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AFEHC : transcripciones : Censura de la ley de la Asamblea que reconoce por legitimo arzobispo al Sr. Casaus. : Censura de la ley de la Asamblea que reconoce por legitimo arzobispo al Sr. Casaus.

Ficha n° 4099

Creada: 27 octubre 2015
Editada: 27 octubre 2015
Modificada: 28 octubre 2015

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Autor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Censura de la ley de la Asamblea que reconoce por legitimo arzobispo al Sr. Casaus.

Cuando el presbítero y abogado Isidro Menéndez (1795-1858) toma la palabra en este folleto, esta como el mismo lo dice “retirado” de los asuntos políticos y vive en Ahuachapán. Dicha declaración debe entenderse en el contexto político de la época ya que el 28 de marzo de 1831, cuando dicho folleto empieza a circular, el conservador José Maria Conejo está dirigiendo el Estado salvadoreño y el padre Menéndez, más cercano al ideario liberal, se ubica en el campo de la oposición política. Así como buen jurista, Menéndez considera que la Asamblea Legislativa no tenía facultad para deshacer una ley votada por la Asamblea Constituyente de 1824. Dicha transcripción se ha hecho en base a un ejemplar del folleto conservado en la Universidad Francisco Marroquín (Biblioteca Ludwig von Mises).
1302
Palabras claves :
Ley, Constitución, Federación, Diócesis,
Autor:
Isidro Menéndez
Fecha:
1831-03-28
Paginas:
18
Texto íntegral:

1
[fol. 1]

2[Portada]

3[fol. 2]

4Tienen los Salvadoreños…la libertad de imprenta para…censurar la conducta de los funcionarios públicos en el ejercio de su cargo, y velar sobre el cumplimiento de las leyes, Art. 13 de la Constitución del Estado.

5[fol. 3]

PUEBLOS

6La asamblea de San Salvador ha dado una ley que es el oprobio del Estado. Tomo la pluma para censurarla1. Me hallo con derecho y en aptitud de hacerlo. Hace tiempo que estoy retirado de los negocios y que no tengo relaciones: pero desde ví la ley, percibí todos sus defectos. Electo Diputado por el Departamento de San Miguel me preparé para pedir que se derogase: más como no se me ha llamado á tomar mi asiento, he dispuesto dar al público mis opiniones. No lo había hecho antes, por la escases en que me hallo de libros, y por que he tenido que ocurrir a otras partes para proveerme de los necesarios. No soy sabio; pero obro por mí mismo, y siempre que la necesidad lo exigiera, he sabido emitir libremente mi opinión. Callaría porque soy interesado en el buen nombre del Estado; más la ley de que se trata contraría la independencia de las Américas, la Constitución de la República, las leyes de los Países libres, y el derecho eclesiástico generalmente recibido. Es pues preciso hablar á los patriotas, para que ellos corrijan la obra de la ligereza, de las seducciones, y de la inexperiencia.

7He aquí el texto de la ley.

8La Asamblea Legislativa del Estado del Salvador.* Considerando:

91° Que la erección de la Diócesis de este Estado ha llevado por único y principal fin establecer la independencia de esta Iglesia para perfeccionar y afirmar la que en lo político corresponde al Estado.

102° Que con el mismo fin se hizo por el Congreso Constituyente la elección de Obispo, y se posesionó por la primera legislatura Ordinaria sujetando, lo uno y lo otro á la aprobación y confirmación de la silla apostólica.

113° Que la misma Silla ha desaprobado yá la elección del electo2, que de quererle sostener, vendría á obrarse en sentido contrario al designio propuesto, por dificultarse así obtener el Obispado.

124° Que la incertidumbre en que subsiste el Estado de la legitimidad de la autoridad eclesiástica que lo rige, por la desaprobación de su Santidad, siembra la inquietud de las conciencias y produce disensiones que necesariamente dañan el órden público.

135° Que aunque la Asamblea extraordinaria dio decreto en 25 de Septiembre de 1829 procurando conciliar las dificultades referidas, este no llenó su fin, y es opuesto

14[fol. 4]

en su artículo 3° en que nombró de Gobernador al Dr. C. José Matias Delgado, á la atribución 8ª que designa al Poder ejecutivo el artículo 40 de la Constitución del Estado; y que por esto es en sí mismo nulo el nombramiento.

156° Que el mismo Dr. Delgado en notas de 23 de Julio y 12 de Agosto del año último, representó al Gobierno las dudas que le fueron concedidas por el Gobernador Eclesiástico de Guatemala C. José Antonio Alcayaga3, en virtud de las cuales obra: ha tenido á bien decretar y decreta:

16Art1° Se declara insubsistente el nombramiento de Gobernador Eclesiástico hecho en el Dr. C. José Matias Delgado por la Asamblea extraordinaria en el articulo 3° de la ley de 25 de septiembre de 1829 *

17Art 2° El Gobierno en uso de sus facultades, y con la prontitud que el asunto exige, nombrará tres Eclesiásticos del Estado para que uno en defecto legal de otro ejersa el Gobierno Eclesiástico, solicitando su autorización de la potestad eclesiástica legitima y competente, no estimándose por tal la de Guatemala *

18Art. 3° Se declara asi mismo insubsistente la elección de Obispo en el mismo Dr. Delgado, y el Consejo en uso de la facultad que le concede la Constitución en la atribución 6ª del artículo 34 propondrá terna al Gobierno para el Obispo del Estado.

19Art. 4° Las autoridades del Estado a quienes corresponda, llevarán adelante la erección de obispado con arreglo a las leyes civiles y eclesiásticas.

20Art 5° El Dr. C. José Matias Delgado no podrá ejercer beneficio ni dignidad alguna eclesiástica, mientras no se reconcilie con la Silla Apostólica, y lo acredite competentemente*

21Art 6° El Gobierno hará que todos los eclesiásticos del Estado que tengan facultades de Vicarios Provinciales concedidas por el Arzobispo, las ejerzan, si á su juicio no hubiesen impedimentos políticos que lo embarasen. Si para algunas Parroquias no hubiese vicarios, continuarán asi hasta que se logré el Gobernador Eclesiástico legítimo, y si no tuviesen Curas, el Gobierno cuidará de que estén provistos de ellos con las calidades necesarias*.

