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AFEHC : articulos : Elites locales frente a cambios globales: las reformas borbónicas y sus secuelas en el Antiguo Reino de Guatemala en las postrimerías del régimen colonial español : Elites locales frente a cambios globales: las reformas borbónicas y sus secuelas en el Antiguo Reino de Guatemala en las postrimerías del régimen colonial español

Ficha n° 4472

Creada: 12 junio 2017
Editada: 12 junio 2017
Modificada: 12 junio 2017

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Autor de la ficha:

Gustavo PALMA MURGA

Editor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Elites locales frente a cambios globales: las reformas borbónicas y sus secuelas en el Antiguo Reino de Guatemala en las postrimerías del régimen colonial español

Las Reformas Borbónicas en el llamado Reino de Guatemala, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y más allá de los aspectos puramente formales, pueden ser consideradas como un importante punto de partida que desencadenó una serie de procesos marcados por la conflictividad que, en medio siglo aproximadamente, encontrarán una salida en el rompimiento político con España, en 1821. En sentido contrario al espíritu que impulsó a los monarcas borbones a aplicar esos cambios, la elite comercial y política guatemalteca las asumió como un paulatino cercenamiento de sus privilegios pero, sobre todo, de sus intereses económicos.
1534
Palabras claves :
Resistencia fiscal, Confrontación interna, Centralismo económico, Oportunismo político, Disensiones ideológicas
Autor(es):
Gustavo Palma Murga
Fecha:
Marzo de 2017
Texto íntegral:

1

Consideraciones generales

2 En muchos textos de divulgación relacionados con el “periodo colonial español” en el istmo centroamericano son recurrentes algunas “lecturas” según las cuales dicho período transcurrió sin mayores sobresaltos políticos, económicos y sociales1. Sin embargo, en esas lecturas contrasta la importancia que se da, por ejemplo, a las fuertes sacudidas que – con frecuencia – imponía la naturaleza mediante violentos movimientos de tierra en estos territorios. De manera que, y desde esas lecturas, la “monotonía colonial” sólo era turbada cuando se registraban esos reiterados fenómenos telúricos. Quizás el mejor ejemplo que ilustra lo antes planteado es cómo la antigua capital del llamado “Reino de Guatemala” es vista, entendida, explicada y admirada a partir de los vestigios de su antigua monumentalidad arquitectónica aún existente. Pero, poco o nada se dice sobre cómo fue posible tal magnificencia y, menos aún, sobre quiénes recayó el peso de su construcción. Además y tratándose, en gran medida, de una monumentalidad religiosa se estimula la imaginación a considerar ese espacio urbano como un remanso de paz, similar al que comúnmente caracteriza los interiores de los templos destinados al culto religioso. Poco o nada se dice y, menos aún, se conoce sobre las complejas y desiguales tramas sociales, políticas y económicas que se derivaban del tipo de sociedad que entonces funcionaba. Esa manera de “leer” esta etapa histórica ha tenido, entre otras consecuencias, invisibilizar una serie de procesos, escenarios y actores que garantizaron que la sociedad en su conjunto funcionase dentro de los parámetros impuestos por el modelo colonial vigente2.

3 De esa compleja multiplicidad política, social, económica, cultural, etc. interesa en este artículo problematizar algunas de las consecuencias que se desprendieron – con una proyección temporal que sitúo hasta las vísperas del rompimiento político del antiguo “Reino de Guatemala” con España -, para las elites capitalinas a partir de la aplicación de las Reformas Borbónicas, en tanto proyecto político y económico que la monarquía española impulsó e impuso en los territorios bajo su dominio con el propósito de modernizar y fortalecer su administración y control en el contexto político y económico en que se encontraba inmersa en la Europa del siglo XVIII. Entre los principales ámbitos de gestión política y económica en los que se enfocaron esos cambios estuvieron los relacionados con la administración fiscal y financiera hasta entonces vigentes, al igual que con la administración político-territorial.

4 En tal sentido, se presentará un panorama general sobre algunas de las consecuencias que se derivaron de la aplicación de esas reformas, tanto en lo relacionado con los cambios en la gestión de la administración burocrática; pero, sobre todo, cómo éstas modificaron las “reglas del juego” dentro de las que venían operando las elites económicas y políticas capitalinas que, hasta mediados del siglo XVIII habían ejercido una importante capacidad de control fiscal, económico, político y de gestión territorial más allá de los límites de la ciudad de Santiago de Guatemala. Se abordarán, de igual manera, algunas de las reacciones y estrategias que este grupo desplegó con el propósito de frenar o disminuir – hasta donde les fue posible – los efectos no deseados de los cambios derivados de esas Reformas en la amplia gama de interés políticos y económicos que los sustentaba económicamente y aglutinaba políticamente. Se evidenciarán y propondrán algunas reflexiones sobre ciertas desavenencias que germinaron al interior de esas elites alrededor de temas relacionados con el control y administración de estos territorios y su población. Desavenencias que, en cierta manera, fueron generando fracturas internas con repercusiones políticas y económicas ulteriores.

5 Considero que este ejercicio reflexivo sobre los procesos antes enumerados puede ser entendido como una posibilidad – una ventana – que nos acerque al conocimiento de algunas de las estrategias desplegadas por esas elites con el propósito de eludir los efectos, considerados negativos para ellos, que podrían desprenderse de dichas Reformas. De igual manera, se busca ampliar el análisis sobre los efectos de las mismas, más allá de los aspectos puramente administrativo-formales, intentando incursionar en los de carácter político y económico. Es decir, aportar al conocimiento y discusión sobre la presencia – ya para entonces – de un “espíritu de cuerpo” que aglutinaba a esas reducidas elites político-económicas, y que las hacía mover sus influencias y poder con el propósito de no perder su poder y privilegios.

Contextos convulsivos…

6Desde mediados del siglo XVIII la Corona comenzó a implementar varias medidas administrativas tendientes a modificar los mecanismos de funcionamiento de la administración estatal en el Reino de Guatemala – como en el resto de las colonias americanas -, inscritas dentro del paquete de las llamadas Reformas Borbónicas. Estas disposiciones, como se verá adelante, tuvieron diversos efectos en los dispositivos a partir de los cuales las elites económicas del Reino de Guatemala, atrincheradas durante esa temporalidad en el gremio de comerciantes de la ciudad de Santiago y en el Ayuntamiento de esta ciudad, ejercían su poder e influencia dentro y fuera de ese espacio urbano.

7En sesión extraordinaria de Cabildo que celebró el Ayuntamiento de la Ciudad de Santiago de Guatemala en noviembre de 1752 sus integrantes fueron notificados del contenido del Auto firmado por el Presidente de la Audiencia mediante el cual se extinguía “…el título de Corregimiento del Valle, que ha obtenido esta ciudad y por medio de sus alcaldes ordinarios ha ejercido en él la jurisdicción correspondiente…” Se les hacía saber, además, que quedaban establecidas las alcaldías mayores de Chimaltenango y la de Amatitanes y Sacatepéquez. Por consiguiente, la jurisdicción de los alcaldes ordinarios quedaba reducida “…al recinto de la ciudad3”. Dos años después, en 1754, los Oficiales Reales manifestaron al Monarca que con la división del valle de la ciudad de Guatemala en dos alcaldías mayores, se había incrementado la recaudación de los tributos que pagaban los pueblos de indios localizados dentro de dicho espacio, puntualizando que en la Alcaldía Mayor de Amatitanes y Sacatepéquez el total ingresado a las arcas reales había sido de 17,092 pesos. Dos años después – en 1756 -, se emitió una Real Cédula que sancionó “en definitiva…” la división de dicho valle en dos alcaldías mayores: Chimaltenango y Amatitanes y Sacatepéquez4.

