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AFEHC : articulos : Una nueva aproximación a la presidencia de Carlos Ezeta. Hacienda y moneda en El Salvador, 1890-1894 : Una nueva aproximación a la presidencia de Carlos Ezeta. Hacienda y moneda en El Salvador, 1890-1894

Ficha n° 3930

Creada: 17 abril 2015
Editada: 17 abril 2015
Modificada: 26 junio 2015

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Autor de la ficha:

Antonio ACOSTA RODRIGUEZ

Editor de la ficha:

Hector LINDO-FUENTES

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Una nueva aproximación a la presidencia de Carlos Ezeta. Hacienda y moneda en El Salvador, 1890-1894

Este artículo propone profundizar en el gobierno de Carlos Ezeta, presidente de El Salvador a fines del siglo XIX, desde una perspectiva diferente a la que tradicionalmente se ha mantenido. Por un lado, las circunstancias financieras internas – con su antecesor Francisco Meléndez El Salvador había regresado a la deuda externa- e internacionales –como los efectos de la crisis de la Banca Baring Brothers- condicionaron su gestión y, por otro, sus intentos de renovación fiscal y monetaria –como el incremento y el establecimiento de algunos impuestos que afectaban a los intereses de grupos dominantes, o la creación de la Casa de la Moneda-, combinados con lo anterior, chocaron con los fuertes intereses de sectores de la oligarquía que, finalmente, provocaron el golpe de estado de 1894.
Palabras claves :
Carlos Ezeta, Deuda externa, Banca Baring Brothers, Casa de la Moneda
Autor(es):
Antonio Acosta
Fecha:
Marzo de 2015
Texto íntegral:

1

Introducción.

2En el conjunto del decisivo primer siglo de existencia de El Salvador como país, un período singular corresponde a los años de presidencia del general Carlos Ezeta (junio de 1890-mayo de 1894), uno de los más polémicos de su historia durante el siglo XIX1. La personalidad del militar, las circunstancias en que se produjo su golpe de estado en 1890 y algunas de sus formas de gobierno que habrían sido diferentes al menos a las de su antecesor, han hecho que, a partir de ciertas perspectivas, el gobierno de Ezeta aparezca como tiránico y poco menos que detestable2. En cierto modo, pareciera haberse reproducido con Ezeta el mismo tipo de sañuda campaña militar, política y económica de que había sido objeto el presidente Rafael Zaldívar años atrás, antes y después del golpe de estado que lo derrocó. Pero puede parecer interesante escuchar alguna voz vinculada al gobierno de Ezeta para tener una visión no habitual –aunque parcial – sobre el caso. Por ejemplo, en marzo de 1894, poco antes de que el gobierno fuera derribado, su ministro de Gobernación, Guerra y Marina, Domingo Jiménez, comentaba:

3“Pasada aquella bélica actitud [la guerra con Guatemala de 1890] y asentado el régimen constitucional, el nuevo orden de cosas fue atacado con todas las armas que la falta de patriotismo del partido reaccionario puede suministrar… Desde la calumnia atroz hasta el proditorio atentado, todo ha sido legítimo contra la actual Administración. Se pretendió sobornar y corromper a Jefes de confianza del Ejército. Se engañó a muchos incautos ciudadanos con infames y fementidas promesas. Se trató de sembrar recelos y animosidades contra El Salvador, haciéndonos aparecer como una amenaza para la paz de Centro América –y a todo esto hacía eco una prensa venal3…”.

4En todo caso, y a pesar de lo polémico de estos años, aunque minoritarias, también existen algunas opiniones que ofrecen perfiles positivos de la presidencia de Ezeta. Así, por ejemplo, Miguel Mármol afirmaba en sus declaraciones a Roque Dalton: “Contrariamente a lo que se ha dicho en El Salvador en los últimos años, el gobierno ezetista fue uno de los más progresistas de nuestra historia republicana4.” Y añadía algunos datos en los que basaba su convicción.

5 De todas formas parece claro que es posible profundizar en algunos planos de la realidad de comienzos de la década de 1990 tanto en El Salvador, como en el terreno internacional. Esto permitiría evaluar con más conocimiento lo que ocurrió en el país durante la presidencia de Carlos Ezeta y entender estos años sobre bases que vayan más allá del perfil personal del militar. Uno de esos planos es el económico y esta ponencia trata de avanzar en el estudio de una serie de circunstancias y decisiones tomadas en el marco de la economía en aquellos años y, específicamente, de la Hacienda. Sin perder de vista el ámbito privado, el énfasis de este trabajo se pone en el espacio público desde el cual, como es lógico, también se afectaba de forma directa a los diversos intereses privados existentes en el conjunto de la sociedad. De todas formas es preciso advertir que este artículo consiste en una primera y somera aproximación al problema, que será tratado en un trabajo más amplio próximamente.

6 Como no pocos economistas y científicos sociales de diversas ideologías han expresado hace tiempo, el funcionamiento de la Hacienda de un Estado refleja la relación de fuerzas existente en el seno de la sociedad del país en cuestión5. En general, aunque dependiendo de los casos, en una economía capitalista – que era donde se puede afirmar que básicamente se hallaba inserto El Salvador a fines del siglo XIX, aunque el capitalismo no caracterizaba todavía a su conjunto- es en el ámbito del funcionamiento de la Hacienda donde se lleva a cabo lo que se puede calificar como la ampliación o doble explotación de los sectores populares por parte de las clases que dominaban/dominan el Estado. La primera tiene lugar en la esfera de la producción en el caso de la mano de obra asalariada, con la extracción de la plusvalía, mientras que es en la gestión de la Hacienda, mediante la aplicación de legislación redactada y aprobada por las minorías dominantes, donde se procede a una recaudación – y posterior distribución- de los recursos fiscales a partir de principios fijados en beneficio de los intereses de las propias minorías.

7 Es necesario recordar que en 1889, antes del golpe de estado de Ezeta, El Salvador acababa de volver a la deuda externa y que ello fue debido fundamentalmente a la gestión económica al servicio de la oligarquía que habían realizado los anteriores gobiernos durante, al menos, diez o quince años; es decir, incluyendo las presidencias de Francisco Menéndez y Rafael Zaldívar, como mínimo. Además y relacionado con ello, a pesar del crecimiento económico vivido por el país en dicho período, El Salvador continuaba sin tener una moneda propia. Y ello era así, como se acaba de indicar, debido a la prevalencia de los intereses económicos de la minoría dominante, que tenía efectos muy perjudiciales para amplios sectores de la población. Era la misma gestión que había conducido a un regreso a la deuda externa durante el gobierno de Francisco Menéndez, de nuevo la conocida como “deuda inglesa”, que ya había dado lugar a una muy difícil situación de las finanzas del Estado.

