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AFEHC : articulos : Los diputados provinciales de Costa Rica y Nicoya ante la Diputación Provincial de León, 1813-1821. : Los diputados provinciales de Costa Rica y Nicoya ante la Diputación Provincial de León, 1813-1821.

Ficha n° 3038

Creada: 18 mayo 2012
Editada: 18 mayo 2012
Modificada: 28 mayo 2012

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Autor de la ficha:

Eduardo MADRIGAL MUÑOZ

Editor de la ficha:

Elizet PAYNE IGLESIAS

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Los diputados provinciales de Costa Rica y Nicoya ante la Diputación Provincial de León, 1813-1821.

Este artículo se enfoca al análisis prosopográfico y de redes sociales de los miembros de Costa Rica y del Partido de Nicoya ante la Diputación Provincial de León. Estudia temas como sus orígenes sociales, residencia, actividades económicas, carrera política y relaciones sociales de estos individuos, con el fin de encontrar sus dinámicas relacionales como grupo y de establecer el porqué de estas, así como su influencia, en el contexto de la sociedad y de los acontecimientos políticos que los enmarcaron en su época.
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Palabras claves :
Diputaciones Provinciales, Independencia, Historia Política, Prosopografía, Redes Sociales
Autor(es):
Eduardo Madrigal Muñoz
Fecha:
Marzo de 2012
Texto íntegral:

1

Introducción

2Las Diputaciones Provinciales fueron instituciones de vida un tanto efímera en el período de la coyuntura gaditana y de las Independencias hispanoamericanas. Fueron establecidas por la Constitución de Cádiz de 1812, que estipuló que su función sería la de “promover la prosperidad” de las provincias de la monarquía española, en unión de los jefes políticos locales, a los que encargó de presidirlas1. Entre sus funciones se encontraban el reparto equitativo de los fondos públicos a todas las poblaciones de la jurisdicción para cubrir sus necesidades, el establecimiento de cabildos donde no los hubiere, la ejecución de obras públicas, la promoción de la educación, la realización de censos y estadísticas de las provincias, la denuncia de los actos de corrupción con las rentas públicas y de las infracciones a la Constitución, el cuido de los establecimientos de caridad y, en América, la conversión de los indígenas no cristianos2.

3No debemos olvidar que esta normativa se promulgó cuando España se hallaba sometida a la invasión napoleónica y que su objetivo era dotar a la metrópoli y a su imperio de una estructura normativa y de gobierno en ausencia de rey, mientras se recuperaba la soberanía y se expulsaba al invasor francés. Por ello, es posible afirmar que la función de las Diputaciones fue la de servir como gobiernos provisorios, en unión con los jefes políticos españoles, mientras se restablecía la normalidad del régimen colonial. En este contexto, fungían como canales para que las jurisdicciones locales, presididas por sus respectivos cabildos, transmitieran sus inquietudes y necesidades a las autoridades superiores y de esa forma se mantuviera organizado el gobierno, hasta tanto los reyes españoles recuperaran su trono.

4Empero, ha sido señalado que la promulgación misma de la Constitución y, con ella, la creación de las Diputaciones, fueron el producto de la presión de sectores progresistas de la sociedad española, que buscaban dotar a esta de una monarquía constitucional3, por lo que su cometido apuntaba sin duda a una modernización del aparato político hispanoamericano, modernización que probablemente se esperaba fuera permanente.

5Las Diputaciones estaban compuestas de 7 miembros, más un presidente y un intendente4 (que presidiría en ausencia del jefe político5), los cuales se renovarían por mitades cada dos años6. Disponían, además de un secretario, pagado de los fondos públicos7. También debían ser elegidos tres suplentes por cada Diputación8. Estos miembros podían ser destituidos por el monarca si abusaban de sus poderes9 y debían ser juramentados al entrar al ejercicio de sus funciones, ante el jefe político local10.

6En un inicio, Costa Rica perteneció a la Diputación Provincial de Guatemala al iniciarse el proceso, cuando la Constitución de Cádiz reconoció a este reino como una de las provincias integrantes de la monarquía española11. Posteriormente, por instancias del diputado costarricense a Cortes, el presbítero Florencio Castillo, se instituyó una Diputación separada para Nicaragua y Costa Rica, con sede en León de Nicaragua, la cual se fundó en 181312.

7Ambas Diputaciones funcionarían tan solo brevemente durante los períodos de vigencia de la Constitución, es decir, de 1813 a 1814 y de 1820 a 182113. El primero de estos períodos terminó cuando el rey Fernando VII echó atrás con las reformas de Cádiz, restaurando el régimen absolutista y el segundo se inició cuando el general Rafael Riego tomó el poder en España y obligó al monarca a jurar la Constitución, poniéndola de nuevo en vigencia, tan solo para finalizar al año siguiente, al producirse la Independencia de España14.

8Con todo, estas instituciones han sido poco estudiadas por la historiografía de Costa Rica, que se ha preocupado más por el estudio de otras instituciones de la época, como las Cortes de Cádiz15. Tan solo algunos autores, como Obregón Loría y Obregón Quesada, han dedicado atención al tema de las Diputaciones, sin embargo16, haciendo hincapié, el primero, en su papel en los sucesos de la Independencia y, la segunda, en su importancia como inicio de los procesos electorales en Costa Rica17.

9En consecuencia, los miembros en sí de estas instituciones han sido poco o casi nunca estudiados, en contraste con los diputados a Cortes, quienes si han generado cierta cantidad de biografías en Costa Rica y otras regiones18.
Debido a lo anterior, es poco lo que se sabe acerca de quiénes conformaban estas Diputaciones. Esto resulta ser, pues, una pregunta de urgente respuesta, que nos motivará a analizar temas como quiénes fueron los diputados provinciales de Costa Rica ante la Diputación Provincial de León. También es importante estudiar cómo funcionaron las dinámicas sociales relacionales de los diputados y cómo estas contribuyeron a conformar la Diputación Provincial como institución así como otras con las que se relacionaron, tales como los ayuntamientos constitucionales de Costa Rica. Del mismo modo, cobra importancia estudiar qué influencia pudo tener esto en tejidos sociales e institucionales mayores, en una coyuntura explosiva y de intenso cambio como corresponde al período en que se desmoronaba el Imperio Español, en el cual alguna vez se dijo que no se ponía jamás el sol. Deberemos preguntarnos también qué ligamen hay entre estas diputaciones de nuevo cuño y las estructuras sociales y políticas del Antiguo Régimen, y si estas estructuras cambiaron de un pronto a otro por orden de las Cortes o por virtud de la invasión de Napoleón.

10Por ende, el objetivo del presente estudio es dar respuesta a estas interrogantes para el caso de los diputados de Costa Rica y Nicoya ante la Diputación Provincial de León de Nicaragua en los años en que esta existió, es decir, de 1812 a 1813 y de 1820 a 1821.

La elección de los diputados y la conformación del grupo

11Los miembros de las Diputaciones Provinciales debían ser elegidos mediante un sistema de sufragio de tres grados, en el que juntas electorales de parroquia, convocadas por los jefes políticos o alcaldes ordinarios de cada localidad19, elegían un conjunto de “compromisarios” que luego votaban para escoger de entre ellos un elector de parroquia20. Los electores de todas las parroquias se reunían en la cabecera de cada uno de los partidos en que se dividiese la provincia para elegir a su vez un elector de partido21, que era enviado a la capital provincial a reunirse con los electores de los demás partidos22, constituyendo así la junta electoral de provincia, la cual tenía a su cargo elegir los diputados a Cortes y, en segundo lugar, los diputados provinciales23.

12Así, si bien es cierto que la base de todas estas juntas era una elección popular, una vez hechas las elecciones de parroquia, la participación popular desaparecía y las elecciones quedaban en manos de grupos cada vez más reducidos de individuos, los cuales tendían a salir de las capas altas de la población y, consecuentemente, a nombrar como electores y diputados a personajes salidos de las elites coloniales24. Ello restringía desde la base la participación de las mayorías sociales en los procesos electorales y los volvía espacio casi exclusivo de las elites que ya de por sí detentaban el poder.

13Los requisitos para ser diputado provincial eran los siguientes: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos (según el articulado constitucional), no ser empleado del rey, ser mayor de veinticinco años y natural o vecino de la jurisdicción donde iba a ser elegido, con al menos siete años de residencia en ella. Además, el candidato debía tener un nivel de riqueza suficiente para poder “mantenerse con decencia25.” La reelección estaba limitada a que pasase un período de al menos cuatro años luego de la primera elección26. Casi todos estos elementos, huelga decirlo, quedaban fuera del alcance de los sectores subordinados de la sociedad que eran condenados, así, a cumplir el papel de espectadores de los procesos políticos que les rodeaban. De este modo, se propiciaba que quienes fueran electos diputados, salieran de las capas altas de la población.

