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AFEHC : articulos : “Todo desertor tan luego que sea capturado se castigará con doscientos palos”: Milicias, ciudadanía y poder: El Salvador, siglo XIX : “Todo desertor tan luego que sea capturado se castigará con doscientos palos”: Milicias, ciudadanía y poder: El Salvador, siglo XIX

Ficha n° 3787

Creada: 01 noviembre 2014
Editada: 01 noviembre 2014
Modificada: 06 noviembre 2014

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Autor de la ficha:

Carlos Gregorio LÓPEZ BERNAL

Editor de la ficha:

José Antonio FERNANDEZ MOLINA

Publicado en:

ISSN 1954-3891

“Todo desertor tan luego que sea capturado se castigará con doscientos palos”: Milicias, ciudadanía y poder: El Salvador, siglo XIX

Este artículo estudia las milicias en El Salvador del siglo XIX. Se estudia cómo concibieron los legisladores a la milicia, la relación del servicio militar con la idea de construcción de ciudadanía y la manera cómo el servicio militar afectaba la vida cotidiana de los pobladores. Especial atención se presta al papal que jugaban los alcaldes municipales en la organización y disciplina de las milicias y cómo en las milicias se reflejan las alianzas políticas. Hacia las dos últimas décadas del siglo XIX, las milicias pasan a control del poder central.
1135
Palabras claves :
Milicias, Deserción, Construcción del Estado, Guerra, Violencia organizada
Autor(es):
Carlos Gregorio López Bernal
Fecha:
Junio de 2014
Texto íntegral:

1

Introducción

2La independencia centroamericana se logró sin recurrir a las armas; pero unos meses después de la firma de la emancipación, la antigua intendencia de San Salvador se hallaba envuelta en la primera de muchas guerras que se librarían a lo largo del XIX; esa lucha que enfrentó a partidarios de la anexión al imperio de Agustín de Iturbide y los republicanos que se oponían, fue la primera guerra civil salvadoreña.

3Cuando los patriotas salvadoreños luchaban por mantener la independencia recién lograda, aún no había un ejército que asumiera esa tarea; debieron recurrir a los remanentes de las antiguas milicias coloniales, incorporando además a los vecinos y ciudadanos, que tuvieron así la oportunidad de mostrar su patriotismo, valor y habilidades marciales. En la historia oficial, esas fuerzas improvisadas que conformaron la “legión de la libertad”, organizada por Manuel José Arce, son vistas como la piedra fundacional del ejército salvadoreño1. Fuerzas militares más formales fueron organizadas en la época federal. Cada Estado debía aportar cierto número de efectivos y contribuir a su sostenimiento y avituallamiento, pero esta disposición casi nunca fue acatada2. Los pocos años de paz de la Federación fueron aprovechados para organizar e instruir mejor las fuerzas militares, tarea en la que contribuyeron jefes militares extranjeros, algunos de ellos veteranos de las guerras napoleónicas y suramericanas. Sin embargo, la falta de recursos económicos y la prolongada sangría a que el ejército federal se vio sometido, peleando bajo las órdenes de Francisco Morazán, terminaron por desmantelarlo.

4Los endebles estados independientes que siguieron a la ruptura federal heredaron una fuerza militar veterana, pero también las pugnas y odios que anularon el proyecto unionista. En cada Estado, surgieron jefes militares identificados con los bandos que se enfrentaron en la Federación, y que continuaron, a nivel nacional y regional, las antiguas disputas, a las cuales se agregaron las propias de cada proyecto nacional3. La falta de recursos hizo muy difícil mantener en pie las fuerzas veteranas, por lo que se licenció a buena parte de ella. Para complementar y auxiliar al ejército permanente de recurrió a las milicias. Vale decir que lo mismo se había hecho en los años finales de la colonia, como puede verse en los trabajos del historiador Aharon Arguedas4. Esa continuidad permitió que las armas se convirtieran para mulatos y pardos en un mecanismo de reconocimiento social, que fue complementado con los derechos políticos que obtuvieron con Cádiz y la independencia y que permitieron su plena integración política.

Milicias, legislación y ciudadanía

5El presbítero Isidro Menéndez registra en su Recopilación de leyes, el Reglamento de Milicias de 5 de marzo de 1837, el cual fue la base de la organización miliciana a lo largo del XIX5. En enero de 1840, se mandó organizar una “Guardia de orden público”. Esas milicias debían establecerse en todo pueblo donde hubiera municipalidad, debiendo incorporarse a ellas: la corporación municipal, los vecinos honrados y los ciudadanos que poseyeran alguna propiedad. Debían organizarse el domingo siguiente a la recepción del decreto, “convocando al efecto a todos los individuos de que habla el artículo anterior, que se hallen en la comprensión”. Hecha la convocatoria se procedería a “nombrar por mayoría de votos un jefe que los mande, y los correspondientes subalternos… Por cada sien hombres se nombrará un Capitán, un Teniente, dos Subtenientes, un Sargento primero, cuatro segundos, cuatro cabos primeros, y cuatro segundos6.” Los despachos de tales jefes serían expedidos por la autoridad competente, previa notificación de la municipalidad respectiva.

6Los milicianos tenían que armarse “a sus propias expensas”, y cumplir con los siguientes deberes: Cuidar del orden público; aprehender y remitir a disposición del Jefe político a las personas que intentaren alterarlo, acompañando el sumario correspondiente. En casos extraordinarios podían pedir auxilios al Gobierno7. Formar parte de las milicias sería una confirmación de la condición ciudadana que casi podía verse como un reconocimiento político y social; en la práctica muchos lo vieron como una carga que dificultaba sus labores y los ponía en situación de riesgo.

7El 30 de marzo de 1853 se dio un decreto que facultaba al ejecutivo para que organizara las milicias, sin exceder de 4,000 hombres, los cuales gozarían de fuero desde el momento en que se incorporaran al servicio8. Dicho decreto fue modificado el 19 de mayo de 1858 y al parecer esas reformas estuvieron vigentes hasta 1873. Los artículos 24, 25 y 26 de las reformas de 1858, establecían que una vez asignados los cupos de cada pueblo, las municipalidades debían señalar un día festivo para realizar el sorteo de los individuos previamente empadronados que servirían en las milicias. Los que no acataran la resolución serían “tenidos por desertores, perseguidos y castigados como tales9.

8Bajo la administración de Santiago González se dio un nuevo reglamento que buscaba reorganizar “las milicias nacionales perturbadas y disminuidas, sea por los disturbios pasados, sea por haber finalizado los años de servicio”. Los legisladores reconocían que era costumbre que dicho servicio se exigiera únicamente a la “clase desvalida de la sociedad, contrariando el principio de igualdad, uno de los fundamentos del sistema republicano.” La nueva ley buscaba superar tales abusos, estableciendo en su artículo 1: “Son militares todos los salvadoreños de diez y ocho á cincuenta años… salvo los exceptuados legalmente”. El artículo 24 señalaba que “El servicio miliciano durará por seis años, contándose doble el tiempo que estuviera en servicio activo cuando el Gobierno lo disponga10“.

9La legislación establecía que servir en las milicias era una obligación ciudadana. A diferencia de la “fuerza permanente”, y excepto en caso de guerra, las milicias no permanecían acuarteladas; se reunían cada domingo para recibir instrucción, bajo las órdenes del alcalde o de un comandante militar. En principio, las milicias debían ser un soporte más para el gobierno, a la vez que colaboraban en el mantenimiento del orden público local. Más bien eran un arma de doble filo; pues así como podían colaborar con el gobierno también podían volverse en su contra. De allí, la importancia de la filiación política de los alcaldes. Siendo ellos los jefes inmediatos tenían una considerable influencia sobre la fuerza miliciana, por lo que el tipo de relación que el gobierno central mantuviera con las municipalidades podía ganarle o restarle apoyo miliciano. Lo mismo sucedía con las milicias provenientes de pueblos indios, en donde el factor étnico agregaba un componente adicional de conflictividad11.

