serían usados para fines eclesiásticos. Por su parte la monarquía apoyaría el traslado de los religiosos, el mantenimiento de la Iglesia, la instrucción y la conversión de los indios.
c. La bula de Julio II, en 1508. En la cual se confirió a Fernando el monarca español y sus sucesores, el derecho exclusivo de patrocinio en el Nuevo Mundo. El control sobre la fundación o construcción de todas las iglesias y monasterios, y la disposición sobre todos los beneficios eclesiásticos.

8De esta manera la corona controlaba los impuestos eclesiásticos, nombraba a las altas autoridades y al clero en general. En cada territorio virreyes, capitanes generales y gobernadores, en su calidad de vice patrones, nombraban al clero de las parroquias a partir de una lista enviada por la Iglesia. La corona utilizó a los obispos como gobernadores interinos en los momentos en que lo necesitó, a veces los enviaba a América sin tener la bula papal que lo respaldara.

9La iglesia fue otra rama del gobierno real, otro medio de control político sobre los colonos, vivía bajo las orientaciones del Consejo de Indias y unida a la Santa Sede por lazos muy tenues. El episcopado americano fue siempre realista, la iglesia ejerció una influencia moral y espiritual que la convirtió en el instrumento más poderoso para preservar el dominio de los reyes católicos distantes a miles de kilómetros3.

10Esta visión la deja plasmada el Arzobispo Cortés y Larraz en una visita a la Diócesis de Guatemala en 1771. En la introducción, expresa que desde la época de la conquista los monarcas españoles tomaron las providencias para “plantar, radicar y perfeccionar la sagrada religión de Jesucristo, sin la que no puede haber verdadera felicidad4.” En las siguientes líneas desea buenos augurios a Carlos III, monarca católico y a quien Dios puso en el trono para reinar sabia y felizmente; además, espera que en América cese el desorden, prevalezca la virtud y domine la religión.

11En 1807, el bachiller y presbítero Domingo Juarros , solicitó licencia para publicar su Compendio de la Historia del Reino de Guatemala. El dictamen corrió a cuenta de fray José Antonio Goicoechea , el texto recoge noticias sobre el territorio, la población, el gobierno político y las autoridades del Reino. Pero, también incluye el origen de las órdenes religiosas, obispos, arzobispos, santuarios, beaterios, imágenes milagrosas, “un oportuno recuerdo de los “varones y mugeres ilustres en Santidad, exemplo y operaciones heroycas, con que han edificado este Reino5.” Juarros muestra la historia del poder temporal y del poder espiritual, ámbos considerados pilares fundamentales en edificación del Reino de Guatemala.

12En la década de 1810, a la par de la adopción del constitucionalismo, se mantuvo la vigencia del patronato sellado entre la Corona hispánica y la Santa Sede. Las cartas magnas surgidas posteriormente no solamente plasmaron la separación de poderes sino también el reconocimiento de la Iglesia Católica como religión del Estado.

13Las Instrucciones emitidas, en 1811, por el Cabildo de la ciudad de Guatemala, a su diputado en Cortes, en la parte referido a lo Constitucional, recogía en sus primeros seis artículos el reconocimiento de la Religión Católica, Apostólica y Romana. Los capitulares retomaron la disposición de Carlos II, quien en su testamento estipuló que sus sucesores debían conservar la fe católica; se acogían al patrocinio de María Santísima Madre de Dios y a la devoción de la Inmaculada Concepción; también pedían que se nombrara a Santa Teresa de Jesús como patrona de la nueva Constitución, sin perjuicio del Santo Patrono de los dominios españoles, el Apóstol Santiago. Solicitaban además, la celebración de Concilios tanto en la América Septentrional (México, Caribe y Centroamérica), al igual que en la América Meridional6.

14Después de la declaración de Independencia de España y del Imperio mexicano, las provincias de Centroamérica se reunieron para discutir su futuro político. Adelantándose al texto constitucional se emitieron dos documentos importantes, el primero el Reglamento interino del Poder Ejecutivo del 8 de julio de 1823, quien en su artículo 33, mandaba que dicho poder aceptaría o negaría el pase de las bulas o escritos recibidos de su Santidad, por supuesto con el conocimiento del poder legislativo. Un segundo documento fue un Decreto, del 15 de julio, quien en su artículo segundo manifestó su adhesión a la Religión Católica, Apostólica y Romana, con exclusión de cualquiera otra. De tal manera, decían los constituyentes, la separación de la metrópoli no debilitaba la unión a la Santa Sede y la Religión santa de Jesucristo7.

