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AFEHC : articulos : Tradición hispánica y constitucionalismo doceañista: los límites del poder político en el Reino de Guatemala : Tradición hispánica y constitucionalismo doceañista: los límites del poder político en el Reino de Guatemala

Ficha n° 3036

Creada: 18 mayo 2012
Editada: 18 mayo 2012
Modificada: 29 julio 2012

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Autor de la ficha:

Sajid Alfredo HERRERA

Editor de la ficha:

Eduardo MADRIGAL MUÑOZ

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Tradición hispánica y constitucionalismo doceañista: los límites del poder político en el Reino de Guatemala

En el presente ensayo se mostrará, en primer lugar, la existencia de ciertas prácticas que buscaron evitar el despotismo con base en una tradición política de leyes, consejos, pactos o mediante el consentimiento de la comunidad, mucho antes del establecimiento del constitucionalismo doceañista. Incluso, se hará ver que el absolutismo borbónico no fue sinónimo de tiranía o despotismo pues, según los tratadistas de la época, las autoridades estaban obligadas a realizar el bien común. En segundo lugar, se exploraran aquellos principios de los frenos del poder en el constitucionalismo moderno, tanto a través de las formas como fueron pensados ante la convocatoria a Cortes en 1810, como también por medio de la novedad que implicó un código liberal, como lo fue el gaditano, en orden a limitar al monarca y a las demás autoridades en sus funciones públicas.
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Palabras claves :
Reino, Consentimiento de la comunidad, Constitución de Cádiz, Libertad de imprenta, Opinión pública.
Autor(es):
Sajid Alfredo Herrera Mena
Fecha:
Marzo de 2012
Texto íntegral:

1 Según comenta Annick Lempérière, la construcción del pasado “colonial” por parte de los independentistas anglosajones e hispanoamericanos fue muy diferente1. En el caso de estos últimos fue común la idea de haber estado sometidos durante trescientos años a un régimen despótico y absolutista monárquico. De hecho, tanto ellos como nosotros sabemos que la América sajona gozó desde el período colonial de mecanismos que garantizaron la participación política de sus habitantes con el establecimiento de instituciones representativas en cada colonia (las asambleas), las cuales fueron electas por y entre los colonos propietarios, llegando a emular en pequeño a la Cámara inglesa de los Comunes. Además, gozaron del derecho consuetudinario inglés por el que defendieron sus derechos individuales frente a los abusos de la Corona2. La experiencia parlamentaria le permitió a los colonos del norte ser más que “meros súbditos” al asumir un claro protagonismo frente a las autoridades regias, porque, según comenta Edmund Morgan, ellos pudieron legislar sobre diversos aspectos que les concernían3.

2 Desde las anteriores lecturas, no es difícil pensar que la tradición política que limitaba al poder llegó a la América hispánica completamente de afuera, como una imitación o un préstamo de la experiencia inglesa, estadounidense o francesa. Es indudable que los proyectos coloniales británicos y españoles fueron muy distintos, aunque ahora sabemos que llegaron a imaginarse de manera similar desde sus respectivas metrópolis (y no precisamente a partir de sus intereses económicos, sino desde perspectivas religiosas y providencialistas4). Pero sería errado creer que la tradición de los frenos al poder político en la América hispánica fue un mero trasplante imitativo por ser extraña o ajena a ella. Desde hace varias décadas algunos estudios lo han enfatizado. Por ejemplo, en un trabajo clásico de Carlos Stoetzer éste afirmaba que la tradición de participación vecinal y de apelación a la libertad en la América hispánica, aunque en un momento decayera, volvió a fortalecerse a fines del siglo XVIII con la inmigración vascongada. Cuando sobrevino la crisis de la Monarquía española en 1808, los ayuntamientos pudieron asumir un relevante protagonismo político porque ya habían recobrado su espíritu original de libertades y autonomía, fortalecido por la tradición escolástica española5.

3 Si bien esfuerzos como los de Stoetzer fueron en su momento importantes para matizar las lecturas sobre la Monarquía hispánica, no dieron cuenta de otros puntos de inflexión que transformaron desde diversos ámbitos a la América española, como sucedió, por ejemplo, con el liberalismo doceañista. En la actualidad, la historiografía sobre las “revoluciones hispánicas” nos ha ayudado a entender mejor la crisis y el derrumbe del absolutismo, ofreciéndonos pistas para estudiar los imaginarios y prácticas, tanto antiguas como liberales, en torno a los límites del poder6. Interesante y paradójico: “lo que la Revolución Francesa había obtenido en una larga pugna contra el rey se obtuvo en su nombre y sin combate en la Monarquía hispánica”, según afirmó François-Xavier Guerra7.
Centrándome en el Reino de Guatemala, en el presente ensayo mostraré, en primer lugar, la existencia de ciertas prácticas que buscaron evitar el despotismo con base en una tradición política de leyes, consejos, pactos o mediante el consentimiento de la comunidad, mucho antes del establecimiento del constitucionalismo doceañista. Incluso, haré ver que el absolutismo borbónico no fue sinónimo de tiranía o despotismo pues, según los tratadistas de la época, las autoridades estaban obligadas a realizar el bien común. En segundo lugar, exploraré aquellos principios de los frenos del poder en el constitucionalismo moderno, tanto a través de las formas como fueron pensados ante la convocatoria a Cortes en 1810, como también por medio de la novedad que implicó un código liberal, como lo fue el gaditano, en orden a limitar al monarca y a las demás autoridades en sus funciones públicas. Si bien los ejemplos en los que me basaré son muy limitados por su número y restringidos a las elites criollas, no pretendo sostener que los demás grupos sociales quedaron excluidos de la antigua y la nueva cultura política; tampoco intento negar lo que se ha hecho más visible del período hispánico, es decir, las arbitrariedades y la explotación a las que, de una u otra forma, se vieron sometidos todos aquellos. Asimismo, debo advertir que no es el objetivo del ensayo explicar el por qué esta tradición no tuvo los efectos similares a los del mundo angloamericano.

4Con respecto al constitucionalismo liberal español (1810-1814; 1820-1821), la historiografía de las revoluciones hispánicas ha subrayado que logró constituir un poder legislativo fuerte, materializado en las Cortes, quedando así la autoridad del monarca, el antiguo legislador, limitada y sujeta a aquel8. Este aspecto ya ha sido advertido por la historiografía centroamericana, en especial cuando se ha referido a las instrucciones que el ayuntamiento de Guatemala le entregó a su diputado a Cortes9. No obstante, no ha reparado lo suficiente en el hecho de que las Cortes y las diputaciones provinciales estuvieron expuestas al escrutinio ciudadano a través de la opinión pública moderna.

La tradición hispánica de los límites del poder

5A pesar que dentro de la Monarquía hispánica siempre hubo posturas que apelaron al fortalecimiento del poder monárquico frente a la comunidad política, durante la época de los Austrias (siglos XVI-XVII) predominó la visión del consejo como fundamento del gobierno real. En realidad, se trató de una tradición política que en su interior agrupaba a diversas interpretaciones10. Se pensó así que el gobierno de la “república” debía partir de la consulta del monarca a sus consejos (Castilla, Indias, etc.), de las Cortes o teniendo el consentimiento de las ciudades. De hecho, el poder se halló diseminado en un conjunto de pequeños centros relativamente autónomos “cuya unidad se mantenía de una manera más simbólica que efectiva, con la referencia a una cabeza única11.”

6Uno de los tratadistas españoles del siglo XVI en el cual encontramos una fundamentación de una monarquía en donde el príncipe se hallaba condicionado por la comunidad política, fue el dominico Francisco Vitoria. Según él, si el poder civil se constituía por derecho natural y éste tenía su origen en Dios, entonces el poder civil venía de Dios. Pero, ¿no fue acaso este principio el mismo que legitimó a los absolutismos europeos? En efecto, sin embargo Vitoria avanzó en su razonamiento. Veámoslo. La “república” o comunidad política nacía de la fragilidad humana, pues los hombres al estar en una condición de necesidad frente a los otros, se vieron compelidos a congregarse. Por ende, la república no era un producto artificial o invención de los hombres, sino un producto de la naturaleza. Ahora bien, toda república necesitaba de un timón. Vitoria lo decía de esta forma:

7“Del mismo modo que el cuerpo humano no puede conservarse en su integridad si no hay una fuerza ordenada que organice todos y cada uno de los miembros para la utilidad de los demás (…), eso ocurriría, sin lugar a duda, en la ciudad si cada uno se preocupase sólo de su propio provecho y se despreocupa del bien público12.”

8 Ya que el universo había sido hecho por la Providencia con un fin o utilidad determinada, la finalidad de los poderes públicos era la defensa y conservación de la república. Como ésta no podía gobernarse por sí misma, era necesario que se “encomendara la administración” de la potestad que ella tenía sobre las partes “a alguno o algunos que se dedicaran a eso.” Lo que hacía la república era “encomendar” su potestad a los reyes para “hacer sus veces13.” Con todo, Vitoria aclaraba que la potestad regia no venía de la comunidad política, sino de Dios, tal como mencionaba arriba. Por esa razón, aunque la comunidad política nombrara al monarca, su autoridad venía de Dios y de ese modo era que se les denominaba “ministros de Dios” y no de la república14. Esta modalidad no implicó para Vitoria el despotismo monárquico pues afirmaba que “las leyes del rey obligan al rey y aunque depende de su voluntad el dar una ley, sin embargo no está en su voluntad el quedar o no quedar obligado a cumplirla15.”

9 Los monarcas quedaban así supeditados a las leyes de la ciudad al igual que sus vasallos. De esa forma se desterraba cualquier pretensión de tiranía dentro de la comunidad. Posteriormente estas ideas fueron desarrolladas por otros tratadistas españoles, destacando el papel de los consejeros o de otros miembros de la república para que el rey no gobernase únicamente siguiendo sus dictados. Teóricos como Juan de Maradiaga (siglo XVII) recordaban que los príncipes podían encontrar ayuda en sus consejeros para gobernar con justicia y sabiduría16. Tal principio ni era una novedad de los tratadistas españoles ni tampoco fueron ideas que no correspondieron con la realidad política peninsular. Las monarquías medievales europeas poseyeron lo que Maurizio Fioravanti denomina “constituciones mixtas”, es decir, ordenamientos jurídicos que se fundaban en el auxilio que le debían prestar las diversas corporaciones al monarca para el buen funcionamiento del reino17. La existencia de una ley implicaba el consentimiento y aprobación no sólo del príncipe, sino también de los otros cuerpos que constituían el reino: la nobleza, el clero, las ciudades, etc. De esa forma, la potestad real se pensaba de manera limitada, atemperada y no absoluta18.