22Art. 7° Los Eclesiásticos que en calidad de Gobernadores, Vicarios y Curas entren a ejercer las funciones de su ministerio, prestarán antes juramento de observar la Constitución y leyes del Estado ante los Gefes políticos respectivos, excepto el Gobernador Eclesiástico que lo hará ante el Ejecutivo del Estado*

23Art 8° Se derogan las leyes y decretos expedidos en el Estado sobre erección de Obispado, elección y posesión del Obispo electo en cuanto se opongan á este *

24Pase al Consejo _ Dando en San Salvador a 28 de enero de 1831 * José Antonio Ximenes, Diputado Presidente * Francisco Gonzales, Diputado secretario, Alejandro Molina y Sacuso, Diputado secretario.

25Lo examinaré primero en su totalidad y después por partes. Tiene por objeto despojar al C. Dr. José Matias Delgado del Obispado y Vicaría: declararlo incurso en irregularidad: desconocer

26[fol. 5]

27al Vicario Capitular Metropolitano: reconocer como Arzobispo legitimo al Sr. Casaus; restablecer los Vicarios Provinciales nombrados por éste.

28 La Asamblea Constituyente nombró de Obispo al Dr. Delgado en 4 de Mayo de 1824 antes de firmar la Constitución. Aquella Asamblea reunía entonces todo el poder y el ejercicio del patronato, y bien pudo hacerlo. Nombrado Delgado no se le puede destituir, sino del modo que previene el derecho. La Asamblea Legislativa no tiene facultad de destituir, ni de declarar nulo un nombramiento, hecho por la Asamblea Constituyente. La Constitución, no le dá tal facultad, ni es conforme a los principios. Y el Cuerpo Legislativo no puede ejercer más atribuciones, que las que la Constitución le designa.

29No fue la Asamblea Extraordinaria la que nombró Vicario al Dr. Delgado en su decreto de 25 de septiembre de 1829. Lo hizo el Gobernador Eclesiástico Metropolitano por su despacho de 5 de octubre del mismo año, á virtud de lo convenido con los comisionados de la Asamblea, y de lo dispuesto en el articulo 3° del decreto ya citado. Ya muy luego se olvidan hechos que han pasado entre nosotros mismos. ¿Con que poder pues declara la Asamblea actual, insubsistente dicho nombramiento? Si la elección es viciosa ó la persona electa delincuente, no es de la competencia de la Asamblea conocer de esto. Es un absurdo en derecho público, constitucional, dar facultad directa de destituir a los Cuerpos deliberantes. Si el empleo es innecesario suprímase; mas si los defectos están en el empleado, no toca al legislador juzgarlo.

30Es muy peregrina la declaratoria de irregularidad, que en se dice ha incurrido Delgado. Esto solo es propio de la autoridad eclesiástica, y yo no se de que texto el Evangelio haya deducido la Asamblea actual, que también a ella la dejó Jesu-Cristo la potestad de las llaves.

31La Asamblea Legislativa de Guatemala declaró justamente traidor al Sr. Casaus y vacante su mitra: el Cabildo eclesiástico nombró Vicario Capitular: esta es pues la legitima autoridad Metropolitana; y el Sr. Casaus no tiene ya jurisdicción en Centro-America.

32Los Vicarios provinciales que fueron otro tiempo, no son hoy cosa alguna. ¿Cómo pues se les restablece? Más para hacer ostensible lo monstruoso de la ley, la examinaré por partes. Hablaré primero de los considerandos, y después de lo resolutivo de dicha ley.

33Dice el tercer considerando, “Que la Silla Apostólica ha desaprobado ya la elección y posesión del Obispo electo4, que de quererlo sostener vendría a obrarse en sentido contrario al designio propuesto, por dificultarse así obtener el Obispado”. Esta razón no satisface. Supóngase que el breve del Papa sobre lo obrado en San Salvador

34[fol. 6]

35en órden a la mitra, sea autentico y verdadero: todavía nada se adelanta. Es constante que la Curia Romana se ha hallado comprometida por la Corte Española, para no ceder á las demandas espirituales de las Américas. Lo es también que el exArzobispo Casaus, enemigro de la Independencia, informó al Papa contra la mitra de San Salvador. Así mismo es indudable que la Curia Romana no pierde coyuntura para extender su pretendida jurisdicción universal y de sostener sus principios ultramontanos, y que como observa Voltaire5 Ensayo sobre las costumbres, en las disputas entre los cristianos sobre disciplina, siempre propende a la parte que menos favorece la libertad. Ella mal de su grado cede a las libertades de las naciones Católicas. ¿Y que Américano independiente votará por el cumplimiento de un breve, expedido á virtud de tales antecedentes? Aun cuando la erección de Obispado se dificultase algún tanto, este es un mal que debe tolerarse, á cambio de asegurar los derechos de las Americas para erigir sus Diocesis y nombrar sus Obispos. ¿Por ventura es esta vez primera que el Papa no aprueba el nombramiento de un Obispo? Consúltese la historia eclesiástica, y se verá que muchas ocasiones sucede esto, y que los Príncipes cristianos siempre han sostenido sus nombramientos, continuando los nombrados en el respectivo de sus Iglesias. Citaré dos hechos recientes. El Gobierno Constitucional Español nombró de Obispos á los Señores Espiga y Muños Torrero: el Papa no confirmó sus nombramientos por que dicho Señores habían sido constitucionales y manifestaron ideas opuestas a los abusos de la Curia Romana6. Ellos no obstante continuaron en el nombramiento de sus Iglesias y se instó de nuevo por la confirmación, a pesar de que la negativa del Papa era conforme a los deseos de Fernando Séptimo.

36Todos saben que las naciones católicas han estado en posesión de retener las bulas o breves que á su juicio contrariaban los derechos nacionales, y por el mismo hecho, quedaban dichas letras pontificias sin efecto.

37En el cuarto considerando se asegura “Que la incertidumbre en que subsiste el Estado, de la legitimidad de la autoridad eclesiástica que lo rige, por la desaprobación de su Santidad, siembra la inquietud en las conciencias y produce disensiones que necesariamente dañan el orden público”. Este aserto supone que se olvidaron, la práctica de los países libres, y las leyes vigentes del Estado.