15Un autor de la época, el guatemalteco, Alejandro Marure, indica que a este acuerdo se opusieron los diputados Pedro Molina y Vicente Villacorta, quienes defendían la libertad en el sentido más amplio. En las sesiones siguientes, el órgano legislativo, mandó a sustituir el saludo de la correspondencia oficial, de “Dios guarde a Ud. muchos años” por el de, “Dios, Unión, Libertad8”.

16
El Obispo de Nicaragua, el dominico fray Nicolás García Jerez , se negó a presentar el juramento al decreto de julio porque no era una Constitución. Un escrito extenso, firmado el 28 de septiembre, por los capellanes Julián Podi de Penaquila y Tomás Delgado de Santa Columba, respaldó la decisión del prelado. Argumentaron que:

17“La Iglesia está en el Estado; y todos los estados católicos están en la Iglesia; pero sin mezclarse, ni confundirse; y esto no envuelve contradicción, ni dice repugnancia. La Iglesia está en el Estado, porque los católicos que lo componen, o que viven en él reconocen, respetan, y obedecen a la Autoridad Suprema que lo gobierna y en todo lo que es civil, o temporal la miran y acatan como a soberano absoluto, perfecto, e independiente. Y todos los estados católicos están en la Iglesia, porque los católicos que lo componen, o que viven en ellos, reconocen, respetan, y obedecen a la cabeza visible que la rige, y la gobierna, y en todo lo que es espiritual, o eclesiástico la miran, y acatan como a soberana absoluta, perfecta e independiente; ya que se ve, que el reconocer dos soberanos bajo muy diversos, y disparando respectos, no es atacar la soberanía de cada uno de ellos, ni romper la unidad respectiva de sus estados. Son muy diversos, y muy disparados los respectos, y bajo de ellos el sacerdocio, y el imperio conservan, y ejercen su soberanía sobre un mismo país, sin mezclarse de modo alguno, ni confundirse, se presentan los socorros del mutuo apoyo, y hacen felices a los pueblos que dirigen el Gobierno9.”

18Los primeros textos constitucionales limitaron al ámbito privado el ejercicio de otras religiones. El Congreso Constituyente centroamericano, elaboró un documento llamado Bases Constitucionales, en el Art. 4, definió que acogían a la Religión la Católica, Apostólica, Romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. En la Constitución Federal de 1824, quedó consignado de la misma forma en el Art. 11. Los estados la incluyeron en sus constituciones; El Salvador y Honduras, en 1824, Art. 5 el primero y Art. 16 el segundo; Guatemala, en 1825, Art. 45; Nicaragua, 1826, en el artículo 46.

19En Costa Rica se había previsto de antemano. El Pacto de Concordia de la Provincia de Costa Rica, de 1821, el Primer Estatuto Político de 1822 y de igual manera el Segundo en 1823, establecieron que la Religión Católica, Apostólica, Romana era la única, con exclusión de cualquier otra. Las bases fundamentales de 1825, en su Art. 25, reconocieron a la misma como religión del Estado, la cual sería protegida por leyes sabias y justas. En el congreso constituyente federal, algunos diputados guatemaltecos expresaron que la intolerancia expresada era una incoherencia porque contradecía otras medidas a favor de los extranjeros, por ejemplo las que permitían la libre introducción de libros y las relacionadas a la libertad.

20Las comunidades religiosas se resistieron a emitir el juramento a la Constitución Federal de 1824. En la ciudad de Guatemala, el jefe político notificó a los religiosos que antes de dar inicio a sus actividades cotidianas debían juramentar a la nueva potestad civil. Salieron grupos de pobladores en apoyo a los religiosos gritando“ misión queremos; viva la Religión; muera la herejía, mueran los que no quieren misiones10.” Después de algunas tensiones y negociaciones, las órdenes religiosas procedieron a emitir el juramento a la carta magna.

21Pero, el nuevo estado salvadoreño mantuvo un conflicto con el gobierno Federal y el Arzobispado de Guatemala. El tema no surgió durante la república como lo expresa la historiografía salvadoreña, tiene sus raíces en las Reformas Borbónicas, a finales del siglo XVIII, cuando la Alcaldía Mayor de San Salvador fue elevada a Intendencia. De acuerdo con las Instrucciones emitidas por la Corona, a dicha instancia estatal correspondía el ejercicio del Vicepatronato.

22El arzobispado guatemalteco se opuso con tenacidad puesto que vería disminuido sus ingresos11. Miles Wortman indica que de la nueva Intendencia de San Salvador provenían la mayor cantidad de los diezmos. Por su parte Jesús María García Añoveros expone la riqueza de la cofradías provenientes de las actividades de la ganadería, y José Antonio Fernández nos muestras la importancia del cultivo y la producción de añil12.