10La ayuda de “hombres buenos” no le enajenaría al rey su potestad, pues él era la verdadera “cabeza” de la comunidad política19. No en vano, se usó en la tradición jurídica europea y peninsular la metáfora del cuerpo humano. En el caso peninsular esa metáfora ya la encontramos en las Partidas : “el rey es cabeza del regno; casi como de la cabeza nacen los sentidos porque se mandan todos los miembros del cuerpo, bien así por el mandamiento que nace del rey (…), se deben mandar, et guiar et haber un acuerdo con él para obedecerle20.” Cabeza y cuerpo eran partes distintas de un organismo político, por lo que cada uno tendría sus funciones determinadas; sin embargo, eran partes que debían funcionar armónicamente así como sucedía con el cuerpo humano. De hecho, en la cotidianidad la Monarquía hispánica, funcionaba como una monarquía plural. Pues bien, el reino, la comunidad política, era así un “cuerpo místico”, según palabras de los tratadistas españoles.

11 Para la dinastía de los Austrias, quiero citar y comentar tan solo un ejemplo de esta tradición en el Reino de Guatemala. Se trata de la Recordación florida (1690) escrita por Francisco Fuentes y Guzmán (1642-1699). Capitán de milicias, capitular de Guatemala y corregidor de Huehuetenango, Fuentes y Guzmán no solo escribió una crónica sobre su “patria” (sus “monarquías” prehispánicas, la conquista y evangelización, la estructura político-eclesiástica, su naturaleza y territorios), sino también recordaba en ella los abusos cometidos por los funcionarios regios en contra de los privilegios que legítimamente poseyeron sus antepasados. “Miserables de las repúblicas –sostenía- que en impedimentos de mares, y lejos de su rey gimen debajo del yugo y están sin voces a los clamores21.” Algunas de las solicitudes hechas a los monarcas por sus antepasados y demás miembros del ayuntamiento capitalino fueron: pagar el diezmo en lugar del quinto por el oro extraído, la perpetuidad de esclavos negros y de encomiendas de indios, la fundación de una universidad y de un tribunal de la inquisición, la prohibición a la audiencia para que exigiese derramas a los vecinos de las repúblicas del Reino. Pero hubo una fundamental, sustento de las anteriores:

12“Se suplicó a su real magnificencia y piedad que les permita a estas provincias en todas las cosas que se ofreciesen el poder escribir y suplicar a su majestad, para bien de ellas, conforme a lo que a este cabildo le pareciese22.”

13 Se trataba de un privilegio que poseían como fragmento del gran cuerpo moral. De hecho, Fuentes y Guzmán recuerda cómo lo usaron sus “mayores” en el siglo XVI: enviando a la península procuradores para exponer sus solicitudes de manera personal y en nombre de su Reino. No obstante, en la ciudad de Guatemala, algunos presidentes de la Audiencia, en contubernio con los oidores, buscaron muchas estrategias para impedir o dilatar la voluntad del rey, como la de obstaculizar al ayuntamiento para informarle a aquel en todo lo concerniente a la república. Por esa razón, por “embarazar a los súbditos el derecho natural de quejarse o pedir mercedes a su señor natural” es que el rey expidió su real cédula de 1564 en la que prohibía a los presidentes de la Audiencia y a sus oidores cometer semejante injusticia en contra de las ciudades, villas, vecinos y moradores23. Era así como Fuentes y Guzmán recordaba el triunfo de sus antepasados frente a las torcidas intenciones de los funcionarios reales. Indirectamente también recordaba que era el rey un padre dador de justicia, es decir, un legislador que sabía conceder mercedes, libertades, privilegios y recompensas a los súbditos en agradecimiento a sus leales servicios24. Se afianzaba así una relación clientelar de favores y servicios por la cual el monarca reconocía el derecho de los reinos para proporcionarle consejos y noticias. La real cédula de 1564 le decía a las poblaciones del Reino de Guatemala que “escriban cartas y hagan informaciones para informar a su real persona las cosas de su real servicio, bien y utilidad de las provincias25.” De lo contrario, reflexionaba Fuentes y Guzmán, la desgracia era para los monarcas por la posible pérdida de sus reinos. Pues al solo estar informados de sus funcionarios o ministros, “sin atender a los balidos de sus ovejas”, la miseria era inminente no solo para las repúblicas sino también para la Monarquía26.

14 Con la dinastía borbónica (siglo XVIII) los principios del consentimiento de la comunidad carecieron de validez y legitimidad para la corona hispánica. Su absolutismo derivaba de la defensa del poder omnímodo que se le adjudicaba al monarca frente a la república. No obstante, el poder absoluto no evocaba despotismo o tiranía; más bien, señalaba un poder originario, es decir, no delegado ni derivado de la comunidad; además, se consideraba indivisible y no compartido por otros. Su finalidad era, en última instancia, la felicidad de la república27. De hecho, los abusos de la corona llevaron a varios ilustrados a plantear la necesidad de una constitución para la monarquía. De acuerdo a José María Portillo, ilustrados como el conde de Cabarrús, Victorián de Villaba, Manuel Aguirre y León de Arroyal ya planteaban en la década de 1790, la necesidad de limitar el poder del soberano, creando un Consejo supremo de Estado, con el propósito de brindarle seguridad constitucional a los vasallos. Con todo, este constitucionalismo incipiente, además de prevenir el despotismo, buscaba domesticar las pasiones políticas que provocaban sanguinarias revoluciones como la francesa28.

15 A fines del siglo XVIII y principios del XIX, encontramos en el Reino de Guatemala, a través de las tesis defendidas para optar al grado de bachillerato en artes, posturas políticas de corte absolutista al interior de la Universidad de San Carlos; aunque también las hubo de carácter pactista. La apertura a tradiciones políticas diversas fue posibilitada por las reformas ilustradas. No era casualidad, entonces, que en esas tesis los estudiantes defendieran tanto doctrinas que apelaban a la legitimidad de las leyes que constreñían a la conciencia como también aquellas que apelaban a los monarcas para poder condenarlas29. De cualquier forma, el discurso del absolutismo impregnaba los espacios públicos. Las relaciones sobre las reales exequias y juramentaciones a los nuevos monarcas, celebradas en las ciudades de la América hispánica, nos lo revelan. Quiero detenerme en el redactado en Granada, provincia de Nicaragua, por el vicario de dicha ciudad, Pedro Ximena, hacia 1790. Fue publicado en Guatemala tres años después con la intención de infundir en los vasallos el respeto y la obediencia que les debían a sus monarcas30.

16En la primera parte, dedicada a las exequias de Carlos III, Ximena despliega toda su argumentación a favor del absolutismo monárquico:

17“Son los reyes los ungidos del Señor – afirmaba –, destinados por su sabia providencia para dueños del mundo, padres y tutores de los hombres. El reynado es una invención del mismo Dios a la que todos deben someterse. Ellos son los escogidos del cielo para hacer en la tierra los oficios de Dios, de quien son sus inmediatos vicarios, o lugartenientes, los ángeles tutelares de los reynos, e imperios, y defensores de los pueblos (…). Ellos verdaderamente, dice el Papa Clemente XIV (Carta encíclica a 4 de diciembre año de 1779), se hallan colocados en un grado altísimo respecto a los demás, para mantener la seguridad pública y en justicia a los hombres. Ministros son de Dios para premiar lo bueno, y no en vano están armados como executores de la ira divina contra el que obra mal. Su potestad suprema, según el Apóstol, es inmediatamente de Dios de quien únicamente penden. Por eso les debemos desde la cuna una entera y absoluta sumisión31.”

18 El pactismo y el consentimiento de la comunidad a la cual se remitían los tratadistas españoles vistos anteriormente, no aparecen en ningún lugar de la argumentación de Ximena porque la república ya no era intermediaria ni mucho menos la que le delegaba al rey la potestad de Dios. Como vicario, ministro o lugarteniente, el monarca únicamente daba cuenta de sus acciones ante Dios. No obstante, para absolutistas como Ximena tales principios no contradecían la idea de un monarca obligado al bien común. Basándose en argumentos de reciprocidad clientelar, afirmaba que Dios había creado las desigualdades para que pudiera haber armonía en la sociedad. “Las mismas leyes de la sociedad humana –sostenía– promulgan a los súbditos las obligaciones de obediencia, sumisión y respeto, y a los superiores de afabilidad, humanidad y agrado”. Bajo esta relación, los vasallos ofrecían su sumisión ante la protección, liberalidad y favor de los reyes. Contrario a lo que pudiera pensarse, la soberanía de éstos no disminuía con ser afables y benignos hacia sus súbditos. Para tal efecto recordaba una premisa muy antigua: “la bondad y la justicia son los polos sobre los quales se sostiene un imperio32.”

19Para Ximena, el ejemplo de Carlos III era paradigmático. Su majestad y soberanía no llegaron a opacar su figura paternal. “El despotismo no engendra sino esclavos –sostenía–, pero la bondad [del monarca] asegura en cada vasallo un hijo fiel y amante que sacrificará con generoso gusto su vida por la gloria de su rey a quien venera y respeta como padre33.” Carlos III se había destacado por “promulgar leyes equitativas y convenientes”, supo concebir proyectos útiles para la Monarquía y nombrar a sus mejores ejecutores (ministros), favoreció las ciencias y las artes, reformó la educación y estableció sociedades económicas para el adelanto de los reinos. Gracias a tales reformas, “importa poco que un ciudadano sea noble o plebeyo, si tiene mérito. El noble no tiene ya orgullo, y el paisano ha depuesto su encogimiento34.” Pero lo más interesante de la herencia del Borbón fue su labor legislativa. Al respecto, Ximena comentaba:

20“De tu augusto trono veíamos salir cada día nuevas, prudentes y equitativas leyes que han reformado la jurisprudencia española (…). Los hombres no pueden vivir en sociedades sin reglamentos sabios y provechosos. Divididos en reynos necesitan de particulares estatutos análogos a la diversidad de los países, de las costumbres, de los intereses, y de los tiempos. Esta ha sido en todos los siglos la grande obra de los Reyes, ésta la heroica ocupación de los soberanos. (…) Querríamos que algún ilustre regnícola (…), de tantos esparcidos fragmentos de las leyes de CARLOS formase un nuevo código que hermosease la legislación española y renovase las glorias de nuestro Alfonso el Sabio35.”