14En el caso de Costa Rica, siguiendo el procedimiento gaditano, fueron nombrados como diputados provinciales en los períodos en estudio en total siete personajes: Tomás de Acosta y Anselmo Jiménez por Costa Rica y Joaquín de Arechavala por Nicoya con Carlos Machado (quien de hecho se llamaba Carlos Machado y Ugarte) como suplente en 181327; y Rafael Barroeta y Pedro Portocarrero como titulares, con José María Ramírez como suplente, de 1820 a 182128.

15Veremos entonces quiénes eran estos personajes, cómo se desenvolvieron sus vidas, cómo era su red de relaciones sociales y qué nos puede mostrar esto acerca de la manera de funcionar del tejido mayor del poder y de las instituciones en los últimos años del régimen colonial.

Residencia

16Analizando las características sociales y las carreras vitales de los diputados que estudiamos, el primer rasgo que salta a la vista es que casi todos se caracterizan por ser individuos que residían permanente o temporalmente en Nicaragua, provincia donde se hallaba localizada la institución de la que debían formar parte, o tenían intereses económicos de peso que los hacían desplazarse hacia allá o a regiones aledañas como el Partido de Nicoya, al menos una parte del tiempo. Esto parece apuntar a un hecho importante: quizá en la época se valoraba como requisito o se buscaba que los individuos que fuesen candidatos a diputaciones provinciales residieran o se pudieran desplazar a la jurisdicción donde tenía su asiento la Diputación, probablemente con el objetivo de que no les fuera oneroso desempeñar el puesto y posiblemente también para que tuvieran un conocimiento de primera mano de la sociedad y del ambiente político donde les tocaría desempeñarse, para así velar mejor por los intereses de su provincia.
Un caso muy claro de esto, es el de Joaquín de Arechavala, quien había sido incluso gobernador de Nicaragua anteriormente y fue nombrado diputado por el Partido de Nicoya. Ambas cosas, ya de por sí, indican que su vida se desenvolvía significativamente entre ambas jurisdicciones, pero también que era un conocedor del ambiente social y político leonés, tanto como de las necesidades de Nicoya.
Además de lo anterior, también sabemos que Carlos Machado era nativo de Cartago, pero residía en Rivas hacia 180929, y también, hacia 1813, se menciona que era residente en Nicaragua30. Con posterioridad a la Independencia, Machado fijó su morada en el Partido de Nicoya, donde desempeñó varios puestos políticos y militares y tuvo también importantes intereses económicos, pues era un adinerado terrateniente que, como veremos, efectuó numerosas transacciones con tierras en la región, la cual había venido teniendo un gran auge ganadero desde el siglo XVIII.

17Rafael Barroeta, por su parte, tenía importantes intereses económicos en el Valle de Bagaces, jurisdicción vecina al Partido de Nicoya, pero perteneciente a la Provincia de Costa Rica (hoy ambas forman parte de la provincia de Guanacaste), donde era propietario de la hacienda ganadera Santa Catarina31. Quizá por esta razón es que fue nombrado teniente de gobernador de esa población en 180532, y hasta en algún momento se dedicó a brindar instrucción militar de su propio peculio a un grupo de vecinos de la localidad33.

18Además, también fue quizá este hecho el que le movió a desplazar su residencia a Costa Rica, donde se desempeñó intensamente como asesor letrado de causas criminales del período. También, en algún momento, Barroeta tuvo a su cargo fondos de la cofradía del Santísimo, de esa misma región34.

19Es un hecho conocido y señalado por la historiografía que los propietarios de estas haciendas eran ausentistas con gran frecuencia, de manera que residían en ellas solo una parte del tiempo, mientras que el resto lo pasaban en poblaciones coloniales de importancia. Por esto, cabe pensar que Barroeta quizá llevaba una existencia itinerante entre Cartago y su hacienda de Bagaces, aún incluso en los períodos en que fue miembro del cabildo de la capital. De esta forma, tanto su inserción en la elite capìtalina como su presencia como hacendado en la región del norte de la provincia pueden haberle hecho elegible para desempeñarse como diputado provincial en León.

20Además de todo esto, este personaje tenía también significativos intereses comerciales en León35.

21Otro caso similar al anterior fue el de Anselmo Jiménez quien, a pesar de ser nativo de Costa Rica y miembro conspicuo de su elite, parece que tenía importantes intereses en Nicaragua pues, en 1822, la Junta Superior Gubernativa de Costa Rica le comunicó que el gobierno de Granada le había entregado 1280 pesos, que correspondían a la mitad del valor de 100 quintales de tabaco36. Es decir que Jiménez parece haber tenido un fuerte involucramiento en la producción y distribución de tabaco a Nicaragua, lo cual puede haberle obligado a vivir itinerante entre esta jurisdicción, la de Nicoya y la de Costa Rica.
Ya desde 1797 el padre de este individuo había dado poder a cierto vecino de León para que representase allí los intereses de su hijo en un reclamo que hacía de “la colación” de unos ramos de capellanía que habían quedado por la muerte de cierto presbítero37, cosa que indica que la familia tenía presencia e intereses en Nicaragua desde tiempo atrás. Para 1834 se menciona abiertamente que Jiménez era vecino de Granada38, lo que indica que ya para esta época posiblemente había concretado sus intereses con una residencia permanente en Nicaragua. En 1847 seguía residiendo en la misma ciudad39.

22En el caso de José María Ramírez, no tenemos información clara pero, como clérigo que era, es posible pensar que debe haber hecho sus estudios en el Seminario de San Ramón Nonato de León, donde posiblemente se quedó a residir a pesar de sus orígenes probablemente costarricenses. Además, existe la posibilidad de que, como sucedía con muchos clérigos en su época, el obispado le asignase en alguna parroquia fuera de Costa Rica luego de terminar sus estudios, lo que posiblemente le obligó a permanecer en Nicaragua40.
Por otra parte, algunos diputados tenían orígenes familiares externos a la provincia, aunque después sus familias habían fijado su residencia y anudado lazos en ella. Esto posiblemente hacía ideales a estos individuos para desempeñar una Diputación, porque les hacía conocidos y aceptados en la provincia, al tiempo que les proveía de lazos en el exterior, que podían ser usados para luchar mejor por los intereses de esta. Por ejemplo, se ha documentado que el padre de Pedro Portocarrero, Carlos Portocarrero, era hijo de padres salvadoreños41.

23Portocarrero también tuvo una relación fuerte con la provincia de Nicaragua y probablemente residía allí cuando se desempeñó como diputado provincial. De hecho, su padre parece haber fijado su residencia en León, pues aparece mencionado como vecino de esa ciudad en 181342 y 181743, lo cual de suyo establece una relación de este personaje con la ciudad de León. De Pedro, por su parte, se menciona en 1842 que era canónigo, probablemente de la catedral de León, lo que hace suponer que residía44 allí.

24Solo en unos pocos casos, estos personajes residían en su jurisdicción de origen pero, por razones particulares no tenían inconvenientes en desplazarse hacia donde estaba situada la Diputación donde debían actuar. Este parece haber sido el caso del exgobernador Tomás de Acosta quien, luego de abandonar la gobernación de Costa Rica, desempeñó un puesto militar en Nueva Granada, pero después retornó a la provincia y fue nombrado diputado provincial, sin que tengamos ninguna evidencia de que haya trasladado su residencia alguna vez a Nicaragua.

25El historiador Rafael Obregón documenta que, después de su salida de la gobernación de Costa Rica, Acosta fue destinado a la de Santa Marta, pero hacia 1812 regresó a la provincia, muriendo en abril de 1821, poco antes de la Independencia. Nada hay, entonces que indique en modo alguno que Tomás de Acosta haya vivido en Nicaragua. Sin embargo, sabemos que en 1811 su gran amigo y corresponsal Joaquín de Arechavala extendió unas cuentas de los créditos y débitos de su testamentaría en León45, cosa que puede apuntar a una posible residencia de Acosta allí o, al menos, a que tuviera ahí parte de sus riquezas, producto posiblemente de alguna actividad lucrativa en esa ciudad. También, en 1815 se levantó una lista de sus elevadas deudas (3403 pesos y 3 reales) que puede haber sido hecha por un apoderado en Costa Rica, lo cual podría indicar que tal vez se hallaba por un tiempo fuera de la provincia46.

26Además, Acosta también tenía cuentas en su contra ante la tesorería de León47. Estas deudas pueden haberse contraído en su época como diputado provincial por Costa Rica, aunque no sabemos con certeza si residió en León en otro momento.