8Durante muchos años – casi dos siglos – el Ayuntamiento de la Ciudad de Santiago había ejercido, de manera plena, su autoridad sobre más de 70 pueblos ubicados dentro del que, genéricamente, se denominaba el “valle de la ciudad5”. Esa prerrogativa implicaba, por ejemplo, que dicho cuerpo controlaba la recaudación de los tributos que pagaban los indígenas que estaban sujetos a esa obligación fiscal dentro de eso pueblos. Proceso que, además, suponía una estricta vigilancia sobre esos sujetos materializada en, por ejemplo, conocer cuántos eran, sus lugares de residencia, sus producciones, como también los destinos de las mismas. De igual manera, el Ayuntamiento tenía injerencia en el “repartimiento de labores”, sistema mediante el cual se asignaban contingentes de trabajadores a propietarios privados rurales españoles, criollos, mestizos e indígenas que los requerían para tareas agrícolas específicas. Como resultado del control de estos contingentes de trabajadores la ciudad percibía un porcentaje de los derechos que pagaban los propietarios beneficiados con dichos repartimientos al fisco real6. De manera que con la división de este valle en dos alcaldías mayores, el Ayuntamiento de la ciudad no solo perdió el control sobre ese vasto territorio sino, también, sobre los beneficios económicos que obtenía como resultado del mismo. Es decir, experimentó una merma significativa en estos ámbitos específicos que, hasta ese momento, nutrían su poder político y económico7.

9Pocos años después, a principios de abril de 1761, la Audiencia promulgó un Auto Acordado mediante el cual ordenaba que la ciudad de Santiago fuera dividida – para efectos de su administración interna – en cuatro barrios o cuarteles, bajo la responsabilidad de los oidores de ese cuerpo de gobierno. En cada barrio operaría un comisionado que dependería directamente de los alcaldes ordinarios de la ciudad. Meses después, en julio, la Audiencia solicitó al Monarca autorización para nombrar varios alguaciles mayores que tendrían como responsabilidad garantizar el orden en los cuatro barrios o cuarteles en que había sido dividida la ciudad. Esta disposición vino a alterar los mecanismos de control urbano que hasta entonces ejercía el Ayuntamiento8.

10 En febrero del año siguiente – 1762 – se emitió Real Cédula que ordenaba el establecimiento de la Administración General de Alcabalas, dependencia administrativa que estaría supeditada al gobierno superior, y cuya responsabilidad sería recaudar y gestionar dicho impuesto en todo el Reino. Este ramo fiscal afectaba todas las transacciones de compra/venta de bienes, siendo uno de los más prósperos para el erario a nivel regional. Este cobro principió a hacerse efectivo, según lo testimonian algunos autores, desde 1604 cuando se realizó el primer padrón de encabezamiento en la ciudad de Santiago de Guatemala. Aunque desde 1577 se habían iniciado las gestiones gubernativas para hacerle funcionar, debido a diversas exenciones reales se había estado dispensando a sus vecinos de dicho pago9.

11 Hasta dicho año – 1762 – la administración de este ramo había estado, alternativamente, en manos de funcionarios de la Real Hacienda y del Ayuntamiento de la ciudad de Santiago de Guatemala. Bajo esta modalidad se conformaba una comisión integrada por algunos de sus regidores y por representantes de hacendados, comerciantes y labradores, quienes se encargaban de su recolección. En el siglo XVIII el Ayuntamiento lo administró bajo dicha modalidad desde 1728 hasta 1762; año en que, como se indicó antes, se estableció dicha Administración General. Poco tiempo después se establecieron subdirecciones en San Salvador, Comayagua, Chiapas y León, así como una especial para la ciudad de Santiago de Guatemala. Este ramo llegó a contar con 108 delegaciones en todo el reino10.

12 Una de las preocupaciones centrales de las Reformas Borbónicas era vigilar de manera más directa el cobro y administración de impuestos. El ramo de Alcabalas se nutría de los impuestos que se pagaban por las exportaciones de frutos y otros artículos – sobre todo añil – hacia la península, como por los géneros y mercancías españolas y europeas que ingresaban al Reino. Este ramo experimentó una importante expansión en el siglo XVIII, pero como era administrado – bajo la modalidad de remate – por los comerciantes y el Ayuntamiento capitalino, las arcas reales no percibían beneficios significativos del mismo. Baste comparar los 18,900 pesos que el cuerpo edil pagaba anualmente al tesoro real por administrar ese ramo con los 102,524 pesos que resultaron de promedio quinquenal durante el período 1770-1774, primero de la administración estatal. Estas cifras muestran las diferencias en los beneficios de que estuvo privado el real haber durante muchos años11.

13Luego, en los primeros meses de 1766 ya estaban funcionando las oficinas administrativas de los estancos de Pólvora, Agua Regia y Naipes; actividades que hasta entonces también venían siendo administradas por personas particulares12. En agosto, un decreto real aprobó la puesta en marcha de la Administración de la Real Renta de Aguardientes13. Y en el siguiente mes se dio el pase a Real Cédula fechada en enero de ese mismo año, la cual ordenaba se estableciera el Real Estanco de Tabaco. Ya desde marzo anterior se había contratado el respectivo personal administrativo14. Luego, en octubre la Audiencia emitió Auto mediante el cual suprimía el Asiento del Aguardiente que, hasta entonces, era administrado por el Ayuntamiento mediante el sistema de remate, y se estableció la Administración General del Real Estanco de Aguardiente de la Tierra15.

14En julio de 1767 la Real Audiencia conoció y dio cumplimiento a otra Real Cédula que ordenaba la creación de la Administración General de Correos, también supeditada a la Real Hacienda. Se suprimió el cargo de Correo Mayor y Maestro de Postas, hasta entonces bajo la administración de uno de los regidores del Ayuntamiento de la ciudad16.

15En junio del año siguiente – 1768 – el Ayuntamiento fue notificado por la Real Audiencia sobre el contenido de Real Cédula que le prohibía, en adelante, “tomar en arrendamiento por sí, ni por interpósita persona, ninguna renta real17…”

16Si bien estos sucesivos y drásticos cambios generaron diversas reacciones al interior de la población de la ciudad18, ese clima fue alterado de manera abrupta por los terremotos acaecidos en julio de 1773. Además de los significativos daños materiales que éstos ocasionaron, se registraron diversas reacciones entre el vecindario y las autoridades en cuanto a las acciones a emprender ante esa catástrofe natural. Las opiniones se dividieron sobre si la ciudad debía ser reconstruida, o si se debía trasladar a otro sitio. Las altas autoridades de la Real Audiencia, previas consultas con Madrid, ordenaron el traslado de la ciudad a otro espacio para evitar eventuales peligros posteriores en caso de repetición de esos fenómenos telúricos19. Ignoramos cuál pudo haber sido el nivel de intensidad que tuvo ese fenómeno natural20, pero si sabemos que produjo notable conmoción entre su vecindario, al extremo de haberle dividido en los grupos denominados “terronistas”, entre quienes destacó como figura importante el entonces arzobispo de Guatemala, don Pedro Cortés y Larraz. El otro grupo conocido – los “traslacionistas” – se identificó con don Martín de Mayorga, recién estrenado en el cargo de Capitán General y Presidente de la Audiencia de Guatemala, y optó por la opción del traslado de la ciudad21.

17 Entre los llamados “terronistas” destacaban varios dignatarios del cabildo eclesiástico y de comunidades religiosas, algunos miembros del Ayuntamiento de la ciudad, así como un importante número de personas que tenían afincados sólidos intereses económicos e inmobiliarios en ella y en sus alrededores. Por el contrario, el bando “traslacionista” estimaba indispensable alejarse de ese escenario geográfico y buscar otro que ofreciese – según ellos – mayores seguridades físicas y naturales.

18 Independientemente de lo fuerte y profundo de los intereses económicos que estaban en juego, como de las consecuencias económicas que supondrían para la economía local el traslado y construcción de una nueva capital, es importante destacar que, en este momento, puede percibirse un cierto desasosiego y una tímida confrontación de intereses económicos y políticos al interior de esta sociedad. Afloraron diversas y encontradas opiniones a nivel público local. Evidentemente, tal controversia no llegó a prolongarse pues la voz y autoridad del Monarca se hizo sentir, por lo que no quedó más que obedecer. Es probable que el factor miedo también haya contribuido a aceptar el traslado, además de que desde las arcas reales se proveerían fondos para iniciar la construcción de la nueva ciudad22.