23Durante las primeras cortes españolas, el diputado sansalvadoreño, solicitó la erección de un obispado, el regreso del monarca limitó tal sueño. Pero antes de la Independencia el Capitán General había apoyado las gestiones en la Santa Sede, las cuales iban por buen camino. En 1822 la Diputación provincial y la Asamblea provincial nombraron como primer obispo a José Matías Delgado , sacerdote, vicario y presidente de la Diputación. Se argumentó que era necesario por el aumento de la población, la falta de visita por parte de la Diócesis guatemalteca y principalmente por la abundancia de fondos, con los cuales podían mantener una Silla Episcopal13.

24El asunto llegó al Congreso Constituyente centroamericano en 1823, y no hubo una resolución. El Congreso salvadoreño, en decreto del 5 de mayo de 1824, erigió en Diócesis la antigua provincia y nombró obispo a Delgado, con ello respaldaba la decisión de 1822. El documento en mención dejaba a la mitra bajo el poder temporal. El Art. 2, señalaba que el Obispo Delgado, debía tener comunicación con la sede de la Iglesia en Guatemala, sin comprometer los fueros de la nueva mitra, ni menos las regalías del estado, léase los ingresos por diezmos y cofradías. En el Art. 3, ordenaba que el Jefe de Estado tendría la comunicación con el Sumo Pontífice y establecería las relaciones pertinentes. El Art. 4, indicó que el Obispo electo prestaría juramento ante el Congreso salvadoreño14.

25En 1825, el Congreso Federal emitió un Decreto donde respaldó la silla episcopal en El Salvador y se comprometió a realizar las diligencias ante Su Santidad para obtener la aprobación. Un año más tarde, el Papa León XII, envió la sanción al Obispo Delgado, según el Santo Padre:

26“…personas seglares, se habían avanzado hasta apropiarse el derecho privativo de sola esta Santa Sede, de erigir un nuevo obispado en la ciudad de San Salvador, que es parte del Arzobispado de Guatemala y además nombrarte a ti por su primer Obispo. Habiéndonos causado este sacrílego arrojo tan grave dolor, que apenas puede decirse; se agregó al colmo de la pena, el que tú hombre no solo católico, sino eclesiástico y principalmente párroco, para quien no debía haber cosa más apreciable, que tolerar cualquier trabajo y adversidad por defender la causa de Dios y conservar la unida de la Iglesia, te hayas asociado al depravado consejo, y resistiendo a las amonestaciones de tu Prelado, prestase tu consentimiento a tu elección en términos que nada más faltase para introducir el cisma…nuestra obligación apostólica y providencia canónica, de pronunciar contra ti sentencia de excomunión, te publiquemos y hagamos saber a todos que estás arrojado de la comunión de la Iglesia, y que debes ser tenido como cismático contumaz y vitando15.”

27 El órgano legislativo salvadoreño, en 1829, nuevamente respaldó el obispado y designó al padre Delgado como gobernador eclesiástico. Nombramiento declarado insubsistente por la asamblea salvadoreña, en un decreto de enero de 1831, además derogaban las leyes y decretos antes expedido sobre el asunto del obispado. Meses más tarde el congreso federal emitió, el 11 de julio, un decreto donde estableció que al Gobierno Federal le correspondía el Patronato Eclesiástico; al Presidente de la República le trasladaron las funciones antes ejercidas por los monarcas españoles y los Jefes de Estado ejercerían el Vice-patronato16.

28El asunto salvadoreño, fue visto con sumo interés por los restantes estados de la federación de Centroamérica, al final todos resultaron beneficiados con la decisión del legislativo. Después de la Instrucción para intendentes de 1786, este decreto confirmó la existencia y prerrogativas del Patronato y el Vicepatronato en el nuevo orden político, con ello se dio un respaldo legal a las antiguas relaciones entre la Iglesia y el Estado.

29La gobernación de Costa Rica, que no tenía obispado, no provocó tensiones al separarse del territorio de la Intendencia de Nicaragua. Sus Jefes de Estado, Juan Mora Fernández y Braulio Carrillo, en sus discursos ante la Asamblea informaron en varias ocasiones que la sede católica de la ciudad de León no cumplía con su papel. Los mandatarios habían solicitado el nombramiento de un vicario y el traslado de algunos religiosos para la atención de la población mestiza e indígena17. Pero al igual que El Salvador, realizaron gestiones ante la Santa Sede para contar con un obispo.

30En el estado hondureño, en 1829, sin contar con una reforma constitucional, se habían emitido decretos que restringían a las órdenes religiosas; el fuero de los eclesiásticos; el pago de diezmos y de tributos. En la década siguiente los estados aclamaban cambios y en 1832, se emitió un decreto federal el cual aprobó la libertad de cultos, y donde se garantizaba que el gobierno la protegía. Esto se reafirmó en 1835, la Constitución Federal reformada, en el Art. 11, expresó que “los habitantes de la República pueden adorar a Dios según su conciencia. El Gobierno general les protege en la libertad de culto religioso. Mas los estados cuidarán de la actual religión de sus pueblos; y mantendrán todo culto en armonía con las leyes18.”