27Todo esto nos hace pensar que quizá, siendo un adinerado, prestigioso e influyente ministro real, Acosta probablemente tenía toda la capacidad para pendular lo que fuese necesario entre ambas jurisdicciones, o para fijar su residencia y subsistir en León mientras desempeñara el puesto.

Orígenes

28Otro rasgo que se destaca de los individuos que analizamos, es que todos provenían de orígenes sociales encumbrados. Algunos, por ejemplo, eran abiertamente miembros de la elite local de Costa Rica, representada extensamente en los ayuntamientos de la provincia. Por ejemplo, Anselmo Jiménez era hijo de José Antonio Jiménez Bonilla y Petronila Rodríguez Robredo48, por tanto, hermano de Ramón Jiménez Robredo, quien fuera mayordomo de propios y procurador síndico interino de Cartago en 181049, alcalde ordinario de esa ciudad en 181350, alguacil mayor de ella en 181851, una vez más alcalde 1º y gobernador interino en 181952, y de nuevo alcalde ordinario del cabildo capitalino en 182153. Este último personaje, además, fue padre del presidente Jesús Jiménez y abuelo del también presidente Ricardo Jiménez54.

29Por demás, la familia de Anselmo Jiménez estuvo también conectada por matrimonio, con la influyente parentela cartaginesa de los Oreamuno, pues su hermana Florencia estuvo casada con Joaquín de Oreamuno55, personaje de gran poder no solo en el cabildo de Cartago, sino también en los acontecimientos que sucedieron a la Independencia (incluyendo el golpe de Estado de 1823, del cual fue líder).

30Los orígenes familiares de Jiménez remontaban a Domingo Jiménez Maldonado, su tatarabuelo56, quien fuera alcalde de la Santa Hermandad de Cartago en 165457, donde fundó el linaje.

31Pedro Portocarrero, por su parte, era hijo de Carlos Portocarrero quien58, como hemos dicho, probablemente inmigró a Costa Rica desde San Salvador y, una vez en la provincia contrajo nupcias con doña Benita de Arlegui, hija de don Francisco de Arlegui, cuyo ancestro más antiguo en Costa Rica, también llamado Francisco de Arlegui, fue alcalde ordinario segundo de Cartago en 169359. Por esto se hace evidente que su padre era descendiente de una parentela bien afincada en la jerarquía de Cartago desde el siglo XVII.

32En el caso de Rafael Barroeta, no es posible encontrarle orígenes en la elite local de Costa Rica, pues el individuo en cuestión provenía de Guatemala, de donde vino ya casado. Sin embargo, sabemos que emparentó con la elite pues su hija Rosalía contrajo nupcias con Manuel de Alvarado60, miembro de una parentela que descendía de Pedro de Alvarado, adelantado de Guatemala en el siglo XVI y poderosa en Costa Rica desde el siglo XVII.

33Carlos Machado, por su parte, era hijo del peninsular Pedro José Tiburcio Machado y Ugarte y doña María de las Mercedes Sotomayor, hija a su vez de don Luis de Sotomayor y doña Ramona Isabel Utrera, todos ellos personajes de abolengo61.

34En el caso de José María Ramírez, no hemos encontrado aún mayores datos acerca de sus orígenes familiares pero ya el hecho de que se le llame “don” en la documentación apunta a que estos probablemente eran de elite62.
Finalmente, los menos ligados por linaje a las elites locales son los gobernadores Acosta y Arechavala, quienes, según lo exigía el Derecho de Indias, no podían provenir de la localidad a la que se les asignaba, ni tender nexos familiares en ella. Sin embargo, el solo hecho de haber sido gobernadores los situaba sin duda en un escalón suficientemente alto de la sociedad. Basta recordar que estos individuos tenían que comprar sus puestos, cosa que de suyo significaba que debían contar con riquezas y provenir de algún origen social destacado –y posiblemente ligado a la nobleza o a algún otro tipo de elite político-administrativa-. De no haber tenido un origen encumbrado de partida, estos individuos pueden también haberse abierto camino a través de la profesión de las armas en el Nuevo Mundo, lo que ya de por sí, como sabemos, debe haber sido credencial válida para permitirles ascender a los niveles más altos de la sociedad.

35Por demás, aunque no emparentaran con las elites locales, a todas luces su posición como los máximos representantes de la metrópoli debe haber hecho que estos personajes establecieran múltiples relaciones con los grupos dirigentes locales, relaciones que han de haber sido suficientemente positivas como para hacerlos bien quistos para los grupos poderosos quienes, a no dudarlo, no lo pensaron dos veces para llevarles a la Diputación.

carrera política

36Esto nos lleva a otro elemento que resulta notorio en la biografía colectiva del grupo que analizamos: algunos de nuestros diputados de marras eran ya personajes dotados de una manifiesta carrera política antes de ascender a la Diputación. Esta característica también puede haberles hecho apetecibles para ser nombrados en las Diputaciones pues quizá se aquilataba su experiencia previa en política y el prestigio que significaba el que hubiesen desempeñado otros puestos anteriormente. Por lo tanto, esto apunta a que quizá en la época se buscaba a individuos prestigiosos y experimentados para enviarles a las Diputaciones Provinciales.

37Tal es el caso, por ejemplo, de Tomás de Acosta, quien era un exgobernador colonial, con una luenga hoja de servicios que incluían asignaciones a plazas militares en Cuba (teniente de una de las compañías del primer batallón del regimiento de infantería de la Habana63), Nueva Orleans (subteniente del batallón de Luisiana64), y África (capitán del regimiento de infantería de África65). Todos estos méritos probablemente añadían peso a su presencia e influencia en la Diputación, y abonaban al prestigio de Costa Rica en ella.
Además, al dejar la gobernación y posiblemente buscándose ya un nuevo empleo que fuese también un nuevo peldaño en su carrera militar y en la administración colonial, en 1808 Acosta solicitó se le hiciera merced, en premio a sus 54 años de servicio, de nombrársele en la inspección de tropas del reino de Guatemala, con grado de coronel, o en algún otro empleo militar en Cuba o Yucatán66. Se le concedió la gobernación de Santa Marta, en Nueva Granada, como ha sido documentado67.

38Como cabe esperar, el caso de Joaquín de Arechavala es en un todo similar. Exgobernador de Nicaragua68, este personaje fue elegido diputado por el Partido de Nicoya por los electores de Cartago en 181369.

39También Rafael Barroeta tuvo una intensísima carrera política que se extiende a ambos lados de la Independencia y que lo llevó desde ser abogado de la Audiencia, teniente de gobernador de Bagaces, regidor y tres veces alcalde ordinario del cabildo de Cartago y una del de San José, a miembro de las juntas gubernativas y presidente del congreso provincial70.

40Otro personaje que tuvo una gran carrera, esta vez en el ámbito militar, principalmente en la Nicoya independiente y luego anexada a Costa Rica, fue Carlos Machado. Este individuo no tuvo una gran carrera política en Costa Rica, porque evidentemente no residía en ella, sino en el Partido de Nicoya, donde tenía importantes intereses y, al parecer, ahí si, cierta influencia política.

41Por ejemplo, sabemos que tuvo a su cargo como capitán la 4ª compañía del batallón de milicias71, que fue capitán de la compañía de Nicoya en 182972, y que hacia 1830 pidió se le concediera el retiro del servicio militar73, retiro que consiguió por fin en 183274.

42Por demás, Machado aparentemente siguió siendo un personaje destacado en el lugar después de la Independencia, pues siguió siendo nombrado para diversos puestos. Esto puede haberse debido a que probablemente era uno de los pocos individuos capacitados y experimentados para ello en la región, pero también a su posición como miembro de la elite política. Por ejemplo, fue administrador de correos de Guanacaste en 183375, y también de tabacos desde el octubre del mismo año76. También, el mismo año aparentemente tenía alguna otra autoridad pues se le comunicó que en los parajes denominados El Palmar y la Península del Virador, en terrenos baldíos del Estado, personas sospechosas extraían maderas de brasil, sin permiso legal ni denuncio que los autorizase77.

43Finalmente, Machado fue nombrado diputado por el ayuntamiento de Santa Cruz en 183478 y magistrado a la Corte Superior de Justicia por la municipalidad de Alajuela en 183579.

44Mención aparte en todo esto merecen los clérigos, quienes probablemente eran escogidos para las Diputaciones por su condición de tales, que implicaba confianza y prestigio, pero también en función de sus estudios e influencias como sacerdotes. Este es el caso de José María Ramírez y de Pedro Portocarrero, ambos presbíteros beneficiados80 y con grado de doctores81.