19 Pocos años después de haberse ordenado ese traslado, en Madrid fue emitido – en 1778 y con vigencia en todos los dominios españoles – el Reglamento para el Comercio Libre. En teoría, el espíritu del mismo era “flexibilizar” los intercambios comerciales entre la península y sus colonias. Aunque se le llamaba de “comercio libre”, este Reglamento no alteró la esencia monopólica que caracterizaba las relaciones comerciales entre la metrópoli y sus colonias. Más bien, se insertaba dentro de la agenda de cambios que la Monarquía Borbona venía impulsado desde tiempo atrás con el propósito de “modernizar” las reglas del gobierno político y económico en su conjunto, pero sin afectar el centralismo y autoritarismo en tanto ejes básicos del entramado de control social y económico vigente desde mucho tiempo atrás.

20 Sin embargo el gremio comercial, asentado en la ciudad de Santiago de Guatemala, que controlaban las redes comerciales con la península, como con las provincias del interior del Reino, no recibió con entusiasmo esta disposición. Sobre todo, porque esa “liberalización comercial” venía a desestabilizar de manera directa el control que ellos venían ejerciendo desde mucho tiempo atrás en todo ese territorio.

21 Durante más de un siglo las relaciones comerciales marítimas con la península se realizaron, en gran medida, a través del distante puerto de Veracruz (Nueva España) y, de manera esporádica, por los de Trujillo (Provincia de Honduras) y Santo Tomás de Castilla (Provincia de Guatemala23). Esta modalidad había generado una serie de circuitos y mecanismos de control –desde la ciudad de Santiago de Guatemala – sobre el sistema de intercambios que vinculaban estos territorios con la península. Y, en consecuencia, había consolidado a los comerciantes guatemaltecos como el “eje” que hacía girar todos los engranajes de ese sistema.

22Entre las disposiciones contenidas en el Reglamento estaba el reconocimiento como “puertos menores” – lugares autorizados para comerciar con los de la península a los de Omoa y Trujillo. Es importante destacar que dichos lugares se caracterizaban – desde siempre – por su precariedad en cuanto a la existencia de instalaciones portuarias permanentes, lo que había justificado que la aduana principal de todo el Reino estuviese ubicada en la ciudad de Santiago. De manera que, más que “puertos” esos lugares habilitados como tales, operaban como sitios para embarcar y desembarcar mercaderías. Luego, éstas eran trasladadas a la ciudad e ingresadas a dicha aduana, donde se debían pagar los respectivos impuestos. Luego, esas mercaderías eran redistribuidas por sus importadores – en su mayoría los comerciantes capitalinos – a los diferentes puntos del Reino. Estos procedimientos aseguraban a dicho gremio el control de la distribución de las mercaderías importadas en el resto del territorio, dado que si no ingresaban a dicha aduana se les consideraba como artículos de contrabando. Éstos solo pagaban los impuestos de introducción, mientras que los de venta corrían por cuenta de los comerciantes regionales. En el caso de los escasos frutos que se exportaban – añil y reducidas cantidades de metales preciosos los más significativos – éstos debían ser conducidos desde los lugares donde se producían hasta la ciudad, ingresados en la aduana y luego remitidos a esos “puertos”. En este caso, también, los comerciantes capitalinos eran quienes controlaban los procesos de producción mediante mecanismos de “habilitación” a los productores directos que, en última instancia, no percibían ganancias significativas por el trabajo realizado.

23 Los comerciantes guatemaltecos argumentaron que la nueva tributación establecida en el Reglamento penalizaría doblemente la actividad comercial, dado que – consideraban – no existían verdaderos puertos en la región y que – como ya se indicó – la aduana principal se encontraba en la ciudad capital. Según esas disposiciones, se verían obligados a pagar un 8% sobre el valor de sus importaciones (4% de internación y 4% de alcabala), lo que estimaban inadmisible. Para eludir ese doble pago de derechos entablaron un largo proceso que lograron ganar hasta 1796. Por otro lado, desde 1784 se declararon exoneradas de pago de impuestos las mercaderías españolas que llegasen a puertos menores (el caso de los del Reino de Guatemala); y a los géneros extranjeros se les rebajó de 4% a un 2%. Por último, en 1792, se declararon exoneradas de todo derecho las mercaderías que se introdujesen en los puertos menores de la América hispana24. De manera que, una vez más, el gremio de comerciantes capitalinos se opuso a los dictados de Madrid que, consideraban, afectaban la economía regional; pero, sobre todo, sus ganancias comerciales. En este caso, y luego de un largo proceso judicial, lograron que las autoridades reales dieran marcha atrás, logrando mantener sus privilegios. Sin embargo, una razón importante del rechazo a este nuevo sistema era que a partir de la habilitación de esos puertos (incluidos con posterioridad los de Matina y San Juan), se debían establecer aduanas en ellos. Ello suponía que los comerciantes provincianos ya no estarían obligados a depender del control comercial que sobre ellos ejercían los guatemaltecos. Podrían introducir y exportar desde sus provincias sin tener que pasar por la aduana de la ciudad capital.

Los escenarios principian a transformarse…

24 Durante la década de los años noventa del siglo XVIII se registraron dos hechos en los que el mencionado gremio fue un actor principal. Por un lado, y luego de múltiples gestiones realizadas en diversos momentos y a lo largo de muchos años, lograron que la Corona autorizara el establecimiento de un Consulado de Comercio. De esta forma lograron instituir una instancia desde la cual podrían intervenir de manera más orgánica en los asuntos relacionados con las actividades comerciales en todo el Reino, así como interactuar con la península en esos ámbitos de actividad25.

25 Por otro lado, y como resultado de las guerras sostenidas entre España e Inglaterra, se generaron considerables alteraciones en los intercambios comerciales con las colonias; afectando considerablemente los intereses del comercio local. El bloqueo comercial marítimo que Inglaterra impuso a los principales puertos españoles trajo – entre otras consecuencias – una disminución creciente en los envíos del añil guatemalteco a esos puertos. La ausencia de naves que fuesen – o viniesen – entre la península y Guatemala con tales fines evidenció los inconvenientes, sobre todo para los exportadores locales, del sistema monopólico comercial trasatlántico hasta entonces existente, resultante del Reglamento de 1778.

26 La Corona trató de subsanar tal situación adoptando medidas aleatorias, principalmente el llamado “comercio de neutrales”. Contrariamente a lo esperado, esta solución terminó de evidenciar, tanto para el comercio americano en general, como para el guatemalteco en particular, las ventajas del trato directo con los principales compradores y consumidores extranjeros de las producciones locales. Si se agrega el incremento que experimentó el contrabando en todas las regiones americanas, es probable que los espíritus de los dirigentes comerciales ratificaran las ventajas que resultaban de un sistema – o procedimiento – comercial diferente al del monopolio comercial español dentro del que debían operar. El “comercio de neutrales” les permitió experimentar las ventajas de comerciar directamente con otras plazas no peninsulares y que – finalmente – el intermediario gaditano podía ser perfectamente eliminado26. Pero, desde el Consulado de Comercio, se elevaron protestas pidiendo que los infractores del régimen tradicional –monopólico – fuesen sancionados. A raíz de esta situación principiaron a generase fricciones al interior de este gremio comercial local27.

27 De manera que, y como resultado de factores externos, estrechamente vinculados con los intereses económicos de los comerciantes capitalinos, se evidenciaron y profundizaron fracturas al interior de ese gremio, las cuales no serán totalmente reparadas. En adelante, ya no se trataba de un gremio que defendía una única agenda económico-comercial sino que éste se dividió en facciones que – además – transfirieron sus diferencias a otros ámbitos de la vida política local, como se verá adelante.

El ámbito político, otro espacio de confrontación

28 Dentro de las estrategias de defensa de los intereses económicos – pero también políticos – que enfrentaron a esos grupos puede inscribirse la pugna que se suscitó al interior del Ayuntamiento capitalino a partir de 1807, cuando el Presidente y Capitán General del Reino ordenó se sacaran a subasta cinco regimientos vacantes en dicha corporación. Varios cabildantes habían renunciado a sus regidurías en ese año pues estimaban que el desempeño de esos cargos había perdido estima e importancia; y que les resultaba imposible ejercer las labores de gobierno municipal en entera libertad porque – entre otras razones – la Audiencia buscaba por todos los medios y ocasiones inmiscuirse en sus funciones.