31En el período de la experiencia federal, las autoridades se mostraron a favor de la protección de la Iglesia. Sin embargo los primeros pasos para un estado laico, se dieron en Guatemala, durante el régimen de Mariano Gálvez en la década de 1830. Se pretendió el matrimonio civil, el divorcio, y la desamortización de los bienes de la iglesia, la creación de cementerios, cambios en la educación, entre otras reformas19. Estos planteamientos resurgirán en Centroamérica hasta la década de 1870.

El respaldo al Concordato

32Ante la amenaza de apertura hacia otros cultos por las declaraciones de independencia en Hispanoamérica, la Santa Sede poco a poco cambió su posición. Pío VII, en 1816, en la encíclica Etsi Longissimo, invitó a la fidelidad con España, de igual forma lo pidió León XII, en 1824, en la encíclica Etsi iam diu. Correspondió a Gregorio XVI, en 1831, en su Solicitudo Eclesiarum, donde expuso que los asuntos de la Iglesia debían ser tratados con los nuevos gobiernos temporales.
Fue hasta el papado de Gregorio XVI, quien en la bula del 8 de octubre de 1842, decidió que en el estado de El Salvador, se constituiría una silla episcopal con obispo propio, aprobada también por el Arzobispo de Guatemala20. Desde la década de 1810, los salvadoreños no enviaban la recaudación por diezmo ni cofradías a Guatemala, finalmente después de una larga disputa lograron obtener lo que por derecho se había establecido desde las Reformas Borbónicas.

33El 2 de marzo de 1859, el papa Pío IX, emitió otra bula en la que se creaba la Diócesis de Costa Rica, separada de Nicaragua. Se argumentó que por muchos años el territorio no había tenido la visita de un obispo, y existían personas mayores que no habían recibidos todos los sacramentos para profesar con firmeza la fe católica, además habían pocos sacerdotes. La bula sustentó que el obispado era indispensable, “para mayor gloria de Dios y para la conservación y aumento de la Religión Católica, Apostólica, Romana en toda la República de Costa Rica21.”

34Luego del fracaso del experimento Federal, delegados de los Estados centroamericanos firmaron, el 15 de julio de 1842, un Convenio de Unión conocido como la Dieta de Chinandega (ciudad del occidente de Nicaragua), y en el Art. 7, expresaron que se prepararía la firma de un Concordato con la Santa Sede, pero en este contexto, los firmantes serían cada estado y el Santo Padre.

35Durante la década de 1840, los centroamericanos iniciaron las gestiones para la firma del anhelado Concordato. Guatemala y Costa Rica, lo hicieron en 1852; Honduras, Nicaragua y El Salvador entre 1861 y 1862. Los gobiernos de Guatemala, Costa Rica y El Salvador, indemnizaron a los prelados por las desamortizaciones de bienes eclesiásticos. De esta forma, se regularizaron las relaciones y en 1866, en ciudad Guatemala, se estableció la Santa Sede para México y Centroamérica. El delegado apostólico fue Francisco Meglia, la sede estaba en México, pero Benito Juárez había expulsado al delegado regional Luis Clementi, en 1859, por esta razón se dio el cambio de sede22.

36Los gobiernos de Guatemala y Nicaragua firmaron concordatos con la Santa Sede. Los documentos en mención constaban con los mismos elementos: el Estado asumía como única a la Religión Católica, Apostólica y Romana, la enseñanza en las escuelas públicas y privadas, universidades y otros establecimientos sería conforme a la doctrina Católica; los obispos tendrán el derecho de censura en las publicaciones y el gobierno respaldaría las decisiones emitidas para proteger la religión; los obispos, el clero y la población tendrían libre comunicación con la Santa Sede; al gobierno correspondía los diezmos y si no era suficiente, el estado buscaría otros recursos para sostener a la Iglesia. En vista de los anteriores compromisos, el Papa concedía el Patronato al presidente, pero no podrá intervenir en el régimen interior de la Iglesia; se concedía también al Presidente, el nombramiento de párrocos, a partir de ternas, de acuerdo a lo establecido en el Concilio de Trento; la Iglesia tendría el derecho de erigir nuevas diócesis o parroquias; se conservaría el colegio seminario en la capital; los asuntos de los sacramentos y funciones sagradas pertenecían al ámbito eclesiástico; de acuerdo a los “nuevos tiempos”, la iglesia aceptaba que los asuntos civiles de los religiosos se atendieron en los tribunales, y los asuntos eclesiásticos los atenderían los obispos; las penas y asuntos disciplinarios del clero quedaba en el ámbito eclesiástico; se garantizaban las propiedades de la Iglesia y el derecho de adquirir otras; se conservarían las diferentes órdenes religiosas; el gobierno proporcionaría los medios para la propagación de la fe católica; los religiosos harían el juramento al gobierno establecido; su Santidad concedía al ejercito guatemalteco las exenciones y gracias o privilegios castrenses; y finalmente, quedaban abrogados los decretos, leyes, ordenanzas anteriores opuestas a la Religión católica23.