8En algunos aspectos este trabajo solo tiene carácter de hipótesis y es en ese sentido como se propone que, aunque pueda parecer contradictorio, es posible que el golpe de estado de Ezeta tuviera que ver, además de con las razones que hasta ahora se han manejado6, con un rechazo por parte de ciertos sectores en las filas de la propia oligarquía en relación con el nivel de gravedad que se había alcanzado en la gestión del Estado. Y ello a pesar de que esta situación procedía de políticas diseñadas y aplicadas por la oligarquía en su propio beneficio. Así, es interesante señalar que algunas de las grandes fortunas del país, como Ángel Guirola y otros, que habían rehusado seguir colaborando en 1889 con el gobierno de Francisco Menéndez para sostener la deuda pública, parece que se aproximaron a Carlos Ezeta a partir de 1891 para tratar de suavizar la gravedad que se vivía. Si esto hubiese sido así, la resistencia que terminó con el golpe de estado a Ezeta habría partido fundamentalmente del sector cafetalero de occidente y pudiera pensarse que se estaría ante un diferente comportamiento de distintas facciones de la oligarquía en relación con la gestión del poder del Estado7.

9Antes de entrar a tratar algunos problemas específicos del funcionamiento de la Hacienda pública conviene recordar que precisamente en 1890, al poco de llegar Ezeta a la presidencia, se inició una de las importantes crisis en la economía internacional en el XIX, con ocasión del problema de la Banca inglesa Baring Brothers y sus efectos sobre el crédito, el comercio y las finanzas internacionales8. Así, sin perjuicio de que antes se aborden otras cuestiones que enseguida se estudiarán, puede afirmarse que, tanto a escala del Estado salvadoreño, como en el plano internacional, el panorama económico a comienzos de los años 90 estaba lejos de ser fácil y resultaba evidente que Ezeta había tenido escasa responsabilidad en ello.

La evolución de las rentas.

10Los primeros indicadores que conviene observar al estudiar la Hacienda de un país son los del volumen, la evolución y la composición de sus ingresos, para posteriormente confrontarlos con los de gastos e inversiones y comprobar en qué medida el gobierno puede y quiere satisfacer, o no, según qué gastos y servicios. En el caso de El Salvador, en los años que aquí se tratan, las cifras de ingresos globales quedan reflejadas en el Gráfico 1.

11

Gráfico 1: Ingresos 1892
Gráfico 1: Ingresos 1892

12 Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda.

13Antes que cualquier otra consideración es importante señalar que las cantidades que recoge el gráfico están expresadas en pesos de plata, una precisión necesaria dado que durante estos años se estuvo manejando también moneda de oro, sobre todo desde 1893 aunque en mucha menor medida9. Esto tenía que ver con que, desde hacía algunos años, se había producido la adopción del patrón oro por parte de algunos de los países con economías más fuertes del espacio capitalista, lo cual obligó a que países menores se vieran obligados de manejar este metal con unos costes financieros altísimos. Más adelante se estudiará la política monetaria de El Salvador en estos años y se profundizará en este problema.

La utilización de la moneda de plata como metal dominante, mientras que se mantuvo, exponía a El Salvador, como sucedía en otros países latinoamericanos, al proceso de depreciación del metal en los mercados internacionales y a los consiguientes y graves efectos para el comercio y las finanzas. El Gráfico 2 refleja la evolución que experimentaba la cotización de la plata en estos años y permite evaluar la pérdida de valor de la plata que sufría el Estado salvadoreño en sus ingresos fiscales.

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Gráfico 2: Precio de la plata en Nueva York.1886-1895, 1 onza 1000 fino en dólares
Gráfico 2: Precio de la plata en Nueva York.1886-1895, 1 onza 1000 fino en dólares

15Fuente: John P. Young. Central American Currency and Finance. (Princeton: Princeton University Press, 1925), pág. 67

16Regresando a las cifras de los ingresos, la curva del Gráfico 1 indica una tendencia a la baja hasta 1892, con una caída que entre 1890 y 1892 fue del 15,5%, es decir un descenso fortísimo que hay que entender como consecuencia de algunos factores que ya se han apuntado arriba y de otros que se observarán enseguida; pero también y al mismo tiempo hay que comprenderlo como causa de efectos y reacciones varias que comenzaron a producirse en el país a todos los niveles sociales. En efecto, el golpe de estado, la guerra posterior más la caída de la plata pero también su repunte en 1890, provocaron una fuerte interrupción de las operaciones comerciales. En la medida en que, como enseguida se recordará, las rentas aduaneras y, sobre todo, las de importación eran las más importantes para la Hacienda, la reducción de los ingresos fiscales entre 1890 y 1892 fue grave. Por esta razón, para favorecer a los comerciantes importadores el gobierno decidió en 1890 rebajar un 10% los derechos de importación, que se encontraban al 110%, nivel al que los había colocado Francisco Menéndez. En todo caso, esta decisión se tomó por tiempo limitado hasta el 31 de agosto, porque el gobierno no se podía permitir reducir impuestos a la vista del gran déficit del Estado10.

17En efecto, este descenso de ingresos sucedía en momentos en que el Estado debía afrontar los mayores niveles de deuda pública que se habían conocido hasta entonces. Pero en 1893, a instancias del Ejecutivo la Asamblea Nacional creó nuevas rentas y, junto a ello, algunos elementos de la economía se modificaron lo que hizo que la caída de los ingresos fiscales se recuperara ligeramente y aquel año aumentaron a 7.253.463 pesos, compensado un tanto la baja de los productos de aduanas marítimas. Naturalmente el nivel de los gastos e inversiones públicas se movía en paralelo y en 1893 ascendieron a 7.153.542 pesos.

18Además de la serie de circunstancias, externas e internas, que estaban afectando negativamente a la evolución de la economía del país, es preciso analizar otras causas de la caída de los ingresos fiscales. Pero antes que eso y como paso fundamental resulta indispensable dejar claro cuál era la composición de dichos ingresos porque ella estaba en la base del funcionamiento de la Hacienda y, consiguientemente, de la atención que las clases que controlaban el Estado prestaban al conjunto de la sociedad. Como se apuntó arriba y se podrá comprobar, esta composición era el reflejo de la estructura de las relaciones sociales existente en El Salvador y del bajo grado de consenso, pero alto de exclusión de amplios sectores de su sociedad.

19Ante todo, una aclaración técnica: la composición de los ingresos fiscales, es decir, su producto líquido no correspondía exclusivamente a rentas o impuestos. De las cifras totales anuales que se recogen en el Gráfico 1, una parte estaba compuesta por saldos anteriores y otra muy importante por crédito público, de manera que si se toma como ejemplo el año 1892, el desglose de los 6.902.797 pesos de ingresos totales resultaba como refleja la Tabla 1.