38El decreto de 23 de Abril de 1825 dice en el articulo 1° “ Que todos los decretos conciliares, bulas pontificias, instrucciones, títulos, órdenes, edictos, y demás providencias oficiales, que emanen de la autoridad eclesiástica, aun siendo con el carácter de provisionales, deberán presentarse al Gefe del Estado, y este oyendo al Consejo, podrá conceder ó negar el pase.” Y el art. 3 de dicho decreto se espresa asi “ Sin el pase del Gefe del Estado no se deberá

39[fol. 7]

40obedecer ni circular ningún decreto conciliar, bulas pontificias pastorales, instrucciones, titulo, órden, edicto, ni ninguna otra providencia oficial “Esto mismo previene el Código criminal del Estado en el art. 217”. Por virtud de estas leyes, que son de todos los países, las letras pontificias no producen fuerza obligatoria, antes que se las dé el pase por el Gobierno con audiencia del Consejo. El breve de que se habla no ha obtenido el pase referido, y por lo tanto no es una ley que obligue en conciencia. En el día nadie ignora que las resoluciones del Papa para obligar, deben obtener primero el pase. Solo los exfrayles sopretesto de religión introducen doctrinas contrarias a los derechos de las Naciones, y perturban las conciencias de los incautos. Es muy sensible que la Asamblea que debe dar ejemplo en el cumplimiento de las leyes, haya infringido tan abiertamente la que he citado, que es cabalmente en todas partes el baluarte de las libertades publicas. ¿Porque la Asamblea cita á los pueblos como vigente un breve que no ha obtenido el pase debido? Esta conducta es muy perjudicial a las libertades de las Américas, y será siempre una mancha en los legisladores actuales del Salvador. No puede decirse que en el hecho de fundarse la asamblea en el breve, le da el pase; porque esta es atribución propia del Gobierno, por una ley que no está derogada. Confiésese que no se ataron bien los cabos. La Asamblea debió primero derogar la ley que he citado y las Españolas vigentes, y después apoyarse en el breve dicho; asi se allanaba el camino para dar el decreto que tanto deseaba. Por lo demás no es conforme a razón, citar como obligatorio un breve, que no ha obtenido el pase del Gobierno respectivo.

41El quinto considerando dice “Que aunque la Asamblea extraordinaria dio decreto en 25 de Septiembre de 1829, procurando conciliar las dificultades referidas, este no llenó su fin, y es opuesto en su artículo 3° en que nombró de Gobernador al Dr. C. José Matias Delgado, á la atribución 8° que designa al Poder ejecutivo el artículo 40 de la Constitución del Estado, y que por esto es en si mismo nulo el nombramiento”. En verdad una pluma enemiga de la Asamblea, no la podía poner más en ridículo que redactando el considerando en los términos en que se halla. Contiene tres partes: en la primera supone que el decreto de 25 de Septiembre no llenó su fin, a saber, proporcionar una autoridad legítima y aquietar las conciencias. Esto no es así. Todo el Estado obedecía tranquilo y sin escrúpulo al Vicario a excepción de los fanático-serviles que sembrarán siempre la discordia, y a quienes por desgracia se ha dado últimamente tanto influxo entre notros. Ellos a buen seguro, no estarán contentos mientras no vuelva el Sr. Casaus, y se restablesca el Gobierno Español.

42En la segunda dice: que el nombramiento que hizo la Asamblea en el Dr. Delgado es opuesto a la tribucion 8° del articulo 40 de la Constitución. En primero lugar la Asamblea no hizo Vicario al Dr.

43[fol. 8]

44Delgado, fue el Gobernador Metropolitano, y la Asamblea acordó a consecuencia de lo convenido por sus comisionados, que quedase Delgado en concepto de Vicario. En segundo lugar no es aplicable el artículo de constitución que se cita: dice así: “Es atribución del Supremo Gefe nombrar interinamente los empleos por falta de propietario”. No habla de los funcionarios eclesiásticos, porque estos reciben su facultad e institución de la autoridad espiritual, y el Gobierno en toda la extensión del patronato no hace otra que presentarlos, que viene a ser lo mismo que un nombramiento incompleto.

45Más los vicarios no son nunca interinos de los Obispos. Son empleos y cosas distintas. Luego que un Vicario es nombrado y obtiene el título del Gobierno, ejerce una facultad ordinaria por tiempo ilimitado y no puede ser removido sin formación de causa. Tampoco podía hablar la Constitución de los Vicarios. Ella dice que el Gobierno nombre Obispo a propuesta del Consejo, y esto es bastante. Los Obispos nombran los vicarios y en sede vacante los Cabildos, y por falta de estos, el Metropolitano. Este es el orden establecido en el derecho eclesiástico, y me ruboriza que la Asamblea haya olvidado doctrinas tan generalmente recibidas.

46En la tercera parte dice: “que es en sí nulo el nombramiento” esto hace poco honor a la Asamblea, y es desconocer la táctica de los cuerpos legislativos. Declarando nulos los procedimientos de la Asamblea extraordinaria, se expone la Asamblea actual a que mañana se haga lo mismo con sus acuerdos. No se trata así con dignidad y decoro al Cuerpo Legislativo, y se le hace perder el prestigio que debe tener, cualesquiera que sean los individuos que lo componen. Por otro lado las leyes ú órdenes se derogan cuando son contrarias a la Constitución ó perjudiciales al bien público; pero la Constitucion en ningún caso da facultad a la Asamblea para anular las leyes existentes.

47Lo resolutivo de la ley dice asi.

48Art 1° Se declara insubsistente el nombramiento de Gobernador Eclesiástico hecho en el Dr. C. Jose Matias Delgado por la Asamblea extraordinaria en el artículo 3 de la ley de 25 de septiembre de 1829. No fue la Asamblea lo que nombró al Dr. Delgado sino el Gobernador Metropolitano C. Dr. José Antonio Alcayaga. El despacho obtuvo el pase del Gobierno y todo su cumplimiento. Casaus retiró a Alcayaga sus facultades7. Este hecho era ilegal, por que es constante por derecho canónico que los Vicarios nombrados por los Obispos con título del Gobierno no pueden ser removidos sin formación de causa. Alcayaga renunció y dejó de ser Vicario, pero por esto no caducó la jurisdicción que había delegado, porque por derecho era un juez ordinario que reasumía todas las facultades del Arzobispo. Si sobre las de Delgado se cruzaban dudas, el Gobierno debió poner de acuerdo con el Vicario Capitular, y de esta manera todo era zanjado, por que en verdad no ha podido despojarse

49[fol. 9]

50a Delgado sin formación de causa, puesto que tenía título del Gobierno.