45Ambos clérigos fueron, por demás, de raigambre ideológica conservadora porque Portocarrero expresó en una carta en 1821, luego de declarada la Independencia en Nicaragua, que presumía que, de acuerdo con lo resuelto por la Diputación de León, Costa Rica habría jurado la absoluta Independencia del gobierno español y del de Guatemala, como lo deseaba la Diputación de Nicaragua. Agregaba que las actas celebradas por los ayuntamientos de Cartago, San José y Ujarráz, no habían llenado enteramente los deseos de esta última Diputación, no omitiendo manifestar que deseaba sinceramente la unión de las provincias de Costa Rica y Nicaragua82.

46Del mismo modo, en 1821, al poco de declarada la Independencia por Costa Rica, ambos clérigos expresaron a la Junta Provisional Gubernativa su gran consternación y sorpresa por la inesperada resolución tomada por esta de separarse del gobierno y de la Diputación de León de Nicaragua83.

Actividades económicas

47A los orígenes sociales elitescos y a las carreras políticas destacas de los diputados –hecho que, por demás es una evidencia más de esto mismo-, se suma el que, con toda evidencia, estos eran personajes bien dotados de riqueza. Ello les proveía además, no solo de los recursos económicos necesarios para desempeñar su labor, sino también del prestigio y las influencias sociales y políticas que tenían el potencial de hacerlos elegibles para desempeñar puestos políticos de importancia y de ser exitosos en ellos. Esto porque, por demás, esta misma posición social de que gozaban los diputados debe haber sido también una credencial de peso para añadir influencia a sus personas y actuaciones en el contexto de la Diputación, hecho que también debe haberlos hecho apetecibles para ser nombrados como diputados, pues en función de esto podían lograr cosas en beneficio de la jurisdicción que los nombraba.

48Ejemplo claro de ello son los individuos que se desempeñaron como gobernadores coloniales. Estos, como hemos dicho, debían pagar por sus puestos, lo que implica que deben haber sido personajes adinerados, con el capital suficiente para ello. Además, sin duda alguna, sus salarios como máximos representantes metropolitanos y jefes de las armas no deben haber sido nada despreciables.

49Muestra de su riqueza es que, en 1810, Acosta hizo una donación de 128 pesos Margarita Hidalgo84, hija del capitán Manuel Hidalgo, vecino de Valle Hermoso y alcalde 2º de allí en 181485 y una de sus sobrinas, a cuenta de su herencia, en 181986.

50Otro elemento valioso de resaltar en cuanto al potencial económico de los individuos que analizamos es que, de manera interesante y coincidentemente con lo que hemos señalado acerca de los lugares de residencia de los diputados, la mayoría de ellos situó su poderío económico en la región de Nicoya o el Pacífico Norte de Costa Rica. Tal es el caso de Rafael Barroeta, cuyo poder económico como propietario de la hacienda Santa Catarina ya hemos mencionado87.
Además, las riquezas de Barroeta, afincadas en Bagaces también se hicieron notar en una ocasión cuando, en 1812, este personaje se comprometió a brindar entrenamiento militar a los vecinos del lugar, ofreciendo pagar un real de su propio peculio a cada vecino por cada domingo que asistiera a la instrucción88.
Otro caso similar es el de Carlos Machado. La mayoría de la información económica que tenemos de este personaje es posterior en algunos años a su desempeño como diputado provincial, pero aún así es significativo constatar que Machado tuvo sin duda importantes intereses económicos en Nicoya. De hecho, la primera mención a los intereses económicos y al papel de Machado como terrateniente en esa región, es un expediente de causa criminal contra Antonio Fletes por hurto de un terreno en perjuicio de Machado y de Salvador Rivera89. Además, Machado otorgó su testamento (no una sino dos veces) en la región nicoyana, lo cual es de suyo significativo90.

51Del mismo modo, también sabemos que este personaje realizó un denuncio de un terreno en la hacienda de La Cueva91, y otro de 15 caballerías, una cuarta parte de otra y 400 varas cuadradas de terreno en la misma hacienda92. También compró un terreno allí[93].

52Siempre en esta línea, por demás, también tenemos constancia de que Machado llevó a cabo numerosas compras de terrenos en las cercanías del volcán Rincón de la Vieja94, y otra en un lugar desconocido95.

53En cuanto a Anselmo Jiménez, no tenemos mayor información sobre su oficio o actividades económicas, pero indicios en la documentación nos hacen pensar que también tuvo importantes intereses en Nicaragua. Por ejemplo, en 1822 la Junta Superior Gubernativa de Costa Rica comunicó que el gobierno de Granada le entregó 1280 pesos, mitad del valor de 100 quintales de tabaco96.

54Otro elemento importante que resulta común a muchos individuos de nuestro corpus en estudio es que varios de ellos fueron provistos de riquezas en su minoría de edad por sus familias, o fueron tutelados por personas que velaron por su futuro económico. Esto sin duda debe haber actuado como la base de sus riquezas posteriores y debe haber apuntalado su posición como miembros de las elites de su época. Por ejemplo, ya hemos mencionado que el presbítero Pedro Portocarrero era descendiente por línea materna de la familia Arlegui, por lo que tuvo en su juventud el apoyo de las riquezas de esta parentela, que poseía trapiches y casas en Santa Ana, Quercuá y Caña Dulce97. De hecho, José Francisco de Arlegui asumió su tutela cuando era menor de edad98.
Caso similar es el de Anselmo Jiménez, a quien desde una época temprana en su vida parece que sus progenitores buscaron dejarle su futuro resuelto, pues su padre buscó dotarle de un capital cuando nombró un apoderado en León para que reclamara su derecho a cierta capellanía99. También sabemos que Ramona, Juana y Vicenta Pérez, hijas y herederas de Eusebio Pérez, adquirieron dos obligaciones tutelares en favor suyo, siendo fiador un cierto José Ángel Pérez100.

55Otra fuente, o quizá más bien otra evidencia de la posición de riqueza de nuestros diputados, fue su participación en la propiedad inmobiliaria. Esta se echa de ver tan solo en el caso del ex gobernador Tomás de Acosta, aunque no por eso deja de tener interés. De hecho, en 1825 su viuda vendió una casa situada en la esquina de la plaza de Cartago (lugar bastante destacado de la ciudad) por 300 pesos101. Esta casa era probablemente la que José Ignacio Rucabado y su esposa les habían vendido en 1813102.

56También, varios de nuestros diputados se desempeñaron en actividades comerciales. Por ejemplo, sabemos que Carlos Machado tuvo visibles intereses en este sentido, los que se hicieron ver en una ocasión cuando extendió una nota acerca de ciertos artículos que pagaron derechos, traídos por Matina por Vicente Fábrega (regidor de Cartago en 1818103 y 1821104 y miembro de la junta Gubernativa Provisional nombrada en 1821, al producirse la Independencia105) a quien los compró en 1823106. También, en una ocasión, Machado extendió una escritura de venta junto con un individuo llamado José Aranda, a favor de Francisco Girald por unos cortes de palo brasil107, los que sin duda eran apreciados bienes comerciales en la época.

57Por su parte, como muchos otros gobernadores coloniales desde la más temprana época, Tomás de Acosta parece haber tenido intereses comerciales, porque existe evidencia de que en 1812 envió una carta a un individuo llamado Víctor Salcedo, en la que le ruega cobrar en Panamá 211 pesos que le debía un cierto José María Ayala108. Esto por si solo no es significativo, pero comienza a serlo si conocemos la enorme actividad comercial que se llevaba a cabo en el istmo de Panamá y la importancia que este tuvo como plaza mercantil para Costa Rica durante toda la colonia.

58Otro signo de la riqueza de los personajes que estudiamos es que algunos de ellos poseyeron esclavos. Se trata en particular de Tomás de Acosta, Anselmo Jiménez y Rafael Barroeta. El primero de ellos sin duda fue un activo propietario y comerciante de esclavos, a los que probablemente utilizaba como su servidumbre personal. También liberó a varios de ellos, especialmente hacia el final de su vida. En los protocolos notariales de la época aparecen 2 compras109, 5 ventas110 y 4 manumisiones de esclavos realizadas por él111.

59También sabemos que Rafael Barroeta tuvo al menos una esclava, probablemente para su servicio doméstico112, y que Anselmo Jiménez en una ocasión compró un esclavo a su pariente Domingo de Robredo113.

60Finalmente, no cabe duda de que la posición de riqueza de nuestros personajes de marras se manifestó en la posesión de rentas como las capellanías u otras, que muchas veces les pusieron también en posición de realizar préstamos de dinero.