10Los alcaldes estaban obligados a realizar los reclutamientos y a perseguir a los desertores; labor complicada, porque los paisanos temían hacer el servicio de las armas, pero una vez que habían estado en el ejército consideraban humillante ser capturados por los munícipes. Si a lo anterior se agregan los drásticos castigos impuestos a los desertores es posible hacerse una idea de lo conflictiva que era esta tarea para las municipalidades.

11También las filiaciones políticas, las amistades o los vínculos de parentesco interferían en esos procesos. 1845 fue un año difícil; las acciones del obispo Viteri, el general Francisco Malespín y sus seguidores en contra del gobierno obligaron a aumentar los reclutamientos y a imponer empréstitos forzosos. A mediados de marzo de ese año se exigió al departamento de San Vicente 500 hombres para aumentar la fuerza que “defiende la integridad del territorio y la libertad pública12“. Al final, solo se logró reunir 202. El 27 de marzo se ordenó a San Vicente reclutar 200 hombres más y recoger 5,000 pesos como parte de un empréstito forzoso. Cada pueblo debía entregar entre 4 y 30 hombres. De las 16 municipalidades del departamento, 15 enviaron sus hombres, pero Sensuntepeque no quiso enviar los 25 soldados que le correspondían. Erik Ching dice que esta actitud era debida a que dicha plaza estaba bajo el mando del Comandante Santos Cuellar, aliado de los generales Escolástico Marín y Francisco Malespín13. Las alianzas políticas incidían mucho en el cumplimiento de las órdenes del ejecutivo. En ocasiones, un subalterno simpatizante de la oposición se rebelaba abiertamente contra el gobierno; por lo general, simplemente no cumplía o demoraba hasta donde era posible el cumplimiento de las órdenes recibidas.

Reclutamiento, disciplina y persecución de desertores

12En abril de 1845 el alcalde de Santa Clara denunció al regidor José Antonio Góngora por desobediencia. Este acudió ante el Gobernador y explicó que el alcalde quería mandarlo sin tropa al lugar llamado Tortuguero, en donde se escondían unos facciosos. Góngora insistió en llevar refuerzos para capturar al desertor Casildo Alfaro y a los paisanos José María Aguilar, Eugenio Aguilar y Mauricio Alfaro, pero el alcalde le respondió que “no convenía porque eran valientes y podían perjudicarlos” y que además eran cuñados del señor Domingo López. El gobernador, Doroteo Vasconcelos, reprendió al alcalde, ordenándole que sin falta le presentara a los facciosos el siguiente día so pena de “remitirlo al ejército a prestar servicio”, sin perjuicio de obrar en contra de la municipalidad14. En términos parecidos se expresaba el Comandante de Santa Ana, en 1845, cuando ordenó a los alcaldes del departamento que cada uno le presentara “seis reclutas dentro del término de tres días”, agregando que si no cumplían los remitiría a ellos “en clase de reos”. Pero los alcaldes alegaron que “si no han cumplido a cabalidad con la orden, se debe principalmente a la falta de hombres para las armas15.

13Cuando Gerardo Barrios ascendió al poder (1858-1863), y especialmente en el momento en que sus diferencias con el gobierno guatemalteco presidido por Carrera y la oposición interna aumentaron, los reclutamientos y la organización de las milicias se volvieron parte fundamental de su agenda. En abril de 1860, Barrios envió una circular a los alcaldes, mandándoles apresar a los soldados veteranos desertores y conminándoles con multa de hasta cincuenta pesos si se les comprobaba faltas en el cumplimiento de la orden. Además recomendaba a los padres de los jóvenes reclutados que denunciaran a los alcaldes que no cumplieran con la disposición16.

14La gravedad de las órdenes de Barrios hizo que aquellos que querían escapar del servicio militar buscaran cualquier amparo posible. Los indios de Tacuba se apoyaron en Juan Calderón, quien tenía buenas relaciones con el caudillo. Calderón pidió a Barrios exonerarlos del servicio militar, pues “son tan rudos e incapaces que ni en cinco años aprenderán el ejercicio”. Agregaba que de “espontánea voluntad” los indios obsequiaban a Barrios unos capones, varios manojos de “cuiliotes” del baldío de Cara Sucia y cuatro escobas para la niña Adela17. Otros, menos afortunados, solo tenían la posibilidad de huir y esconderse mientras duraban las reclutas o pasaba la época de afiliaciones.

15A Barrios se le atribuye la reorganización y modernización del ejército, afirmaciones aceptables — si se confía ciegamente en la documentación oficial —, pero muy discutibles trabajando otro tipo de fuentes. Los informes publicados en “La Gaceta” deben tratarse con cautela, pues la tendencia general era a aumentar el número de efectivos y armas, ya que de ese modo podía disuadirse a los enemigos internos y externos del gobierno de intentar una acción en su contra18. No puede negarse el interés de Barrios por mejorar el ejército y las milicias, pero se debe ser prudente en la valoración general del esfuerzo.

16Entre 1860 y 1862, Barrios y sus colaboradores trataron de fortalecer el poderío militar salvadoreño. Parte importante de ese proyecto fue la reorganización de las milicias. Barrios puso hombres de su entera confianza al frente de los cuarteles departamentales. Los generales Trinidad Cabañas, Eusebio Bracamonte y Rafael Osorio, junto con algunos asesores franceses, fueron los encargados de esa tarea. Los tres primeros fueron nombrados en cuarteles clave: Cabañas en San Miguel, Bracamonte en San Vicente y Osorio en La Paz. Teodoro Moreno, ejerció como gobernador de Santa Ana, pero intervino mucho en lo militar. Por su parte, Miguel Saizar estuvo a cargo de Sonsonate y Mariano Hernández tomó el mando de Cuscatlán. A menudo estos hombres ejercían simultáneamente el cargo de gobernadores y comandantes de cuartel.

17Sin embargo, pareciera que cuando el conflicto con Guatemala se agravó, los jefes militares aún tenían mucho trabajo que hacer en la organización y disciplina de las fuerzas. Así lo deja ver una nota enviada en mayo de 1862 por Rafael Osorio, hombre de confianza de Barrios. Osorio trabajaba arduamente en la organización de las milicias de La Paz y era consciente de la importancia que estas tenían en los planes de Barrios.

18Hago cuanto es posible para llenar los deseos de S E; tengo en ello el interés del hombre reconocido en complacer a su Benefactor; sin embargo creo que nunca se lograría tan pronto la disciplina verdadera y completa de los cuerpos bajo el sistema establecido de ejercitarlos dos horas cada ocho días: yo permanezco en la plaza los domingos desde las siete a las once de la mañana enseñando personalmente a la fuerza de mi mando; doy academia a los oficiales martes y sábado de cada semana; y estoy seguro de que esto no es bastante19.

19La nota de Osorio deja ver una de las principales debilidades del sistema. Las milicias eran convocadas cada domingo para recibir dos horas de instrucción. Sin embargo, era muy difícil lograr una asistencia regular; los milicianos faltaban cada vez que podían, usando cualquier justificación, aún a riesgo de ser castigados. Por otra parte, no siempre se contaba con instructores adecuados. Era necesario que Osorio “diera academia” a los oficiales los martes y sábados, para que luego estos enseñasen los domingos. A diferencia de otros jefes, que magnificaban sus logros e hicieron creer a Barrios que contaba con el mejor ejército de Centroamérica, Osorio era muy honesto y realista y no se hacía demasiadas ilusiones sobre la disciplina y la pericia militar de sus fuerzas.