51Hay mas que considerar: Delgado fue nombrado en cumplimiento de un convenio celebrado entre las autoridades de S. Salvador y el Gobernador Metropolitano. No ha podido pues, sin faltarse a la buena fee, quebrantar una de las partes del tratado.
Fuera de esto, la Constitución no dá a la Asamblea facultad de declarar nulos nombramientos de Vicarios o destituirlos ¿ Con que derecho pues, ha podido hacerlo? Los actos particulares, dice el profundo Rousseau, no son del resorte de la ley y luego que el legislador quiere gobernar ó el Gobierno dictar leyes, el Estado cae en el despotismo o en la anarquía.
No es además de la competencia de la potestad temporal, declarar nulo o valido el nombramiento de una autoridad espiritual. Esto si que es poner la hoz en mies agena. Es a la verdad admirable el decreto por su incoherencia. Esta plagado de ideas ultramontanas, y de cuando en cuando sienta principios nada conformes con la verdadera economía de la religión.

52Art 2: El Gobierno en uso de su facultades, y con la prontitud que el asunto exige, nombrara tres Eclesiásticos del Estado para que no en defecto legal de otro ejerza el Gobierno Eclesiástico, solicitando su autorización de la potestad eclesiástica legitima y competente, no estimándose por tal la de Guatemala”. La autoridad eclesiástica de Guatemala es el Vicario Capitular nombrado a consecuencia de haberse declarado vacante la mitra. Desconocer pues al Vicario Capitular, es sostener que la silla no está vacante, y que Casaus es el legítimo Arzobispo, y esto está muy ageno de la verdad.

53Cuando el Ejercito Libertado ocupó la plaza de Guatemala, la asamblea de aquel Estado facultó extraordinariamente al Gefe. Este comisionó al General del ejército para que obrara según las exigencias del orden público. El General hecho la mano del Arzobispo y lo hizo salir de la Republica. Casaus faculto a tres Eclesiásticos uno en pos de otro; mas luego que llegó a la Habana dio cuenta de su conducta a Fernando Septimo. Este la aprueba y le concede una pensión de tres mil pesos anuales, con orden de que permaneciese en la Habana, pues que la voluntad del Rey fuera que volviese a Centro-America. Impuesta de todo la Asamblea de Guatemala hizo instruir expediente, y en su vista declaro: que Fr Ramon Casaus era traidor, y su mitra se hallaba vacante. El Cabildo Eclesiástico, discutió el negocio, y nombró su Vicario Capitular que funciona.

54Es fuera de duda conforme a los Canones y a la disciplina americana, que la mitra de Guatemala se halla vacante. Esto se hace mas evidente por la Constitucion y leyes de la Republica.

55Se causa la vacante de una Iglesia, según la doctrina constante de los canonistas, no solo por la muerte natural de un Obispo, sino también

56[fol. 10]

por la muerte civil. Solorzano en su política indiana8, la muerte civil nace del destierro perpetuo9, y como Fr Ramón esté desterrado para siempre de la Republica, no tiene duda que su mitra se halla vacante. Los autores sostienen que cuando el Obispo se halla preso o cautivo por paganos o cismáticos, la Iglesia vaca10, entonces el Obispo es arrancado de su Silla, no ejerce sus funciones por la imposibilidad en que se halla, y él volvería á su Iglesia luego que las circunstancias lo favorecieran. El Sr. Casaus se halla en La Habana expulsado por el Gobierno legítimo. Este no le permite que vuelva, ni que ejersa funciones en la Republica, luego su silla se halla vacante. El Faguano sienta como indudable que los Obispados vacan cuando los Obispos están inutilizados por derecho para ejercer su ministerio. Es así que Fr Ramón tiene prohibida por leyes toda comunicación oficial, luego este inutilizado respecto de la Republica para ejercer su ministerio, y por lo mismo la Metropoli está vacante. El Ferraris enseña11 que por la relegación de un Obispo se produce la vacante, con mayoría de razón debe pues decirse esto mismo del Sr. Casaus. Por último el Reinfestuel sostiene12 que por los crímenes graves y atrozes en que incurren los Obispos vacan sus beneficios. Ningún Americano independiente podrá negar que el Sr. Casaus no ha contrariado por sus obras y por sus palabras la independencia de Centro América, y que por lo mismo ha sido justamente declarado traidor. En la escala de los crímenes la traición ocupa el primer lugar; asi es que sabiamente declaró en 13 de junio de 1830 la Asamblea de Guatemala vacante la mitra del Sr. Casaus como una consecuencia de la alta traición en que había incurrido13.

57El decreto dice asi:

58Art 1° Se declara traidor al Arzobispo de Guatemala Fr. Ramon Casaus –
Art 2° Se declara que el mismo Arzobispo ha perdido los derechos de Ciudadano conforme a lo dispuesto en el $ 1° art. 2 de la Constitución Federal –
Art. 3 En consecuencia queda estrañado perpetuamente del territorio del Estado y su silla vacante –
Art. 5° El Cabildo eclesiástico nombrará Vicario y Gobernador general del Arzobispado –
Art. 6 ° Es prohibida de hoy en adelante toda comunicación con el expresado Fr. Ramon Casaus, á quien se considera enemigo público.

59Las Américas independientes han seguido las doctrinas que enseñan los autores citados. Por ellas se ha gobernado la Iglesia de Mexico y há propuesto á su Santidad el nuevo Arzobispo. Por ellas se estimó vacante la sede de Chile cuando fue desterrado el Obispo

60[fol. 11]

61Rodriguez Zorrilla. Por ellas se declaró vacante la iglesia de Popayán cuando su Obispo se pasó al ejército de Morillo. Este suceso es muy notable, y todo Américano debe conservarlo en su memoria.