61Anselmo Jiménez, por ejemplo, era dueño de una capellanía114 y cobraba hipotecas por una casa en Cartago115. En varias de estas transacciones parece haber tenido una relación relativamente intensa de su familia con un sacerdote llamado Joaquín Isidro de Quesada, ya fallecido hacia 1797, que era el que detentaba la capellanía y también era el dueño de la casa hipotecada. Finalmente, en 1847, residiendo ya en Granada, Jiménez cobró una deuda por 278 pesos 4 reales a Manuel de la Torre quien, para pagarla, hipotecó un potrero en un lugar llamado Sabana Grande116.

62Tomás de Acosta también sacó réditos de una capellanía que fundó en 1802117, signo no despreciable de su riqueza, pues sobre ella llegó a pesar un cargo de seis mil pesos y cinco reales y medio118. Además, múltiples personajes notables de este tiempo estuvieron endeudados con él, por concepto de réditos de esta y otras capellanías. Por ejemplo, Joaquín de Oreamuno le pagó una deuda por 60 pesos en 1808119 y luego otra de 100 por dos capellanías120. Por el mismo concepto Joaquín del Corral le canceló una deuda por 720 pesos121; y Ramón Esquivel, vecino de Villahermosa de Alajuela, le pagó otras dos por 100122 y 35 pesos respectivamente123. Finalmente, en 1813, Juan José de Oreamuno le dio un recibo de 30 pesos por la misma capellanía124.
Para terminar, Pedro Portocarrero también se beneficiaba de los réditos de una capellanía que captó no pocos préstamos en la época125. También, aparentemente era dueño de un potrero en Purires126, sobre el que pesaba una hipoteca, probablemente relacionada con sus capellanías, la cual fue trasladada después por su apoderado el padre Juan de Jesús Urrutia a un cafetal en San Nicolás y un potrero en Sabana Grande.

63Por si esto fuera poco, Portocarrero aparentemente también gozaba de los réditos que le proporcionaba una capellanía situada en una hacienda de cacao127 pues, en 1805, hubo de reclamar 300 pesos en réditos de esto a María Francisca López del Corral, a través de su apoderado Lorenzo Carazo (alguacil mayor de Cartago en 1811128 y alcalde de Bagaces en 1814129), ambos miembros conspicuos de la elite de Cartago. En 1829 el alajuelense Ramón Soto tomó a censo 150 pesos de esta capellanía130, como lo hicieron también los presbíteros Nicolás y Félix de Oreamuno quienes tomaron 780 pesos, poniendo a responder dos potreros en los arrabales de Cartago131. Luego el padre Nicolás de Oreamuno reconocería una deuda por 430 pesos más132. De la misma manera, Tomás García (regidor de Cartago en 1820133) también tomó en arriendo esta capellanía134, como lo hizo a su vez un individuo llamado Vicente Aguilar135.
La posesión de las anteriores rentas, así como el resto de sus riquezas, quizá también debe haberles brindado a los miembros de nuestro grupo en estudio la posibilidad de realizar préstamos de dinero, el cual por supuesto debe haber regresado a ellos multiplicado por los intereses. Por ejemplo, en 1797 Tomás de Acosta prestó 700 pesos a José Ignacio Rucabado y Josefa de Oreamuno136, pareja que le vendería luego una casa en Cartago, en 1813137.

64Varios otros individuos de la elite contrajeron también obligaciones económicas con el ex gobernador. Este fue el caso de Manuel Alvarado138 (procurador síndico de San José en 1812139, 1814140, y 1820141, regidor de la misma ciudad en 1813142), la segunda vez por la importante suma de 1789 pesos143. También se endeudaron con este personaje José Onofre García144 (regidor de San José en 1820145), Juan Antonio Castro146 (regidor de Cartago en 1813147), en 1817, e incluso Rafael Barroeta148.

65Sin embargo, a pesar de estas actividades, o quizá más bien debido a ellas, Acosta acumuló también importantes deudas las cuales hacia 1815 ascendían a la importante suma de 3403 pesos y 3 reales149. Además, tenía un saldo en su contra ante la tesorería de León, el cual pretendió cubrir con sus sueldos atrasados de la gobernación de Santa Marta150. Por supuesto, contrario a lo que podría pensarse, estas deudas pueden haber sido también evidencia de la riqueza del gobernador puesto que es posible que fueran el resultado de inversiones en el campo productivo o comercial.

66En cuanto a Anselmo Jiménez, Rafael Barroeta y Carlos Machado, también tenemos constancia de que contaron con deudas a su favor y de que se permitieron prestar dinero, aunque no se hace visible que hayan percibido intereses por esto. Por ejemplo, un cierto Cayetano Gutiérrez tuvo una deuda con Jiménez en 1798151.

67También, al igual que otros personajes que conocemos, Carlos Machado tuvo algunas deudas a su haber. Por ejemplo, la que reconoció tener a su favor un cierto Manuel Jiménez152.

68Finalmente, en 1822 Rafael Barroeta se hizo acreedor a los agradecimientos de la comisión de hacienda de Costa Rica por haber prestado 842 pesos para la juramentación de fidelidad a Agustín de Iturbide, a realizarse en 1823153, donación que también fue discutida por el ayuntamiento de Cartago154. Barroeta también tuvo deudas a su favor de Mateo Uranduraga (dos mil pesos) que fueron demandados a su nombre por su yerno Manuel Alvarado155.

Relaciones

69Ya de suyo, las actividades económicas y los otros elementos que hemos analizado constituyen relaciones que anudaron los individuos que estudiamos y que, sin duda, los convirtieron en personajes poderosos, miembros de elites y, por tanto, los hicieron elegibles para desempeñarse como diputados provinciales, debido también a las influencias y experticias que les concedieron. Sin embargo, existen otras relaciones que pueden haber actuado en el mismo sentido.
Una relación muy importante y que resultó ser fundante del poder tanto político como económico en este tiempo fue la relación de amistad personal, la cual se refleja con frecuencia en el intercambio de correspondencia. Esto era común en el Imperio Hispánico donde, generalmente indican la existencia de intereses económicos –casi siempre comerciales- compartidos, pero también apuntan a la existencia de confianza y de algún grado de intimidad en el tratamiento entre los individuos. Tal relación era necesaria porque, al ser el comercio de larga distancia, los corresponsales en localidades lejanas eran fundamentales para llevarlo a cabo156.

70Ejemplo de esto es el caso de Joaquín de Arechavala quien se carteó en no pocas ocasiones con Tomás de Acosta157, lo que atestigua la intensidad de la relación entre estos dos individuos. Tal intensidad se explica probablemente porque los dos habían ostentado la dignidad de ser gobernadores y porque residían en lugares vecinos entre sí. Incluso parece ser que Arechavala siguió carteándose con la viuda de Acosta después de la muerte de este158.

71La relación entre ambos individuos se había anudado años atrás, al menos en 1797, cuando Arechavala recomendó a un tal Javier Navarro para que acompañara desde Nicaragua hasta Esparza a Acosta, que por entonces se dirigía a asumir la gobernación de Costa Rica159.

72Casi siempre, como lo hemos estudiado160, los miembros de las elites coloniales de Costa Rica se tendieron a relacionar con individuos de su mismo grupo a través de múltiples mecanismos visibles en la documentación. Esto era natural porque era en sus congéneres donde podían encontrar mayor afinidad y confianza, además de influencia para lograr sus fines y, también, porque no podían rebajarse a entrar en relación de iguales con los sectores subordinados. Esto es lo que sucede para el caso de las fianzas, las cartas poder y para aquellos en que miembros del grupo dirigente fungieron como albaceas de testamentos, o en que otros individuos fueron sus albaceas. La relación se estableció casi siempre con personas de su mismo nivel social.

73La carta poder es muy importante de estudiar pues en este tiempo era muy común que los individuos de estas épocas actuaran mediante apoderados porque las distancias muchas veces impedían hacerse cargo de sus asuntos en varias localidades, sobre todo a aquellos que tenían intereses comerciales y tenían que desplazarse constantemente. Por ello debían dejar apoderados en sus lugares de origen al salir de ellos o en los lugares donde tenían intereses comerciales si tenían que desplazarse lejos de ellos.

74Por ejemplo, Carlos Machado fue apoderado de Alejo Aguilar161 (regidor de San José en 1821162 y miembro de la Junta Superior Gubernativa de 1823163) y de Rafael Taboada164, casi siempre para cobrar sumas en Nicaragua o, en el caso de Aguilar, para representarle en la mortuoria de su suegro. También le extendió un poder el padre Félix de Jesús García, juez de capellanías165, y Nicolás Ramírez166.