37Sin embargo, los gobiernos centroamericanos, como otros en América Latina, priorizaron las relaciones comerciales y la inmigración, pero significaba el ingreso de población no católica. Esta situación indujo a que en los tratados internacionales se introdujeron cláusulas en las que a los inmigrantes se les permitía el ejercicio de sus cultos siempre y cuando respetaran la constitucionalidad establecida. En los tratados de paz, amistad, comercio y navegación, firmado, en 1825, entre la Federación Centroamericana con la Gran Colombia, con la Federación mexicana y con los Estados Unidos de Norteamérica, no se incluyeron los temas de la libertad de cultos y sus restricciones. El asunto es evidente a partir de la formación de las Repúblicas unitarias, desde la década de 1840 hasta finales del siglo XIX.

38Por ejemplo, el artículo V, del “Tratado de paz, amistad, comercio y navegación”, firmado entre Nicaragua y Francia establecía, que:

39“Los franceses que profesen otro culto que el católico, y se encuentren en Nicaragua, gozarán de la más perfecta y entera libertad de conciencia, sin poder ser inquietados, molestados o atormentados en el ejercicio de su religión en casas particulares, en capillas o en lugares destinados a su culto, con tal que, al obrar así, observen el miramiento debido al culto divino y el respeto debido a las leyes del país. También se les concederá la libertad de enterrar, a los que muriesen en los territorios de Nicaragua, en los lugares convenientes y a propósito, y elegidos por ellos mismos al efecto, con conocimiento de las autoridades locales, sin que funerales y sepulturas pueden ser turbadas en manera alguna ni bajo ningún pretexto24”.

40El Estado de Guatemala, en 1848, firmó con Francia, el “Tratado de paz, amistad, comercio y navegación”; al año siguiente lo hizo con los Estados Unidos de Norteamérica. Costa Rica firmó Tratados de paz, amistad, comercio y navegación con Gran Bretaña, en 1848, y con Estados Unidos, en 1851. En la misma tónica, El Salvador, firmó Tratados de paz, amistad, comercio y navegación con Estados Unidos, en 1851 y Bélgica en 1853. Por su parte, los ciudadanos originarios de los estados firmantes, estaban obligados a respetar las leyes, la constitución, las prácticas y costumbres del lugar de residencia25.

41Los estados de Centroamérica, también firmaron tratados entre ellos, con América Latina y España, pero en éstos documentos no se incluyó el tema religioso. Se partía del supuesto que eran estados protectores y que de hecho se respetaría la relación Estado-Iglesia y el ejercicio del culto católico.

42Pero la apertura hacia otros cultos fue limitada y regulada por las constituciones. En Guatemala las reformas liberales antes mencionadas se limitaron a partir de la Ley Fundamental, en 1839, en su Art. 45, solamente reconoce a la Religión Católica, lo anterior fue ratificado en el Estatuto de 1851. La separación Iglesia-Estado inició en la década de 1870 cuando se dieron las reformas liberales lo que ocasionó un serio enfrentamiento con la Iglesia.

43En Nicaragua, la Constitución de 1838, retomaba lo señalado en 1826, en sus Arts. 49, 50 y 53. En éste último dio una apertura cuando expresó que protegía la Religión Católica, más no se prohíbe el ejercicio público de otras religiones. Pero tal situación se restringió en la Constitución non nata de 1854 y la de 1858, emitida después de la guerra civil, que en el Art. 6, reconocía solamente al catolicismo. Durante la década de 1870 se inició un aumento de la tensión con la jerarquía Católica por las reformas en la educación secundaria. La separación de la Iglesia del ámbito del Estado se dio a partir de la Constitución de 1894.

44En El Salvador, se dio una apertura en la década de 1840. La Constitución salvadoreña de 1841, en su Art. 3, expone que en el Estado se profesa la Religión Católica, Apostólica y Romana, a quien el gobierno protegerá, “pero se declara que todo hombre es libre para adorar a Dios según su conciencia, sin que ningún poder ni autoridad pueda, con leyes, órdenes y mandatos, de cualquier naturaleza que sean, perturbar o violentar las creencias privadas”. En 1864, el art. 5, solamente reconoce al culto católico. Pero en 1871, además de declararse un Estado católico, “se tolera el culto público de las sectas cristianas en cuanto no ofendan la moral ni al orden público.” En el la Carta Magna de 1872, quedó de igual forma. Finalmente, en 1883, la nueva carta constitucional, en su Art. 14, declara el libre ejercicio de todas las religiones.