62El 11 de enero de 1820 dio el Gobierno de Colombia el decreto que dice así:

63“Considerando que el R. Obispo de Popayan D. Salvador Ximénes de Enciso ha abandonado la grey que Dios le encomendó, y que sin causa legitima y solo por capricho le ha negado los auxilios espirituales, y se ha dispensado de la residencia material y formal que exigen los Cánones en su Diócesis y es de derecho divino, y atendiendo a que ha despreciado con insolencia la invitación del Gobierno, de quien se manifiesta enemigo; descomulgando a los que le obedezcan, y a los que sigan el sistema de libertad e independencia, pretextando que no entrará en otras contestaciones con los gefes de la Republica y ofreciendo sostener la causa del Rey hasta morir en las filas de su ejército: he venido en declarar por lo que hace el Gobierno Supremo de la Republica, y en su uso de la autoridad económica y tuitiva inherente a él: que el Obispado de Popayán se halla vacante, y en consecuencia quedan sin efecto las ordenes que dictare aquel Prelado, á quien se ocupan las temporalidades. Comuníquese § El mismo Gobierno reunió una junta de Teólogos y Canonistas para que discutiesen el caso, y en 25 de Abril del mismo año se sirvió decretar lo que sigue : “Habiéndose reunido en este día la junta de Teólogos y Canonistas decretada en 14 del corriente, compuesta de los SS. DD. Pablo Plata, Juan Rocha, José Luis Aznola, Tomas Tenorio, José Ignacio S. Miguel, e Ignacio Herrera, con asistencia del discreto Provisor del Arzobispado; y habiendo todos los consultores unánimemente convenido 1° En que por el abandono que hizo el Obispo de Popayán de su Diócesis y por la negligencia del Deán de aquella Iglesia en nombrar provisor a que fue invitado por las autoridades civil y eclesiástica, el discreto provisor del Arzobispado pudo y debió suplir la negligencia de ambos, nombrando uno que se encargará del Gobierno de aquel Obispado. 2° Que habiendo sido nombrado por autoridad legítima el Dr. Manuel Urrutia, eran también legítimos los actos emanados de su jurisdicción. 3° Que el Obispo de Popayan, como que no ha prestado el juramento de obediencia al Gobierno de la Republica conforme a las leyes vigentes, no puede ejercer autoridad alguna en el territorio de Colombia, mucho más cuando por el decreto de 11 de enero de 1820 se ha declarado vacante la mitra. 4° Que el Edicto en los términos en que está concebido es atentatorio á la autoridad del Gobierno y á la del Metropolitano y contiene los gérmenes de un cisma perjudicial en lo político, y de funestas consecuencias en lo moral 5° En fin, que por estas consideraciones y según las disposiciones canónicas, el dicho Edicto no debía correr, ni el Gobierno dejar que se hiciera uso de él: conformándome con esta consulta y habida consideración

64[fol. 12]

65á que los Provisores y demás Pueblos Eclesiásticos, deben ser nombrados con anuencia y consentimiento del Gobierno del Departamento, en cumplimiento del art. 8 de la ley provisional de 30 de enero de 1820, lo que no sucede con el nombramiento que hace el Obispo en el Dr. José Maria Rodriguez, he venido en decretar y decreto 1° Que se lleve a puro y debido efecto la providencia de 11 de enero de 1820 por la que se declaró vacante el Obispado de Popayán, y se ocuparon las temporalidades al Obispo D. Salvador Ximenes de Enciso 2° Que en consecuencia de ella no se admita, si deje correr ninguna providencia de este Prelado, y que los que quieren darles cumplimiento, ó las reservaren sin dar parte al Gobierno, sean estrañados del territorio de Cundinamarca. 3° Que el Edicto en cuestión se recoja inmediatamente por los SS General del ejército del Sur y Gobernador del Cauca de cualquier poder en que se hallare, y no se deje hacer uso de él. 4° Que el Provisor actual Dr. Urrutia, sigue ejerciendo las funciones del destino, y que los que tuvieren algún escrúpulo de conciencia en obedecerle, y en no hacerlo con las órdenes del Obispo, puedan pedir su pasaporte, que les concederá. 5° Que se requiera al discreto Provisor del Arzobispado, para que expida un Edicto al Obispado de Popayán que tranquilice las conciencias, en los términos en que convino la consulta. Comuníquese § Dada cuenta al Congreso con las disposiciones anteriores se sirvió dar en 31 de Agosto de 1821 un decreto que en lo resolutivo dice asi “La comisión es, por tanto, de opinión que V. M. apruebe las resoluciones y determinaciones que han recaído en esta materia, y que devuelva lo actuado al Poder Ejecutivo para que requiera además á la autoridad eclesiástica, á fin de que parece no haberse verificado hasta ahora”. En vista de todo lo cual, y discutido el punto suficientemente, ha venido en decretar y decreta lo que sigue: hágase como informa la Comisión de negocios eclesiásticos. Dado en el Palacio14

66Salvadoreños: consultad los decretos de Colombia que he transcrito con la conducta de la Asamblea de S. Salvador y juzgad por vosotros mismos las cosas.

67La Constitución de la Republica establece15 que solo los Ciudadanos en ejercicio pueden obtener oficios en la Republica, y que pierden la calidad de Ciudadanos los que admitieren pensión de otro Gobierno sin licencia del Congreso, y los sentenciados por delitos que según la ley merezcan pena más que correccional, sino obtuviera rehabilitación. El Sr. Casaus recibe una pensión del Gobierno Español, luego no es Ciudadano ni puede ser Arzobispo de la Republica. Sus agentes dicen que no es pensión, sino limosna. Llámese

68[fol. 13]

69como se quiera, el espíritu de la constitución siempre subsiste: lo que prohíbe es que ningún Ciudadano reciba emolumentos de un Gobierno extranjero: porque en el mismo hecho el que dá adquiere ascendiente, y el que recibe se sujeta a los proyectos y caprichos del primero ¿ De cuando acá Fernando Septimo tan caritativo? El erario español se halla exausto, y en el hecho de dar tres mil pesos anuales al Sr. Casaus, es por que la Corte de Madrid cree interesante a este hombre para la reconquista.

70El Sr. Casaus ha sido declarado traidor, no es pues Ciudadano, mientras no obtenga rehabilitación, y por lo tanto no puede ser Arzobispo.