75Anselmo Jiménez, por su parte, fue apoderado de Joaquín de Oreamuno y de Mateo Mantilla, vecino de León en dos ocasiones167, del presbítero Fernando Echavarría168, de José Antonio de la Peña Monge169, y de María Dolores Alpízar170.

76Pedro Portocarrero también anudó interesantes relaciones a través de cartas poder, ya fuese como poderdante o como poderhabiente, las cuales estableció casi siempre con otros sacerdotes. Esto se debió muy probablemente a que su calidad de miembro del clero hacía que fuese lo más conveniente para él establecer este tipo de nexos con gentes de su estado, que eran los que tenía más a su alcance y con los que podía mantener una relación de mayor horizontalidad. Además, lo más posible es que, por esto mismo, fuesen quienes más le inspirasen confianza para esto. Por ejemplo, fueron sus apoderados Juan de Jesús Urrutia171 y un cierto padre Carazo172, ambos sacerdotes.

77Por demás, esto señala que nuestro clérigo tenía una vinculación cercana a la familia Carazo y subraya su relación estrecha con Nicaragua, porque su padre aparece relacionado con dos individuos de apellido Carazo residentes en León : Lorenzo Carazo, que fue su apoderado173, y Juan Manuel Carazo, junto con quien fue apoderado de Manuel Marchena174.

78Por su parte, Rafael Barroeta también extendió numerosas cartas poder, casi siempre relacionadas con sus asuntos legales en otras regiones de Centroamérica. Por ejemplo, en 1813 concedió poder a Pedro Beteta y Pantaleón del Aguila, abogados de la Audiencia, para que pidiesen todos los documentos
que juzgasen necesarios su favor175.

79Estos poderes también muestran que Barroeta tenía intereses comerciales en varias regiones de Centroamérica. Por ejemplo, en 1818, dio poder a Manuel Barroeta, probablemente un pariente suyo, para cancelar una escritura, otorgada a su favor por Basilio Carrillo, vecino de León, por el valor de una partida de tintas176, ramo de gran importancia comercial en la época. Además, Barroeta también fue poderhabiente en casos relacionados con otras regiones de Centroamérica, como cuando Joaquina Timón le dio poder para vender una casa en San Salvador177, lo que revela la multiplicidad de sus relaciones en todo el istmo178.

80En otros casos, Barroeta se relacionó directamente con la elite local de Costa Rica, a algunos de cuyos miembros apoyó en sus intereses económicos. Esto sucedió, en una ocasión cuando dio poder a Benito Alvarado (alcalde de San José de 1817 a 1820179) para cobrar 280 pesos a un cierto Antonio Espinoza180, a quien había fiado para la compra de un barco a José Ana Jiménez (regidor de San José en 1814181 y alcalde ordinario de la misma ciudad en 1812182 y de 1817 a 1821183)

81Otra relación importante de analizar es la de albaceas testamentarios, aunque no es muy abundante entre los miembros del grupo en estudio, quizá por su poca vinculación con familias de la localidad, lo que posiblemente les dejó poco espacio para anudar este tipo de vinculaciones, que probablemente si tuvieron en las regiones donde residieron. En todo caso, cuando anudaron este tipo de lazos, lo hicieron en los mismos términos que conocemos: con personas salidas de las elites. De hecho, el único caso de este tipo que conocemos es el de Carlos Machado, quien fue albacea de la familia de María Gertrudis de Laya y Bolívar y de su hijo el presbítero Miguel de Bonilla184. Luego, Machado parece haber tenido algunos líos de dinero con la sucesión de esta familia185.

82Finalmente, otra relación de gran importancia en la época que es necesario estudiar es la establecida por las fianzas. Como hemos estudiado en trabajos anteriores y es señalado por la historiografía reciente186, las fianzas eran usadas en el período colonial para ocupar puestos, o sea, para tener acceso al poder, pero también para cuando había intereses económicos, por ejemplo en las tercenas de tabaco. Por ejemplo, como dijimos arriba, Carlos Machado fió en varias ocasiones a Francisco Giralt187 y Sixto Rovira188, para que se hicieran cargo de la tercena de tabacos de Nicoya. Esto indica que Machado debe haber sido un personaje prestigioso, además de adinerado en la localidad, pues eso le hacía susceptible de ser buscado por otros igualmente ilustres aunque quizá no con tanta fortuna, para apoyarles ante la corona para poder ejercer el lucrativo negocio de la venta de tabaco189.

83En estas fianzas, con frecuencia nuestros personajes en estudio se relacionaron ampliamente con individuos de la elite de Costa Rica, a quienes brindaron así su apoyo para sus actividades económicas. Por ejemplo, Rafael Barroeta – junto con Francisco Madriz, Juan Luis Lizano y Eugenio Ocampo – fió en Bagaces por mil pesos a Santiago Bonilla (procurador síndico de Cartago en 1820190 y alcalde ordinario 1º de la misma ciudad en 1821191) para la administración de una tercena192. Y también otorgó una fianza en San José a favor de Antonio Figueroa (teniente de gobernador de Esparza en 1815193 y primer regidor de Alajuela en 1821194) para que este llevase a León 200 petacas de tabaco en su barco Nuestra Señora de los Ángeles, alias el Costa Rica195, entrega que este individuo le confirmó haber realizado en una carta con lo que también se hizo cancelación de la fianza196.

84Barroeta fió también a Joaquín Bonilla (miembro de la poderosa familia cartaginesa de los Bonilla) por una suma de dinero que este adeudaba a Pedro Antonio Solares (propuesto para alcalde de la Santa Hermandad de Heredia en 1811197 y alcalde 1º de la misma ciudad en 1824198), y a Juan Manuel de Cañas199, último gobernador colonial de Costa Rica, para garantizar 2530 pesos que tenía a su cargo de la cofradía del Santísimo de Bagaces200.

Conclusiones

85Los representantes por la provincia de Costa Rica y el Partido de Nicoya ante la Diputación Provincial de León eran todos altos miembros de la sociedad colonial. Tres de ellos fueron integrantes del gobierno colonial (dos gobernadores y un abogado de la Audiencia), dos fueron clérigos (uno de ellos con nexos con la elite de Costa Rica y ambos, en todo caso, con un alto nivel de instrucción) y los otros dos fueron abiertamente miembros de las elites coloniales: Carlos Machado, personaje adinerado del Partido de Nicoya y Anselmo Jiménez, hijo de familia de la elite de Cartago. Además, todos eran españoles, ya fuese venidos de España o criollos.

86Lo anterior nos hace notar que los mecanismos de elección que se empleaban en este tiempo para escoger a estos representantes estuvieron visiblemente mediatizados por el criterio de pertenencia a las elites sociales que había primado durante toda la época colonial para la elección de prácticamente todas las otras autoridades políticas. Esto también se relacionaba con el proceso sistemático de exclusión que se hacía en la época de otros sectores sociales, a los que se alejaba por todos los medios de la posibilidad de tener acceso a los elementos sociales que hacían a los individuos elegibles para el desempeño de puestos políticos.

87En lo referente a su actuación propiamente dicha como diputados, parece visible que estos individuos funcionaron más bien como apoderados de las jurisdicciones que representaban, representadas estas a su vez por sus ayuntamientos y por las elites que en ellos residían. En este sentido, se puede decir que fueron producto de una estrategia, pero no de la propia sino de la de los ayuntamientos y elites que los nombraron para ver por sus intereses en la Diputación.

88Por lo tanto, los miembros de las Diputaciones Provinciales tenían que ser individuos prestigiosos y poderosos, tanto política como económicamente, para poder ser electos, pero también para poder velar adecuadamente por los intereses de sus jurisdicciones. Individuos provenientes de otros sectores sociales de la época sin duda no habrían sido bien vistos o considerados capaces para lograr estos objetivos.

89Todo esto nos muestra que aún a finales de los tiempos coloniales, la política siguió estando dominada por las viejas elites, las cuales siguieron desempeñando un papel dominante durante buena parte del siglo XIX, aún si ya se empiezan a observar los visos de una transformación social que alteraría la faz de nuestras sociedades.

90Surge de todo ello una pregunta final que requerirá la atención de futuros estudios: ¿qué de todo esto siguió vigente en la sociedad y la política del siglo XIX o sigue incluso aún vigente entre nosotros?

91Notas de pie de página

92El autor, Eduardo Madrigal Muñoz, es doctor en Historia. Profesor de la Escuela de Historia y de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.

931 Artículos 324 y 325 de la Constitución de Cádiz; citamos la Constitución gaditana a como está publicada en Clotilde Obregón Quesada, Las constituciones de Costa Rica , Volumen I, (San José: EUCR, 2007), págs. 31-88.