21Como vemos, el absolutismo de Ximena no decantaba en arbitrariedad ni despotismo. A su juicio, eran despóticos los imperios orientales, engrandecidos por un orgullo vano, la superstición y por la esclavitud de sus vasallos. Al contrario, valoraba el cúmulo de leyes, pragmáticas y reales resoluciones producto de la sabiduría del monarca fallecido; empero, defendía, asimismo, el que dicha legislación respetara la diversidad de los reinos que componían la Monarquía hispánica. Con todo, encontramos en su argumentación la necesidad de formar “un nuevo código” a partir del cúmulo de leyes carolinas. Por lo visto, en la última década del siglo XVIII, y por razones diversas, hubo muchas voces a ambos lados del Atlántico que demandaban la necesidad de contar con un nuevo corpus jurídico36. Claro está, para el vicario granadino no se trataba todavía de una “constitución moderna” que fuera producto de la deliberación de los representantes de una Nación soberana y que reflejara la igualdad ante la ley o la división de poderes. Para contar con ella, la monarquía tuvo que pasar por una crisis severa desatada a partir de 1808, como a continuación veremos.

Una constitución liberal que prevenga el despotismo

22La crisis de 1808, con la invasión napoleónica a la península Ibérica y el exilio forzado de la familia real española, abrió una coyuntura favorable para el constitucionalismo moderno a ambos lados del Atlántico. El heredero al trono español, Fernando VII, emitió un decreto dirigido al Consejo real por el que determinaba la convocatoria a unas Cortes para proporcionar todos “los arbitrios y subsidios necesarios” con el fin de defender a la monarquía. Además, ordenaba que dichas Cortes quedaran permanentes para proveer de lo necesario ante un panorama incierto. Este decreto cayó en las manos de los ministros y nunca se dio a conocer37. Sin embargo, el 8 de mayo de 1808, el mismo Napoleón le informó a su lugarteniente en España, Joaquín Murat, la necesidad de convocar a una asamblea de diputados en Bayona.

23 La asamblea estaría compuesta por representantes de la nobleza, del alto y bajo clero así como del pueblo o “estado llano”. También se compondría de representantes americanos residentes en la península, pues no había tiempo para elegirlos y esperar su traslado desde ultramar. Fue así que se designó un diputado por La Habana, Nueva España, Perú, Buenos Aires, Guatemala, Santa Fe y Caracas. Al igual que los peninsulares, los americanos no tendrían voto, nada más voz porque se esperaba su consejo al proyecto constitucional presentado por Napoleón. Las sesiones iniciaron el 15 de junio de aquel año, nueve días después que José fuera proclamado rey de España e Indias por su hermano Napoleón38.

24 Aunque la asamblea realizada en Bayona representó un primer experimento de debate entre peninsulares y americanos sobre un proyecto constitucional para ambos lados del Atlántico, ni esta Junta fue soberana porque ese atributo era de Napoleón ni tampoco la Constitución que resultó de ella tuvo aplicación en América. Mientras tanto, la Junta Suprema Central Gubernativa, creada en agosto de 1808 por los leales a Fernando VII, comenzó a deliberar sobre cuál sería la función de las Cortes que pretendían convocar. No solo hubo debates entre ciertos miembros de la Junta al respecto. También algunos periódicos españoles colaboraron al discernimiento, aunque no se salvaron de las paradojas39.

25 El 22 de mayo de 1809 la Junta convocó a Cortes. Confinada en la Isla de León desde mediados de enero de 1810 por la presión militar de los franceses, la Junta emitió un decreto el 29 de enero de aquel año, el cual llegó a conocerse hasta octubre, presumiblemente desviado por aquellos de tendencia más progresista que esperaban unas Cortes menos renovadoras y más revolucionarias. En el mencionado decreto, la Junta le depositaba amplias atribuciones al ejecutivo, representado por el Consejo de Regencia, y a las Cortes le señalaba sus competencias legislativas. Al disolverse la Junta y al asumir la Regencia el poder ejecutivo, ésta tomó la responsabilidad de convocar a las Cortes, aunque no hubo un acuerdo si se integraría con la representación de los ciudadanos o bajo los “tres brazos”. Por fin se decidió la apertura para el 24 de septiembre de 1810 sin contar con un reglamento interno, sin un proyecto constitucional y dejando a los diputados la libertad de decidir el modo de su composición. La anterior situación favoreció a los diputados progresistas40. No resulta extraño, entonces, que tanto los peninsulares y los suplentes americanos le adjudicaron la suprema potestad a la Nación el primer día de las sesiones, iniciando así verdaderamente una revolución política. Igualmente, no es extraño que las Cortes se arrogaran una superioridad sobre el ejecutivo.

26 Por esa razón, los conflictos entre las Cortes y la Regencia fueron continuos. Tras varias veces de poner la renuncia ante la asamblea gaditana o de cambiar sus miembros por las renuncias suscitadas, la Regencia se vio sometida a los representantes de la soberanía nacional. El 15 de enero de 1811 éstos debatieron el reglamento del poder ejecutivo, el cual terminó supeditándolo a las Cortes: ellas nombrarían a sus tres miembros así como también los podrían remover. Además, según el sentir de algunos diputados, la Regencia no podría desviarse de lo acordado por el legislativo41. Con esta superioridad de las Cortes y con “una constitución liberal”, la Nación, de acuerdo al Discurso preliminar leído en la asamblea gaditana, estaba recobrando la soberanía que el despotismo le había usurpado42.

27En el Reino de Guatemala la tradición doctrinal hispánica sobre el consentimiento, el pactismo y el derecho natural recobró fuerza de manera pública durante aquellos días de crisis43. En marzo de 1809 aparecieron publicadas en la Gazeta de Guatemala unas proposiciones de derecho público presentadas en la Universidad de San Carlos por el estudiante Marcial Zebadúa. En ellas explicaba que la autoridad se basaba en el “consentimiento espontáneo” y cualquier acción contra él lo dejaba nulo44. En enero de 1810 los miembros del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, capital del Reino, dirigieron una representación a la Junta Suprema Central Gubernativa de España en la cual le expusieron que si las Cortes convocadas eran para discutir la defensa de la monarquía, ellos acataban cualquier resolución sin necesidad de participar con su representante –sobre todo por la premura del tiempo–. En cambio, si las Cortes eran:

28“…para dictar leyes fundamentales, [par]a hacer reformas, o [par]a hacer cualesquiera otro establecimiento, con particularidad a acordar, o disponer otro gobierno que el nacional establecido por el tiempo de la ausencia del Señor Dn. Fernando 7° Guatemala se opone formalmente a que se celebren sin su concurrencia a que tiene derecho45.”

29La legitimidad de su participación se encontraba en la igualdad natural de todos los hombres así como por tener una parte de la soberanía de la Nación que, ante las circunstancias del cautiverio de Fernando VII, quedaba aquella sin administrador de dicha potestad46. Sin lugar a dudas, las anteriores reflexiones recordaban lo arraigado que estaba entre los capitulares la concepción de monarquía plural y la tradición política del consentimiento. Guatemala, como reino y ciudad, tenía todo el derecho, al igual que los demás reinos y ciudades del organismo que conformaban, de establecer las “leyes fundamentales” que regirían al mismo. Ciertamente esta idea de pluralidad también es posible inferirla del vocablo “Nación” y “soberanía” que manejaban. Si la Nación era el conjunto de reinos y ciudades que tenían derecho a establecer las leyes fundamentales y si a Guatemala, como a los demás, le asistía una parte de la soberanía de aquella, entonces ni la primera era unitaria ni la segunda indivisible.

30 En octubre de 1810, José María Peinado , regidor del ayuntamiento de Guatemala, terminó, con la ayuda de Antonio Juarros y Miguel Larreynaga, entre otros, las instrucciones que le encomendaron a su diputado en Cortes, Antonio Larrazábal47. En ellas se destaca el repudio al despotismo que había “minado los cimientos del majestuoso edificio de la Monarquía española48.” Como solución planteaban una carta constitucional que defendiera los principios de propiedad, libertad (en muchos sentidos) y seguridad, al igual que la distinción de poderes. Sobre este punto quiero detenerme. Las Instrucciones consideraban en su propuesta constitucional la distinción entre la facultad ejecutiva y legislativa. Aunque continuaban considerando al monarca un “soberano”, sus autores fueron muy explícitos al declarar que la Nación ostentaría la potestad legislativa (artículo 20).

31 Por lo visto, ya había un cambio con respecto a la representación enviada por los capitulares meses antes: la Nación se consideraba ahora “una e indivisible” (artículo 22 de la Declaración de los derechos del ciudadano). Sin embargo, como veremos, estos cambios no estuvieron exentos de paradojas. Por ejemplo, cuando afirmaban que la potestad legislativa radicaría en el Consejo Supremo Nacional, porque en él la Nación tendría su representación (artículo 39), si bien descartaban su composición estamental o bajo los “tres brazos”, sostuvieron que sus integrantes (individuos procedentes de toda la Monarquía española) serían electos por los ayuntamientos (artículo 34). Ello los llevaba a considerar que los representantes del Consejo “dependerían solamente de los reinos y provincias que los hayan nombrado” (artículo 53), contradiciendo así la idea de una nación indivisible.