20TABLA 1: Ingresos de Hacienda: rentas fiscales y crédito público- 1892

21
Concepto Ps %
Rentas aduaneras 3.045.102 44,1
Renta de licores 1.650.147 23,9
Papel sellado y timbres 89.528 1,2
Telégrafos y teléfonos 86.970 1,2
Cable 70.739 1
Pólvora y salitre 42.585 0,6
Ramo el Tajo 38.079 0,5
Ferrocarril de Acajutla 20.014 0,2
Otras 23 rentas menores 150.701 2,1
Crédito Público 1.701.836 24,6

22 Fuente: Memoria de la Cartera de Hacienda, Crédito Público y Fomento de 1892

23Sin perder de vista que se trata solo del ejemplo de un año y que, por tanto, el valor de los conceptos varió a lo largo de este período, la estructura de la composición de los ingresos es representativa y refleja ante todo un hecho fundamental: que la Hacienda nacional no recaudaba ni una sola renta que gravara los ingresos, ni los patrimonios de las personas, sobre todo de los grandes propietarios y empresarios del país, así como tampoco gravaba los beneficios de las empresas ni agrícolas, ni industriales, ni financieras. Es decir, la minoría dominante económica y políticamente, a la cual pertenecía la mayor parte de los miembros de los poderes del Estado, apenas contribuían de forma directa a partir de sus propiedades y beneficios al sostenimiento del mismo ni a la redistribución social de la riqueza. Los impuestos eran fundamentalmente indirectos, obtenidos sobre todo vía importaciones y aguardiente, lo que continuaba alimentando una desigualdad social creciente. Es de destacar que, en el año observado, solo las rentas aduaneras y la renta de licores suponían el 68% de los ingresos de la Hacienda y, si a ello se le suma el crédito, estos tres conceptos significaban el 92,6% del total.

24Como ya ha sido estudiado para años anteriores en que esto ya venía sucediendo, esta realidad no era una novedad pero es preciso reiterar que ella era la causa principal de que el Fisco nacional no dispusiera de suficientes recursos para hacer frente a sus propios gastos. Y, en la altísima medida en que ello reflejaba la existencia de una profundad desigualdad social, esta escasez de ingresos hacía muy difícil la digna financiación de servicios sociales desde la educación pública a la salud. La oligarquía continuaba blindando, mediante el funcionamiento de la Hacienda, las ganancias que obtenía en el desarrollo de la actividad económica con grandes facilidades proporcionadas por la legislación, mientras que los sectores populares seguían distanciándose de la riqueza de los primeros11.

25Por otro lado, en relación con los ingresos fiscales es preciso llamar la atención sobre otro hecho de gran importancia. Como ya venía sucediendo desde comienzos del siglo y ocurría en otros países, estos ingresos no se percibían en metálico al 100%. La deuda pública crónica y, en especial, la interna consolidada existía en bonos de diversas y sucesivas emisiones que eran utilizados en pagos de diferentes impuestos o rentas, entre ellas las aduaneras; esto hacía que en realidad las cifras de ingresos de las rentas aduaneras se compusieran de un porcentaje – desconocido en estos años- en metálico y otro porcentaje en títulos de deuda. La consecuencia de ello, como ya se ha estudiado para décadas anteriores, era que los recursos líquidos del Estado y sus márgenes de acción económica eran menores que lo que refleja la contabilidad de la Tesorería12. Para mediados del siglo estos porcentajes oscilaban en torno al 50%, y ahora no se puede pensar que hubiese aumentado mucho el margen correspondiente a los ingresos en metálico.

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Gráfico 3: Valor de importaciones y exportaciones
Gráfico 3: Valor de importaciones y exportaciones

27Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda

28El Gráfico 3 refleja la evolución de los valores del comercio exterior y resulta interesante observar el curso invertido en la tendencia de las dos líneas, lo que al menos en 1890 tiene relación con el problema monetario, como se verá en adelante, al haberse producido un flujo de salida de dinero extraordinaria aquel año. Por otro lado, en general, en cuanto a las rentas aduaneras del mismo modo que ya venía sucediendo en el pasado – y ocurría en otros países latinoamericanos -, era mucho más alta la recaudación obtenida a partir de las importaciones que de las exportaciones, a pesar de que el valor de estas últimas duplicaba y, a veces, hasta triplicaba el valor de las importaciones. Así, en 1892 mientras que el valor de las primeras era de 2.757.000 pesos, el de las segundas, es decir, las exportaciones, era dos veces y media más alto, esto es, 6.838.000 pesos. Sin embargo la recaudación respectiva era inversa a esta relación y lo era en términos extraordinarios, como indica el Gráfico 4. Es decir que en el proceso comercial el beneficio empresarial de los productores agrícolas era apenas tocado fiscalmente (el tipo medio fiscal aplicado era el 5,1%), mientras que los precios de los productos de importación eran sometidos primero a un arancel y, posteriormente a un pesado gravamen que, juntos elevaban el pago de los derechos a un tipo superior al 98%, con el consiguiente incremento de los precios de los productos importados en el mercado interior al por menor y el perjuicio para las mayorías sociales.

29

Gráfico 4: Importación y exportación marítimas -– 1892 Valores y derechos recaudados
Gráfico 4: Importación y exportación marítimas -– 1892 Valores y derechos recaudados

30Fuente: Memoria del Ministerio de Hacienda de 1892.

31Frente a esta precaria situación de los ingresos fiscales, con unos gastos públicos que, si acaso, crecían con la expansión del aparato burocrático del Estado, a lo que se sumaba la deuda pública de la que formaba parte la nueva “deuda inglesa”, más el problema monetario del que se tratará enseguida, Ezeta fue el primer presidente de la historia de El Salvador hasta estos años que emprendió, aunque tímidamente, un claro camino en la reforma de la estructura de las rentas fiscales. El nuevo rumbo se orientó hacia un incremento de la recaudación basado en un modelo con un cierto sentido social más equitativo y distinto al que había sido utilizado hasta entonces, mezclando un aumento sustancial del tipo fiscal aplicado a la exportación y otros consumos, pero también dando inicio a una imposición sobre bienes inmuebles, esto es, un impuesto directo, algo inédito en el país que ya se aplicaba, sin embargo, en la vecina Guatemala13.

32Pero probablemente la medida fiscal que más impacto causó, no solo desde el punto de vista contable sino también social, fue la subida del derecho a la exportación del café. La exportación del grano había sido gravada de forma casi simbólica ya en la década de 1880. En 1883 se pagaba a razón de un peso de plata por quintal exportado y, aunque en algún momento fue anulada esta carga, Francisco Menéndez la restableció para ayudar a sufragar la reconstrucción del Palacio Nacional incendiado en 1889. Es decir, que Ezeta no fue original en este sentido, pero sí en el hecho de que, en 1893, dado el nivel de la crisis de las cuentas del Estado, promoviera el aumento del derecho de exportación a dos pesos de oro el quintal14 de café.

33Dada la gravedad financiera del Estado, los altos márgenes de ganancias de los cafetaleros y su tradicional bajo nivel contributivo a la Hacienda nacional, la subida de derechos no era exagerada, aunque en términos relativos significaba entre 350% y 400%, dependiendo de cuál fuera el cambio de oro a plata que se aplicara: entre el 70% y el 100%. Esto significaba que si los cafetaleros habían estado pagando en torno al 6% por la exportación de su café –calculando el precio de exportación del café oro a 15 ps/quintal-, ahora y a falta de datos precisos, con la subida de los derechos podrían pasar a pagar entre el 23% y el 26% sobre el precio del café. Sin duda era una subida importante pero hay que recordar que los grandes productores y beneficiadores seguían gozando de sustanciales ventajas en su negocio, como lo era el hecho de que algunos costes de producción, tales como los salarios de los peones, continuaran prácticamente congelados durante estos años y aún en el futuro. El caso era que sus ganancias venían siendo extraordinarias hasta entonces y no parece que dejaran de serlo como consecuencia de esta subida. En todo caso, esta decisión supuso sin duda una fuerte reacción de los cafetaleros contra Ezeta y puede comprenderse que la que se llamaría la “revolución de los 44” en mayo de 1994 comenzara a tomar cuerpo en estos momentos. Desde luego es la medida económica que, con frecuencia, más se recuerda de la gestión de Ezeta.