71Aun las leyes españolas prevenían que no pudiesen obtener Obispados los que fueran naturales del Reino. ¿Por que se quiere pues, que Centro-America reconozca como Arzobispo a un Español traidor e ingrato, que no es Ciudadano de la Republica?

72Acerca de este artículo ha habido una especie peregrina. El Gobierno consultó dudas en órden que le ocurrían para la ejecución de dicho artículo y la Asamblea en órden de 24 de febrero de 1831, se sirvió acordar, que se reconocía la autoridad del Vicario Metropolitano; pero que no habiendo en él facultades para dar las que necesita el Gobierno Eclesiástico que debe regir el Estado, se ocurra por ellas al Arzobispo de Guatemala. He aquí una contradicción. En el decreto se desconoce la autoridad eclesiástica de Guatemala, y en la orden se le dá reconocimiento.

73Para establecer bien la cosa es necesario advertir que el Cabildo Eclesiástico ha hecho lo que ha podido hacer. El Concilio de Trento previene16 que los Cabildos dentro de ocho días de la vacante nombren Vicario Capitular ó confirmen el nombrado por el Obispo. Por virtud de esta disposición nombró el Cabildo Metropolitano al C. Dr. Diego Batres que hacia de Gobernador, y desde dicho nombramiento no funciona sino como Vicario Capitular. Reconocerlo hoy dia pues, es reconocer que la mitra está vacante.

74La orden dice que el Vicario Metropolitano no puede delegar, la Diocesis de S. Salvador está erigida ó no. Si lo primero, al Vicario Capitular le corresponde nomrar el Vicario del Estado, supuesto que aquí no hay Cabildo, y que se dice también que Delgado no tiene facultades17 Esto mismo sucede aunque se considere á Batres como Provisor, por que lo que se dice del Vicario Capitular vacante la Mitra, se puede también del Gobernador del Obispado ausento el Obispo. Palavicion [sic], anotaciones al Concilio de Trento18 y decretos ya citados de Colombia; y si lo segundo no cabe duda en que el Vicario del Estado nunca llegá a la Categoría del Vicario

[fol. 14]

75general y no es mas que un Vicario foráneo, con facultades amplias por las necesidades de la Iglesia: por que es decencia del Vicario general que resida en la Ciudad Catedral. Ferraris19 ¿Y quién hay tan ignorante en derecho Canónico que no sepa que el Dr Batres ya se le considere Provisor e ya Vicario general puede nombrar los Vicarios de que se habla para un partido, departamento ó Estado con las facultades que él tenga á bien señalarles, con tal que los electos presenten sus títulos al Gobierno y obtengan el pase debido?

76Dada la orden de que se ha hablado, el Gobierno con fecha 10 del que rige ha prevenido a los Curas ocurran al Dr Batres por las licencias y dispensas que necesiten en el ejercicio de su ministerio. ¿Si puede dispensar por medio de los Curas, porque no podrá hacerlo por medio de un Vicario?

77Así es que en el estado actual de cosas, cualquiera Cura del salvador para exponer á su Divina Magestad, para casar a unos infelices que tengan impedimento, etc. debe ocurrir al Vicario de Guatemala por la dispensación o licencia, y remitir esta al Gobierno para que oyendo al Consejo dé o niegue el pase. ¿Y esto no es grabar a los infelices pueblos y exponerlos a la desobediencia, por la grande utilidad que palpan en ella? Así sucederá aun respecto de los eclesiásticos del Estado, porque a mi juicio muchos no ocurrían por el pase, a causa de que no están al cabo de estas cosas. “Las leyes, dice el ilustrado Llorente, deben ser fundadas sobre la base de que serán obedecidas por la mayor parte de los súbditos, pues en caso de proveer un éxito contrario, el establecimiento será únicamente lazo en que caiga la mayoría de los individuos para sufrir una pena”.

78 La orden estriba en un fundamento falso. Dice que el Gobernador actual de Guatemala no puede delegar, y esto no es así, porque a más de lo dicho, los Cabildos en representación del Clero forman el Senado de la Iglesia, y muerto el Obispo, suceden en toda la jurisdicción episcopal, excepto los casos expresados en derecho. Pero siendo embarazoso el gobierno de muchos, estableció el Concilio de Trento que los Cabildos nombrasen Vicarios para que Gobernaran las Iglesias. La jurisdicción en su esencia o raíz reside en los Cabildos, pero está depositada en manos del Vicario capitular. Vanespen en su derecho eclesiástico universal20 Dicho Vicario luego que es electo reasume el ejercicio de toda la jurisdicción episcopal que fue devuelta al Cabildo, y es propiamente un juez ordinario de más categoría aunque el Vicario General. Benedicto XIV De sínodo Diocesana21 De aquí es que verificado el nombramiento el Cabildo no ejerce jurisdicción, sino que toda es privativa del Vicario, y cuando hay necesidad de sustituirlo a de delegar sus facultades, a el

79[fol. 15]

80le corresponde hacerlo y no al Cabildo. Ferraris en la palabra Vicario Capitular22.

81El artículo 3° dice: “ Se declara así mismo insubsistente la elección de Obispo en el mismo Dr. Delgado, y el Consejo en uso de la facultad que le concede la Constitución en la atribución 6ª del art 34 propondrá terna al Gobierno para el Obispo del estado 3 De este art se deduce que la Asamblea ordinaria usando de una atribución que le da la Constitución, anula el nombramiento de Obispo hecho por el Congreso Constituyente, cuando reasumía todo el poder y el ejercicio del patronato. Yo no se que haya cosa más chocante con los axiomas del derecho público y con el buen sentido. Se dice que la Asamblea sujeto su procedimiento a la confirmación de la Silla Apostólica. Es una verdad pero también es cierto que el breve del Papa no ha obtenido el pase, y que conforme a la práctica constante del Gobierno Español y al interés de las Américas independientes, debe ser enérgicamente suplicado.