32 A pesar que el soberano, es decir, el rey, tendría límites en el ejercicio de sus funciones ejecutivas –nombraría a los funcionarios consultando al Consejo, arreglaría el establecimiento de tribunales de justicia con dictamen del Consejo y sus funcionarios acudirían a esta entidad para resolver las dudas sobre la ley (artículos 22-2549)–, el poder legislativo no tendría tanta superioridad sobre aquel como lo llegarían a plantear los diputados en Cádiz. Seguramente con ello, los autores de las Instrucciones buscaban limitar a las dos potestades para establecer un equilibrio de poderes. Así, “la dignidad” de sus cargos estaría por debajo de la “augusta persona del rey” (artículo 38). El rey sería el presidente del Consejo y ambos tendrían “la intervención y manejo de los negocios públicos y del Estado” (artículo 49). El Consejo no podría variar la Constitución, solamente lo podrían hacer las Cortes (artículo 40). Las Cortes, a diferencia del Consejo –que, por cierto, “subsistiría perpetuamente”–, serían convocadas cada diez años por el soberano y el mismo Consejo; sus miembros también se elegirían por los ayuntamientos. Las Cortes, presididas por el rey, reasumirían toda la autoridad y representación que ostentaba el Consejo para examinar el desempeño de los funcionarios, ministros y de los mismos miembros del legislativo (artículos 101, 102). Por otra parte, funcionarían dos censores como cuerpo asesor del Consejo para evaluar su misión o las variaciones que deberían tener las leyes. Además, habría una comisión de personas “sabias y cristianas” quienes examinarían las leyes y formarían con ellas un corpus jurídico breve, claro y sencillo (artículos 58, 59).

33Una vez entronizado el rey, luego que jurara guardar la constitución, el Consejo le juraría fidelidad, respeto y obediencia en nombre de la Nación (artículo 17, 18). Como vemos, los límites al poder establecidos por los autores de las Instrucciones pretendían evitar no solo el absolutismo de los reyes sino también el despotismo del legislativo. Y es que si eran las leyes arbitrarias las que habían degradado a los vasallos a meros esclavos, unas leyes elaboradas bajo los intereses del despotismo y sin examen de los pueblos, creían necesario entonces establecer una serie de mecanismos para que el cuerpo legislativo no se extralimitara en sus funciones. De cualquier forma, era ahora otra instancia la encargada de elaborar los principios normativos de la Nación y ya no el rey; esa ya era una apuesta importante de los capitulares. Pero aún así, buscaron evitar la extralimitación del legislativo encargándole a los monarcas la aprobación de los proyectos de ley discutidos al interior del Consejo con el propósito de elevarlo o no a ley (artículos 41, 42).

34El otro texto que los restantes miembros del ayuntamiento de Guatemala le encargaron a su diputado y en el que encontramos una reflexión sobre los límites del poder, se le conoce de manera resumida como los Apuntes50. Descartando el republicanismo y la democracia, los autores de estas instrucciones le pidieron a las Cortes establecer una “constitución general del Estado”, “una Constitución liberal”, como continuamente insistieron51. Para ello, le señalaban que debían volver sus ojos a la tradición hispánica, asumiendo valiosos principios como el de no dividir la potestad ejecutiva para conservarla íntegra en la persona del rey, defender el carácter estamental de la potestad legislativa, la independencia del poder judicial con respecto a los dos anteriores y el establecimiento de impuestos una vez fuesen consentidos por la Nación. Según los Apuntes allí residía la gloria de la Monarquía inglesa por haber utilizado un sistema de pesos y contrapesos como mucho antes que ella lo había reconocido la Monarquía española (desde fines del siglo X52).

35Al igual que las Instrucciones, los Apuntes no le adjudicaron la soberanía a las Cortes. Continuaban nombrando al monarca con el título de “soberano”. De hecho, en una nota a pie de página, cuando hablaban de la necesidad que tenían las Cortes de “fundar, sobre la base sólida de la ley fundamental, un Gobierno lexitimo”, sostenían que dicha asamblea no podía arrogarse ni en todo ni en parte la soberanía; pero que si en algún momento la asumían interinamente, debido a las circunstancias experimentadas en la península, su traspaso no anularía la facultad legislativa de la que gozaban “para llenar el voto del Pueblo, que reclama de su sabiduría una constitución, que lo ponga a cubierto del despotismo53.” De cualquier forma, la constitución liberal solicitada debía dar “al Rey todo el poder y magestad que necesita para gobernar, y hacer felices á los Pueblos”. El rey, al detentar el poder ejecutivo de manera invulnerable y omnímoda, nombraría a todos los funcionarios públicos, tendría la facultad de declarar la guerra o la paz, sería el responsable de la defensa de la Monarquía (“Generalísimo de las tropas de mar y tierra”), del cobro de las rentas y de la protección de la Iglesia. Además, sería considerado el “Propietario universal de la Nación” por ser el “padre” de su pueblo, defensor de sus bienes y libertades54.

36A diferencia de las Instrucciones, los Apuntes no supeditaban al rey al legislativo para el nombramiento de los funcionarios. Seguramente este fue uno de los puntos que los distanciaron de los otros capitulares. Si bien los autores de los Apuntes querían derribar el absolutismo de la Monarquía, no pretendían hacerlo minando el poder del monarca; más bien, apelaban a la tradición hispánica de los pesos y contrapesos, sin recurrir a modificaciones o novedades que pusieran en peligro las facultades del soberano. Para ellos, la perversión de las tradiciones políticas españolas no era culpa de los reyes sino de sus ministros. “Los abusos del poder –manifestaban– no dimanan de esta fuente limpia [el rey], sino de la pequeñez y ambición de los Ministros que la rodean55.” La propuesta de los Apuntes era formar una constitución que tuviera dos condiciones: primero, dejar inmunes las prerrogativas del rey. Segundo, remover los obstáculos a los abusos del poder. Sobre este punto, explicaban que los contrapesos al poder no tendrían que ir en dirección de detener la marcha del “Estado” (probablemente con innovaciones como pretendían las Instrucciones), sino de enderezar sus acciones. De ahí que era necesario restablecer una representación estamental de carácter permanente y al lado del rey. Proponían que estuviera dividida en dos partes: la representación del pueblo y de la nobleza con el clero.

37El rey tendría la potestad de convocar y suspender a esta representación nacional cuando lo estimara conveniente. La representación del pueblo estaría conformada por diputados electos por los ciudadanos. Un aspecto interesante es que estos, una vez iniciado el congreso, dejarían de representar a sus provincias y más bien serían diputados de la Nación. Aspecto moderno en una propuesta estamental, que ciertamente no encontramos en las Instrucciones. Pues bien, la representación del pueblo se encargaría de las contribuciones, de formar las leyes, junto a la nobleza y el clero, de proteger la libertad civil y política (entre ellas la libertad de imprenta). La otra representación revisaría los abusos de poder cometidos por los funcionarios, además de servir de vínculo entre los dos extremos: el pueblo y el rey. Los Apuntes señalan que ambas cámaras deliberarían por separado, excepto cuando el rey los reuniese. Seguramente sería en esas circunstancias cuando se tratarían asuntos como el de las milicias nacionales. Todos los proyectos de ley elaborados por la representación nacional serían sancionados por el soberano.

38A pesar de las amplias e invulnerables prerrogativas del rey, los Apuntes le señalaban ciertos límites. Debía jurar, al igual que los funcionarios y los ciudadanos, no trastocar la constitución o las leyes, “porque no goza facultad alguna sobre la ley, ni para dispensar de sus efectos en ninguno de los casos56;” tenía que “congraciarse” o negociar con la representación del pueblo para establecer impuestos; a pesar que se le reconocía como “la fuente de donde corre la administración de justicia, porque es el Xefe de los Tribunales”, no podía alterar las sentencias por la razón que los tribunales de justicia eran independientes. Si se le consideraba “fuente de justicia y jefe de los tribunales” era porque los encargados de administrar justicia lo hacían en su nombre57. Lo llamativo de las propuestas planteadas por los Apuntes es su hibridez, de la misma manera que sucedía con las Instrucciones. Por ejemplo, defendían la igualdad entre la península y América –de hecho, allí estaba el carácter “liberal” de la constitución que solicitaban–. Sin embargo, su propuesta de una representación nacional bajo los “tres brazos” contradecía una igualdad al interior de la Nación.

39En Cádiz, los diputados dieron un paso más radical de lo planteado por los capitulares guatemaltecos. Al final, como adelanté algunos párrafos atrás, formaron unas Cortes con una revolucionaria superioridad sobre el rey. Por cierto, las facultades del último la depositaría la Nación en su persona por medio de la Constitución. Pues bien, las Cortes dividieron la autoridad soberana de la Nación en tres potestades: legislativa, ejecutiva y judicial. La primera sería atribución de las Cortes y la segunda del rey. Como “cuerpo representativo de la Nación”, las Cortes se reunirían anualmente para velar por la riqueza pública, las instituciones científicas, morales y políticas, la religión y la educación. Su composición sería a través de la base poblacional de una Nación soberana integrada por individuos que gozaban de libertades civiles y políticas. El rey no tendría espacio en los debates parlamentarios. Su “parte legislativa” se reduciría únicamente a la sanción de las leyes, algo que los diputados lo vieron como el contrapeso del ejecutivo con respecto al legislativo. Además, los fondos públicos del ejecutivo serían otorgados por las Cortes y el levantamiento de tropas también le correspondería a esta última58.

La monarquía al descubierto: opinión pública y fiscalización de las autoridades

40La crisis desatada a partir de 1808 no solo hizo de la prensa un propagador de noticias sobre lo que acontecía en la península. También la convirtió en un apoyo fundamental para enfrentar tanto al régimen impuesto por los franceses como a la insurgencia americana, a través de comunicados, bandos, edictos, sermones y proclamas, llamando a la unidad, lealtad y sumisión de los españoles a sus autoridades legítimas. En efecto, por medio de las noticias sobre los triunfos en los campos de batalla o con una intensa propaganda orientada a fortalecer la lealtad de los vasallos/ciudadanos hacia el rey o hacia el sistema constitucional en formación, la prensa hizo posible lo que se dio en llamar la “guerra de pluma y opinión59.” Fue así que Napoleón, su hermano José, convertido por aquel en “rey de Españas e Indias” y las tropas francesas invasoras, se convirtieron en el blanco de todo tipo de apelativos elaborados tanto por liberales como por monárquicos reacios. Es más, se les acusó de estar en complicidad con los insurgentes americanos60.