34Pero la subida del impuesto de exportación del café no fue la única medida fiscal importante que tomó Ezeta. Relacionada también con las rentas del comercio marítimo estuvo el impulso que dio a la apertura del puerto de El Triunfo y a la creación de una compañía que gestionara su operación15. Ésta era una antigua aspiración de los productores agrarios del centro del país, en departamentos como San Vicente o Usulután, que había recibido atención por parte de los gobiernos de mediados del siglo porque debía ampliar las facilidades exportadoras de la región. Pero durante el segundo gobierno de Francisco Dueñas en los años 60, éste negoció con tres empresas el reparto de la costa en tres franjas y la operación de los tres puertos principales: La Unión, La Libertad y Acajutla, en régimen de oligopolio, enterrando así la posibilidad de la explotación de El Triunfo. Por eso la iniciativa de Ezeta pretendía ampliar el comercio exterior y las rentas fiscales, pero chocaba sobre todo con los intereses de un fuerte sector comercial y financiero de la oligarquía que controlaba y se había hecho fuerte sobre la base del negocio del puerto de La Libertad. Estaba claro que esta decisión no iba a facilitar tampoco el camino político de Ezeta.

35Regresando al terreno del consumo y de los impuestos indirectos, en él se situaba también el incremento a 25 centavos por cada libra de tabaco que se vendiera al consumo interior16. Este aumento recaía sobre el propietario del tabaco pero lógicamente produciría el efecto inmediato de la subida de su precio para los pequeños consumidores. Si no se hubiese deseado este efecto habría que haber actuado también sobre el precio al consumo del tabaco, pero no se hizo. En otras palabras, Ezeta no abandonaba el modelo tradicional de recaudación de rentas que habían utilizado los gobiernos anteriores, por el cual se actuaba sobre impuestos indirectos.

36En una línea similar se encontraba la subida a 4 pesos por res que se llevara a destazar en un rastro, aunque no queda claro cuál fue el ámbito de aplicación de esta norma, porque en muchas localidades el impuesto del “tajo” estaba fijado por decretos específicos por la Asamblea Nacional y, además, resulta inverosímil que en pequeñas poblaciones se pudiera pagar un gravamen de tanta cuantía. Al igual que en el caso del tabaco, esta medida afectaba a los propietarios de reses pero sería trasladada por ellos al precio de las mismas, con lo que, indirectamente, seguramente repercutió en un aumento del precio de la carne para los consumidores. Se trataba una vez más de otro aumento de la presión fiscal indirecta, es decir, no equitativa, sobre el conjunto de la población.

37 Sin embargo algo diferente fue la aprobación de un impuesto de 2 0/00 con que se gravó el valor la propiedad territorial urbana en junio de 1893, que indudablemente afectó a los intereses del reducido sector de ciudadanos que tenían viviendas de cierta calidad y tamaño. Este tipo de medida no era en absoluto habitual y se despegaba del modelo recaudatorio seguido hasta entonces. Por supuesto, la aplicación del impuesto planteaba problemas técnicos al no existir un catastro, lo cual dificultaba la valoración de los edificios y, consiguientemente, el cálculo del gravamen, pero era una medida de carácter directo que por primera vez afectaba a la propiedad y desde su entrada en vigor debió contribuir al rechazo del gobierno y de su presidente por parte de amplios sectores oligárquicos.

38 La prueba de que esto fue así tuvo lugar inmediatamente que triunfó la llamada “revolución de los 44”, que supuso el golpe de estado que derrocó a Carlos Ezeta. El nuevo presidente “provisional”, el general Rafael Antonio Gutiérrez nombró el 16 de junio de 1894 su gobierno compuesto por Jacinto Castellanos, un constante en diferentes administraciones desde el segundo gobierno de Francisco Dueñas, que se hizo cargo de la Secretaría de Estado, Instrucción Pública y Justicia; por el antiguo abogado, ministro con Francisco Menéndez e importante cafetalero Cornelio Lemus en las carteras de Hacienda, Crédito Público, Fomento y Beneficencia; el general Estanislao Pérez y también cafetalero, que había sido ministro por primera vez con Rafael Zaldívar y después con Menéndez, se hizo cargo ahora de Guerra y Marina; y por fin el también cafetalero y exministro con Menéndez, Prudencio Alfaro, que se encargó de Gobernación además de la secretaría privada del propio presidente17.

39 Pues bien, incluso antes de haber nombrado el gobierno, a comienzos de mayo, un “gobierno provisional”, con las únicas firmas del presidente Gutiérrez y del entonces Secretario General Interino Cornelio Lemus, se dedicó a derogar en serie todas y cada una de las medidas fiscales referidas arriba, permitiéndose en algún caso justificar la derogación18. Por ejemplo, acerca del 2 0/00 sobre la propiedad urbana edificada se afirmaba que “era una exacción de poca importancia en sí misma y propia para causar vejaciones a los propietarios… y que es un deber del gobierno relevar al país de gravámenes innecesarios y que producen más dificultades que beneficio a las rentas de la nación”. Sobre los impuestos al café se explicaba que “eran demasiado onerosos para la agricultura que es la base principal de la riqueza del país; que más bien que abrumar al pueblo con exacciones inmoderadas, solo debe exigírsele el sacrificio de la administración pública19…”. En su argumentación y como venía sucediendo a lo largo del siglo, la oligarquía identificaba en su discurso la riqueza del país con la suya propia y no estaba dispuesta a soportar ninguna carga fiscal directa, calificando las que se habían establecido como inmoderadas o propias para causar vejaciones a los propietarios. En el funcionamiento de la Hacienda, la oligarquía dejaba claro que el grado de desigualdad social que quería mantener era el máximo.

40 En todo caso, la respuesta de reformas fiscales a la crisis, cuya mayor parte tuvo lugar entre 1892 y 1894, resultó ser finalmente insuficiente, pero los sectores más conservadores de la oligarquía no aceptaron ni siquiera lo que se intentó, mucho menos hubieran tolerado una reforma más agresiva. Los años siguientes a Ezeta mostrarían que esta opción oligárquica era la de mantener una Hacienda pública absolutamente insostenible, con las consecuencias de agravamiento de la exclusión social que ello suponía.

La moneda.

41Ahora bien, dirigiendo la atención a otro componente de la economía que tenía que ver tanto con el mercado interno, como con el comercio exterior y las rentas que éste generaba, se puede observar igualmente la profunda desigualdad así como la diversidad y la fuerte contradicción de intereses que existían en la sociedad salvadoreña. Ese componente era la moneda y en estos años estaba atravesando por una coyuntura especialmente difícil, con causas exteriores pero también internas sostenidas durante años. La evolución de este elemento, articulado con las circunstancias que ya se han expuesto, contribuyó en una medida muy alta al desenlace del golpe de estado contra Ezeta. En marzo de 1894, después de más de dos años de lo que se puede calificar de torbellino fiscal y financiero, el ministro de Hacienda, Nicolás Angulo, se refería a la crisis monetaria como “un problema que no tiene precedentes en la historia de la Economía Política ni de las finanzas, porque no hay precedente en la baja de la moneda.” Y concluía: “Nuestro pequeño país, después de vacilaciones y errores costosos, ha conseguido el acierto en tan difícil materia20.”