29 Inmediatamente después de que las renuncias fueron presentadas, un grupo de personas se presentó ante la Audiencia planteando su interés por adquirir tales vacantes. Ante esta situación, el Alcalde Primero de ese año – don Gregorio de Urruela – se dirigió al presidente de la Audiencia solicitándole que dejase sin efecto tal convocatoria; que no hubiese ninguna nueva venta de oficios concejiles; que se facultara al cuerpo municipal existente para nombrar personas idóneas en esas vacantes; y que – por último – él (Urruela) a título personal, depositaría en las Cajas Reales el monto total de las regidurías que pensaba rematar la Audiencia, siempre y cuando se dejase al Ayuntamiento llenar esas vacantes según su conveniencia.

30Esta pugna de intereses – que era tal – surgida a propósito de la provisión de regidurías vacantes en el Cabildo, fue el objeto de comentarios y análisis de una carta enviada por el Presidente de la Audiencia a las autoridades reales peninsulares en 180928. Tratando de explicar las divisiones existentes al interior de los grupos de poder de la ciudad por la provisión de esos cargos vacantes decía que: “En tiempos ordinarios ha podido, sin grave inconveniente, dejarse correr la constitución de los Ayuntamientos con sus defectos y vicios conocidos. Ahora, estos cuerpos pueden ser, y ya se consideran de mas influjo y representación. Conviene arreglarlos en su régimen, funciones e individuos29.” Según este funcionario, debían modificarse las reglas existentes para acceder a dicho cuerpo colegiado, dadas las características que organizaban el sistema de integración del mismo (peculiaridades e irregularidades que eran pasadas por alto, tales como el acaparamiento de dicho cuerpo por unas pocas familias30). Además, reconoce que en ese contexto específico estos cuerpos principiaban a asumir un nuevo papel y mayor injerencia política.

31 Continúa su carta haciendo relación cronológica de los hechos ocurridos luego de las renuncias presentadas por varios regidores en 1807. Destaca la dificultad existente para promover el interés “de sujetos regulares que apeteciesen los tales oficios, aun rogándose con ellos…”. Sin embargo, prosigue que “...al fenecer el año de 808 se presentan cuatro sujetos unidos, haciendo postura con calidad de tener voto en las próximas elecciones de alcaldes ordinarios. El Ayuntamiento, sabedor sin duda de ello, pero sin manifestarlo, ocurre con la solicitud de que se suspenda la subasta: se consulte a V.M. que cese tal practica por punto general; y que se le autorice para elegir regidores bienales31.”

32El único comentario que merecen – según este funcionario – tales pretensiones era que se trataba de peticiones y propósitos que siempre ha sido manifestados por estos cuerpos de gobierno locales, por lo que no eran dignos de ninguna atención. Sin embargo, va más mas lejos en su razonamiento sobre las causas profundas de la referida pretensión del Ayuntamiento para comprender “... tan raro y repentino impulso.” Según este funcionario, la pretensión del Ayuntamiento por que se suspendiera la subasta anunciada y que se le concediese la facultad de elegir regidores bienales obedecía a que “...es el rumor común, apoyado en una carta de Madrid, que he visto original, en que se anuncia que se pedirán Diputados a las ciudades de América para la Junta Central; que han de ser naturales del país, y que los han de elegir los Ayuntamientos y otros cuerpos. De aquí ha procedido todo este monumento, señalándose ya candidatos y procurándose votos en esta capital y en las provincias, de las cuales he recibido algunas representaciones moderadas sobre la materia32.”

33De manera que el sustento específico de la petición del Ayuntamiento – por voz de su Alcalde Primero – eran las perspectivas de una contienda política de la que, según el Presidente de la Audiencia, ya se manifestaban algunos brotes y agitación a partir de la presencia de grupos y opiniones, a tal punto que plantea que “Entrará la discordia de las familias, que empieza a percibirse, pues como vecindario corto están todos enlazados.”

34 Es decir, y a partir de lo planteado por dicho funcionario, el ambiente político se estaba agitando evidenciado en la presencia de grupos divergentes que perseguían el control del Ayuntamiento para – desde allí – incidir en la eventual elección de diputados a la Junta Central peninsular. Escenario que denotaba la importancia que tenía para ellos ejercer el control del proceso electoral, como de las posteriores actuaciones que de esa nueva situación se pudieran desprender.

35 El Presidente reconoce que tal “revolución de espíritus” manifestada en el Ayuntamiento y vecindario de la capital había sido provocada por los eventos peninsulares, influyendo en esos ánimos y haciéndoles creer que “...habían salido de su pequeña esfera, y que podían aspirar y elevarse a donde nunca tocaron, ni conviene dejarlos tocar33.” Estas frases implicaban la negativa rotunda que, según él, debía darse a tales pretensiones locales de tratar de inmiscuirse en el gobierno general (La Junta Suprema), debiéndose cortarlas de tajo. Sobre todo, porque esa función era exclusiva de la Corona. Recuérdese que el año anterior – 1808 – Napoleón había invadido la península y encarcelado al monarca español, generando un clima general de caos que, con el paso de los días – sobre todo en las colonias – fue transitando de la fidelidad más profunda a la Monarquía a las primeras iniciativas independentistas, como ocurrió en la Nueva España, Caracas y Buenos Aires.

36 Tal actitud “perniciosa” de quererse entrometer en las tareas del gobierno general de la Monarquía, provocada por las ideas y circunstancias vividas en esos años, mereció la condena del principal representante real local, estimando que en esos difíciles momentos que atravesaba España no debían tolerarse tales desórdenes políticos. Al contrario, debería constreñirse al Ayuntamiento de esta ciudad – como a todos los de América – a cumplir al pie de la letra lo prescrito en el artículo 20 de la Ordenanza de Intendentes de la Nueva España, que establecía que tales cuerpos de gobierno local debían rendir cuenta minuciosa a las autoridades superiores sobre todo cuanto en ellos se tratase y discutiese34.

37 La citada carta del Presidente González Saravia concluye proponiendo una serie de medidas para cortar con tales anomalías, resumiéndose en que en los casos de vacantes en los Ayuntamientos se permitiese – al menos – que estos cuerpos pudiesen presentar una terna de candidatos por cada puesto vacante, y que correspondería al Presidente de la Audiencia el privilegio de elegir y nombrar al que él considerase como más a propósito para el cargo en cuestión. Este documento nos advierte sobre la efervescencia política que habían provocado en la capital del reino los sucesos de la península. Es evidente que todos se sintieron conmovidos con las noticias de la abdicación de Fernando VII, su prisión y la proclamación de José Bonaparte como rey de los españoles35. Pero la idea – la posibilidad – de controlar las hipotéticas elecciones de un diputado que representaría al reino en la Junta Central también produjo movimientos, maniobras políticas y escisiones al interior de los grupos de poder residentes en la ciudad.

38 En abril de 1809 se organizaron elecciones en todo el reino para elegir al diputado que representaría al Reino en esa Junta, mediante un procedimiento electoral organizado y controlado por los ayuntamientos de las principales capitales provinciales del Reino. Cada uno de ellos propuso tres candidatos, de los que se sorteaba uno cuyo nombre era enviado al Real Acuerdo. Este, luego de evaluar a todos los candidatos propuestos por los ayuntamientos, redujo su número a tres. De estos – y por sorteo – se eligió al diputado general por todo el reino ante la Junta Central.

39 Luego de haberse realizado tan largo y complicado procedimiento, al final quedaron como finalistas José Aycinena Carrillo, Manuel Pavón Muñoz y Antonio Juarros Lacunza. Coincidencia, o no, estos tres personajes pertenecían a importantes familias capitalinas dedicadas al comercio y –desde algunas generaciones anteriores – venían participando en el Ayuntamiento de la ciudad. Además, estaban estrechamente emparentadas entre si. Fue don Manuel Pavón Muñoz el elegido para representar al Reino de Guatemala en la Junta Central. Sin embargo, la situación política en la Península evolucionaba más rápidamente que estos procesos locales, por lo que poco tiempo después de haberse concluido el descrito “proceso electoral” y cuando Pavón se preparaba para partir a la península, llegaron noticias oficiales sobre que la Junta Central había sido disuelta y que en su lugar se había instalado un Consejo de Regencia36.