20En abril de 1862, Osorio representó a Barrios en el bautizo de una hija de Ángel Guirola, miembro de una importante familia de Zacatecoluca. La ceremonia fue muy ostentosa, “pues a más de los cañonazos de ordenanza hubo cimulacro de batalla, que a la par que aumentó la fiesta, dio la utilidad de la disciplina del Batallón20“. Hombre muy práctico, Osorio aprovechó la oportunidad para matar dos pájaros de un tiro: cumplir los compromisos sociales de su jefe y a la vez disciplinar las milicias. “Me gusta siempre que las diversiones tengan relación con la utilidad pública. Jamás había logrado una reunión de soldados como la del domingo, el total exedía de 600 plazas. El señor Guirola dio un baile y un vanquete, todo muy animado y en el mejor orden”. Y es que era muy difícil lograr que los milicianos se presentasen a los ejercicios y paradas militares. Pero si además de la parada militar había fiesta, es claro que la asistencia aumentaría. Osorio sabía cómo maximizar recursos, un poco de diversión y disciplina no les venían a los milicianos viroleños.

21La suerte favoreció a los salvadoreños en la primera fase de la guerra. Sus fuerzas derrotaron el 23 de febrero de 1863 a las guatemaltecas en la famosa batalla de Coatepeque, con lo cual aumentó la confianza de Barrios y su intransigencia contra la oposición local, pero también aumentaron sus exigencias sobre los pueblos, especialmente en lo económico y lo militar. Al final, sus desmesurados requerimientos le ganaron una generalizada oposición interna que coadyuvó considerablemente a su posterior caída.

22Para el año de 1863 los reclutamientos eran la pesadilla de los alcaldes y los paisanos. El 12 de febrero de ese año el alcalde de San Lorenzo recibió la orden de reunir 16 reclutas; se lamentaba de que aun “tomando las medidas más activas solo he podido conseguir cinco individuos que remito a usted con las seguridades correspondientes; pues como la gente de pelea anda huyendo por los montes se dificulta su aprehensión”. Ese mismo día el alcalde de San Esteban, remitía once hombres a cuenta de los veinte que se le habían pedido. Por su parte, el alcalde de Verapaz informaba que no había podido capturar al desertor Santos Vaquero y como este no tenía hijos que lo reemplazaran tuvo a bien remitir a León Vaquero que era sobrino de aquel. Más dramática era la nota enviada el 14 de febrero por José M. Miranda, alcalde de Guadalupe. Este manifestaba que a pesar de los esfuerzos hechos no le había sido posible capturar ni a los desertores, ni sus padres y hermanos, porque “andan como las fieras solo por los vosques, y no me valen desvelos, maltratos y toda clase de indigencias, por lo cual me veo reducido a implorar la gracia del señor Gobernador me conceda unos días más para ver si dejando calmar el negocio caen los desertores y demás hombres que me pide21“.

23A mediados de abril de 1863, el coronel francés Gallinier fue destacado en el occidente del país con el objeto de colaborar en la defensa de la frontera. Gallinier se reunió con los jefes y oficiales de Sonsonate para practicarles un examen teórico y práctico, que le convenció “de cuánto ellos han estado en la negligencia y el abandono, pues la mayor parte no saben ni leer ni escribir, ni poseen instrucción de ninguna especie, por la misma razón los soldados no saben absolutamente nada”. Gallinier también denunció los abusos que cometían los jefes militares y que habían generado mucha hostilidad contra el gobierno. Sugería poner al frente de las fuerzas del departamento a “un hombre capaz de organizarlas, instruirlas y sobre todo de hacerse querer22“.

24Las críticas de Gallinier le ganaron la antipatía de los otros jefes. En mayo del mismo año, el general Trinidad Cabañas decía a Barrios que Gallinier se negaba a moverse de Sonsonate, a pesar de las repetidas órdenes que le había dado; concluía que el francés no quería estar donde hubiera peligro23. A tal grado llegó la confrontación entre Gallinier y los otros jefes que al parecer estos interceptaban sus cartas, por lo que el oficial decidió escribir a Barrios en francés y sin dar lugar y fecha. En una de esas cartas denunciaba los abusos de los comandantes de Sonsonate y Ahuachapán, quienes capturaban a los desertores para hacerlos trabajar en sus propiedades, introduciéndose incluso en los pueblos vecinos y amenazando a los alcaldes con arrestarlos si no les entregaban mozos para sus trabajos24.

25Esas contradicciones reflejan un problema que fue recurrente a lo largo del siglo XIX: la mayoría de oficiales eran “de filas”; es decir habían obtenido sus grados en campaña y no se habían formado en una academia militar. Por lo tanto, veían con malos ojos a otros que sí habían pasado por la academia. Cuando José María Peralta Lagos regresó de España, luego de haber terminado sus estudios de ingeniería militar, tuvo problemas para que se le reconocieran sus grados. Dio clases ad honoren en la Escuela Militar y conoció el grado de atraso de la oficialidad. En una ocasión publicó un artículo en una revista que provocó agrias reacciones. Según Peralta, uno de los oficiales ofendidos declaró “para saber morir no hacía falta sino tener vergüenza. Un artillero decía que sin necesidad de equis ni de haches él embalaba un cañón. Otro, el más bruto, se dejó decir que la táctica la tenía él en… cierta parte25”.

26La situación se volvió más difícil a medida en que el descontento contra Barrios aumentaba. Ante la presión de los comandantes militares, los comisionados “invadían” las jurisdicciones de otros pueblos tratando de llenar las cuotas que se les exigían. Por una acción de ese tipo, Lucio Rosa, alcalde de San Sebastián, denunció a un tal Ignacio Picudo, sargento de las milicias de Cedros que se introduje al valle de La Labor con el objeto de reclutar gente, llevándose a Norberto Méndez, Tiburcio Hurtado y Mauricio Mejía, “todos casados y honrados padres de familia de este domicilio”. Agregaba que no era la primera vez que eso sucedía y que si bien la ley permitía allanar otras jurisdicciones cuando se perseguían desertores, no lo admitía en el caso de reclutamientos. Además, “esas patrullas ahuyentan a los milicianos de la propia jurisdicción”. Pedía ordenar el cese de tales abusos. Dos días después informaba haber comandado personalmente las patrullas de reclutamiento, pero le fue imposible coger un solo hombre porque “las patrullas de Cedros que se han introducido a la Labor han alarmado a todo el mundo26“.

27Y es que el método usado para hacer las filiaciones daba lugar a abusos y arreglos turbios. A nivel local, los encargados de formar el padrón de milicianos eran los alcaldes y sus comisionados. En algunos casos la gobernación exigía la filiación de todos los hombres en edad de servicio, en otros únicamente pedía llenar una cuota. Los munícipes trataban de dejar por fuera a sus familiares y allegados, siempre que era posible.

28Algunos alcaldes iban más allá y aceptaban o exigían pagos para exonerar a alguien del servicio, práctica que Gallinier mostró también era común entre los jefes militares. En Diciembre de 1856 fue denunciado Cuperto Cornejo, acalde de Guadalupe, porque obligó a los señores Tiburcio Enríquez y Manuel Avalos a que le pagaran cinco pesos cada uno “con el pretexto de salvarlos de la recluta, consintiendo por este mismo hecho en disimular la deserción que poco antes habían cometido fugándose de los cuarteles de esa ciudad donde habían sido reunidos27“. En julio de 1866, David Castillo, regidor de San Vicente, denunció al alcalde David Oliva por haber exigido dinero a Julio Bonilla, Bruno Calderón, Pascual Morales, Paulino Callejas y dos individuos más para exonerarlos del servicio miliciano. El gobernador tomó declaración a los implicados quienes aceptaron haber entregado a Oliva, entre cuatro y doce pesos para que los exonerara28. Estas prácticas aumentaban en periodos de guerra, e incluso el “Supremo Gobierno” caía en ellas. En febrero en 1863, el general Domingo Fagoaga informó al gobernador de San Vicente, que Manuel Herrera, teniente de milicias, había sido exonerado “mediante la suma de 200 pesos29”.