41Con todo, la guerra propagandística se desarrolló dentro de un contexto que la revolución constitucional gaditana había echado a andar: el de la libertad de imprenta. En efecto, el 10 de noviembre de 1810, las Cortes sancionaron el decreto que les permitía a los habitantes de la Monarquía escribir y publicar en temas políticos sin censura previa, exceptuando los escritos en temas teológico-religiosos. El decreto quedó consignado en la Constitución doceañista en su artículo 371, convirtiéndolo las Cortes en un pilar fundamental de las transformaciones liberales hispánicas, a pesar de sus limitantes61. Pero además, la Constitución consignó lo que se puede denominar una “publicidad de lo político”, la cual llegó a estar muy vinculada con la libertad de imprenta. En efecto, la Carta gaditana exigía el compromiso de las Cortes de sesionar públicamente (artículo 126) así como la obligación que tendría el gobierno para publicar las cuentas de la Tesorería general con el objeto “que la Nación se entere por sí misma del mérito y extensión de sus sacrificios” efectuados a través de sus contribuciones (artículo 351).

42Norberto Bobbio ha sostenido que “la publicidad del poder” ha sido una faceta de la lucha entre la ilustración con los estados absolutistas. Frente a la estrategia del secreto como muro impenetrable para conocer el funcionamiento y las decisiones del Leviatán; frente al poder omnividente pero a la vez invisible ante los súbditos, la ilustración europea apeló al uso público de la razón que exigía, por un lado, la crítica de los ciudadanos a la administración gubernamental y, por otro, la visibilización de las decisiones de la autoridad62. La publicidad de lo político que echaban a andar las Cortes con la Constitución doceañista comenzaría a minar la cultura del secretismo y pondría a la Nación soberana en el papel de ser la fiscalizadora de sus autoridades a través de la opinión pública, limitando de esa forma a la que hasta ahora parecía una potestad casi invulnerable: el legislativo63.

43Desde la anterior perspectiva, la Gazeta de Guatemala ya estaba dando un giro en torno a romper con el secreto de los debates parlamentarios porque comenzaba a publicar noticias sobre las propuestas realizadas por parte de los diputados del Reino. Es así, y no solo con la publicación de las notas sobre las actividades de los diputados, como las Cortes entraron en la escena de la publicidad64. De hecho, en la misma Gazeta se notificó la venta en la ciudad de Guatemala de los tomos que contenían los diarios de sesiones de las Cortes, así como el proyecto de Constitución65.

44El 3 de diciembre de 1811, fueron publicadas algunas noticias de aquella asamblea en donde se informó sobre la llegada a Cádiz del diputado Larrazábal y de la aprobación de su poder, ocurrida el 17 de agosto del mismo año. Enseguida los editores destacaban el excelente desempeño de los diputados Larrazábal y Castillo, caracterizando las proposiciones de este último como sabias y profundas. Sobre el tema de los indios, se decía que Castillo era de la idea de mantenerlos bajo el “privilegio” (régimen) de minoridad, no por ser irracionales, sino por su rusticidad debido a la poca o nula educación recibida. Igualmente, los editores resaltaban las propuestas de Castillo y López de la Plata en torno a satisfacer las necesidades del obispado de Nicaragua66. En el número extraordinario del 13 de enero de 1812, que constaba nada más de una página, destacaba en su anverso las últimas noticias de las batallas en contra de las tropas francesas y en el reverso se comunicaba, por un lado, “la grande obra de la Constitución” que se discutía en las Cortes, al haber sancionado sus diputados, hasta la fecha, 200 artículos. Por otro lado, rendía tributo a los representantes del Reino debido a su labor en la asamblea gaditana: que Larrazábal había sido electo, por 79 votos, presidente del “sublime Congreso” o que Castillo, López de la Plata, Ávila y Morejón habían pronunciado discursos y dieron sus votos para aprobar asuntos de grave interés67.

45 En el segundo período constitucional (1820-1821), una vez obligado Fernando VII a jurar el Código doceañista, la euforia expresada en los periódicos mostraba que la lucha por el constitucionalismo ya no se hacía en nombre del rey, como sucedió entre 1808 y 1814, sino en nombre de aquel mismo Código al que se le adjudicaba la paternidad de la condición civil de los hombres. Para esos años la Gazeta ya no circulaba y en su lugar se fundaron dos periódicos que representaron a dos grupos de opinión o “partidos” de la capital del Reino: El editor constitucional y _El amigo de la patria68. Ambos rotativos mostraban lo plenamente convencidos que estaban sus editores de las ventajas del régimen restablecido, aunque no faltaron sus reparos en ciertos momentos y en temas específicos. Por ejemplo, en una nota de El editor constitucional en donde su autor [presumiblemente Pedro Molina] se preguntaba si la Constitución era tan equitativa para los americanos como lo era para los españoles, concluía que lo sería cuando los peninsulares dejaran de resistirse a reconocer los derechos políticos a los descendientes de los africanos69.

46 Aunque en el periódico El amigo de la patria se reprodujeron algunas noticias de los debates suscitados en las Cortes de Madrid, fue más bien en El editor constitucional en donde se le dio un seguimiento más sostenido. Así, desde los números 9, 10 y 11 (correspondientes a los días 4, 11 y 18 de septiembre de 1820, respectivamente) ya comenzaban a publicarse los listados de los diputados asistentes. En el número 14 (3 de octubre de 1820) apareció el discurso de apertura de las Cortes, a cargo del arzobispo de Sevilla, José Espiga, así como la contestación de Fernando VII. Por supuesto que desde antes de estas publicaciones ya venían apareciendo algunas circulares de ministerios, reales órdenes y decretos sancionados por el rey. Sin embargo, ello no era ninguna novedad pues las gacetas y periódicos de la Monarquía, fundamentalmente si eran oficiales, siempre las publicaron. La novedad estuvo más bien en poner a disposición de los lectores los acuerdos y desacuerdos entre los diputados en torno a los asuntos político-económicos que más afectaban a los españoles a ambos lados del Atlántico. En el siguiente cuadro observaremos la cobertura dada por El editor constitucional a los debates en las Cortes de Madrid:

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Número del periódico Fecha Contenido
21 18 de noviembre de 1820 Se publica el debate en Cortes, con fecha 13 de agosto de 1820. Tomado del apéndice del Diario mercantil de Cádiz .
25 18 de diciembre de 1820 Discusión de artículos sobre libertad de imprenta.
26 25 de diciembre de 1820 Artículos aprobados en las Cortes en torno a la libertad de imprenta.
28 8 de enero de 1821 Se publican extractos de varias sesiones de Cortes (19, 21 y 23 de septiembre de 1820) en donde se discutió el regreso de los emigrados a causa de la invasión napoleónica, el comercio y el proyecto de ley para reformar a los religiosos.
29 15 de enero de 1821 Sesión del 16 de septiembre de 1820 en donde se discutió el proyecto de aranceles para la Monarquía.
30 22 de enero de 1821 Continuación de la discusión del proyecto de aranceles.
31 29 de enero de 1821 Conclusión del proyecto de aranceles discutido en Cortes.
32 5 de febrero de 1821 Se publica la sesión ordinaria del día 17 de septiembre de 1820: se discutió y aprobó el proyecto de la comisión de Ultramar concerniente a conceder amnistía a los disidentes americanos.
33 12 de febrero de 1821 Se publicaron extractos de las sesiones de los días 6, 7 y 8 de agosto de 1820 en donde se discutió si los militares podían hacer uso de la libertad de imprenta ante sus superiores.
43 16 de abril de 1821 Se publica el proyecto de ley sobre las cárceles discutido en la sesión del 6 de octubre de 1820.

48Fuente: El editor constitucional,Tomo I: N° 21, pp. 295-296; Tomo II: N° 25, pp. 353-354; N° 26, pp. 366-368; N° 28, pp. 383-386; N° 29, pp. 393-396; N° 30, pp. 403-404; N° 31, pp. 413-416; N° 32, pp. 424-427; N° 33, pp. 436-441; N° 43, pp. 533-536.

49No es improbable que los editores del periódico (Pedro Molina, José Francisco Barrundia) hayan publicado aquellas sesiones en donde se discutieron aspectos que más les interesaba subrayar, como era el de la libertad de imprenta. De hecho, en el mismo prospecto del periódico dejaban claro que la opinión pública y la libertad de imprenta cimentaban la libertad civil, eran la divisa de un pueblo libre y se convertían en el fondo desde donde emanaban las leyes. Aún con todo, esa fuerte probabilidad no le quitaba el mérito a los editores del impreso de haber iniciado un proceso de fiscalización de la potestad legislativa e, incluso, de cualquier otra autoridad. Baste señalar que en ciertos pasajes se observa la conciencia que tenían sobre la coyuntura favorable a supeditar la autoridad regia al escrutinio público: “los reyes están sujetos a la opinión pública”, se decía en una nota presumiblemente escrita por Francisco Manuel Beteta70. En otra nota se comentaba que con el sistema constitucional “al rey mismo se le habla un lenguaje que antes se hubiera tenido, por irreverente, insubordinado, criminal”; es más, el autor veía que “ahora [el rey] oye tranquilo y favorable desde su solio la razón del vasallo71.” Pero quizá fue más contundente la publicidad y fiscalización hecha desde la prensa a las labores realizadas por la diputación provincial guatemalteca. Aparentemente fue la misma diputación la que se impuso ese límite. Veámoslo. En una nota que precedía a la publicación de la primera sesión de aquel cuerpo, se decía:

50“La Constitución política de la Monarquía española, cuando establece la división de los poderes, funda en su equilibrio el principio en el que reposa la libertad de la nación. Sobre la observancia del poder judiciario vela el ejecutivo, y sobre la de éste el legislativo, que reside esencialmente en la nación, representada por las Cortes. En sus deliberaciones tiene el contrapeso de la opinión general de los pueblos, que se expresa por medio de la libertad de imprenta72.”