942 Artículo 335.

953 Obregón Quesada, Las Constituciones …, pág. 4.

964 Artículo 326.

975 Artículo 332.

986 Artículo 327.

997 Artículo 333.

1008 Artículo 329.

1019 Artículo 336.

10210 Artículo 337.

10311 Artículo 10.

10412 Clotilde Obregón Quesada, El proceso electoral y el poder ejecutivo en Costa Rica: 1808-1998, (San José: EUCR, 2000), pág. 32.

10513 Existió también una Diputación Provincial en Comayagua, de vida igualmente efímera.

10614 Obregón Quesada, El Proceso …., pág. 33.

10715 Marina Volio, Costa Rica en las Cortes de Cádiz, (San José: Editorial Juricentro, 1980).

10816 Rafael Obregón Loría, Costa Rica en la Independencia y en la Federación, (San José: EUCR, 1974), págs. 47-55; Obregón Quesada, El proceso ..., págs. 32-42.

10917 Obregón Quesada, además, hace breve referencia rápida al origen social de los diputados; El proceso..., pág. 38.

11018 Ricardo Fernández Guardia, Don Florencio del Castillo en las Cortes de Cádiz, (San José: Imprenta Trejos Hnos., 1925); Manuel Benavides Barquero, El presbítero Florencio del Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, (San José: editado por el autor, 2010).

11119 Artículo 46.

11220 Artículo 41.

11321 Artículo 59.

11422 Artículo 78.

11523 Artículo 79 y 328.

11624 Incluso, probablemente los concurrentes a las elecciones populares de parroquia debían llevar escrito en un papel (o “voleta”) el nombre de sus candidatos, lo que, de entrada, limitaba sustancialmente las posibilidades de participación de la población, mayoritariamente analfabeta en esta época o, en todo caso, dotada de pocas posibilidades de tener acceso a la expresión escrita de su voluntad política. Esto ocurrió en 1812, cuando el gobernador jefe político Juan de Dios de Ayala dio instrucciones a los alcaldes de los ayuntamientos de Costa Rica sobre cómo hacer las elecciones de los diputados que concurrirían a formar parte de una junta de gobierno que se pretendió formar en la provincia en ese año, probablemente con miras a emular lo que estaba haciendo el movimiento juntista español antes de la promulgación de la Constitución gaditana; AGI. Guatemala 944-1812.

11725 Artículo 330.

11826 Artículo 331.

11927 ANCR, Serie Municipal 775-30-08 1813, f 48; conviene aclarar que en 1814 hubo otra elección de diputados, pero estos nunca entraron en funciones debido a que la Constitución fue abolida por Fernando VII; estos no serán analizados en este trabajo. Véase Obregón Quesada, El Proceso ..., pág. 39.

12028 ANCR. Municipal 458-1820-11-21-f50. Curiosamente en esta segunda Diputación no hay diputado electo para Nicoya probablemente porque se la consideraba ya suficientemente representada en conjunto con Costa Rica. En todo caso, los diputados electos mostraron tener también importantes nexos allí, como lo veremos. Ambas jurisdicciones se hallaban ya muy integradas para este momento porque, en 1820, Joaquín de Arechavala informó a Tomás de Acosta que se había instalado una Diputación Provincial en León de Nicaragua y Costa Rica, y que a él le había tocado ser vocal en ella por Nicoya, “como correspondiente a esa provincia Costa Rica”; ANCR. CC3150-1820-18-05 f9 18-08.

12129 Archivo Nacional de Costa Rica (ANCR), ANCR. Protocolos coloniales de Cartago (en adelante Prot) 1037-1809-11-03.

12230 ANCR. Prot 1041-1813-07-10.

12331 ANCR, Procolos coloniales Heredia-657-1817-07-08 ff7-8v.

12432 Rafael Obregón Loría, Los gobernadores de la Colonia, (San José: EUCR, 1979), pág. 159.

12533 ANCR, CC (en adelante CC) 2407-1812-23-02.

12634 ANCR Prot 1049-1817-10-01.

12735 ANCR, CC2879-1817-14-06; Prot 1051-1818-01-31.

12836 ANCR, Serie Provincial Independiente (en adelante Prov. Indept.) 1450-1822-09-20.

12937 ANCR, Prot 1004-1797-08-31.

13038 ANCR, Prot 1093-1834-08-13.

13139 ANCR, Prot 1141-1847-11-18.

13240 Esto explica también quizá porqué no hay mayor documentación sobre él en Costa Rica, cosa que se echará de ver en los apartados siguientes. De hecho, de los 7 diputados que estudiamos, Ramírez es el que cuenta con menos documentación.

13341 Sanabria, Genealogías IV 1120.

13442 ANCR, Prot 1042-1813-12-03.

13543 ANCR, Prot 1049-1817-03-04.

13644 ANCR, Hacienda 17118-1842.

13745 ANCR, CC2331-1811-09-01.

13846 ANCR, CC2522-1815.

13947 ANCR, CC2633-1815-09-01.

14048 Sanabria, Genealogías III 345-9.

14149 ANCR, Serie Municipal (en adelante Municip.) Cartago 336 v180v-181v, f191v y 194v.

14250 ANCR, Municip. Cartago 439 f7v-8 1814, CC2543 1815 Cart 1144 f47.

14351 ANCR Guatemala (en adelante Guat) 1044 F13; Guat 1058 f1.

14452 ANCR, CC3396 Municip. Cartago 484 f22-23.

14553 ANCR, Municip. Cartago 458 f73-5.

14654 Obregón, Gobernadores 163.

14755 Sanabria, Genealogías VIII 562; Obregón, Gobernadores 156.

14856 Sanabria, Genealogías III 345-9.

14957 ANCR, Serie Cartago (en adelante Cart) 1117-1635-1661.

15058 Sanabria, Genealogías IV 1120.

15159 ANCR, Cart 1119-1668-1677 y 1690-1701.

15260 Sanabria, Genealogías II 24.

15361 Sanabria, Genealogías IV 512.

15462 Véase por ejemplo ANCR, Prov. indept. 50-1821.

15563 ANCR, Guat 413-1778-07-02.

15664 ANCR, Guat 404-1777-17-04.

15765 ANCR,Guat 723-1797-07-01.

15866 Guat 917-1808-07-03.

15967 Véase, por ejemplo CC2633-1815-09-01.

16068 CC3091-1819-16-07.

16169 Municipal 775-30-08 1813, f 48.

16270 Obregón, Gobernadores 159; Municip. Cart 768 1811 f13v-15v; Municip. Cart 768 1812 f38v-39v; CC2988 1818 ; Guat 1044 1818 F13; Municip. 485 1820 f8.

16371 Prov. Indept. 1435-1828-04-21.

16472 Cart 1088-1829-25-06 f 353v; Cart. 1088-25-06-1829 f353v; lo mismo aparece en f353 del 06-29; Secretaría de Guerra y Marina 1088-1829-06-29.

16573 ANCR, Secretaría de Guerra y Marina 8667-1830-07-07.

16674 ANCR, Congreso 7352-1832-05-18; el mismo documento, con fecha 04-09, repite lo mismo; Prov. Indept. 1435-1832-05-18.

16775 ANCR, Hacienda 8171-1833-12-31.

16876 ANCR, Hacienda 8182-1834-01-04.

16977 ANCR, Gobernación 13484- 1833.

17078 ANCR, Municipal 504-1834-02-02.

17179 ANCR, Municipal 608-1835-04-05 ff6v-7.

17280 ANCR, Municipal 458-1820 f50.

17381 ANCR, Municipal 445-1820 11-27.

17482 ANCR, Prov Indept 1821-11-13.

17583 ANCR, Prov. Indept. 050-1821-12-05.

17684 ANCR, Prot 1038-1810-01-27.

17785 ANCR, CC2570 Guat 1015 Guat 1021.

17886 ANCR, Prot 1053-1819-01-21.

17987 ANCR, Protocolos coloniales Heredia-657-1817-07-08 ff7-8v; también existe evidencia de que era dueño de otra hacienda, Prov. Indept. 1142-1824-02-16.

18088 ANCR, CC2407-1812-23-02.

18189 ANCR, Juzgado Civil del Crimen de Guanacaste 632-1834-12-26.

18290 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 260, Protocolos coloniales Guanacaste 335.

18391 ANCR, Contencioso Administrativo Denuncios de Minas 5417-1857-07-08.

18492 ANCR, Contencioso Administrativo 5417-1857-07-08.

18593 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 259.

18694 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 238 S.F.; ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 273; ANCR, Protocolos Coloniales Guanacaste, 238; ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 273; ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 273.

18795 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 328.