29El 20 de enero de 1863 la Asamblea facultó a Barrios para que organizara la defensa del país y levantara empréstitos voluntarios o forzosos. La disposición se puso en ejecución pocos días después. El 18 de febrero Barrios ordenó que quienes no quisieran contribuir con el empréstito asignado fueran remitidos al ejército para servir como soldados, sin lugar a reclamo ni recurso; y que si eran mujeres o ancianos, se mandara a sus hijos a servir como soldados, sin perjuicio de subastarles los bienes. En la batalla de Coatepeque, Barrios ordenó colocar en las trincheras de más peligro a José Ciriaco López, Ramón Montoya, Ascencio García y otros vecinos de Santa Tecla, a quienes consideraba enemigos30.

30A principios de marzo de 1863, la ciudad de Sensuntepeque fue escenario de revueltas en contra del gobierno. Los rebeldes suscribieron pronunciamientos que expresaban las razones por las cuales se levantaban y exhortaban a otros pueblos a pronunciarse en contra del gobierno31. Para entonces Barrios aún mantenía su fortaleza; y aunque el descontento contra él estaba presente en otros pueblos, estos aún no se atrevían a pronunciarse abiertamente.

31Barrios tomó inmediatamente drásticas medidas para reprimir a los amotinados. El teniente coronel Paz de los Reyes fue nombrado “juez específico para el embargo y venta de los bienes de los pronunciados, lo mismo que para su juzgamiento”. El 20 de marzo, Miguel Pineda informaba haber entregado a Reyes 12,000 pesos en efectos extranjeros que ya tenía embargados, 2,200 en efectivo y 2,000 en ganados y bestias, a más de ocho casas que mantenía selladas32. Es decir, cuando de los Reyes se hizo cargo de los procesos en contra de los rebeldes, Pineda ya había actuado en contra de ellos.

32Paz de los Reyes demostró ser muy diligente y cumplidor de la misión encomendada. Un día después de haber llegado a Sensuntepeque informó a Barrios de los embargos, juicios y encarcelamientos hechos en contra de los rebeldes. Decía tener en su poder alhajas de oro de la esposa del señor Santiago Letona, que consideraba de muy poco valor por lo que pedía autorización para devolverlas, “y si a su vuesencia le parece que se le entregue la ropa de uso de las familias confiscadas haría una gracia a estas gentes que en realidad merecen alguna consideración ya que sus esposos no la han tenido con sus mujeres e hijos33.”

33Este tipo de medidas se ajustan muy bien al estilo de gobierno de Barrios. A lo largo de los años de 1862 y 1863 embargó sistemáticamente los bienes de sus opositores, amén de encarcelarlos o enviarlos como soldados al frente de guerra. Las anotaciones cronológicas de Francisco Monterey dan suficiente evidencia al respecto. Barrios mandó a incautar y subastar las propiedades de Francisco Dueñas, Ciriaco Choto, José Zaldívar, Juan Coto, José Antonio González y Rafael Meléndez, entre otros.

34Finalmente, el régimen de Barrios cayó en octubre de 1863. Pero un cambio de gobierno no significaba necesariamente el cese de los reclutamientos. En tales casos el nuevo gobernante hacía lo posible por “depurar” al ejército de individuos simpatizantes del anterior régimen, para lo cual procedía a hacer nuevas reclutas. El 10 de mayo de 1865 el Supremo Gobierno emitió un acuerdo que mandaba organizar las milicias, por lo que se pedía al Comandante militar de San Vicente tener a la mano los padrones de los pueblos de su comprensión, de tal modo que el batallón departamental estuviera organizado a más tardar el 23 de julio34. Sin embargo, la formación del batallón debió demorarse por las dificultades para reunir el contingente de milicianos. Una nota enviada a finales de septiembre de 1866 por Carlos Tamayo, desde Verapaz, decía que los habitantes del pueblo estaban emigrando hacia otros pueblos, porque los empleados municipales habían propalado la noticia de que se harían nuevas filiaciones para el servicio de milicias. Pedía a la gobernación aclarar la situación para “que se les retire el pánico que abrigan”. Agregaba, “los que presumen estar alistados y no pueden ausentarse se están proporcionando la manera de casarse, para ser excluidos de la milicia, cosa que si llegase a servir de causa legal todos harán lo mismo35“.

Milicias, fueros y justicia

35En periodos tranquilos la obligación de los milicianos era presentarse los fines de semana a recibir instrucción, participar en las rondas y en las revistas militares, lo cual a menudo generaba inconvenientes especialmente en épocas de siembras y cosechas. Sin embargo, prestar servicio como miliciano también tenía ciertas ventajas; por ejemplo, el miliciano estaba exonerado del pago del impuesto de caminos y además tenía fuero militar, por lo que no podía ser juzgado por los jueces de paz. Esta prerrogativa no siempre era bien vista por las autoridades pues se prestaba para muchos abusos; en la documentación de las gobernaciones abundan las denuncias de los jueces y alcaldes en contra de milicianos que amparados en su fuero actuaban con toda impunidad.

36En marzo de 1865 el gobernador de San Vicente envió una nota al Supremo Gobierno en la que hacía eco de la denuncia presentada por el alcalde de San Isidro sobre los abusos y la prepotencia de los milicianos. “En los pueblos no hay jueces que juzguen a los milicianos cuando estos cometen un delito y si la autoridad civil los aprende, reclaman sus fueros y los alcaldes tímidos los ponen en libertad, quedando a esta manera impunes y causando con esto un pernicioso ejemplo al vecindario que debe moralizarse36“. El Ministro de Hacienda y Guerra contestó a Marín el 22 de abril, expresando que el Presidente le había “prevenido decir a usted en respuesta para inteligencia del alcalde de San Isidro; que para los casos que acusan con los milicianos, ya en los delitos o faltas que comentan, consulte con letrado, pues las leyes vigentes determinan cuando debe gozarse del fuero de guerra, y cuando es el fin de este privilegio, atendiendo a la naturaleza de la falta”. Finalizaba diciendo que el Gobierno preparaba una reorganización de las milicias, “con lo cual cesarán los reclamos de las autoridades locales, y se castigarán sin demora los abusos37.” En el fondo, la nota deja ver que el ejecutivo no estaba muy interesado en meterse en problemas con los milicianos.

37En junio de 1867, Rafael Gaviria, vecino de Santa Clara, denunció al miliciano Pantaleón Palacios por adeudarle doce pesos y medio que le adelantó por trabajo y que a pesar de haberlo citado repetidas veces para que le cumpliera, se negó rotundamente. Gaviria acudió al comisionado de campo del caserío San Pablo a pedirle que capturase a Palacios, pero este se excusó alegando que el deudor era militar. Esta vez el gobernador determinó que “por el fomento de la agricultura” se procediera inmediatamente a la captura de Palacios, poniéndolo a la orden de Gaviria, advirtiendo que si estuviese comprometido con otra persona y esta se opusiese a su entrega, lo remitiera a la autoridad correspondiente para que los interesados establecieran sus derechos38.