45Costa Rica, también ventiló alguna apertura. En la década de 1840, se suprimieron los diezmos, limitaciones a los religiosos y reducción de los días festivos. Pero la Constitución de 1844, Art. 54, reconoció solamente a la Religión Católica, de igual manera la de 1847, Art. 37, en 1848, lo expresó en el Art. 15 y agrega que el Estado no contribuirá a los gastos de otro culto. Lo anterior quedó igual en la Constitución de 1859. Fue hasta, la Carta Magna de 1869, Art. 5, cuando además de reconocer, proteger, y sostener a la Religión Católica, Apostólica, Romana, se expresó que se tolera la presencia de otros cultos. En la Constitución de 1871, Art. 51, se repite lo signado en 1869. Esta última Carta Magna tuvo vigencia hasta las primeras décadas del siglo XX.

46Honduras, por su parte, en la reforma de 1848, Art. 16, confirma al catolicismo, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra, incluye que podrá existir el culto privado de otras, siempre y cuando no disminuyan el ejercicio de la religión dominante ni el orden público. Lo mismo se recogió en la Constitución de 1865 y 1873, en el Art. 8. Finalmente en 1880, se dio el cambio, en el Art. 9, se reconocía la libertad, y entre ellas la de profesar cualquier culto. Pero, fue el único país que dejó claro que:

47“El Estado no contribuirá al sostenimiento de ningún culto. Los cultos se sostendrán con lo que voluntariamente contribuyan los particulares. El Estado ejercerá el derecho de Suprema inspección sobre los cultos, conforme a la ley y a los reglamentos de policía relativos a su ejercicio exterior26”.

Reflexiones finales

48En Centroamérica, durante la primera mitad del siglo XIX, surgieron tres posiciones sobre el derecho del patronato:

49La primera, sostenía que los gobiernos de los Estados, en virtud del poder soberano que les atribuía la Constitución Federal en todo lo relativo a su régimen interior, podían hacer en materia de disciplina eclesiástica, todos los arreglos que creyesen convenientes. Se tomaban por completo las facultades de los reyes de España.

50Una segunda, expresaban que los asuntos de los negocios eclesiásticos eran exclusivos de Su Santidad. Por lo tanto a la autoridad civil no correspondían los derechos de los monarcas hispanos porque no podían ser transmitidos. Para ello debía existir un arreglo con el Sumo Pontífice a través de un Concordato.

51*Otros pensaban que los derechos sobre los asuntos eclesiásticos correspondían al Gobierno Federal. Esta instancia tenía la facultad de nombrar obispos y las plazas vacantes en las parroquias27.

52 El sacerdote guatemalteco, Juan José Aycinena , en referencia a la mitra salvadoreña, imputaba que se desconocían:

53“los límites naturales del poder civil, y el único objeto de su institución, que es el bien puramente temporal de los hombres, se atribuyó el derecho de legislar en materias eclesiásticas, recrudeciendo todos los absurdos que los monarcas españoles inventaron para extender su dominio hasta sobre las conciencias. Erigió un obispado y nombró quien lo ocupase como obispo… posteriormente el congreso (federal) toma cartas en el negocio, y desconociendo también los límites naturales del poder civil, se atribuye el patronato, y pretende contrariar al estado28”.

54Sin embargo, José Cecilio del Valle, político y jurista, y uno de los ilustrados del antiguo Reino de Guatemala, dejó unas frases lapidarias: “La política, en vez de destruir, debe conservar la religión que penetra hasta donde no llega la ley, (puesto que) la religión pone freno a los que no tienen el honor, luces y educación29. En este discusión sobre el estado protector de la iglesia, el texto de Carlos Salinas Araneda, expone que “no es claro si en todos los casos se trata de una efectiva confesionalidad o simplemente del reconocimiento de una realidad social, indiscutible y aceptada, como es la afiliación católica de los habitantes30”.