51Estos principios los compartía la diputación guatemalteca, creyendo –según la nota– que toda autoridad devenía de la “voluntad general” y, por tanto, al ser deudora de sus electores (los pueblos), consideraba justo “hacer el uso más conveniente de la libertad de imprenta, comunicando por su conducto todas sus operaciones”. A juzgar por la diputación, la publicidad de sus actos, es decir, de sus acuerdos, deliberaciones y providencias, era el medio más idóneo para generar “la confianza pública” e incentivar a “los amantes del país” a sugerir las estrategias más adecuadas para el progreso económico y social de los pueblos73. Bajo ese propósito es que El editor constitucional publicó en nueve números los extractos de 14 sesiones, correspondientes al 8 de noviembre (que fue la sesión inicial) hasta la del día 11 de diciembre de 1820. En ellas podemos observar asuntos muy variados como las consultas hechas a los diputados por los indios y mulatos o por sus alcaldes constitucionales sobre las necesidades de sus pueblos, las medidas tomadas en torno a elecciones, cárceles, sueldos, milicias, los ramos de hacienda (alcabalas, diezmos, administración de tabacos, correos, etc.), obras públicas, viáticos a diputados en Cortes entre muchos otros temas.

52En el periódico El amigo de la patria, el seguimiento a los debates en las Cortes fue, como dije, menos sistemático. Además, no se publicaron las sesiones de la diputación provincial guatemalteca, aunque sí aparecieron algunas resoluciones, autorizaciones, decretos y noticias sobre las Cortes. En una de ellas se informaba sobre la resolución tomada por el rey de enviar los diarios de sesiones a los jefes políticos, diputaciones provinciales y ayuntamientos, como se dispuso el 1 de octubre de 181274. El siguiente cuadro muestra las síntesis publicadas de los debates parlamentarios en Madrid.

53
Número del periódico Fecha Contenido
1 16 de octubre de 1820 Se publica un resumen de una sesión (¿?) por la que el secretario del despacho de Hacienda habló en torno a las ventajas de la contribución directa, la enajenación de fincas del Estado y del monopolio del tabaco (tomado del Apéndice al Diario mercantil de Cádiz , 14 de julio de 1820).
4 11 de noviembre de 1820 Sesiones de los días 3 y 4 de agosto de 1820: sobre las rentas y número de eclesiásticos, el estanco del tabaco y el presupuesto de gastos de la familia real ( Apéndice al Diario mercantil …, Nº 16).
7 2 de diciembre de 1820 Sesiones del 13 y 14 de agosto de 1820: aprobaciones y lecturas de dictámenes sobre protección de la navegación y el comercio así como de instrucción pública ( Gaceta del Gobierno de Madrid , 14 y 15 de agosto de 1820).
8 9 de diciembre de 1820 Proyecto de decreto sobre restablecimiento de los jesuitas ( Gaceta del Gobierno de Madrid , 15 de agosto de 1820).
13 27 de enero de 1821 Discurso del secretario del despacho de la gobernación de Ultramar ante el dictamen de la comisión de Hacienda de las Cortes (29 de julio de 1820) sobre el comercio español hacia puertos americanos en flota extranjera.
22 4 de abril de 1821 Sobre la circulación de información de las diputaciones provinciales al gobierno central a través de la Diputación permanente de Cortes.

54Fuente: El amigo de la patria, T. I, Nº 1, pp. 13-14; Nº 4, pp. 84-85; Nº 7, pp. 118-119; Nº 8, pp. 131-132; Nº 13, pp. 179-183; Nº 22, p. 294.

55Un ejemplo de práctica fiscalizadora llevada a cabo por los ciudadanos, a través de la prensa, lo encontramos en El amigo de la patria. En septiembre de 1820, fue publicada una nota en El editor constitucional en donde su autor, bajo el seudónimo de “El centinela”, le comentaba al editor la necesidad de instalar a un ciudadano en las puertas de la diputación provincial o de los ayuntamientos. La intención era llevar un registro de sus operaciones, aprovechando la condición constitucional por las que las Cortes facultaban a los ciudadanos a publicar sus ideas políticas como “un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan75.” En octubre de aquel año, y secundando la propuesta de “El centinela”, fueron publicadas varias notas en El amigo de la patria en las que se pretendía dar un “cañazo á los funcionarios públicos”. Su autor, bajo el seudónimo de “Super omnes”, advertía a diputados, oidores, alcaldes y eclesiásticos, incluso al mismo “Centinela”, de apegarse a las leyes. “¡Cuidado señores funcionarios públicos! –sostenía- De hoy en adelante tendreis un fiscal riguroso de vuestras operaciones para acusaros, si os separais de la ley76.” En el Nº 4 y Nº 7 continuó “Super omnes” con su “cañazo”. Su centro de ataque fue un individuo que ocupaba por aquellos días dos cargos a la vez: diputado provincial y regidor del ayuntamiento de Guatemala. Según el autor de las notas, ello iba en contra de las leyes, en especial del decreto gaditano del 11 de agosto de 1813, porque era un hecho que descuidaría ambos empleos, impedía a que otro ciudadano lo desempeñara de mejor manera y no habría imparcialidad en las decisiones tomadas al interior de las dos corporaciones77. Desafortunadamente “Super omnes” no continuó con su fiscalización en El amigo de la patria; de cualquier forma, no cabe duda que la prensa guatemalteca realizó un ejercicio de publicidad del poder. Por un lado, socializando en el incipiente espacio de opinión pública que se estaba formando, tanto en la capital del Reino como en las provincias, los debates y resoluciones de las Cortes y de uno de los cuerpos que más protagonismo tendrían en los años siguientes a partir de la independencia. Por otro lado, sometiendo al “tribunal de la opinión pública” la conducta de los funcionarios.

A manera de conclusión.

56El recorrido hecho hasta ahora permitió ver una prolongada tradición política que limitó al poder en la Monarquía hispánica, en general, y en el Reino de Guatemala, en particular. El constitucionalismo antiguo o la “constitución histórica” de la Monarquía hispánica siempre fue un referente en los tratadistas a ambos lados del Atlántico cuando afirmaban que el monarca debía quedar sujeto a las leyes de la república para hacer efectivo el bien común. La constitución histórica fue un corpus jurídico heterogéneo compuesto por los fueros Juzgo, de Castilla, León, Real, las Siete Partidas, la Nueva Recopilación de Castilla y para América, las Leyes Nuevas, la Recopilación de las Leyes de Indias, entre otras. Eran las denominadas “leyes fundamentales” del Reino; leyes por las que algunos como el vicario de la ciudad de Granada, Pedro Ximena, aspiraban a fines del siglo XVIII a que fueran re-agrupadas con el fin de obtener un código en correspondencia a las nuevas circunstancias. Sin embargo, Ximena no pensaba todavía en un corpus jurídico moderno, sino en uno que siguiera respondiendo a una organización política corporativa y jerarquizada, basada en el poder absoluto, más no arbitrario.

57La crisis de la Monarquía española desatada en 1808, produjo una revolución constitucional en el que se vio inmerso el Reino de Guatemala, así como otras regiones de la América hispánica. Esta revolución debe verse en un contexto más amplio, el de las revoluciones Atlánticas, cuyos precedentes se hallaban en la experiencia estadounidense y francesa. Ahora bien, la crisis produjo una fiebre constitucional en ciertas regiones americanas, las cuales fueron interpretadas como insurgentes por las autoridades interinas españolas. Lo mismo sucedió con la coyuntura constitucional en Bayona. En ese escenario, algunos centroamericanos, como los capitulares guatemaltecos, solicitaron a las Cortes de Cádiz, a través de su diputado, una Constitución liberal que previniera a la Monarquía del despotismo. A pesar de sus diferencias internas y del modo distinto de entender la estructuración del cuerpo político trasatlántico, una cosa era cierta para ellos: aspiraban a poner frenos al poder, diferenciándolo en tres potestades, aunque todavía no se aventuraban a despojar al monarca de su atributo soberano.

58Pero las Cortes gaditanas fueron más radicales. Si bien, el Discurso preliminar de la comisión de constitución no se cansó en decir que la herencia del código liberal que estaban elaborando se hallaba en sus “mayores”, en la tradición hispánica de las leyes fundamentales, los diputados terminaron sancionando y jurando un corpus homogéneo por el que se le atribuía la suprema potestad a la Nación.

59La Constitución doceañista no solo limitó el poder del monarca. También lo hizo con las Cortes, en la que descansaba la potestad legislativa. En el Reino de Guatemala los límites al legislativo nacional y a los congresos regionales (diputaciones provinciales) fueron experimentados a través del ejercicio de la opinión pública. En efecto, periódicos como la Gazeta, El editor constitucional y El amigo de la patria comenzaron a construir un incipiente espacio público moderno por el que varios ciudadanos pudieron enterarse y fiscalizar la labor de las Cortes, de la diputación guatemalteca y de otras instituciones. La prensa se convirtió así en un formidable instrumento de “publicidad del poder” cuyo freno a la cultura del secretismo político minaba el poder absoluto, limitaba a las potestades constitucionalmente establecidas y creaba unos espacios formidables para la crítica y la discusión ciudadana.

60Notas de pie de página

61El autor Sajid Alfredo Herrera Mena es doctor en Historia. Profesor e investigador de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, El Salvador.

621 Annick Lempérière, “El paradigma colonial en la historiografía latinoamericanista” en Magali Carrillo e Isidro Vargas (editores), La sociedad monárquica en la América hispánica, (Santa Fe de Bogotá: Ediciones Plural, 2009), págs. 15-42.

632 José Carlos Chiaramonte, “Modificaciones del pacto imperial” en Antonio Annino y otros, De los imperios a las naciones: Iberoamérica, (Zaragoza: Ibercaja, 1994), págs. 107-128.

643 Edmund Morgan, La invención del pueblo. El surgimiento de la soberanía popular en Inglaterra y Estados Unidos, (Buenos Aires: Siglo XXI, 2006), págs. 47-48.

654 Jorge Cañizares-Esguerra, Católicos y puritanos en la colonización de América, (Madrid: Marcial Pons, 2008).

665  Carlos Stoetzer, Las raíces escolásticas de la emancipación de la América española, (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1982).