40 La substitución de la Junta Central por el Consejo de Regencia dio como resultado – en términos generales – la definición de dos tendencias políticas importantes en la península: la de quienes continuaban sosteniendo el poder absoluto del monarca, y la de los que estimaban necesario que se operasen cambios en el estilo y forma de gobierno y se introdujese el sistema monárquico constitucional.

41 Los sucesos acaecidos inmediatamente después (la convocatoria a cortes extraordinarias con participación americana y la promulgación de una constitución que preconizaba que la soberanía residía en la nación) dieron la razón a los constitucionalistas. Las Cortes de Cádiz, integradas por representantes de todos los territorios bajo el dominio español – la primera en su género en la historia española – confirmaron la existencia de tendencias políticas precisas y opuestas tanto en la península como en la América hispana. Las elites económicas y políticas de Guatemala no escaparon a esas nuevas corrientes de tensión y enfrentamiento político.

42 Dando cumplimiento a las instrucciones enviadas por la Regencia, se procedió a elegir diputados que representarían al Reino de Guatemala en la Asamblea Constituyente que se reuniría en Cádiz para elaborar el nuevo texto constitucional. Siete fueron los representantes electos por todas las provincias de este Reino. De ellos, sólo seis estuvieron presentes en esos trabajos37.

43 El canónigo don Antonio Larrazábal Arrivillaga, miembro de una de las familias vinculadas con el Ayuntamiento, salió de Guatemala en octubre de 1810, llevando un poder especial y directo que le había otorgado el Ayuntamiento para representar a toda la provincia guatemalteca en ese evento. También llevaba varios documentos que reflejaban el estado de ánimo – y las posiciones políticas – de las dos facciones que habían surgido al interior del Ayuntamiento capitalino, en los que se exponían sus puntos de vista y proyectos políticos, relativos a la nueva organización de la monarquía española.

44 Por un lado, llevaba las Instrucciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española, y su Gobierno de que ha de tratarse en las próximas cortes generales de la Nación. Dadas por el M.I. Ayuntamiento de la M.N. y L. Ciudad de Guatemala a su Diputado el Sr. Dr. D. Antonio Larrazábal Canónigo penitenciario de esta Santa Iglesia Metropolitana. Formadas por el Sr. D. José María Peynado, Regidor Perpetuo y Decano del mismo Ayuntamiento38. Este documento contenía cuatro partes (un proyecto político, otro sobre el sistema económico, otro sobre un proyecto de contribución única, y el último sobre la necesidad de reformar algunas leyes). En él se arremetía – en lo esencial – contra el sistema de gobierno monárquico absolutista existente en España. Con una fuerte influencia francesa, dichas “Instrucciones” postulaban una serie de principios y teorías referentes a la organización del Estado y de las instituciones de gobierno. Se preconizaba que la mejor garantía de la aplicación de tales principios sería la promulgación de una constitución “... que prevenga el despotismo del Jefe de la Nación: que señale los límites de su autoridad: que haga del Rey un padre y un ciudadano: que forme del magistrado un simple ejecutor de la ley (...) un sistema económico y político, que auxilie los tres sagrados principios de propiedad, libertad y seguridad39.”

45 Por lo que concierne al “Sistema Económico” (segunda parte de las Instrucciones) se planteaban una serie de ideas contrarias al proteccionismo estatal y el mercantilismo, apostando por los principios de la libre concurrencia y de una economía liberal40. En la parte relacionada con el “Proyecto de una contribución” (tercera parte) se proponía la creación de una única contribución, la cual se calcularía en base a la capacidad productiva de cada ciudadano. En consecuencia, deberían suprimirse todas las demás existentes, al igual que estancos, tributos, etc., quedando todos los ciudadanos en absoluta igualdad fiscal41. La última parte – “Discurso sobre la reforma de algunas leyes” – contenía una exposición general que argumentaba la necesidad de suprimir ciertas leyes que acentuaban el carácter absolutista del régimen político vigente, entre ellas la supresión del tormento, la infamia, la confiscación de bienes, los estancos, las aduanas y la pena de muerte42.

46 Cuando se revisan los nombres de los cabildantes que suscribieron este documento se constata que todos pertenecían a la elite socio-económica local que estaba presente, además de el Ayuntamiento, en la alta jerarquía de la Iglesia, la Universidad, y en el Consulado. Su denominador común era el conocimiento que tenían y adhesión que profesaban por las ideas políticas liberales de la época. No es de extrañar que estos individuos hayan adoptado un ideario liberal bastante avanzado para la época. Lo que perseguían – a partir de dicho ideario – era acceder a un nivel más amplio y elevado de decisión política y económica. Sobre todo, porque las perspectivas que les ofrecía el sistema político y económico entonces imperante ya no les satisfacían. En consecuencia, optaron por un proyecto político fácilmente defendible en un momento histórico en el que las circunstancias podrían facilitar su adopción.

47 Pero cuando las “Instrucciones” fueron presentadas al pleno del Ayuntamiento para su aprobación no lograron una aprobación unánime. Cuatro regidores presentaron un voto razonado en el que manifestaban su desacuerdo con dicho documento, dado que no coincidían con la visión política en él contenida43. Además, entregaron al diputado Larrazábal un documento para que lo presentara al pleno de las cortes gaditanas. Éste contenía una propuesta con un ideario político totalmente opuesto al de las “Instrucciones” y se titulaba Apuntes Instructivos que al Señor Don Antonio Larrázabal Diputado a las Cortes Extraordinarias de la Nación Española por el Cabildo de la Ciudad de Guatemala, dieron sus regidores don José de Isasi, don Sebastián Melón, don Miguel González y don Juan Antonio de Aqueche44.

48 Estos “Apuntes” se inician aclarando que el interés primordial que había orientado su redacción no había sido el de “corporación o de gremio” sino el de la Patria. Para ellos, una nación grande y extendida como España no podía conservar tal carácter si no se apoyaba en un gobierno articulado sobre una unidad de acción y de gobierno. Declaran que en la elaboración de su documento les habían sido útiles las ideas implícitas en la Constitución Inglesa. En tal sentido, consideraban que los objetivos de las cortes debían ser – fundamentalmente – salvar a la patria de la situación crítica en la que se encontraba, y aportar soluciones de largo plazo que sustentasen la Monarquía sobre una Constitución liberal, “que aleje los abusos del despotismo, sin tocar las altas prerrogativas de la Corona45.” Es decir, no se oponían a la promulgación de un texto constitucional que contribuyera a mejorar el clima político y las instituciones, pero consideraban que esa meta no debía significar atacar los privilegios reales. “Las prerrogativas del Soberano han de ser en ella invulnerables, y no se les ha de atentar en lo mas mínimo (...) ha de gozar plenamente y sin restricciones del omnímodo poder executivo46...”. Y para contrarrestar los abusos de poder en que podía incurrir el monarca proponían que se establecieran cortes representativas integradas por “dos partes distintas y separadas, una es la del pueblo, otra la de la Nobleza y Clero47.”

49 Estableciéndose lo esencial de los planteamientos políticos e ideológicos contenidos en estos dos documentos llevados por Larrazábal a las Cortes gaditanas se constata la existencia de dos bloques políticos al interior del Ayuntamiento capitalino en esos años48. Mientras que los primeros proponían la liberalización del sistema institucional vigente, los otros apoyaban la continuidad del régimen monárquico existente. Vale precisar que los cuatro firmantes de los “Apuntes Instructivos” eran peninsulares y que no tenían ningún nexo personal o familiar con la mayoría que había firmado las “Instrucciones”.

50 ¿Problemas políticos – arreglos de cuentas – entre criollos y peninsulares? No considero que tales facciones hayan surgido alrededor de esta temática. El presidente González Saravia, en la carta citada anteriormente, indica que él nunca había tenido noticias sobre la existencia de conflictos entre ambos grupos y durante todos esos años49. Tal “revolución de espíritus” podría ser interpretada como resultado de los diversos acontecimientos políticos que habían sacudido a Europa – Francia en especial – y España durante los últimos decenios del siglo XVIII y en los inicios del XIX. Sin olvidar los traumas económicos que les generaron los cambios derivados de la aplicación de las Reformas Borbónicas, que habían afectado directamente sus intereses económicos.