38Al no contar con los recursos suficientes para capturar a los desertores, se optó por delegar en civiles. El 13 de junio de 1852 se dio un decreto estableciendo que quien capturase a un desertor veterano sería premiado con cinco pesos “que en moneda corriente y de gastos militares deberá entregarle el Tesorero jeneral en esta capital, o los administradores de alcabalas en los departamentos39“. Cinco meses después, Manuel Castellanos, gobernador de San Vicente, remitía a los desertores Nicolás Chávez y Marcelo Ruíz, capturados por varios particulares a quienes dio la gratificación correspondiente. El 11 de octubre remitió al veterano Vicente Suriano (alias Pollo), capturado por José Antonio Inglés a quien también recompensó[40].

39Seguramente que la rigurosidad de los castigos que se imponía a los desertores, hacía que estos se resistiesen fuertemente a ser capturados. Hacia 1855, una nota enviada de la presidencia al comandante militar de San Vicente establecía que “Todo desertor tan luego que sea capturado se castigará con doscientos palos, si fuere soldado; y si clase sufrirá la misma pena, previo el despojo que se ejecutará con toda la formalidad de la ordenanza”. Se agregaba que a aquellos que se hubiesen llevado útiles de guerra y vestuario se les debía subastar la casa, solar o cualquiera de los bienes que tuviesen para reintegrar el valor de lo que hubiere llevado, aunque no se lograra su captura41.

40Mucho más expedita era la aplicación de los castigos físicos a los desertores. El 20 de julio de 1861 el soldado veterano Gregorio Pérez, escribía angustiado a doña Adelayda Guzmán de Barrios para que intercediera ante el Presidente, a fin de que no le aplicaran palos en castigo por haberse ausentado sin licencia, lo cual decía haber hecho por enfermedad. Pedía le contestara lo antes posible, “antes que sea la lista de cuatro porque entonces me van a apalear. Es gracia que pido que por medio de V. E. me quiten los palos y que me tengan arrestado en el cuartel el tiempo que quieran, pero que no me den palos42“. El terror al cruel e inminente castigo justifica el tono dramático de la nota, pero también deja ver cierto grado de astucia de parte del soldado, pues escogió acudir a doña Adelayda y no a Barrios. Seguramente sabía que a este, como militar que era, difícilmente lo conmoverían sus palabras, pero sí había alguna posibilidad de que el Presidente accediera a una petición de su esposa, con quien siempre era muy condescendiente.

41Como se dijo antes, los legisladores concibieron a las milicias como un cuerpo que debía apoyar al ejército de planta en caso de guerra, y a las municipalidades en el mantenimiento del orden público. Se buscaba además, fortalecer el patriotismo y las virtudes ciudadanas por medio de la instrucción militar y la participación en paradas militares y actos cívicos, como la toma de posesión de los presidentes y sobre todo la celebración de la independencia. En 1860 se trató que las fiestas de la independencia tuvieran mayor realce; para entonces Gerardo Barrios era el presidente y es bien conocida su afición a la fastuosidad. El 30 de agosto de ese año, Manuel Castellanos, gobernador de Chalatenango y a la vez comandante departamental, recibió un oficio de Mariano Hernández, gobernador de Cuscatlán, en el cual le notificaba que por acuerdo del Supremo Gobierno “deben reunirse en esta cabecera [Suchitoto] las milicias de ese y este departamento el 14 de septiembre entrante a las 7 de la mañana con objeto de pasar una revista de inspección… no sirviendo de excusa ni pretexto el estar los milicianos en temporada puesto que la falta no pasa de tres días43“.

42Castellanos no quería asistir a la revista porque tenía una antigua enemistad con Hernández y como la revista se realizaría en Suchitoto quedaría subordinado a las órdenes de este. Para evitar esa incómoda situación alegó que no era conveniente que los milicianos viajaran a Suchitoto porque se trastornaría la cosecha de añil, “porque se pierde el punto establecido, dejan de ganar el alimento quizá de todo el año; se suspende el fluido de la riqueza… y últimamente el perjuicio refluye en quién sabe sobre cuántos. El señor General [Barrios] es cosechero y está más cierto que yo del mal que un desavío causa en las temporadas y que el desarrollo de la industria es la riqueza y que lejos de destruirla es necesario protegerla44“. La argumentación tenía sentido; pero, Hernández — que era muy conocido por su mal carácter — juzgó que la actitud de Castellanos “no ha tenido otra mira que la de hacer una oposición caprichosa, puesto que los motivos que expone para no cumplir mis órdenes… no significan nada cuando se trata del servicio militar y mucho más en actos de solemnidad”. Reafirmaba a Castellanos la orden de presentarse el 14 a las 7 de la mañana, llevando consigo los libros de altas y bajas; de no cumplir sería juzgado como corresponde45.

43Ante tales amenazas Castellanos aceptó enviar las tropas, pero él no asistió, alegando que no podía imponérsele el castigo anunciado, “porque ningún título militar me caracteriza”. Aclaraba que ejercía la comandancia del departamento por “una gracia” que el Supremo Gobierno había querido hacerle y sin sujetarlo a la autoridad del general de brigada, como podía verse en el acuerdo del 25 de julio del año anterior. Agregaba que los libros de altas y bajas los llevaría el oficial a cargo de la tropa46. Si bien tuvo que aceptar el envío de sus milicianos, por lo menos se evitó una larga jornada de maniobras militares a pleno sol y bajo las abusivas órdenes del temperamental general Hernández.

44Los riesgos y exigencias que el servicio militar conllevaba hacían que este fuese temido y rechazado por la mayoría de individuos. No obstante, la condición de militar también tenía ventajas. Además del fuero militar, el solo hecho de pertenecer a la milicia o a la fuerza permanente daba ciertas preeminencias nada despreciables, sobre todo en pequeños pueblos del interior, donde las oportunidades para sobresalir eran escasas. De allí las razones por las que el trato con y entre los hombres de uniforme fácilmente podía volverse conflictivo. Después de todo, los militares — independiente del rango que tuvieran —, eran parte del poder; un poder que si bien no era omnipotente, tampoco era despreciable. Todo dependía de las circunstancias. Un miliciano fácilmente podía abusar de cualquier parroquiano, pero también podía ser humillado por el alcalde o el comandante departamental. Este a su vez, estaba sometido a un jefe de mayor graduación. Los alcaldes tenían la buena o mala fortuna de estar en una posición intermedia. A veces podían imponer su autoridad, otras veces tenían que aceptar los abusos de sus superiores.

Milicias, poder local y centralización del poder

45El 10 de diciembre de 1897, el gobernador de San Salvador transcribió al “Palacio del Ejecutivo” una nota del alcalde de Panchimalco, en la cual este denunciaba que el Comandante del batallón de ese pueblo había mal informado a la municipalidad con el comandante Mayor de plaza del departamento de San Salvador, producto de lo cual resultó que este los llamó y estando presente el comandante de Panchimalco, le dijo que si los munícipes no le obedecían, procediera a encarcelarlos. El alcalde argumentaba que el problema se originó el día domingo 15 de noviembre cuando el comandante tenía formados a los milicianos en la plaza del pueblo y el regidor primero Magdaleno Jorge “entró en el círculo de la formación a hablarle al Comandante le diéramos milicianos para componer un barranco del camino que conduce a Olocuilta”. El comandante se enfureció “descargándole dos bofetadas y dos patadas, haciéndolo a presencia del Batallón”. El alcalde se quejaba de que el Comandante maltrataba a la municipalidad, “nos trata con palabras ofensivas, nos ve con mucho desprecio, pues dice que solo él manda, menos el Alcalde47“.