42 Pero antes de llegar a ese punto conviene remontarse a la segunda mitad de 1890, cuando aún no se había logrado la paz con Guatemala, y empresarios y propietarios comenzaron a exportar moneda de plata en cantidades extraordinarias, como refleja el Gráfico 5, pasando de sacar del país algo más de 15.000 pesos en 1889 a más de 1.200.000 el año siguiente. Ello trajo como consecuencia el vaciamiento de moneda en el mercado, con efectos devastadores sobre precios y sobre el comercio, como ya se explicó. Es importante destacar que esta situación no era resultado de una decisión de Ezeta, sino de sectores del poder económico que, al tiempo que buscaban mayores beneficios por una modificación de cambios en el extranjero, podían perjudicar al gobierno al que no concedían confianza y, por supuesto en última instancia, a la sociedad.

43Ante esta situación el Ejecutivo recurrió a desempolvar acuerdos de gobiernos de Rafael Zaldívar de marzo de 1878 y de 1880, así como a declarar no vigente otro de junio de 1890, y con todo ello quedó gravada con un 2% la exportación de moneda de plata acuñada21. Pero esta medida no fue suficiente para detener la sangría y en agosto el gravamen sobre las exportaciones de la moneda se aumentó al 10%. De este modo y con la paulatina tranquilización política, el flujo de plata hacia el exterior no cesó pero disminuyó apreciablemente. Lógicamente el gobierno no admitió de forma oficial que la decisión de la minoría oligárquica de extraer el dinero del país tuviese un sentido político y simplemente explicó que aquella brutal fuga de plata, que había alcanzado la cifra de más de 1.200.000 pesos en un año, solo había respondido “al alza del precio de la plata en los mercados extranjeros y a las condiciones propias de esta mercadería de afluir adonde más vale y retirarse de los centros comerciales en donde circula más de la cantidad necesaria22”. Supuestamente – y es verosímil – por esta razón muchos comerciantes habrían preferido hacer sus remesas en moneda de plata, por proporcionarles más beneficios que la compra de giros que solían utilizar para situar fondos en las plazas donde hacían sus compras23.

44Ciertamente, como se puede comprobar en el Gráfico 2, en 1890 se produjo un puntual repunte del precio de la plata – al que seguiría una drástica caída en los tres años siguientes – que podía dar sentido en parte a la explicación oficial dada en 1891, pero al año siguiente, también desde el gobierno se reconocía que en 1890 se habían producido “disturbios políticos que provocaron la salida de grandes valores en metálico24.” En cualquier caso lo que resulta evidente es que los intereses económicos de la oligarquía no se identificaban necesariamente con la marcha del país, sino con el lugar donde pudieran obtener mayores beneficios, algo similar a lo que ha sucedido en general en la historia del capitalismo y que sigue sucediendo hoy a escala internacional. Finalmente en octubre del mismo año de 1890, cuando la situación política se estabilizó algo, se derogaron los acuerdos del mes de agosto y quedó restablecida la libre exportación de la moneda de plata en la República que siguió saliendo en cantidades muy importantes: en 1892 se exportaron 550.682 pesos y en 1893, 468.660 pesos, en tanto que la entrada se mantenía en niveles que rondaban solo el 50% de dichas cifras.

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Gráfico 5: Comercio de moneda acuñada
Gráfico 5: Comercio de moneda acuñada

46Fuente: Memorias anuales del Ministerio de Hacienda.

47Pero, a pesar de la explicación que el gobierno había querido dar inicialmente a la salida de plata de 1890, el precio del metal seguía cayendo, produciendo fuertes alteraciones en la relación de las monedas de plata con las de oro que eran las que servían de referencia en las transacciones con el exterior, especialmente con los países que ya habían adoptado el patrón oro. La onza de plata, que en 1890 se cotizaba a 1,05 dólares en Nueva York, cayó a 0,64 en 1894, acumulando una pérdida de 36%, que forzosamente producía efectos demoledores, sobre todo en países que no había tenido una política monetaria firme, como era el caso de El Salvador. El no haber creado una Casa de Moneda anteriormente ni haber decidido tener una moneda propia estaba pasando ahora una factura altísima al país, es decir, a su sociedad y, especialmente, a los más débiles económicamente. El proceso afectaba no solo al sector privado, sino también como es lógico gravemente al gobierno, cuyas rentas se veían disminuidas al convertirlas a este último metal a tipos cercanos al 100%. Por ello, a iniciativa del gobierno y tras largos debates y discusiones, el 30 de septiembre de 1892 la Asamblea Nacional decretó la adopción del patrón oro, facultando al Ejecutivo para que lo reglamentase y lo pusiera en vigencia cuando lo considerase conveniente, lo que sucedió en el mes de octubre25. La situación de desconcierto por parte de políticos y empresarios que no tenían claro cómo resolver los problemas era enorme. En este ambiente, el asesoramiento más importante que el gobierno recibió fue el que el ministro de Hacienda pidió, en agosto de 1892, a un grupo de conocidos comerciantes, financistas, cafetaleros y políticos compuesto por: Encarnación Mejía, Manuel I. Morales, José Larreynaga, Augusto Bouineau y C. Velado, y que contenía los pasos fundamentales que seguiría la política monetaria del gobierno a partir de entonces.

48La primera medida tomada después del informe y como parte de la respuesta al problema fue la creación de la Casa de Moneda en 1892.

49 Como es sabido, durante más de 50 años, desde la ruptura de la Federación de Provincias del Centro de América, El Salvador había sido un país sin moneda propia y había seguido utilizando como referente el peso guatemalteco, que venía funcionando desde la época colonial con el mismo peso y ley que el de otras cecas del imperio español.
Ciertamente en los años posteriores a su independencia El Salvador tenía una economía de pequeñas dimensiones y podía no considerarse imprescindible la existencia de una moneda propia, pero desde los primeros años de la década de 1850 comenzaron a organizarse planes para crear una moneda salvadoreña26. Sin embargo, todos los planes para crearla, que se prolongaron hasta la presidencia de Francisco Menéndez, resultaron frustrados y la Casa no se fundó. Y eso a pesar de que ya para la década de 1880 el país tenía un volumen de comercio exterior e inversiones de dimensiones apreciables, en las que participaban empresas extranjeras y los primeros bancos. Todo ello parecía aconsejar la disponibilidad de una moneda propia27.