51 La vigencia del texto constitucional de 1812 fue bastante efímera. En 1814, Fernando VII dejó sin vigencia tal documento, volviendo a retomar los poderes absolutos en su persona. La mayor parte de estos acontecimientos se desarrolló siendo Presidente de la Audiencia don José Bustamante y Guerra (que había tomado posesión de su cargo en 1811). Este funcionario, desde su llegada, desplegó una intensa campaña contra todos los que defendían y simpatizaban con las ideas de cambio político. No ocultó, en ningún momento, su total oposición y rechazó al proyecto político contenido en las “Instrucciones”, calificándole de copia literal de la constitución de los franceses de 1794.

52 Su monarquismo acendrado le llevó a entablar un proceso contra los redactores y firmantes de las “Instrucciones”, el cual dio como resultado la promulgación de una Real Cédula en marzo de 1815 que condenaba las “Instrucciones”, y declaraba inhabilitados, perpetuamente, a sus signatarios para ocupar cualquier cargo concejil o administrativo en América50. Se ordenó una requisición de todos los ejemplares de dicho documento, llegando Bustamante al extremo de ordenar que se quemase un ejemplar de las mismas en la plaza mayor como ejemplo y escarmiento de lo que merecían esos planteamientos políticos. En consecuencia, el hasta entonces grupo tradicional y mayoritario en el Ayuntamiento se vio situado en clara desventaja. Además, durante esos años (1814-1820) el Ayuntamiento capitalino experimentó una renovación considerable de sus integrantes lo que no implicó, en ningún momento, que las viejas familias fuera erradicadas de dicha instancia de poder local, sino un alejamiento temporal de las posiciones de ventaja y control de que siempre habían sido los principales beneficiarios.

53 Los “proscritos” de 1815 no permanecieron con los brazos cruzados resignándose a cumplir la condena impuesta por el soberano por su “delito político”. Mediante una serie de cartas y memoriales enviados al Rey por el Cabildo Eclesiástico, la Universidad, comunidades religiosas, curas párrocos, etc., se le pedía que reconsiderase tales medidas, por ser injustas y dictadas por la pasión. De hecho, en 1817 recibieron dos noticias que, seguramente, les proporcionaron enorme satisfacción: la suspensión de la real cédula de marzo de 1815 que le había inhabilitado para ejercer cargos de gobierno en América; y que el Presidente Bustamante había sido retirado de su cargo. Sin embargo, la reparación de dicho agravio recibido no implicaba, forzosamente, el olvido de la humillación política recibida. De hecho, se les reinstaló en sus antiguos puestos y se les rindieron actos públicos de desagravio.

Hacia el desenlace final

54 Sin embargo, el castigo político – que fue tal – impuesto por la Corona a estos individuos en 1815 habría operado como factor de estímulo para que éstos persistiesen en sus ideas y posición sobre la necesidad de flexibilizar y renovar el régimen político y económico existente. Aunque, por otro lado, el retorno de Fernando VII en 1814 al trono sancionó positivamente a quienes defendían el principio de la monarquía absoluta. De manera que durante el período de restauración monárquica (1814-1820) las diferencias políticas continuaron alimentándose.

55En 1818 varios grupos vinculados a las actividades comerciales proclamaron que la única alternativa y solución a la difícil situación económica que estaban atravesando era comerciar directamente con los extranjeros. De hecho, al año siguiente se llegó a un acuerdo con la Habana, para que ésta sirviese de punto de contacto entre Guatemala y los extranjeros51. El entonces Presidente de la Audiencia de Guatemala – don Carlos de Urrutia – llegó aún más lejos, y bajo la presión del Consulado de Comercio local, ese mismo año autorizó que se entablaran contactos directos con los establecimientos ingleses localizados en Belice52.

56De manera que durante todos estos años y como resultado de la continua sucesión de eventos – traumáticos para las elites capitalinas – de carácter interno y externo al régimen colonial imperante, éste se fue agrietando paulatinamente, en gran parte por su misma rigidez. Por un lado, los intereses del comercio peninsular – sustentados en el régimen de monopolio comercial – no coincidían con los de la mayoría de comerciantes locales. En medio de esa tensión éstos continuaron reclamando prerrogativas y libertad de acción. De manera que dentro de esa oposición de intereses se fueron originando disensos políticos que se manifestarán posteriormente en la búsqueda del rompimiento de la dependencia política con la metrópoli como la solución mas adecuada, desde la perspectiva de las elites capitalinas, para superar el estancamiento en el que se encontraban sumergidas.

57 En ese contexto de contradicciones cada vez más evidentes, surgieron y circularon entre reducidos sectores letrados dos publicaciones que, con cierta periodicidad, recogían voces y pensamientos diametralmente opuestos ( El Editor Constitucional y El Amigo de la Patria ). De manera bastante resumida, podría decirse que los constitucionalistas de 1810 (quienes suscribieron las “Instrucciones”, los “proscritos” de 1815: las viejas familias comerciantes) optaron por un discurso y una posición política orientada hacia las ideas liberales – en lo político – sin por ello prescindir de sus privilegios económicos. De hecho, en1821 fueron los principales instigadores de la proclamación de independencia. Éstos apoyaron al Editor Constitucional – dirigido por don Pedro Molina – en oposición a El Amigo de la Patria promovido por el abogado don José Cecilio del Valle53. En éste el lenguaje y estilo empleado era más mesurado, literario y menos apasionado que el de su concurrente. Por ejemplo, en la polémica que ambas publicaciones sostuvieron sobre el comercio y contrabando, Valle se empleó a fondo para denunciar el espíritu elitista y monopólico que promovían los redactores del Editor para defender tales posiciones, mientras que desde esta publicación se les acusaba de “serviles”, identificándolos como afines a una línea política que veía con reticencias la aplicación de los principios constitucionales, llegando a calificarles de “terroristas” y “bustamantistas54“.

58 De manera que en las postrimerías de este largo periodo de cambios y confrontaciones que, como se ha tratado de mostrar, fueron incrementándose se registró la presencia de dos facciones políticas que se habían venido conformando, pausadamente, desde mediados del siglo XVIII. En un primer momento, las oposiciones y rivalidades giraron alrededor de cuestiones económicas (estancos, comercio libre, comercio de neutrales, rivalidades en el consulado, etc.) Pero con el advenimiento de los sucesos que sacudieron a España desde 1808, tales contiendas fueron adquiriendo un matiz marcadamente político. Ello dio margen a una exteriorización más evidente de tendencias opuestas, con las consecuencias que de ello se desprendieron.

59 Más que entrar en un análisis pormenorizado de las Reformas Borbónicas en sí, como de los idearios políticos que matizaron las posturas de estos grupos, se intentó describir algunas de las circunstancias que condujeron a la cristalización de grupos rivales, política y económicamente hablando, en una sociedad que durante mucho tiempo había funcionado en y para el sistema monárquico absolutista. Es oportuno destacar que el rompimiento político con España se efectuó sin derramamiento de sangre, como si ocurrió en otras latitudes coloniales. Los acontecimientos políticos que entonces sacudían a la Nueva España (desde el “grito de Morelos” hasta la proclamación del Plan de Iguala, en 1820) empujaron a los dirigentes políticos locales – de ambos bandos – a posturas más contundentes, en aras de mantener y/o imponer sus propias perspectivas políticas y económicas. Si se leen los considerandos que encabezan el acta de independencia puede apreciarse que ese acto fue, más bien, el resultado de un cálculo político que de verdaderas ansias libertarias.

60 Considero que la decisión política de romper los vínculos con la Monarquía Española fue resultado de la decisión de un reducido grupo de individuos que, desde tiempo atrás venían debatiéndose entre la fidelidad a la Corona y el pragmatismo que sustentaba sus intereses económicos. De manera que los cálculos económicos prevalecieron sobre las proclamas libertarias.

61 En diciembre de 1821, el Ayuntamiento de la ciudad capital – que había liderado la iniciativa de la declaratoria de independencia – promovió la decisión de la anexión del Reino de Guatemala al Imperio Mexicano. A partir de entonces, y durante varios años, se inició y desarrolló un contencioso político que condujo a esta provincia a enfrentamientos políticos y bélicos, con los posteriores resultados de su inevitable balcanización.