82En este art° dio la Asamblea una prueba de lo que sucede cuando se obra contra los principios inconsiguientemente. Si se despoja a Delgado del Obispado por que el Papa no ha aprobado la elección ¿Cómo es que se manda proceder a otra cuando el breve desaprueba también la erección de Diócesis? No hay arbitrio, dicho breve tiene fuerza de ley o no. Si lo primero, es preciso no solo despojar a Delgado, sino también no proceder a nueva elección mientras tanto no se instruya de nuevo el expediente, se de cuenta el Papa, y este erija la Diócesis, que es lo que ha querido el exArzobispo y sus cooperadores; y asi lo segundo, no puede desposecionarse al electo, porque el breve que desaprueba su elección no está admitido. Lo contrario, es burlarse de las leyes, de los principios y de los Pueblos, y obrar no por lo que son en si las cosas, sino por la respisencia [sic] que tienen con las personas.

83El art° 5 dice que “El Dr. C. José Matias Delgado no podrá ejercer beneficio, ni dignidad alguna eclesiástica mientras no se reconcilie con la Silla Apostólica y lo acredite competentemente”. La Asamblea carecía de facultad para decretar este art°. Además es injusto y produce un efecto retroactivo, y la retroactividad en las leyes, las hace, dice Benjamin Constant, eminentemente injustas y da a los pueblos el derecho de insurrección.

84Fuera de esto no puede imponerse censura a persona alguna, sin que haya incurrido en una verdadera contumacia. ¿ Y quién se ha resistido hasta ahora a cumplir le breve, que no ha sido publicado

85[fol. 16]

86en la forma debida, no ha tenido efecto? ¿Es posible que así viole la misma Asamblea las garantías de la libertad individual consignadas en la Constitución? ¡Que triste suerte se espera a los Salvadoreños! ¿”Que queda, dice un sabio político moderno, después de haberse violado una Constitución? La seguridad y la confianza se destruyen, los que gobiernan tienen el sentimiento de la usurpación, y los gobernados la convicción de que están á discreción de un poder que ha traspasado todas las leyes. Cualquiera pretexto de respeto por la constitución parece en los unos verdadera burla, y el apelar a esta Constitución, parece en los otros una hostilidad. El vano aquellos que en medio de su celo poco prudente y sin previsión han concurrido a este movimiento desordenado; quieren detenerlo en sus deplorables consecuencias; porque no encuentran más0 puntos de apoyo, estando ya el remedio fuera de las manos de hombres, rotos los diques y desencadenada la arbitrariedad. Aun teniendo las intenciones más puras, todos los esfuerzos serán infructuosos; y los depositarios de la autoridad saben que han preparado una espada que no aguarda sino un brazo bastante fuerte para dirigirla contra ellos”. – Esto fue cabalmente lo que sucedió a los Diputados de la Francia cuando Bonaparte se apoderó del mando el 18 Brumario. Los Diputados reclamaban al usurpador la Constitución, pero él les respondió “La Constitución no existe: vosotros la habéis violado,” y la Constitución fue destruida.

87El art° 6 se expresa si “El Gobierno hará que todos los eclesiásticos del Estado que tengan facultades de Vicarios Provinciales concedidas por el Arzobispo, las ejerzan, si a su juicio no hubiesen impedimentos políticos que lo embaracen”. La ley de 31 de marzo de 1826 que se halla vigente establece 1° Que todos los empleados civiles, militares, eclesiásticos debieran ocurrir dentro de tres meses por la confirmación de sus despachos, y que de no hacerlo, sus empleos quedasen vacantes. Algunos Curas ocurrieron en el término prefijado, pero otros muchos no lo hicieron y con especialidad los Vicarios y Curas del Estado que sin licencia del Gobierno por no reconocer o cumplir las leyes y órdenes del mismo Estado, se hubieren ausentado, por el mismo hecho quedan destituidos de sus empleos y cargos. Así pues los Curas y Vicarios que por no reconocer las leyes de S. Salvador relativa a la mitra y otros asuntos, se pasaron al Estado de Guatemala, no son ya Curas, ni Vicarios. También establece la ley que los Curas y Vicarios que fueron expulsados por autoridad competente, por no reconocer las leyes y órdenes del Estado, quedaron en el mismo hecho destituidos de sus empleos o cargos.

88La ley que he citado es de aquellas que se ejecutan por si

89[ fol 17]

90mismas, como dice que sabio jurisconsulto Bentham, Teoria de las penas y de las recompensas, porque la pena resulta inmediatamente de la contravención sin proceso particular. No ha podido pues la Asamblea permitir que funcionen unos Curas y Vicarios que ya no lo son en Estado, porque fueron destituidos por ministerio de la ley, y la Asamblea no puede conferirles semejantes destinos.

91El Gobierno ha cumplido la ley citada; así es que en la provisión de curatos hecha a consecuencia de la ley de 10 de Septiembre de 1830 se expresa en sus despachos de esta manera: “Por hallarse vacante la Parroquia de Sta. Ana £ y asi en los demás despachos.

92Por una desgracia la ley obra en sentido contrario de su objeto. “Hay leyes, dice Montesquieu, Espiritu de las leyes, que el Legislador ha conocido tan poco, que son contrarias al mismo fin que se propuso” En verdad la ley de la Asamblea siembra la inquietud en las conciencias, y multiplica las dudas sobre la autoridad legítima, porque reconoce por Arzobispo a quien no puede serlo, y porque llama a funcionar eclesiásticos que hace tiempo fueron destituidos de sus Vicarias y beneficios.
De lo dicho se infiere que la ley de la Asamblea carece de apoyo razonable, y que solo la ligereza é inexperiencia pudieron haberla dictado. Con razón podría aplicarse a nosotros lo que Dunoyer dijo de los franceses en su preciosa obrita sobre la industria y moral a saber, “que en nuestra marcha hacia la libertad cometemos errores muy notables”.

93Entre tanto nos domine el purito de legislar, es preciso que las leyes sean defectuosas. Lo que hace el encomio del régimen ingles en concepto del Dr. Ramon Salas sabio publicista Español, consiste 1° en la lentitud del parlamento para deliberar, y 2 en la energía y tenacidad del Gobierno para la ejecución. Entre nosotros sucede lo contrario, no se ha publicado una ley, muchas ocasiones, cuando ya está acordada su reforma. En muy pocos días dá nuestra Asamblea leyes sobre Hacienda, Ejercito, Administración de Justicia etc y no es posible que siguiendo esta táctica desconocida de los Diputados instruidos, ellas sean útiles.