50 Pero la connivencia de intereses entre la oligarquía dominante salvadoreña y las empresas mineras, por una parte, y los intereses de las grandes casas de comercio sobre todo, que cumplían la función del cambio de moneda extranjera, por otra, provocaron que todos los planes que se fueron diseñando terminaran en nada. Naturalmente la existencia de una multiplicidad de monedas de diferentes países, además de la moneda vieja macuquina – que siguió circulando incluso después de su retirada oficial en 1882-, con su correspondiente pérdida de valor, tenía un efecto muy negativo para los intereses de la mayoría de la población que dependía de la voluntad de los cambistas para poder usar la moneda de baja calidad a la que normalmente tenía acceso.

51 Por lo tanto, cuando en 1892 el presidente Carlos Ezeta, agobiado por la caída del precio de la plata, decidió crear por fin una Casa de Moneda, había muchos intereses poderosos para los que esta medida suponía una contrariedad. El caso es que en septiembre de 1892, a iniciativa del gobierno, la Asamblea Nacional decidió aprobar una ley mediante la cual se aprobaba la creación de la Casa. Quienes primero consiguieron una concesión legislativa para instalar la Casa fueron los Sres. Sebastián J. Barris y Enrique Arbizú – miembro de una familia en el poder desde mediados del siglo al menos-, en abril de 1891, pero finalmente la empresa pasó a ser propiedad de “The Central America Mint-Limited”, con capital inglés, que cumplió con todas las condiciones establecidas para su creación y empezó a operar el 3 de septiembre de 1892. Las normas para la acuñación en cuanto a ley, peso y tipo correspondían a las fijadas en la ley monetaria de febrero de 1883, cuando se había producido uno de los intentos más serios de creación de la Casa durante el gobierno de Rafael Zaldívar, y ahora se declaró finalmente moneda nacional y de curso legal la que se acuñase en el nuevo establecimiento. Las citadas normas se ajustaban a lo acordado por la Unión Latina Monetaria, salvo en lo que respectaba a la tolerancia, es decir, los márgenes máximos aceptables en cuanto a peso y grados de la aleación de las monedas acuñadas, que en la Unión Latina eran menores y más rígidos.

52A falta de que se estudie el ritmo de acuñación a más largo plazo, la cantidad de monedas acuñadas en 1892 fue la que recoge la Tabla 2:

53TABLA 2: Monedas acuñadas en 1892

54
Metal y valor Piezas
Oro de 20 pesos 300
“ de 10 pesos 321
“ de 2 pesos 558
Plata de 1 peso 41.365
“ “ de 50 centavos 43.000
“ “ de 20 centavos 146.000
“ de 10 centavos 12.000
“ de 5 centavos 80.000
Cobre de 1 centavo 14.000

55Fuente: Memoria del Ministerio de Hacienda de 1893.

56La puesta en marcha de la Casa de Moneda y su funcionamiento obliga a plantear la cuestión del suministro de metales para la acuñación, lo cual había sido objeto en el pasado de relaciones de intereses entre gobiernos del país y compañías mineras, que habían dificultado precisamente la fundación de una ceca. Se ignora si en 1892 y en adelante hubo alguna compra por parte del gobierno, o de la empresa que operaba la Casa, de plata u oro a algunas compañías mineras existentes en el país, pero lo que se sabe es que la Casa se abasteció, al menos en parte, de monedas extranjeras que circulaban en El Salvador, como los pesos, o cóndores, chilenos o los soles peruanos, que fueron reacuñadas con los tipos salvadoreños, siguiendo las recomendaciones del grupo de asesores citado anteriormente.

57La creación de la Casa de Moneda tenía lugar en medio de la mencionada crisis monetaria procedente de la devaluación de la plata y casi simultáneamente a la decisión de implantar, de manera súbita y quizá con escasa preparación, el talón de oro. Y todo ello ocurría en momentos en que en Gran Bretaña aparecían tendencias al bimetalismo. Este ya había sido adoptado en 1878 por la Unión Latina y había preservado a las naciones signatarias de los estragos consiguientes a la bajada de la plata y al alza exagerada del oro.

58 En marzo de 1893, en una decisión drástica para huir de la plata, la Asamblea Nacional decretó que se pagaran en oro todas las contribuciones nacionales y todos los impuestos establecidos a favor de las corporaciones dependientes del Estado – fundamentalmente algunos hospitales y municipios- al tipo de 100% en la relación plata/oro28. De este modo se aumentaba duramente el peso fiscal primero a empresarios del comercio exterior, pero inmediatamente a los pequeños consumidores en las difíciles circunstancias en que, debido a la crisis, estaban creciendo todos los precios y se encarecían las condiciones de vida. Es decir, los problemas técnicos, pero también – y más importante – sociales se agravaban. Añadida a esta medida e intentando reforzar una moneda nacional propia, en abril del mismo año se aprobó una ley que dispuso la reacuñación de cuatro millones de pesos de plata y que, en breve plazo, los bancos cambiaran sus billetes representativos de moneda de metal blanco por billetes representativos de oro, so pena de ser rechazados en las oficinas fiscales29.

59 La reacuñación de una cantidad tan fuerte de plata perjudicaba de alguna forma a la implantación del patrón oro o, como mínimo, dificultaba su establecimiento definitivo. Por su parte, la conversión de los billetes de banco – una operación que había que realizar en tres meses – iba a agudizar sin duda la tremenda crisis bancaria y comercial. Lo primero porque los bancos tendrían que dedicar su metálico exclusivamente al cambio y lo segundo porque iba a cesar la circulación fiduciaria y a limitarse considerablemente el crédito de los particulares.

60 A partir de la ley de abril, el gobierno firmó una contrata de reacuñación con la Casa de la Moneda en mayo de 189330. Ella se basaba en el supuesto de que los cuatro millones de plata que había que reacuñar valdrían tanto como igual suma de oro, solo porque los nuevos colones serían admitidos en el pago del 15% de las rentas fiscales que la ley mandaba que fuesen pagados totalmente en oro acuñado, lo que era en realidad una fantasía monetariamente insostenible. En realidad era algo similar a lo que sucedía en Estados Unidos con la circulación de la plata a la par que el oro, pero con la diferencia de que, mientras en el país del norte el sistema monetario estaba herméticamente cerrado a la plata exterior, esta circunstancia no existía en absoluto en el caso de El Salvador. Con la contrata firmada, el gobierno dividía con la Casa de la Moneda la supuesta utilidad o beneficio proveniente de darle a la plata el valor del oro. Así, le daba en plata la mitad del cambio corriente y, con esto y los gastos de reacuñación, quedaba el gobierno con un pasivo en favor de la Casa de la Moneda que hubiera ascendido a 1.740.000 pesos.

61 Como informaba el ministro de Hacienda en 1894, a mediados del año anterior la situación monetaria, sumada a la financiera del Estado era de una gravedad desconocida hasta entonces en la historia nacional31. El comercio estaba paralizado por el alza de los derechos, los productores – incluyendo los del café – se veían también desconcertados, la población trabajadora que tenía relación con el mercado – que era la mayoría – estaba desbordada por la crecida de los precios en una economía que ya había vivido una difícil década de 1880 en este sentido, los bancos se hallaban en vísperas de recoger sus billetes, y a ello se agregaba un enorme déficit al ya considerable que tenía el Fisco, porque los sueldos civiles y militares se hallaban rezagados algunos meses en la capital y aún más en algunos Departamentos, con lo que el total de la deuda flotante se estimaba en dos millones de pesos.