676 François-Xavier Guerra renovó la historia política a ambos lados del Atlántico desde la perspectiva de las “revoluciones hispánicas”. De ahí en adelante la riqueza de planteamientos ha sido considerable y puede apreciarse en los trabajos de Jaime Rodríguez, Javier Fernández Sebastián, Manuel Chust, Alfredo Ávila, Ivana Frasquet, Antonio Annino, José María Portillo, Alberto Ramos, Marta Llorente, Roberto Breña, Juan Ortiz, Federica Morelli, entre muchos otros.

687 François-Xavier Guerra, “El ocaso de la Monarquía hispánica: revolución y desintegración” en Antonio Annino y François-Xavier Guerra (coordinadores), Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX, (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), pág. 128.

698 Véase, por ejemplo: Jaime Rodríguez, “Una cultura política compartida: los orígenes del constitucionalismo y liberalismo en México” en Víctor Mínguez y Manuel Chust (editores), El imperio sublevado. Monarquía y naciones en España e Hispanoamérica, (Madrid: CSIC, 2004), págs. 195-224.

709 Jorge García Laguardia, Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, (San José: EDUCA, 1971), págs. 220-242; Xiomara Avendaño, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno. Institucionalidad, ciudadanía y representación política, 1810-1838, (Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2009), págs. 150-154; Jordana Dym, “A sovereign state of every villaje: city, state and nation in independence-era Central America, ca. 1760-1850” (New York University, 2000) págs. 217-276; Adolfo Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada, 1793-1838, (San Salvador: FLACSO, 1999), págs. 160-199.

7110 Por ejemplo, el jesuita Juan de Mariana (1536-1624) establecía que la potestad real era limitada y descansaba en el consentimiento de la república; sin embargo, contemplaba la posibilidad de “matar a hierro al príncipe como enemigo público” si éste actuaba como un tirano y luego que la república hubiese hecho hasta lo imposible por advertírselo. Juan de Mariana, Del rey y de la institución real, (Madrid: Publicaciones españolas, 1961), tomo I: Libro I, capítulos II-IX, págs. 57-145.

7211  Alejandro Cañeque, “Cultura vicerregia y Estado colonial. Una aproximación crítica al estudio de la historia política de la Nueva España” en Historia mexicana N° 51 (2001) págs. 5-57.

7312 Francisco de Vitoria, Sobre el poder civil, Parte I, 5, en Francisco de Vitoria, Sobre el poder civil, Sobre los indios y Sobre el derecho de la guerra (estudio preliminar, traducción y notas de Luis Frayle Delgado), (Madrid: Tecnos, 1998), pág. 14.

7413 Francisco de Vitoria, Sobre el poder civil, Parte I, 5, en Francisco de Vitoria, Sobre el poder civil, Sobre los indios y Sobre el derecho de la guerra (estudio preliminar, traducción y notas de Luis Frayle Delgado), (Madrid: Tecnos, 1998), pág. 16-18.

7514 En un texto de Bartolomé de las Casas, De regia potestate (1571), encontramos una postura más radical: la autoridad venía del “pueblo”, es decir, del conjunto de hombres libres, quien era la causa eficiente de los reyes. El pueblo era anterior a los monarcas y no estaba bajo la potestad de éstos sino de la ley, pues no era posesión del gobernante. Si bien el rey era considerado un padre, el alma del reino o un pastor, su potestad no debía ser arbitraria porque se inscribía en las leyes. Idealmente, el reino era un “cuerpo místico”, compuesto de partes no enajenables cuya unión procedía de la suma de voluntades. De regia potestate en Bartolomé de las Casas, Obras completas, (Madrid: Alianza, 1990), Tomo 12, págs. 35-69, 85, 111, 139, 147-151.

7615 Sobre el poder civil, Parte II, 21, págs. 50-51.

7716 Citado en Alejandro Cañeque, “Cultura vicerregia y estado colonial”, pág. 29.

7817  Maurizio Fioravanti, Constitución. De la antigüedad a nuestros días, (Madrid: Trotta, 2001), págs. 55-70.

7918 En el caso peninsular, Pablo Fernández Albaladejo ha mostrado que en las relaciones entre el rey de Castilla y las ciudades no existió durante el siglo XVI algo similar al “Estado moderno”. Las relaciones fueron más bien de ayuda mutua y negociación, sin excluir roces. De hecho, Fernández Albaladejo ha mostrado que las Cortes españolas no fueron debilitadas por el absolutismo monárquico sino por las mismas ciudades quienes decidieron negociar sus problemas de manera más directa. Pablo Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía. Trabajos de historia política, (Madrid: Alianza, 1993), págs. 241-324.

8019 Algunos tratadistas consideraron que a la república no podía eximírsele de la responsabilidad de ser gobernados por un tirano. Vitoria, por ejemplo, llegó a subrayar la responsabilidad de la comunidad política en la tarea de encomendar la potestad civil: “Si el rey, después de haber sido constituido por la república comete alguna tropelía, ésta se le imputa a la república; pues la república está obligada a no encomendar el poder sino a quien lo ejerza y lo use con justicia, de lo contrario se pone a sí misma en peligro”. Sobre el poder civil, I, 12, pág. 24. Igualmente se apeló a una buena educación del príncipe, apareciendo desde el XVI tratados sobre el tema. Ver, por ejemplo: Erasmo de Rotterdam, Educación del príncipe cristiano (traducción de Pedro Jiménez Guijarro y Ana Martín), (Madrid: Tecnos, 2003).

8120 Partida, II, Título I, ley V en Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio. Cotejadas con varios códices por la Real Academia de la Historia, (Madrid: Ediciones Atlas, 1972), págs. 7-8.

8221 Antonio Fuentes y Guzmán, Recordación florida en Obras históricas de Don Francisco Antonio Fuentes y Guzmán (edición y estudio preliminar de Carmelo Sáenz de Santa María), (Madrid: Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días, 1969), Tomo III, Libro VIII, Capítulo XXVI, pág. 78.

8322 Recordación florida, Tomo III, Libro VIII, Capítulo XXIV, pág. 73. Desde el siglo XVI se desarrolló el “principio de autonomía legislativa” en América, consistente en que tanto los funcionarios regios como los ayuntamientos tenían el derecho a legislar (dictando ordenanzas) y de ejecutar lo mandado. Xiomara Avendaño, “El gobierno provincial en el Reino de Guatemala, 1821-1823” en Virginia Guedea (coordinadora), La independencia de México y el proceso autonomista novohispano, 1808-1824, (México: UNAM e Instituto José María Luis Mora, 2001), págs. 324 y ss.

8423 Recordación florida, Tomo III, Libro VIII, Capítulo XXV, pág. 78.

8524 En aquel siglo eso mismo le recordaba Carlos Sigüenza y Góngora al virrey de la Nueva España, el Conde de Paredes (1680). Ver: Teatro de las virtudes políticas que constituyen a un príncipe; advertidas a los monarcas antiguos del mexicano imperio, con cuyas efigies se hermoseó el arco triunfal que la Muy Noble, Muy Leal, Imperial Ciudad de México erigió para el digno recibimiento en ella del excelentísimo Señor Virrey Conde de Paredes, Marqués de La Laguna (1680) en Carlos Sigüenza y Góngora, Obras históricas (Edición y Prólogo de José Rojas Garcidueñas), (México: Porrúa, 1983), págs. 273-350.

8625 Recordación florida, Tomo III, Libro VIII, Capítulo XXVI, pág. 78.

8726  Recordación florida, Tomo III, Libro VIII, Capítulo XXV, pág. 78.

8827  Maurizio Fioravanti, Constitución, págs. 71 y ss.

8928 José María Portillo, “Constitucionalismo antes de la Constitución. La economía política y los orígenes del constitucionalismo en España” en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, Coloquios 2007, [http//:nuevomundo.revues.org/index4160.html] (consultada: 15 de mayo de 2011).

9029 José Mata Gavidia, Panorama filosófico de la Universidad de San Carlos al final del siglo XVIII, (Guatemala: Universidad de San Carlos, 1948); John Tate Lanning, La ilustración en la Universidad de San Carlos, (Guatemala: Editorial Universitaria, 1976), págs. 478-481.

9130 Utilizaré la siguiente edición: Reales exequias, por el Señor Don Carlos III. Rey de las Españas, y Américas. Y Real proclamación de su augusto hijo el Señor D. Carlos IV. Por la Muy Noble, y Muy Leal Ciudad de Granada, Provincia de Nicaragua, Reyno de Guatemala, (edición y notas de Manuel Ignacio Pérez), (Managua: Banco Central de Nicaragua, 1974). En adelante: Reales exequias.

9231 Reales exequias, pág. 8.

9332  Reales exequias, págs. 77- 72.

9433 Reales exequias, pág. 70.

9534  Reales exequias, págs. 35, 42-43, 51-66.

9635 Reales exequias, pág. 47.

9736 Para esta época la voz “Constitución” tenía, en gran medida, un significado de organización corporativa civil o eclesiástica. José María Portillo, “ Ex Unum, pluribus : revoluciones constitucionales y disgregación de las monarquías iberoamericanas” en Javier Fernández Sebastián (director), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, (Madrid: Fundación Carolina, Centro de Estudios Políticos Constitucionales y Sociedad Estatal de Conmemoraciones culturales, 2009), págs. 314 y ss.

9837  Rafael Flaquer, “El ejecutivo en la revolución liberal” en Miguel Artola (editor), Las Cortes de Cádiz, (Madrid: Marcial Pons, 2003), pág. 37.

9938 Juan Domínguez, “La América española y Napoleón en el Estatuto de Bayona” en Revista Internacional de estudios Vascos N° 4 (2009) págs. 320-331. El diputado por Guatemala fue Francisco Antonio Zea, natural de Nueva Granada y director del Jardín Botánico de Madrid.

10039 Raquel Rico, “Constitución y Cortes en la prensa política de 1809: El voto de la Nación española” en Alberto Ramos y Alberto Romero (editores), Cambio político y cultural en la España de entre siglos, (Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008), págs. 233-256.