46Este incidente ejemplifica muy bien los cambios acaecidos en el manejo y control de las milicias locales hacia finales del XIX, pero también muestran el nivel de subordinación a que había sido sometido el poder local. Los munícipes habían perdido el control de las milicias, pero seguían obligados al mantenimiento de caminos; es por esa razón que el regidor se vio obligado a pedir al Comandante le proporcionara los milicianos para cumplir esa tarea. El Comandante no solo no le atendió, sino que lo agredió delante de los milicianos. Aún más, al tiempo que lo abofeteaba, expresó: “Usted no me manda, indio tonto tabanqueño”, con lo cual dejaba en claro su poder sobre la municipalidad y sus prejuicios raciales. El Comandante no desconocía a la municipalidad, pero dejaba en claro que su poder era superior al de aquella, y que los munícipes estaban a sus órdenes.

47Y es que desde la primera mitad de la década de 1880 el gobierno central hizo esfuerzos sistemáticos y continuos por fortalecer el ejército y poner a las milicias locales bajo el control directo de oficiales militares. Asimismo se redujo paulatinamente el papel de las milicias indígenas. Patricia Alvarenga considera que estas medidas buscaban volver al Estado menos dependiente de instancias de poder local. Esa tendencia implicaba revertir las lógicas de poder hasta entonces vigentes; tanto las milicias locales comandadas por el alcalde municipal, como las milicias indígenas y ladinas — generalmente bajo las órdenes de jefes locales — habían sido aliadas importantes para las facciones políticas de la elite. Cualquier movilización en contra del gobierno precisaba del concurso de estas fuerzas. Igualmente, el gobierno amenazado por la oposición recurría a ellas en busca de apoyos extras a su causa. Obviamente, ese tipo de alianzas requería recompensas y prebendas. Ser parte de las milicias conllevaba un valor agregado importante para los poderes locales y les permitía no solo incidir en la política, sino tener una capacidad de veto sobre iniciativas que atentaban contra sus intereses48.

48Durante los nueve años de gobierno de Rafael Zaldívar (1876-1885) se realizaron importantes cambios en la organización del ejército y las milicias. Y es que las pretensiones Zaldívar de mantenerse en el poder lo obligaron a buscar mecanismos que le garantizaran mayor control y menos dependencia de las tradicionales alianzas con otros sectores sociales. Se trató de quitar a los alcaldes y líderes indígenas el mando sobre las milicias locales; es decir se buscó dar al ejército permanencia y sobre todo una estructura de mando vertical y efectiva, con lo cual se superaría el antiguo sistema de reclutamiento que dependía más de la negociación con los líderes indígenas y de la disposición de los alcaldes para la formación de las milicias locales49.

49Para 1881 los resultados de esos cambios eran visibles. La memoria de Marina y Guerra daba cuenta que las modificaciones realizadas en la organización del ejército y las milicias habían dado positivos resultados, sin que las actividades económicas hubieran sufrido menoscabo. Para entonces la fuerza militar ascendía a 18,500 hombres en toda la república, formando 17 batallones. El dictamen sobre la memoria dado por la Asamblea reafirmaba lo anterior: “La organización del ejército era una necesidad palmaria. Todos saben lo que costaba reunir una pequeña fuerza para cualquier asunto del servicio público y las malas consecuencias ocasionadas por el reclutamiento”. Según el presidente de la Asamblea el decreto expedido para organizar las milicias remedió esos males50.

50Hacia 1884 cada departamento de la República contaba al menos con un cuartel. En 1891 la fuerza permanente era de 4,968 efectivos, pero a este núcleo básico se añadía el contingente aportado por las milicias que aumentaba considerablemente el total del ejército. Para 1892 estas contaban con 60,000 miembros51. En la Memoria de Gobernación de 1893 se afirmaba que el total de la fuerza militar ascendía a 72,500 hombres52.

51Tales cambios permitieron mayor control sobre los milicianos, pues los comandantes tenían menos compromisos locales y además su fuero militar les daba mucho más poder sobre los a veces insumisos parroquianos. Dejar de atender la instrucción de los milicianos y las “paradas dominicales” bien pudo ser un alivio para algunos alcaldes. Después de todo era una responsabilidad menos. Sin embargo, el control de las milicias también reportaba ganancias políticas, pues daba a las municipalidades un argumento más en las pugnas de poder.

52Por lo tanto, en el mediano plazo, perder el control de las milicias coadyuvó al debilitamiento del poder local. La presencia continua de militares en los pueblos dio a estos un poder que rápidamente se prestó a arbitrariedades como las denunciadas por el alcalde de Comasagua en febrero de 1887. Este refería que el capitán Carlos Escamilla, “valiéndose de sus armas y en estado de ebriedad”, capturó al síndico municipal y lo puso en la cárcel. Con el apoyo del telegrafista y el secretario del juzgado de paz, Escamilla hizo que el detenido firmara una declaración; le recriminó que la municipalidad no obedecía las órdenes del gobernador y que por eso “el pueblo estaba hecho un revoltijo”. Además lo acusó de proteger al criminal Jesús Peinado. Al final el capitán le advirtió que “no era más que un síndico y que ya lo iba a hacer soldado para llevárselo a fuerza de chilillo”. El alcalde insistía en que las acciones de Escamilla contra la municipalidad eran recurrentes y que ya había encarcelado a varios munícipes. El desprecio del militar hacia la corporación municipal se manifestaba incluso en el uso de los utensilios; el alcalde resentía que Escamilla “utiliza el vaso que sirve para tomar agua para mandar a traer aguardiente”, convirtiendo la oficina “en una taberna, ayudado por sus soldados53”.

Conclusiones

53A lo largo del siglo XIX, el recurso de las armas tuvo diferentes significados políticos y sociales. El Reyno de Guatemala obtuvo su independencia de una manera relativamente fácil y sin recurrir a la guerra, pero rápidamente cayó en una vorágine de violencia que no disminuyó después del colapso federal. Guerras entre Estados, disputas faccionales por el poder y levantamientos indígenas requirieron la movilización de las fuerzas permanentes del ejército salvadoreño y de las milicias locales. Estos procesos afectaban la vida de los vecinos de diferentes maneras: trastornaban las actividades productivas, alteraban la cotidianidad familiar54. Pero asimismo, ponían a los hombres enrolados en un escenario que al menos para algunos significó la posibilidad de ascenso militar e incluso social a través de las armas.

54Los legisladores concibieron a las milicias locales como apoyo a la fuerza veterana del ejército, dándoles además la misión de coadyuvar al mantenimiento del orden en sus vecindarios, poniéndolas bajo el mando de los alcaldes municipales. Estos vieron esta responsabilidad de diversos modos. Por una parte, representaban un cargo más a su ya abultada agenda de trabajo, compromiso que a menudo generaba conflictos con sus conciudadanos poco afectos a las incomodidades del servicio de las armas. Pero también les daba un margen de poder no despreciable; si el alcalde tenía aspiraciones políticas altas y una fuerza miliciana considerable, fácilmente podía valerse de ella para adelantar su agenda política y negociar con otros actores.

55Algo parecido, sucedía con los milicianos. En general, pareciera que el servicio militar era poco atractivo; al menos así lo sugiere la documentación que da cuenta de los esfuerzos de los alcaldes para “llenar los cupos” de milicianos, darles instrucción, reclutar en tiempo de guerra y capturar a los desertores. Pero ser miliciano o miembro de la fuerza permanente también tenía ventajas; fuero militar, excepción de otras obligaciones y oportunidades de ascenso.

56Las milicias locales no escaparon al proceso de centralización del poder y fortalecimiento del Estado. Durante buena parte del siglo XIX, estuvieron a cargo de los alcaldes, pero poco a poco fueron sometidos a control directo de los comandantes departamentales. Esta medida actuó en detrimento de los alcaldes y comunidades indígenas; en la medida en que el reclutamiento afectaba a individuos aislados y no a grupos más o menos ligados a una instancia de poder local, la capacidad de influencia o veto de pueblos y comunidades indígenas en la política nacional se redujo. Para finales del XIX, las milicias dependían cada vez más del ejército, proceso que se acentuó en el siglo siguiente.