55 La idea del poder político concentrado en un centro único es un concepto de poder moderno y no es la visión que existía en Centroamérica. El poder político desde la monarquía de los Austrias se encontraba disperso en instancias autónomas, como dice Cañeque – al estudiar la figura del Virrey novohispano -:“Los diferentes “cuerpos” o “corporaciones” que componían la comunidad política eran titulares de unos derechos políticos que servían, a su vez, como freno y límite al poder regio o vicerregio. La función de la cabeza de este cuerpo político – el monarca o el virrey – no era la de destruir la autonomía de cada miembro, sino la de, por un lado, representar a la unidad del cuerpo, y, por el otro, la de mantener la armonía entre todos sus miembros, y garantizar a cada cual sus derechos y privilegios o, en una palabra, la de hacer justicia, que se convierte así en el principal fin del poder político. Esta es la paradoja, desde el punto de vista moderno, del sistema político preestatal: el sistema de poder monárquico “absoluto” era compatible con una extensa autonomía de otros poderes políticos, sin que el centro exigiera la absorción de los poderes de la periferia31.

56En el istmo, el gobierno federal y el gobierno estatal se estableció sobre el supuesto de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo se disputaron el derecho sobre el Patronato porque lo concibieron como parte del Estado. En la década de 1830, el primero retomó lo establecido por la Corona en la Instrucción para los Intendentes en 1786, donde se confirmó que a los Virreyes y Capitanes Generales les correspondía el Patronato y a las Intendencias el Vicepatronato. En otras palabras, la Federación tuvo que compartir el poder sobre la iglesia con las antiguas provincias-estados.

57 El Salvador, de hecho se adjudicó tal derecho. A las intenciones del centro político la ciudad de Guatemala, de controlar la antigua Alcaldía Mayor, se le opuso la provincia que deseaba convertirse en Estado con todas sus prerrogativas. El Estado confesional es el que a todas luces articuló a las élites, y es el clero quien llevó a la cabeza la defensa de los derechos delegados por el poder civil.

58A partir de la década de 1840, cada uno de los estados asumió la supremacía sobre la Iglesia a partir de la firma de un Concordato. Tal situación ha sido catalogada como el ascenso del conservadurismo, por el regreso a ciertos elementos políticos y sociales que se dieron durante la época colonial. Pero también es evidente la dispersión del poder, situación trasladada desde el viejo continente desde el siglo XVI. Aún cuando se asumió el constitucionalismo y con ello se modificó el gobierno, no se logró la concentración del poder, y la presencia del Estado confesional es una de las muestras. El confesionalismo no solamente reguló las relaciones internas sino también intervino en el establecimiento de los vínculos externos de los Estados en Centroamérica.

59 Durante la década de 1870, en Guatemala y El Salvador, iniciaron los cambios de un Estado confesional a un Estado liberal moderno. Continuaron Costa Rica y Honduras, por último en la década de 1890, lo hizo Nicaragua. Los principales cambios se refieren a la separación de la Iglesia del Estado, la desamortización de bienes eclesiásticos, educación laica bajo el resguardo del estado, sin que llegaran a desaparecer los colegios de enseñanza religiosa; reformas judiciales las que introdujeron nuevos códigos; el matrimonio civil, entre otros.

60 Al parecer, las Reformas Liberales, iniciaron de manera formal la separación del poder temporal y espiritual, pero estudios recientes sugieren la presencia del confesionalismo. Las investigaciones sobre redes de familia quienes coparon los espacios políticos, económicos y sociales demuestran que el matrimonio religioso fue un mecanismo de integración social y político32. En el ámbito privado, la práctica católica continuaría uniendo a la sociedad mediante, el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio y la extremaunción. En lo público, la jerarquía católica cuenta con un sitio preponderante no solo en la aparición en actos oficiales sino también en la elaboración de políticas estatales. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fue separada del Estado, pero no fue relegada de la familia, de la educación y la política. ¿Qué tan laicos y confesionales son los Estados en Centroamérica? Esta pregunta es un interesante camino por donde investigar la relación contemporánea del Estado y la Iglesia.

61Notas de pie de página

621 Bernardino Bravo Lira, 1992. “La epopeya misionera en América y Filipinas: contribución del poder temporal en la evangelización de América” in Historia de la Evangelización de América. Trayectoria, identidad y esperanza de un continente, (Ciudad del Vaticano, Pontificia Comisión por América Latina, 1992).

632 Norberto Bobbio. Diccionario de Política, I. (México: Fondo de Cultura Económica, 1989), pág. 293.

643 Clarence Haring. El imperio español en América, (México: Alianza Editorial Mexicana, 1990), págs. 237-239.

654 Pedro Cortés y Larraz, Descripción Geográfica moral de la diócesis de Guatemala, hecha por su Arzobispo, (San Salvador: CONCULTURA, 2000), pág. 51.

665 Domingo Juarros, Compendio de la historia de la historia de la ciudad de Guatemala, (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1981), pág. 5.

676 Instrucciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía española y su Gobierno de que ha de tratarse en la próximas Cortes Generales de la nación, 1810, (Guatemala: Ayuntamiento de Guatemala, 1953).