94La ley de que se habla es además de tal naturaleza que pone el Congreso federal en la necesidad de anularla. Se ha demostrado que es retroactiva y confirma por otra parte la pensión que el Sr. Casaus ha obtenido del Rey de España sin licencia del Congreso. Esto es contrariar las garantías de la libertad individual consignadas en los títulos 10 y 11 de la Constitución federal, y al Congreso incumbe velar especialmente sobre la observancia de dichos títulos, y anular toda disposición legislativa que las contrarie? ¿Podrá permitir la Federación que el Gobierno de un Estado entre en comunicaciones con el exArzobispo que reside en país enemigo, y se sujete a él? La asamblea en resumen no ha hecho otra cosa que declarar la guerra

95[fol. 18]

96¿Cabe en un pecho americano reconocer por Pastor legitimo a un Prelado que trabajo constantemente contra la Independencia de Centro-America: que por fin fue desterrado por autoridad legítima: que existe en los dominios españoles: que ha dado cuenta al Rey de su conducta: que ha obtenido de este una pensión, y que de su orden permanece en la Habana para emprender la reconquista? ¿ Es por ventura Jesu-Cristo verdugo de los Americanos? La ley suabe y santa del Evangelio en nada contraría la independencia, ni Jesu Cristo puede complacerse de que los Americanos carezcan por mucho tiempo de pastores legítimos: que estén expuestos a los vientos de todas las doctrinas; y que so pretexto de religión se les quiera subyugar y se derrame su sangre inocente. ¿ Negará el dulce Crucificado sus auxilios y sus gracias a los Centro-Americanos cuando se sean comunicadas por ministerio del Sr. Casaus? ¡Ah! Si el Rey de España diese una orden declarando vacante cualquier Obispado nadie dudaría en conciencia! ¿Porque desgracia pues, se agitan cuestiones cuando la Asamblea, el Gobierno, y el Cabildo Metropolitano, hacen un pronunciamiento semejante? Aun cuando este no fuera arreglado en último análisis, los pueblos quedaban seguros en conciencia, porque en tal hipótesis bastaban el titulo colorado y el error común para que la Iglesia supliera la jurisdicción.

97¡ Pueblos ¡ Veis analisada la ley de que os he hablado. No os concito a la desobediencia: fuera de mi tal propósito. Solo deseo que os impongáis del verdadero estado de las cosas y que juzguéis por vosotros mismos. Por lo demás la ley contiene en si misma el principio de su destrucción. No es conforme a las luces del dia, a la fuerza de la opinión, y a los intereses de las Americanas independientes.

98Ahuachapam, Marzo 28 de 1831.

99Isidro Menendez.

100*Notas de pie de páginas=

1011 Véase Christophe Belaubre, Isidro Menéndez in Diccionario Biográfico Centroamericano, Ficha N° 658, publicada en febrero de 2005, modificada en octubre de 2015.

1022 [nota presente en el folleto original] ¿Y no desaprueba también la erección? ¿ Por qué pues se calla y insiste en esta?

1033 Véase Christophe Belaubre, José Antonio Alcayaga in Diccionario Biográfico Centroamericano, Ficha N° 1328, publicada en febrero de 2007, modificada en junio de 2014.

1044 El papa Leon XII (1824-1829), muy conservador, denunció en términos muy duros todo lo actuado por los salvadoreños. AHAG, Colección de edictos, pastorales y Providencias de los Prelados que sucesivamente han gobernado esta Santa Yglesia Metropolitana de Guatemala, Vol. 2, Carta de Nuestro Santísimo Padre Leon XII al metropolitano de Guatemala doctor y maestro Fray Ramón Casaus, Habana, 1826, fol. 167-173. Véase también à Santiago Malaina, Historia de la erección de la diócesis de San Salvador, (El Salvador, 1944), pág. 15.

1055 Dicha obra fue escrita en francés por Voltaire en 1756. Es una obra muy crítica hacia el catolicismo considerando dicha religión como una de las más intolerantes. Sería interesante saber si Isidro Menéndez estaba en posesión de una traducción de dicho libro o si el usaba una de las numerosas versiones que circulaban en francés en América.

1066 Bastante bien informado el presbítero quien sabía que en 1820 el gobierno español había nombrado obispo de Cadix y Gualix respectivamente a José Espiga y Diego Muñoz Torrero. El nuncio en España dio cuenta de esos nombramientos denunciando ambos hombres como jansenistas y liberales. Roma no confirmó los nombramientos. Véase Isidro Sepúlveda Muñoz y Blanca Buldaín Jaca, La Iglesia española en la crisis de Antiguo Régimen, (Madrid, UNED, 2015) págs. 102-103.

1077 Infelizmente Menéndez no confirma la fecha exacta de este despojo de autoridad pero sabemos que el arzobispo Casaus y Torres se retractó de dicha decisión por una carta del primero de abril de 1830. En agosto de 1830 Alcayaga fue electo diputado al Congreso Federal y dejó el puesto de Provisor y Vicario General al cura Diego José Batres.

1088 [Nota presente en el original] Lib. 14 Cap. 13, Núm. 83 y 84.

1099 [Nota presente en el original] Ley 2, Tit. 17 pág. 4

11010 [Nota presente en el original] Fag. Quia capitulo diversitaten de cosec. preb.

11111 [Nota presente en el original] Verb. Vic. Art. 1

11212 [Nota presente en el original] Lib. 3 Tit. 5 §12 y Tit. 9 §1.

11313 El decreto esta transcrito en su totalidad en el libro de Agustín Estrada Monroy, Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala, TII, (Guatemala: Sociedad de Historia e Geografía de Guatemala, 1974), pág. 524-525.

11414 [Nota presente en el original] Cuerpo de leyes de Colombia, tomo 1 pág. 86 y siguientes.

11515 [Nota presente en el original] Artículos 20 y 22.

11616 [Nota presente en el original] Sec. 25 De reform cap. 16

11717 [Nota presente en el original] Concilio de Trento y los lugares citados.

11818 [Nota presente en el original] Dise 31 num. 38.

11919 [Nota presente en el original] Verb. Vic. General. Epise Art. 1, Núm 90.

12020 [Nota presente en el original] Part 1 Tit. 9

12121 [Nota presente en el original] Lib. 2 capi. 9

12222 [Nota presente en el original] Art 1 num 39 y 40.

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Fuentes :

http://archive.org/