Bibliografía

57Alvarenga, Patricia. Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932. San José: EDUCA, 1996.

58Arguedas, Aharon. “Las milicias en El Salvador colonial.” En Mestizaje, poder y sociedad. Ensayos de historia colonial de las provincias de San Salvador y Sonsonate, (Ed.) Sajid Herrera Mena y Margarita Gómez. San Salvador: FLACSO, Programa El Salvador, 2003.

59Barberena, Santiago Ignacio. Descripción geográfico y estadística de la República de El Salvador. San Salvador: Imprenta Nacional, 1892.

60Ching, Erik. “From Clientelism to Militarism: The State, Politics and Autoritarism in El Salvador, 1840-1940.” Tesis doctoral, University of California, 1997.

61Gallardo, Miguel Ángel. Papeles históricos. Vol. 6. San Salvador: El Salvador News Gazette, S. A. de C. V., 1983.

62Guerra, François-Xavier. “El pronunciamiento en México: prácticas e imaginarios.” Trace, no. 37 (2000): 15-26.

63Lauria Santiago, Aldo. “Los indígenas de Cojutepeque, la política faccional y el Estado en El Salvador, 1830-1890.” En Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica, (Ed.) Jean Piel y Arturo Taracena. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica-FLACSO, 1995.

64Lindo Fuentes, Héctor. La economía de El Salvador en el siglo XIX. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2002.

65———. “Los límites del poder en la era de Barrios.” En Identidades nacionales y estado moderno en Centroamérica, (Ed.) Jean Piel y Arturo Taracena, 87-96. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica-FLACSO, 1995.

66López Bernal, Carlos Gregorio. “El levantamiento indígena de 1846 en Santiago Nonualco. Conflictos locales, etnicidad y lucha de facciones en El Salvador.” Revista de Historia, no. 42 (2000): 9-41.

67———. “Tiempo de liberales y reformas.” En El Salvador; la república, (Ed.) Alvaro Magaña. San Salvador: Fomento Cultural, Banco Agrícola, 2000.

68López Velásquez, María Eugenia. San Salvador en la anexión centroamericana al Imperio del Septentrión. San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2000.

69Menéndez, Isidro. Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica. 2 vols. San Salvador: Imprenta Nacional, 1956.

70Monterey, Francisco J. Historia de El Salvador: anotaciones cronológicas. Vol. II. San Salvador: Editorial Universitaria, 1996.

71Peralta Lagos, José María. Burla burlando. San Salvador: Ministerio de Edcucación, Dirección de publicaciones, 1977.

72Vázquez Olivera, Mario. El imperio mexicano y el Reino de Guatemala. Proyecto político y campaña militar, 1821-1823. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica – UNAM, 2009.

73Wortman, Miles L. Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1680-1840. San José: BCIE-EDUCA, 1991.

74Notas de pie de páginas

751 Véase, María Eugenia López Velásquez, San Salvador en la anexión centroamericana al Imperio del Septentrión. (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2000), y Mario Vázquez Olivera, El imperio mexicano y el Reino de Guatemala. Proyecto político y campaña militar, 1821-1823. (México, D. F.: Fondo de Cultura Económica – UNAM, 2009).

762 Miles L. Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1680-1840. (San José: BCIE-EDUCA, 1991), págs. 320-21.

773 La conflictividad política salvadoreña afectó fuertemente el desarrollo de la economía salvadoreña y condicionó el proceso de construcción del Estado. Véase Héctor Lindo Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX. (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2002).

784 Aharon Arguedas, “Las milicias en El Salvador colonial.” en Mestizaje, poder y sociedad. Ensayos de historia colonial de las provincias de San Salvador y Sonsonate, (ed.) Sajid Herrera Mena y Margarita Gómez (San Salvador: FLACSO, Programa El Salvador, 2003), págs. 133-56.

795 Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica. 2 vols. (San Salvador: Imprenta Nacional, 1956), Tomo II, pág. 297.

806 Menéndez, Tomo II, pág. 297. En toda cita textual se conserva la ortografía del original.

817 Orden legal del Estado del Salvador, Ministerio General del Supremo Gobierno, Cojutepeque, 4 de enero de 1840. Reproducido en El Tiempo, Guatemala 24 de enero de 1840, p. 284. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, París. Amérique Centrale, Correspondance politique, vol. 3, 1839-1843, fol. 43. En adelante AMAE-ACCP.

828 Gaceta del gobierno del Salvador, (15 de abril de 1853), pág. 1.

839 “Decreto del gobierno reglamentando las milicias de la República del Salvador”. Gaceta del Salvador, (22 de mayo de 1858), págs. 1-3.

8410 Reglamento de milicias nacionales decretado por el Supremo gobierno de la República, el día 21 de abril de 1873. AGN, Impresos, Tomo XX, libro 1, doc. 6.

8511 Véase Aldo Lauria Santiago, “Los indígenas de Cojutepeque, la política faccional y el Estado en El Salvador, 1830-1890.” en Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica, (ed.) Jean Piel y Arturo Taracena (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica-FLACSO, 1995), Patricia Alvarenga, Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932. (San José: EDUCA, 1996), 143-68, y Carlos Gregorio López Bernal, “El levantamiento indígena de 1846 en Santiago Nonualco. Conflictos locales, etnicidad y lucha de facciones en El Salvador.” Revista de Historia, no. 42 (2000).

8612 Doroteo Vasconcelos, gobernador departamental a los alcaldes, 26 de marzo de 1845. AGN, Gobernación de San Vicente, 1845.

8713 Erik Ching, “From Clientelism to Militarism: The State, Politics and Autoritarism in El Salvador, 1840-1940.” (Tesis doctoral, University of California, 1997), págs. 145-46.

8814 AGN, Gobernación de San Vicente, 1845. Libro copiador de notas que se giran a las autoridades.

8915 El consejo municipal de Metapán al Ministro general del Supremo Gobierno, 13 de noviembre de 1845. AGN, Fondo Quemados, Gobierno Político Departamental de Sonsonate, caja 1, año 1841-1852.

9016 Gerardo Barrios, circular a los alcaldes, San Salvador, 30 de abril de 1860. AGN, Fondo Gobernantes, Administración Barrios, Tomo I, 2ª parte, pág. 52.

9117 Juan Calderón a Gerardo Barrios. Ahuachapán, 25 de mayo de 1860. AGN, Colección Correspondencia del general Gerardo Barrios, tomo II, doc. 229.

9218 Héctor Lindo Fuentes, “Los límites del poder en la era de Barrios.” en Identidades nacionales y estado moderno en Centroamérica, (ed.) Jean Piel y Arturo Taracena (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica-FLACSO, 1995), pág. 92.

9319 Rafael Osorio a Gerardo Barrios, Zacatecoluca, 21 de mayo de 1862. AGN, Colección Correspondencia de Gerardo Barrios, Tomo XIX, doc. 82.

9420 Rafael Osorio, gobernador del departamento de La Paz a Gerardo Barrios, 22 de abril de 1862. AGN, Colección Correspondencia de Gerardo Barrios, Tomo XIV, doc. 107.

9521 Notas varias de los alcaldes al gobernador. AGN, Gobernación de San Vicente, 1863, caja 1. El énfasis es mío.

9622 Gallinier a Barrios, Sonsonate, 16 de abril de 1863. AGN, Colección Correspondencia Gerardo Barrios, Tomo 25, doc. 175, fol. 346-348.