62 En vista de estas graves circunstancias, la Asamblea Nacional fue convocada en sesiones extraordinarias y a comienzos de junio del mismo año 1893 decidió rebajar los derechos de aduanas al 70% y redujo los impuestos aduaneros en un 15% de los aforos, con lo que el comercio pudo continuar con cierto respiro sus operaciones, no sin que antes se dejaran sentir los efectos del decreto de marzo, pues en junio y julio casi no se importaron mercancías de las gravadas con derechos e impuestos.

63 Por otro lado, en el mismo mes se aprobó una nueva ley de reacuñación, con lo que quedó derogada la anterior de abril. La novedad más relevante del nuevo texto, también en línea con las recomendaciones de los asesores, era la prohibición de importar monedas de plata mientras durase la reacuñación que ahora se fijó en cinco millones de pesos. Su consecuencia inmediata fue la baja de los tipos de cambio de la plata por el oro de los mercados extranjeros, con lo que se alivió considerablemente la situación del comercio, cesó el alza de los precios y mejoraron los negocios – la riqueza pública, en términos oficiales -, “pues la baja del cambio es la verdadera alza del capital nacional consistente en el medio circulante de la plaza32”.

64 En relación con la ley de reacuñación de abril, cuando la Asamblea aprobó la correspondiente contrata (de 4 de mayo) le había hecho profundas modificaciones que no fueron aceptadas por la Casa de la Moneda, pero con respecto a la nueva ley de junio, la Asamblea aprobó y el gobierno pudo firmar una nueva contrata (de 6 de julio) que resultó ser mucho menos onerosa para la Hacienda que aquélla, pues en la nueva la reacuñación costaría 620.000 pesos pagaderos en cinco anualidades, con un ahorro de 1.120.000 pesos en relación con la anterior.

65 Por lo demás, el gobierno, dotado de facultades que le había conferido la ley monetaria de junio, pudo seguir desarrollando el plan económico contenido en ella inspirado en el informe ya referido. Así, en 16 de julio decretó que desde octubre fuese forzoso pagar en oro acuñado el 15% de derechos de importación; el 18 de octubre aprobó otro decreto fijando el 30% de la misma renta en la misma especie de moneda y estableciendo por seis meses en 70% el tipo oficial de cambio. En cuanto a la fijación del tipo de cambio al 70% para las aduanas durante un semestre se hizo para que el comercio tuviera segura base de cálculo para hacer sus pedidos. Era necesario porque en dos años de perturbación económica las existencias de mercaderías estaban casi agotadas y les parecía a las autoridades que era necesario esperar – como al parecer estaba comenzó a ocurrir – que los comerciantes las renovaran en fuertes cantidades para responder con ellas a la demanda.

66El resultado inmediato de todo esto fue que se movilizó el oro existente en las arcas de los bancos y se estimuló la importación de monedas de este metal. Éstas, además, comenzaron a circular en cantidades superiores a las que se pudieran registrar en las estadísticas del comercio porque, como su importación no solo era libre sino que estaba favorecida por la ley, los importadores pocas veces las manifestaban en las aduanas. Como consecuencia de esta evolución muchos comerciantes decidieron que era conveniente para sus intereses pagar totalmente en oro los derechos e impuestos aduaneros, y a fines de 1893 y comienzos de 1894 era rara la plata empleada en el pago de dichas rentas, con lo que parecía conseguirse un avance en el desarrollo e implantación del sistema monetario que se suponía que salvaría al país de la crisis determinada por la baja de la plata.

67 Sin embargo, la realidad del comercio popular era otra cosa y todavía el oro no había penetrado en él. Para conseguirlo las autoridades estimaban que había que esperar a que el público conociera las monedas de aquel metal, que casi había olvidado, y que aprendiera a estimarlas con relación a la plata. A este fin el Ministerio de Hacienda preparaba en marzo de 1894 la publicación de tablas en las que constaba el valor de las monedas de oro con relación a las del metal blanco a los diversos tipos de cambio. Éste era, sin duda, otro universo muy diferente al de los grandes negocios y no modificaba sus costumbres simplemente por la aprobación de decretos y leyes.

68 Finalmente, en línea con la política que el gobierno había venido siguiendo y a pocos meses del golpe de estado que lo derrocaría, en enero de 1894 todavía se aprobó otro decreto en el que se exigía el pago en colones de la renta de aguardiente y de la de aduanas cuando se empleara la plata pero, al mismo tiempo, se castigaba con un 10% la moneda de plata extranjera. El objeto era estimular la reacuñación e impedir que la moneda nacional saliera del país en fuertes cantidades en busca del premio con que la compraban en las repúblicas vecinas. Las autoridades salvadoreñas explicaban dicho premio no solo por lo que entendían que era su indiscutible buena calidad, sino también a la circunstancia de ser la única moneda de plata importable al territorio salvadoreño.

A modo de conclusiones provisionales.

69a) El desarrollo de este trabajo en un aspecto específico, el fiscal y el monetario, de la presidencia de Carlos Ezeta, abre nuevos horizontes que ni han sido agotados ni adquirirán su completo sentido hasta que no se estudien otras dimensiones tanto económicas como políticas de estos años y de los siguientes.

70b) Sin perder de vista que Carlos Ezeta formaba parte de la oligarquía del país y había colaborado activamente antes de 1889 en el desarrollo y el sostenimiento del Estado oligárquico salvadoreño, pareciera que por primera vez en la historia del país un sector de la propia oligarquía había introducido ciertas tímidas novedades en la gestión hacendística del Estado. Con ello pretendió ampliar los ingresos fiscales no solo sobre la base de impuestos indirectos, como venía siendo tradicional, algunos de los cuales incrementó, sino también incorporando alguno de carácter directo. Con esto trataba de hacer más equitativo el peso fiscal y redistribuir de forma más justa la renta nacional, pero ello despertó el rechazo frontal de sectores más conservadores de la oligarquía que prefirieron mantener su dominio social en los términos más injustos posibles.

71c) El gobierno de Ezeta se vio envuelto en un problema combinado de crisis hacendística y de crisis monetaria, de efectos multiplicadores. En todo ello, la herencia de la trayectoria de los gobiernos anteriores en dichos terrenos, que habían hecho de El Salvador uno de los países más peculiares de América Latina, fue nefasta.

72d) A la vista de estas circunstancias, parece conveniente tomar con precaución las descalificaciones tajantes que con frecuencia que la historiografía ha hecho del gobierno de Ezeta. Estas descalificaciones tienen su base en las que se produjeron oficialmente sobre todo después de su caída y que, a su vez aparentemente, tuvieron su origen en intereses de clase que se sintieron perjudicados por algunas de las medidas a adoptadas por Ezeta para hacer frente a una crisis sin precedentes en la historia nacional, por no decir también internacional.

Bibliografía

73Acosta, Antonio. Los orígenes de la burguesía de El Salvador. El control sobre el café y el Estado. 1848-1890. Sevilla: Aconcagua, 2013.