687 Manuel Pineda de Mont, Recopilación de las Leyes de Guatemala, I, (Guatemala: Impresos Industriales, 1979).

698 Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones en Centroamérica, I. (San Salvador: Editorial Lis, 2001), págs. 46-49.

709 José Dolores Gámez, Archivo Histórico de Nicaragua, (Managua: Tipografía Nacional, 1896).

7110 Alejandro Marure, Bosquejo histórico, 2001, págs. 86-87.

7211 Xiomara Avendaño Rojas, “Centroamérica ante la crisis de 1808: Las provincias de Guatemala y El Salvador, in Alfredo Avila y Pedro Pérez Herrero. Compiladores. Las experiencias de 1808 en hispanoamerica, (México: UNAM, 2008).

7312 Miles Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1780-1840 (San José: BCIE-EDUCA, 1991). Jesús María García Añoveros, Población y estado sociorreligioso de la diócesis de Guatemala en el último tercio del siglo XVIII, (Guatemala: Editorial universitaria, 1978), José Antonio Fernández, Pintando el mundo de azul. El auge añilero y el mercado centroamericano, 1750-1810, (San Salvador: Dirección de Ediciones e Impresos, 2003).

7413 Luis Ernesto Ayala Benítez, La Iglesia y la Independencia política de Centroamérica: el caso del estado de El Salvador, 1808-1832, (San Salvador: Editorial Universitaria Don Bosco, 2011).

7514 Alejandro Marure, Bosquejo histórico, I, 2001, pág. 154.

7615 Alejandro Marure, Bosquejo histórico, I, 2001, págs. 155-156.

7716 Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes de El Salvador en Centroamérica, (San Salvador: Ministerio de Educación, 1956), pág. 56.

7817 Carlos Menéndez Chaverri, Documentos fundamentales del siglo XIX, (San José: Editorial Costa Rica, 1978), págs. 213 y 143.

7918 “Constitución Federal de 1835” in Alberto Herrarte. Documentos de la Unión Centroamericana, (Guatemala: Ministerio de Educación, 1957), págs. 25-29.

8019 Francisco Polo Sifontes, Mariano Gálvez: éxitos y fracasos de su gobierno, (Guatemala: Instituto de Antropologia e Historia, 1979). Miriam Williford. The reform program of Marinao Gálvez, 1831-1838, (New Orleans: Tulane University, 1963).

8120 Ayala Benítez, La iglesia y la independencia, 2011.

8221 Carlos Menéndez Chaverri, Documentos fundamentales, págs. 365-376.

8322 Luis Suárez Fernandez, Mario Sánchez-Barba y Carlos Corona Baratech, “Reformismo y Progreso en América, 1840-1905”, in Historia general de América y España, Tomo XV. Madrid, Rialp, 1996, págs. 121-126.

8423 Manuel Pineda de Mont, Recopilación de las leyes de Guatemala, (Guatemala: Impresos industriales, 1969), págs. 353-360. Edgard Zúñiga, Historia eclesiástica de Nicaragua, (Managua: Hispamer, 1996), págs. 531-541.

8524 Pablo Levy, Notas geográficas y económicas sobre la República de Nicaragua, (Introducción y notas de Jaime Incer), (Managua: Banco de América, 1976), pág. 312.

8625 Pineda de Mont, 1969. Meléndez Chaverri, 1978. Menéndez, 1956.

8726  Celina Arce. Costa Rica ¿Un estado confesional? in [http//:www.uned.ac.cr/redti/documentos/] y [http//:www/cervantes virtual/constitucioneshispanoamericanas/] Constituciones de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

8827 Alejandro Marure, Bosquejo histórico, I, pág. 97.

8928  Juan José Aycinena, El toro amarillo, (Guatemala: editorial Pineda Ibarra,1980), págs. 38.

9029 José Cecilio del Valle, Escritos Políticos, (Tegucigalpa: Imprenta Nacional, 1913), pág. 208.

9130 Carlos Salinas Araneda, “Los orígenes y primer desarrollo de una nueva rama del derecho: el derecho eclesiástico del Estado”, in Revista de estudios históricos-jurídicos, No. 22, Universidad del Valparaíso, 2000.

9231 Alejandro Cañeque, “Cultura Vicirregia y estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la historia política de la Nueva España”, in Historia mexicana, LI, 1, 2001, págs. 12-13.

9332 Diana Balmori y otros. Las alianzas de familia y la formación del país en América Latina, (México: Fondo de Cultura Económica, 1990).

Para citar este artículo :

Xiomara Avendaño Rojas, « La protección estatal a la Iglesia Católica en Centroamérica: entre el patronato y el concordato », Boletín AFEHC N°52, publicado el 04 marzo 2012, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3030

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