9723 Trinidad Cabañas a Gerardo Barrios, Ahuachapán, 28 de mayo de 1863. AGN, Colección Correspondencia de Gerardo Barrios, Tomo XXII, doc. 235.

9824 Gallinier a Barrios. Sl, sf. AGN, Colección Correspondencia de Gerardo Barrios, Tomo XXII, doc. 250.

9925 José María Peralta Lagos, Burla burlando. (San Salvador: Ministerio de Edcucación, Dirección de publicaciones, 1977), 217. El énfasis es del original.

10026 Lucio Rosa, alcalde de San Sebastián, al gobernador de San Vicente, 20 de junio de 1863. AGN, Gobernación de San Vicente, 1863, caja 1. El énfasis es mío.

10127 Ceferino Hidalgo, Anacleto Montoya, Pablo Pineda, Ciriaco Pineda, Francisco Gálvez, Asunción Argueta, y otros, al gobernador de San Vicente, 22 de diciembre de 1856. AGN, Gobernación de San Vicente, 1856.

10228 Denuncia presentada por David Castillo en contra del alcalde David Oliva. San Vicente, 5 de julio de 1866. AGN, Gobernación de San Vicente, 1866, caja 05.

10329 Domingo Fagoaga, comandante general, al gobernador de San Vicente. San Salvador, 9 de febrero de 1863. AGN, Gobernación de San Vicente, 1863, caja 1.

10430 Francisco J. Monterey, Historia de El Salvador: anotaciones cronológicas. vol. II (San Salvador: Editorial Universitaria, 1996), Tomo II, 293. Ciriaco López fue tomado preso el 19 de febrero de 1863 y puesto en el lugar de más peligro en la batalla de Coatepeque. Luego de la derrota de los guatemaltecos debió pagar una fuerte suma de dinero para recobrar la libertad. Miguel Ángel Gallardo, Papeles históricos. vol. 6 (San Salvador: El Salvador News Gazette, S. A. de C. V, 1983), Vol. 6, 245-46.

10531 El cónsul francés. Auguste de Mahelin explicaba que la palabra “Pronunciamiento” era la “palabra que se usa en este país para significar declaración de rebelión contra el Gobierno o el orden establecido”. Una definición acorde con la planteada por Guerra. AMAE-ACCP, San Salvador, Vol 1, 1833-1843, M. Auguste de Mahelin, informe # 48, 20 de marzo de 1838, fol. 140. Véase François-Xavier Guerra, “El pronunciamiento en México: prácticas e imaginarios.” Trace, no. 37 (2000).

10632 Miguel Pineda a Eusebio Bracamonte, Sensuntepeque, 20 de marzo de 1863. AGN, Colección Correspondencia Gerardo Barrios, Tomo 24, doc. 170, fol. 316.

10733 Paz de los Reyes a Gerardo Barrios. Sensuntepeque, 21 de marzo de 1863. AGN, Colección Correspondencia Gerardo Barrios, Tomo 24, doc. 64, fols. 110-111.

10834 AGN, Gobernación de San Vicente, 1865, caja 02.

10935 Carlos Tamayo al gobernador de San Vicente, Verapaz, 30 de septiembre de 1866. AGN, Gobernación de San Vicente, 1866, caja 04.

11036 Inocente Marín, gobernador de San Vicente, al Supremo Gobierno, 23 de marzo de 1865. AGN, Gobernación de San Vicente, 1865, caja 1. Libro en que se copian las comunicaciones que se dirigen al ministerio del Supremo Gobierno.

11137 El Ministro de Hacienda y Guerra al Gobernador de San Vicente, 22 de abril de 1865. AGN, Gobernación de San Vicente, 1865, caja 2. Las “leyes vigentes” eran las recopiladas por Menéndez en 1855; buena parte de ellas eran herencia de la colonia. Arguedas señala que el fuero fue otorgado a las milicias en 1766. Pero además se les dio otros privilegios y exenciones: no pagarían el tributo de laborío, se les excluía de trabajos comunales, cargas impositivas y pago del papel en trámites administrativos. Arguedas, “Las milicias en El Salvador colonial”, pág. 143.

11238 Indalecio Miranda, Gobernador de San Vicente, al Comisionado de campo de San Pablo, 26 de julio de 1867. AGN, Gobernación de San Vicente, 1867, caja 02. Libro en que se copian las notas que se dirigen a los pueblos de este departamento.

11339 Gaceta del Salvador en la República de Centro América, (23 de julio de 1852), pág. 1.

11440 Manuel Castellanos, al Ministro General, San Vicente, 12 de noviembre de 1852. AGN, Gobernación de San Vicente, Libro en que constan las comunicaciones que se dirigen al Ministerio General, 1852. Esta práctica también se aplicó en la persecución de “quebradores de trabajo” y fabricantes de aguardiente clandestino.

11541 Ruperto Trigueros, secretario de la Comandancia General del Estado, al comandante militar de San Vicente, 25 de abril de 1855. AGN, Gobernación de San Vicente, 1855. El énfasis es mío.

11642 Gregorio Pérez a Doña Adelayda Guzmán de Barrios, San Salvador, 20 de julio de 1861. AGN, Colección Correspondencia de Gerardo Barrios, Tomo XIII, documento 70. El énfasis es mío.

11743 Mariano Hernández, gobernador de Cuscatlán, a Manuel Castellanos, gobernador de Chalatenango, 30 de agosto de 1860. AGN, Colección Correspondencia del general Gerardo Barrios, Tomo IV, doc. 64.

11844 Manuel Castellanos a Mariano Hernández, 7 de septiembre de 1860. AGN, Colección Correspondencia del general Gerardo Barrios, Tomo IV, doc. 65.

11945 Mariano Hernández a Manuel Castellanos, 11 de septiembre de 1860. AGN, Colección Correspondencia del general Gerardo Barrios, Tomo IV, doc. 66.

12046 Manuel Castellanos a Mariano Hernández. AGN, Colección Correspondencia del general Gerardo Barrios, Tomo IV, doc. 67.

12147 El gobernador de San Salvador, a la presidencia, San Salvador, diciembre de 1897. AGN, Ministerio de Gobernación, siglo XIX, varios, caja 1.

12248 Para mayores detalles sobre este sistema, véase: Lauria Santiago, “Los indígenas de Cojutepeque.”, Alvarenga, Cultura y ética de la violencia, y Carlos Gregorio López Bernal, “Tiempo de liberales y reformas.” en El Salvador; la república, (ed.) Alvaro Magaña (San Salvador: Fomento Cultural, Banco Agrícola, 2000).

12349 Alvarenga, Cultura y ética de la violencia, págs. 33-39.

12450 Diario Oficial, (12 de marzo de 1881), págs. 253-56.

12551 Santiago Ignacio Barberena, Descripción geográfico y estadística de la República de El Salvador. (San Salvador: Imprenta Nacional, 1892), pág. 67, y Alvarenga, Cultura y ética de la violencia, págs. 145-46.

12652 Memoria presentada a la Asamblea Nacional por el Ministro de Gobernación, Marina y Guerra, don Domingo Jiménez. Diario Oficial, (15 de marzo de 1894), pág. 327.

12753 El alcalde de Comasagua al gobernador de La Libertad, 16 de febrero de 1887. AGN, Gobernación de La Libertad, caja 79, Libro de correspondencia de la alcaldía de Comasagua.

12854 Véase Lindo Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX.

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Para citar este artículo :

Carlos Gregorio López Bernal, « “Todo desertor tan luego que sea capturado se castigará con doscientos palos”: Milicias, ciudadanía y poder: El Salvador, siglo XIX », Boletín AFEHC N°61, publicado el 04 junio 2014, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3787

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