10140 Rafael Flaquer, “El ejecutivo en la revolución liberal”, págs. 42-52.

10241  Rafael Flaquer, “El ejecutivo en la revolución liberal”, págs. 48-52.

10342  Discurso preliminar leído en las Cortes al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella, (Cádiz: Imprenta Tormentaria, 1812).

10443  Jordana Dym, “Soberanía transitiva y adhesión condicional: lealtad e insurrección en el Reino de Guatemala, 1808-1811” en Araucaria N° 18, vol. 9 (2007) págs. 196-219.

10544  John Tate Lanning, La ilustración en la Universidad de San Carlos, págs. 498-499.

10645 Jorge García Laguardia, Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, págs. 187-189.

10746  Jorge García Laguardia, Orígenes de la democracia constitucional en Centroamérica, págs. 141-142; también: Mario Rodríguez, El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826, (México: Fondo de Cultura Económica, 1984), págs. 68-69.

10847  Instrucciones para la Constitución fundamental de la Monarquía española y su gobierno de que ha de tratarse en las próximas Cortes Generales de la Nación (1811) en Jorge Mario García, La génesis del constitucionalismo guatemalteco, (Guatemala: Editorial Universitaria, 1971), págs. 105-190. Está dividida en cuatro partes: Constitución fundamental (dividida a su vez en dos: Declaración de los derechos del ciudadano y Constitución), Sistema económico, Proyecto de una contribución y Discurso sobre la reforma de algunas leyes. Están firmadas por José María Peinado , Antonio Isidro Palomo, Pedro José de Beltranena, José Aycinena, Antonio José Arrivillaga, Domingo José Pavón, Gregorio Urruela, Juan Bautista Marticorena , Juan Francisco Taboada y José Francisco Córdova.

10948 Instrucciones para la Constitución fundamental de la Monarquía española y su gobierno de que ha de tratarse en las próximas Cortes Generales de la Nación (1811) en Jorge Mario García, La génesis del constitucionalismo guatemalteco, (Guatemala: Editorial Universitaria, 1971), págs. 105-190.

11049  Incluso, en una situación extrema, el Consejo podría nombrar un “Inter-Rey”, confiriéndole todo el poder soberano a una persona de dentro o fuera del Consejo de manera interina (artículo 14).

11150 Apuntes instructivos que al señor Antonio Larrazábal, diputado a las Cortes extraordinarias de la Nación española por el cabildo de la ciudad de Guatemala, dieron sus regidores Don José de Isasi, Don Sebastián Melón, Don Miguel González y Don Juan Antonio de Aqueche, (Nueva Guatemala: Imprenta Manuel de Arévalo, 1811), publicado en Jorge Mario García Laguardia, La génesis del constitucionalismo guatemalteco, págs. 191-271.

11251 En el mundo hispánico, hacia 1810, el término “constitución liberal” indicaba probablemente “un código político generoso, abierto e incluyente, que permitiera a todos los actores políticos tomar parte en las deliberaciones y en la legislación sobre los asuntos públicos que les concernían, y pusiera ciertos límites a la autoridad real”. Sin embargo, ya se estaba asistiendo a una noción de “ley fundamental”, basada en la división de poderes y en las garantías a ciertos derechos. Ver: Javier Fernández Sebastián, “Liberalismos nacientes en el Atlántico iberoamericano: liberal como concepto y como identidad política, 1750-1850” en Javier Fernández Sebastián (director), Diccionario político y social del mundo iberoamericano, págs. 704-705.

11352 Apuntes instructivos, págs. 195-206.

11453 Apuntes instructivos, pág. 208.

11554 Apuntes instructivos, págs. 211; 230-232. Sobre este último aspecto los Apuntes sostenían: “En calidad de Propietario universal, exerce una inspección inmediata sobre todo aquello que contribuye á mejorar la propiedad individual, valorar sus productos, darles nuevas formas, y proporcionarlos á mayores utilidades; la agricultura, la industria y el comercio lo miran como su protector; demarca pesos y medidas, sella monedas pero no latera el título, admite o repele las extrangeras, &&”.

11655 Apuntes instructivos, pág. 221.

11756  Apuntes instructivos, pág. 256.

11857  Apuntes instructivos, págs. 231-233.

11958 Discurso preliminar, págs. 27-113.

12059 El editor constitucional, (6 de noviembre de 1820), N° 19, pág. 271 en Escritos del doctor Pedro Molina, conteniendo la reproducción íntegra de los escritos del primer semestre del periódico “El editor constitucional”, del número 1 [28 de julio] al número 24 [11 de diciembre de 1820], (Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1954), Tomo I.

12160 Gazeta de Guatemala, (22 de noviembre de 1811), N° 246, fol. 43-45. En un despacho del capitán general, José Bustamante, del 12 de noviembre de 1811, dirigido a los jefes de provincias y ayuntamientos del Reino, ordenaba perseguir y aprender a un emisario francés del que se tenía noticias. Bustamante afirmaba que era sospechoso y delincuente todo aquel que infundiera noticias falsas y capciosas a favor de los franceses en España o de los insurgentes de la Nueva España. También el que se refiriera en mal del “Gobierno Supremo de la Nación y de su augusto congreso de las Cortes extraordinarias”.

12261  Sajid Alfredo Herrera, “La opinión pública como ficción moderna: breves notas sobre el caso Centroamericano, 1810-1824” en Revista Iberoamericana de derechos y libertades civiles N° 0 (2010) págs. 103-109; Sajid Alfredo Herrera, “La herencia del liberalismo hispánico en Centroamérica. Libertad de imprenta, prensa y espacio público moderno en El Salvador, 1810-1890” en Alberto Ramos (editor), La Constitución de Cádiz y su huella en América, (Cádiz: Jiménez-Mena, 2011), págs. 187-194.

12362 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, (México: Fondo de Cultura Económica, 1992), pág. 72.

12463 Un precedente interesante de prevenir la “extensión desmesurada del poder legislativo” lo encontramos en la experiencia constitucional estadounidense. Ver: Roberto Blanco Valdés, El valor de la Constitución. Separación de poderes, supremacía de la ley y control de constitucionalidad en los orígenes del Estado liberal, (Madrid: Alianza editorial, 1994), págs. 89 y ss.

12564  Por ejemplo, se informó que fueron aprobados los poderes de los siguientes diputados por el Reino de Guatemala: López de la Plata, Morejón, Castillo y Ávila: Gazeta de Guatemala, (24 de octubre de 1811), N° 242, fol. 10. Los diputados centroamericanos fueron: Antonio Larrazábal (Guatemala), José Ignacio Ávila (San Salvador), José Francisco Morejón (Honduras), José Antonio López de la Plata (Nicaragua), Florencio Castillo (Costa Rica) y Mariano Robles (Chiapas).

12665  Gazeta del Gobierno de Guatemala, (23 de julio de 1812), N° 273, fol. 258.

12766 Gazeta Extraordinaria de Guatemala, (3 de diciembre de 1811), N° 249, fol. 65-66. Se comentaba asimismo del regalo que hizo a ese Congreso el estudiante de la Universidad de Guatemala, Francisco Xavier Barrutia, de dos ejemplares de un tratado sobre las Cortes que él mismo había defendido en el recinto académico.

12867  Gazeta Extraordinaria de Guatemala, (13 de enero de 1812), N° 256, fol. 124.
fn68. El primero era dirigido por el médico guatemalteco Pedro Molina y el segundo por el abogado hondureño José del Valle.

12969  El editor constitucional, (21 de agosto de 1820), N° 7, págs. 73-76, Tomo I.

13070  El editor constitucional, (27 de noviembre de 1820), N° 22, pág. 308, T. I.

13171  El editor constitucional, (21 de agosto de 1820), N° 7, págs. 73-74, T. I. Para este tema, ver: Sajid Alfredo Herrera, “La desacralización del rey en la prensa guatemalteca de 1821: El editor constitucional y El genio de la libertad en Alberto Ramos y Alberto Romero (editores), Liberty, liberté, libertad. El mundo hispánico en la era de las revoluciones, (Cádiz: Universidad de Cádiz, 2010), págs. 679-692.

13272  El editor constitucional, (26 de febrero de 1821), N° 36, pág. 463, T. II. La diputación provincial guatemalteca se re-instaló el 7 de noviembre de 1820 con los siguientes miembros: Mariano Beltranena, José Matías Delgado , Antonio Rivera Cabezas y Alejandro Díaz Cabeza de Vaca.

13373  El editor constitucional, (26 de febrero de 1821), N° 36, pág. 463, T. II, págs. 463-464.

13474 El amigo de la patria, (20 de enero de 1821), págs. 171-172 en Escritos del Licenciado José Cecilio del Valle, conteniendo la reproducción íntegra de los escritos del periódico “El amigo de la patria” del número 1[16 de octubre de 1820] al número 24 [30 de abril de 1821], (Guatemala: Editorial José Pineda Ibarra, 1969), T. I.

13575 El editor constitucional, (25 de septiembre de 1820), Nº 12, págs. 150-152.

13676  El amigo de la patria, (sin fecha), Nº 2, págs. 32-33.

13777 “Primer cañazo” en El editor constitucional, (26 de febrero de 1821), N° 36, pág. 463, T. II, (11 de noviembre de 1820), Nº 4, págs. 81-83; “Vuelta al primer cañazo” en El editor constitucional, (26 de febrero de 1821), N° 36, pág. 463, T. II, El editor constitucional, 26 de febrero de 1821, N° 36, pág. 463, T. II. (2 de diciembre de 1820), Nº 7, págs. 116-118. Probablemente se estaba refiriendo a Mariano Aycinena, síndico del ayuntamiento constitucional de Guatemala y miembro de la diputación provincial. El editor constitucional, (2 de agosto de 1820), Nº 3, pág. 35; Xiomara Avendaño, Centroamérica entre lo antiguo y lo moderno, pág. 98.

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Para citar este artículo :

Sajid Alfredo Herrera Mena, « Tradición hispánica y constitucionalismo doceañista: los límites del poder político en el Reino de Guatemala », Boletín AFEHC N°52, publicado el 04 marzo 2012, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3036

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