Bibliografía citada

62Apuntamientos sobre la Agricultura y Comercio del Reyno de Guatemala que el Señor Don Antonio de Larrazábal Diputado a Cortes Extraordinarias de la Nación por la misma Ciudad, pidió al Real Consulado en Junta de Gobierno de veinte de octubre de 1810_. (1811) Guatemala, Imprenta de Manuel Arévalo.

63Arana, Tomás de, (1941-1942). “Relación de los estragos y ruinas que ha padecido la ciudad de Santiago de Guatemala por los terremotos y fuegos de sus volcanes, en este año de 1717.” En: Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 17(2-3), págs. 148-160 y págs. 232-243.

64Belaubre, Christophe (2008). “El traslado de la capital del Reino de Guatemala (1773-1779). Conflicto de poder y juegos sociales”. En: Revista Historia, págs. 57-58, págs. 29-31.

65Bertrand, Michel (2007). “Poder, negocios y familia en Guatemala a principios del siglo XIX”. En: Historia Mexicana, LVI:3, págs. 863-917.

66Cadena, Felipe (1774). Breve descripción de la noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y puntual noticia de su lamentable ruina ocasionada de un violento terremoto el día veinte y nueve de julio de mil setecientos setenta y tres. Mixco, Guatemala: Sánchez Cubillas.

67Cortés y Larraz, Pedro (1958). Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia, 2 vols.

68Escritos del Doctor Pedro Molina (1954). Guatemala: Ministerio de Educación Pública. 3 tomos.

69Escritos del Licenciado José Cecilio del Valle (1969). Guatemala: Editorial “José de Pineda Ibarra”. 3 tomos.

70Galicia Díaz. Julio (1976). Destrucción y Traslado de la Ciudad de Santiago de Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.

71García Laguardia, Jorge Mario (1971). Orígenes de la Democracia Constitucional en Centroamérica. San José, Costa Rica: EDUCA.

72García Peláez, Francisco de Paula (1968-1973). Memorias para la historia del Antiguo Reino de Guatemala. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala.

73González Bustillo, Juan (1774a). Razón particular de los templos, casas de comunidades y edificios públicos y por mayor del número de los vecinos de la capital Guatemala; y del deplorable estado en que se hallan reducidos por los terremotos de la tarde del veinte y nueve de julio, trece y catorce de diciembre del año próximo pasado de setenta y tres. Guatemala La Hermita: Antonio Sánchez Cubillas.

74_______________ (1774b). Razón puntual de los sucesos más memorables de los estragos y daños que ha padecido la ciudad de Guatemala y su vecindario, desde que se fundó en el parage llamado Ciudad Vieja o Almolonga, y de donde se trasladó a el que actual se halla. Mixco Guatemala: Antonio Sánchez Cubillas.

75Guatemala por Fernando Séptimo el día 12 de diciembre de 1808 (1809).

76Instrucciones para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española, y su Gobierno de que ha de tratarse en las próximas cortes generales de la Nación. Dadas por el M.I. Ayuntamiento de la M.N. y L. Ciudad de Guatemala a su Diputado el Sr. Dr. D. Antonio Larrazábal Canónigo penitenciario de esta Santa Iglesia Metropolitana. Formadas por el Sr. D. José María Peynado, Regidor Perpetuo y Decano del mismo Ayuntamiento. (1811) Guatemala: en la Imprenta de D. Ignacio Beteta.

77Apuntes Instructivos que al Señor Don Antonio Larrázabal Diputado a las Cortes Extraordinarias de la Nación Española por el Cabildo de la Ciudad de Guatemala, dieron sus regidores don José de Isasi, don Sebastián Melón, don Miguel González y don Juan Antonio de Aqueche. Nueva Guatemala: Impreso en la Oficina de D. Manuel de Arévalo. Año de 1811.

78Jickling, David L. (1982). “Los vecinos de Santiago de Guatemala en 1604”. En: Mesoamérica, 3:145-231.

79Hernández Aparicio, Pilar (1977). “Problemas socio-económicos en el valle de Guatemala, 1670-1680”, en: Revista de Indias, 37, págs. 149-150 (julio-diciembre 1977), págs. 585-637.

80Luján Muñoz, Jorge (1988). Agricultura, mercado y sociedad en el Corregimiento del Valle de Guatemala, 1970-80. Guatemala: Universidad de San Carlos: Dirección General de Investigación.

81Martínez Peláez, Severo (1998). La Patria del Criollo. Ensayo de Interpretación de la Realidad Colonial Guatemalteca. México: Fondo de Cultura Económica.

82Palma Murga, Gustavo (1986). “Núcleos de poder local y relaciones familiares en la Ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII.” En: Mesoamérica (Antigua Guatemala, CIRMA), 12, págs. 241-308.

83Palma Murga, Gustavo (2000). “Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Estrategias de supervivencia económica de la elite guatemalteca en las postrimerías del período colonial.” En: TRACE. Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre. Nº 37 (Juin). México: Centre Français d´Études Mexicaines et Centraméricaines. págs. 55-73.

84Pardo, José Joaquín (1984). Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. Guatemala: Serviprensa Centroamericana.

85Reglamento y Aranceles Reales para el comercio libre de España a Indias, de 12 de octubre de 1778. Madrid: en la Imprenta de Pedro Marín.

86Santos Pérez, José Manuel (1999). Elites, poder local y régimen colonial: el Cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787. Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.

87_______________ (2000). “La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la Audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII.” En: Mesoamérica 21:69-94.

88Smith, Robert (1946). “Origins of the Consulado of Guatemala”. En: Hispanic American Historical Review 26(2), págs. 150-161.

89Woodward, Ralph Lee Jr. (1981). Privilegio de Clase y Desarrollo Económico, Guatemala: 1793-1871. San José, Costa Rica: EDUCA.

90Wortman, Miles (1975). “Bourbon Reforms in Central America: 1750-1786”. (1975) En: The Americas 2(32), págs. 222-238.

91Wortman, Miles (1991). Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1680-1840. Tegucigalpa: Banco Centroamericano de Integración Económica.

92Zilbermann, María Cristina (1987). Aspectos socio-económicos del traslado de la Ciudad de Guatemala (1773-1783). Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala.

Documentos de Archivo

93Archivo General de Indias (AGI)

94Audiencia de Guatemala: 317, 318, 446, 499, 502, 637, 704, 899.

Notas de pie de páginas=

951 Poco o nada se dice sobre que en ese entramado, tanto a nivel demográfico como productivo, la población indígena constituyó el soporte que garantizó la existencia y reproducción de todo el andamiaje colonial. Al respecto, llama la atención el reconocimiento que, a finales del siglo XVIII hiciera el Consulado de Comercio sobre el “lugar” que dicho sector de la población ocupaba en la estructura económica colonial en los siguientes términos: “Ellos son el descanso de las demás clases sin exclusión; ellos son los que nos alimentan surtiéndonos de lo necesario y de regalo… ( Apuntamientos, 1811).

962 En La Patria del Criollo se explica la complejidad de la trama social y económica entonces vigente, en la que la violencia era un importante elemento estructurador de las relaciones sociales. Tal el caso de los frecuentes “motines de indios”, mediante los cuales esta población evidenciaba, de manera reiterada, su rechazo a un sistema de vida que se les impuso. Véase Severo Martínez Peláez, La Patria del Criollo. Ensayo de Interpretación de la Realidad Colonial Guatemalteca. (México: Fondo de Cultura Económica, 1998). Otras lecturas, también ilustrativas de esa complejidad se pueden desprender de la lectura de Las Efemérides… en las que, de manera sucinta, se da cuenta de multitud de hechos y situaciones que caracterizaron ese periodo histórico. Véase José Joaquín Pardo, Efemérides de la Antigua Guatemala, 1541-1779. (Guatemala: Serviprensa Centroamericana, 1984).

973 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, pág. 168.

984 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 170 y 173.

995 A la cabeza del Ayuntamiento de la ciudad estaban dos alcaldes (1º y 2º), hasta 12 regidores y dos síndicos. Entre ellos se distribuían las atribuciones relacionadas con el gobierno y administración de la ciudad. En cuanto a los mecanismos de administración de esos pueblos estaba contemplado que, durante seis meses, uno de los alcaldes asumía la responsabilidad de los asuntos de la ciudad mientras que al otro le correspondían los relacionados con la administración de esos pueblos. Al cabo de seis meses se turnaban en el desempeño de tales responsabilidades.