18896 ANCR, Prov. Indept. 1450-1822-09-20.

18997 ANCR,CC4825-1791-13-10.

19098 ANCR, Prot. 983-1790-06-09.

19199 ANCR, Prot 1004-1797-08-31.

192100 ANCR, Protocolos coloniales Heredia 643-1798-08-08 y ff101v-104v; Protocolos coloniales Heredia 644-1799-02-06.

193101 ANCR, Prot 1064-1823-04-24.

194102 ANCR, Prot 1041-1813-03-20.

195103 ANCR, Guat 1044 F13.

196104 ANCR, Municip. Cartago 841 f30-1.

197105 ANCR, Municip. Cartago 841 f168.

198106 ANCR, Hacienda 8059-1832-05-08.

199107 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 277.

200108 ANCR, CC2400-1812-27-01.

201109 Compra esclavo al cura Antonio Ramón de Azofeifa por 200 ps Prot 1006-1798-11-15; compra esclava a Antonia Jiménez ANCR, Prot 1037-1809-09-18.

202110 Vende esclavo a Ángel Núñez del Arco, apoderado de Nicolás López de Castro ANCR, Prot 1020-1802-08-11, vende esclava al presbítero Pedro José de Alvarado ANCR, Prot 1047-1816-04-03, vende esclava a Rafael Arnesto de Troya Prot 1038-1810-08-04; Otra id ANCR, Prot 1038-1810-10-11; vende esclava a Félix de Alvarado ANCR, Prot 1038-1810-11-09

203111 Libera una esclava ANCR, Prot 1042-1813-12-06; libera esclavo ANCR, Prot 1048-1816-12-02; una hija de Rafael Barroeta libera una esclava suya ANCR, Prot 1052-1818-04-09; libera esclava ANCR, Prot 1054-1820-02-28.

204112 ANCR, Prot 1052-1818-04-09.

205113 ANCR, Prot 1035-1807-12-07.

206114 ANCR,Prot 1004-1797-08-31; ANCR, Protocolos coloniales Heredia 644-1799-02-06 ff7-10v.

207115 ANCR, Prot 1010-1799-02-11.

208116 ANCR, Prot 1141-1847-11-18

209117 ANCR, Prot 1020-1802-07-30.

210118 ANCR, CC7069-1807-10-31.

211119 ANCR, CC7053-1808-04-20 f1.

212120 ANCR, CC7058-1808-04-20 f1.

213121 ANCR, CC7056-1808-04-21 f1.

214122 ANCR, CC7054-1808-06 f1.

215123 ANCR, CC7060-1808-06-25 f1.

216124 ANCR,CC2522-1813-18-12.

217125 ANCR, Prot 1083-1829-12-13; ANCR, Prot 1088-1832-10-27; ANCR, Prot 1090-1833-01-16; ANCR, Prot 1096-1835-09-25; ANCR, Protocolos coloniales San José 529.

218126 ANCR, Prot 1068-1825-05-30.

219127 ANCR, CC4992-1805-19-02.

220128 ANCR, Municip. Cart 768 f13v-15v.

221129 ANCR, Guat 1040.

222130 ANCR, Prot 1083-1829-12-13.

223131 ANCR, Prot 1088-1832-10-27.

224132 ANCR, Prot 1096-1835-09-25.

225133 ANCR, CC3628.

226134 ANCR, Prot 1090-1833-01-16.

227135 ANCR, Protocolos coloniales San José 529.

228136 ANCR, Prot 1005-1797-12-06.

229137 ANCR, Prot 1041-1813-03-20.

230138 ANCR, Prot 1028-1805-01-28.

231139 ANCR, Municip. 453 ff4-4vta.

232140 ANCR, Guat 1023.

233141 ANCR, Municip. 463 ff11v-14.

234142 ANCR, CC 3669.

235143 ANCR, Prot 1033-1806-07-10.

236144 ANCR, Prot 1030-1805-02-09.

237145 ANCR, Municip. 463 ff11v-14y ff10-12.

238146 ANCR, Prot 1049-1817-03-17.

239147 ANCR, CC2488.

240148 ANCR, Protocolos coloniales San José 478.

241149 ANCR, CC2522-1815.

242150 ANCR, CC2633-1815-09-01; ANCR, Prot 1045-1815-06-12; CC2864-1817-18-03. Incluso, después de su muerte, su viuda seguía intentando cobrar dineros que se le debían en esa jurisdicción ANCR, Prot 1068-1825-03-03.

243151 ANCR, Protocolos coloniales Heredia 643-1798-09-18 ff 92-5.

244152 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 328.

245153 ANCR, Anexión a México 633-1822.

246154 ANCR, Municip. 229-1823-02-03 ff 31-33 ANCR, Anexión a México 1823-01-20; ANCR, Prov Indept 652, f33.

247155 ANCR, Hacienda 7376-1825-08-31

248156 Zacarías Moutoukias, “Lazos débiles/lazos fuertes y la organización espacial de los negocios en Hispanoamérica colonial (segunda mitad del siglo XVIII)”, in Michel Bertrand (coord), Configuraciones y redes de poder: un análisis de las relaciones sociales en América Latina, (Caracas: Fondo Editorial Tropikos, 2002), págs.15-26.

249157 ANCR, Prov, Indept. 1032-1824-01-17 ; CC3150-1820-18-05.

250158 ANCR, Prov, Indept. 1032-1824-01-17

251159 ANCR, CC1576-1804-12-01.

252160 Eduardo Madrigal, “Cartago República Urbana: elites y poderes en la Costa Rica colonial, 1564-1718”, (tesis doctoral Universidad de Costa Rica y Universidad de Toulouse II-Le Mirail, Francia, 2006), cap. VI.

253161 ANCR, Prot. 1037-1809-11-03.

254162 ANCR, Municip. 485 ff36-37vta.

255163 ANCR, Congreso 14470-1823, f20.

256164 ANCR, Prot. 1041-1813-07-10.

257165 ANCR, Prot 1047-1816-01-30.

258166 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 512.

259167 ANCR, Prot 1009-1799-01-30, Prot 1019-1802-07-31.

260168 ANCR, Prot 1093-1834-08-13.

261169 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 217

262170 ANCR, Protocolos coloniales San José 488.

263171 ANCR, Prot 1068-1825-05-30 Prot 1088-1832-10-27.

264172 ANCR, Hacienda 17118-1842.

265173 ANCR, CC4992-1805-19-02.

266174 ANCR, Prot 1042-1813-12-03.

267175 ANCR, Prot 1041-1813-06-03.

268176 ANCR, Prot 1051-1818-01-31.

269177 ANCR, Protocolos coloniales Heredia 656-1816-10-04 ff29v-30v.

270178 También, en 1813, Barroeta dio poder a un cierto Manuel Anduaga, que no nos es conocido en Costa Rica, por lo que podemos pensar que era un conocido suyo de otra región.; ANCR, Prot 1041-1813-06-03.

271179 ANCR, Municip. 461 f1-3 y 8-12 ANCR, Municip. 463 ff11v-14 ANCR, Municip. 485 ff10-12 ANCR, CC2224-1820.

272180 ANCR, Prot 1041-1813-04-10.

273181 ANCR, Guat 1023.

274182 ANCR, Guat 944 CC2425, 1815 CC2683.

275183 ANCR, Municip. 461 ff1-3 y 8-12.

276184 ANCR, Prot 1051-1818-04-06.

277185 ANCR, Prot 1060-1821-12-10.

278186 Madrigal, “Cartago…” cap. VI.

279187 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 515 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 277.

280188 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 260 ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 273.

281189 En alguna ocasión, Machado también fue fiado por un personaje llamado Juan Mora, que podría ser Fernández; ANCR, Protocolos coloniales Guanacaste 517.

282190 ANCR, Municip. Cartago 446 f31-4.

283191 ANCR, Municip. Cartago 841 f47-8.

284192 ANCR, CC1902-1807-17-11.

285193 ANCR, Guat 1044 F8.

286194 ANCR, Prov. Indept. 91-1821; aunque rechazó esta elección.

287195 ANCR, CC2879-1817-14-06.

288196 ANCR, CC2884-1817-2707.

289197 ANCR, Municip. Cart 768 f37v-38v.

290198 ANCR, Municip. Heredia 145 f34.

291199 ANCR, Protocolos coloniales Heredia-657-1817-07-08 ff7-8v.

292200 ANCR, Prot 1049-1817-10-01.

293

Para citar este artículo :

Eduardo Madrigal Muñoz, « Los diputados provinciales de Costa Rica y Nicoya ante la Diputación Provincial de León, 1813-1821. », Boletín AFEHC N°52, publicado el 04 marzo 2012, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3038

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