74Acosta, Antonio, “Haciendas comparadas. Una aproximación a las Haciendas Públicas de El Salvador y Guatemala a fines del siglo XIX”. En García Jordán, Pilar (ed.). El Estado en América Latina. Recursos e imaginarios, siglos XIX-XXI. Barcelona: Universitat de Barcelona / TEIAA, 2011, págs 15-40.

75Castañeda, Francisco. El general Menéndez y sus victimarios. San Salvador: Ministerio de Educación, 1966. (3ª edición)

76Dalton, Roque. Miguel Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador. San José: UCA editores, 2005. (5ª reimpresión).

77Ferns, Henri. Stanley. “The Baring Crisis Revisited”, Journal of Latin American Studies, vol. 24, nº 2 (1992), págs. 241-273.

78Gallardo, Miguel Ángel. Papeles históricos. Vol. 5. San Salvador, Editorial Lea, 1977, págs. 296-326.

79López Bernal, Carlos Gregorio. El Salvador: Historia política (1872-1931). http://es.scribd.com/doc/163282171/Carlos-Gregorio-Lopez-Bernal-El-Salvador-Historia-Politica-1872-1931. s. f.

80López Bernal, Carlos Gregorio. “Tiempos de liberales y reformas.1871-1894”, en Álvaro Magaña Granados (coord.). El Salvador. La República. San Salvador: Banco Agrícola. 2000, págs. 220-288.

81López Vallecillos, Ítalo. “Fuerzas sociales y cambios social en El Salvador”, Estudios Centroamericanos, vol. 34, nos. 379-370 (1979), págs. 557-590.

82Marichal, Carlos. A Century of Debt Crisis in Latin America. From Independence to the Great Depression. Princeton: Princeton University Press. 1989.

83Schnerb, Robert. Deux siècles de fiscalité française, XIXe-XXe siècles: histoire, économie, politique, Jean Bouvier y Jacques Wolff (comps.) Paris, École de Hautes Études de Sciences Sociales. 1973.

84Young, John P. Central American Currency and Finance. Princeton : Princeton University Press. 1925.

85Notas de pie de paginas

861 El trabajo se enmarca en el proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad HAR2012-34095 y es resultado de la actividad del TEIAA-Universidad de Barcelona (2009SGR1400). Se trata de una versión reeditada que ha sido publicado anteriormente en Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, n.° 6 (El Salvador) (enero-junio, 2014), págs. 93-122.

872 Ver, por ejemplo, Francisco Castañeda, (San Salvador: Ministerio de Educación, 1966). Ver también, Carlos Gregorio López Bernal, El Salvador: Historia política (1872-1931). http://es.scribd.com/doc/163282171/Carlos-Gregorio-Lopez-Bernal-El-Salvador-Historia-Politica-1872-1931 .s.f.). Sobre el juicio seguido en contra del general Carlos Ezeta, ver Miguel Ángel Gallardo. Papeles históricos. Vol. 5. (San Salvador: Editorial Lea, 1977), págs. 296-326.

883 Memoria del Ministro de Gobernación, Guerra y Marina. Diario Oficial (en adelante Diario), 15 de marzo de 1894.

894 Roque Dalton, Miguel Mármol. Los sucesos de 1932 en El Salvador, (San José: UCA editores, 2005), pág. 50.

905 Robert Schnerb, Deux siècles de fiscalité française, XIXe-XXe siècles: histoire, économie, politique, Jean Bouvier y Jacques Wolff (comps.) (Paris : École de Hautes Études de Sciences Sociales, 1973).

916 Carlos Gregorio López Bernal, El Salvador, pág. 13 y ss.

927 Siempre como hipótesis se podría estar en los antecedentes a lo apuntado por Ítalo López Vallecillos, “Fuerzas sociales y cambios social en El Salvador”, Estudios Centroamericanos, vol. 34, nos. 379-370 (1979), págs. 557-590.

938 Henri Stanley Ferns, “The Baring Crisis Revisited”, Journal of Latin American Studies, vol. 24, nº 2 (1992), págs. 241-273 y Carlos Marichal, A Century of Debt Crisis in Latin America. From Independence to the Great Depression. (Princeton: Princeton University Press, 1989).

949 Aunque el gobierno no ofrece explicaciones, el Ministerio de Hacienda debió convertir el oro en plata a un cambio del 90% y del 100% según los años. Por contraposición a El Salvador, en estos mismos años el Ministerio de Hacienda ofrecía información en ambas monedas. Ver Memoria del Ministerio de Hacienda de Guatemala de 1892.

9510 Ver Decretos de 7 y 26 de julio, y de 14 de agosto de 1890.

9611 Antonio Acosta, Los orígenes de la burguesía de El Salvador. El control sobre el café y el Estado. 1848-1890, (Sevilla: Aconcagua, 2013).

9712 Antonio Acosta, Los orígenes de la burguesía.

9813 Antonio Acosta, “Haciendas comparadas. Una aproximación a las Haciendas Públicas de El Salvador y Guatemala a fines del siglo XIX”, en Pilar García Jordán, (ed.)_El Estado en América Latina. Recursos e imaginarios, siglos XIX-XXI_. (Barcelona: Universitat de Barcelona / TEIAA, 2011), págs. 15-40.

9914 Diario, 22 de febrero de 1893.

10015 Diario, 24 de marzo de 1891 y 13 de abril de 1892.

10116 Decreto legislativo de 10 de marzo de 1894.

10217 Diario, 18 de junio de 1894.

10318 Diario, 19 de junio de 1894.

10419 Diario, 19 de junio de 1894. En realidad Ezeta aprobó dos impuestos sobre el café y el que se comentó arriba fue el segundo de ellos. Las fechas de los respectivos decretos fueron 1 de octubre de 1892 y 22 de febrero de 1893.

10520 Memoria del Ministerio de Hacienda. 1894.

10621 Acuerdos de 12 y 18 de marzo de 1878 y 1880 respectivamente.

10722 Informe sobre Carteras de Hacienda y Crédito Público. Marzo de 1891.

10823 Memoria de las Carteras de Hacienda y Crédito Público… Diario …, 6 de marzo de 1892.

10924 Memoria de las Carteras de Hacienda y Crédito Público… Diario …, 6 de marzo de 1892.

11025 Memoria de las Carteras de Hacienda, Crédito Público y Fomento. _Diario_…, 9 de marzo de 1893.

11126 En 1849, durante el gobierno de Doroteo Vasconcelos ya se intentó disponer de un cuño para amonedar. Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 23 de marzo de 1849.

11227 Para una revisión de este proceso, ver Antonio Acosta, Los orígenes … caps. 3 y 8.

11328 Asamblea Nacional, 23 de marzo de 1893.

11429 Ley monetaria de 15 de abril de 1893.

11530 Contrata del Ejecutivo con la Casa de la Moneda, de 4 de mayo de 1893.

11631 Memoria del Ministerio de Hacienda de 1894.

11732 Memoria del Ministerio de Hacienda de 1894.

118

Para citar este artículo :

Antonio Acosta, « Una nueva aproximación a la presidencia de Carlos Ezeta. Hacienda y moneda en El Salvador, 1890-1894 », Boletín AFEHC N°64, publicado el 04 marzo 2015, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3930

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