1006 El historiador Luján Muñoz indica que para el año 1678 habían sido repartidos 2,270 indios procedentes de 27 pueblos del valle de la ciudad. Véase Jorge Luján Muñoz, Agricultura, mercado y sociedad en el Corregimiento del Valle de Guatemala, 1970-80. (Guatemala: Universidad de San Carlos: Dirección General de Investigación, 1988), pág. 56.

1017 En abril de 1760 fue recibida y obedecida, en el Cabildo, la Real Cédula de 3 de noviembre del año anterior en la que se le asignaba a los alcaldes ordinarios de la ciudad jurisdicción sobre 5 leguas, así como la obligación de continuar recaudando los tributos en los pocos pueblos que quedaron incluidos dentro de esa extensión. Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 176-177.

1028 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 178.

1039 Véase Francisco de Paula García Peláez, Memorias para la historia del Antiguo Reino de Guatemala. (Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1968-1973) y José Joaquín Pardo, Efemérides,. Jickling profundiza en la iniciativa desplegada por la Audiencia de Guatemala durante las primeras dos décadas del siglo XVII con tales propósitos. Véase David L. Jickling, “Los vecinos de Santiago de Guatemala en 1604” en: Mesoamérica, 3, (1982), págs. 145-231.

10410 El historiador Miles Wortman aporta un análisis bastante completo sobre este ramo, su extensión y sus productos monetarios. Véase Miles Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1680-1840. (Tegucigalpa: Banco Centroamericano de Integración Económica, 1991).

10511 Véase AGI, Guatemala 317, 318 y Miles Wortman, “Bourbon Reforms in Central America: 1750-1786”, en: The Americas 2(32), págs. 222-238.

10612 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 187.

10713 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 188. Apenas en 1756 se había celebrado contrato de remate del Asiento y Estanco de Aguardiente entre el Ayuntamiento de la ciudad y el Monarca, lo que implicaba que dicho cuerpo ejercería el control monopólico de la producción, circulación y venta de ese tipo de bebidas. Véase José Joaquín Pardo, Efémerides, 1984, pág. 173.

10814 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 187.

10915 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 188.

11016 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 192.

11117 Véase José Joaquín Pardo, Efemérides, págs. 193.

11218 Pardo aporta información sobre el rechazo que estas disposiciones tuvieron entre los miembros del comercio y del Ayuntamiento, como también la efervescencia social que sacudió a la ciudad, sobre todo entre sectores de población que se decían afectados con esas disposiciones. Aún está pendiente un análisis detallado de esas manifestaciones de insatisfacción social que, entre otras cosas, indican que la sociedad colonial estaba muy lejos de ser un espacio social armónico y pacífico. Véase José Joaquín Pardo, Efémerides, 1984, págs. 184, 186, 189, 190, 193.)

11319 Bastantes años atrás, luego del terremoto ocurrido en 1717 se había considerado la posibilidad de trasladar la sede de la ciudad hacia otro lugar, pero tal iniciativa no prosperó. En ese contexto fue la alta jerarquía de la Iglesia la que trató de promover dicho traslado, mientras que las autoridades de la Real Audiencia se pronunciaron por la reparación de los daños y la permanencia en ese lugar; lo que finalmente ocurrió. Véase Tomás de Arana, “Relación de los estragos y ruinas que ha padecido la ciudad de Santiago de Guatemala por los terremotos y fuegos de sus volcanes, en este año de 1717” en Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 17(2-3), (1941-1942), págs. 148-160 y págs. 232-243.
.

11420 Son ilustrativos los informes elaborados luego de ocurrida dicha catástrofe: Felipe Cadena, Breve descripción de la noble ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y puntual noticia de su lamentable ruina ocasionada de un violento terremoto el día veinte y nueve de julio de mil setecientos setenta y tres. Mixco, Guatemala: Sánchez Cubillas, 1774 y, González Bustillo (1774 a y b).

11521 Sobre el traslado de la ciudad pueden consultarse: véanse Julio Galicia Díaz, Destrucción y Traslado de la Ciudad de Santiago de Guatemala. (Guatemala: Editorial Universitaria, 1976) y María Cristina Zilbermann, Aspectos socio-económicos del traslado de la Ciudad de Guatemala (1773-1783), (Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 1987) entre otros.

11622 Véase Christophe Belaubre

11723 Pocos años después, se concedieron similares concesiones a los puertos de Trujillo, San Juan de Nicaragua y Matina, ubicados sobre la vertiente atlántica regional. Disposición que vino a afectar aún más el régimen de monopolio que venían ejerciendo los comerciantes capitalinos sobre el resto de provincias del Reino.

11824 Desde 1763, año en que principió a funcionar la Administración General de Alcabalas se estableció el pago de un derecho de 3% sobre las ventas de mercaderías que luego se quiso aumentar a un 4%. También se intentó obligar a todos los propietarios de tiendas y pulperías existentes en la ciudad a que pagasen un derecho similar (que se le llamó de reventa). Los comerciantes guatemaltecos, de forma unánime, rechazaron ese proyecto. En 1768, las autoridades reales locales intentaron, de nuevo, la implantación del 4% antes mencionado en calidad de derecho de reventa. Se llegó a 1781 sin haberlo logrado, pues cada vez que las autoridades reales iniciaban los procedimientos para su percepción, el gremio de comerciantes interponía recursos y dejaba en suspenso el pago de los derechos que se les quería imponer. En este mismo año – 1781 – las autoridades renunciaron a su proyecto de cobrar alcabala de reventa, logrando a cambio que el 3% que se percibía desde 1763 se aumentase a en 4%, y únicamente sobre la primera venta. Dicha medida entró en vigor en 1872. Por otro lado, en el Reglamento de 1778 se contemplaba que las mercaderías que ingresaban a los puertos americanos deberían pagar un 4% llamado alcabala de internación. El comercio de la ciudad de Guatemala se opuso, igualmente, a la aplicación de tal disposición. Además, tal derecho debía cobrarse sobre los valores que las mercaderías tendrían en el mercado y no según los aranceles del mencionado Reglamento de 1778.

11925 Véase Robert Smith, “Origins of the Consulado of Guatemala”, en Hispanic American Historical Review 26(2), (1946), págs. 150-161 y Ralph Lee Jr. Woodward, Privilegio de Clase y Desarrollo Económico, Guatemala: 1793-1871, (San José, Costa Rica: EDUCA, 1981).

12026 Véase el artículo en el que el historiador Michel Bertrand ilustra de manera clara algunos de los efectos que esa disposición – el comercio de neutrales – generó entre el Consulado de Comercio y las autoridades de la Audiencia. Pero, sobre todo, las alteraciones y rupturas que surgieron de esa situación, más allá de las estrictamente económico-comerciales. Michel Bertrand, “Poder, negocios y familia en Guatemala a principios del siglo XIX”. En: Historia Mexicana, LVI: 3, (2007), págs. 863-917 y Gustavo Palma Murga, “Núcleos de poder local y relaciones familiares en la Ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII.” En: Mesoamérica (Antigua Guatemala, CIRMA, 1986), 12, págs. 241-308.

fn27. En 1797 un grupo de comerciantes de la capital cuestionó las elecciones que acababan de realizarse en el Consulado. La razón de tal protesta era de que la mayoría de puestos de gobierno en dicho gremio habían sido acaparadas por unos cuantos miembros de unas pocas familias. A pesar de las justificaciones presentadas por los contestatarios, el Presidente de la Audiencia en ese momento – don José Domás y Valle – sostuvo a los impugnados, posición que fue posteriormente confirmada por el rey. Véase: AGI, Guatemala 704.

12128 Véase AGI, Guatemala 446.

12229 Véase AGI, Guatemala 446.

12330 Sobre este tema, véase José Manuel Santos Pérez, Elites, poder local y régimen colonial: el Cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787, (Cádiz: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1999) y “La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la Audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII.” En: Mesoamérica 21, (2000), págs. 69-94 y Gustavo Palma Murga, (2000). “Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Estrategias de supervivencia económica de la elite guatemalteca en las postrimerías del período colonial.” En: TRACE. Travaux et Recherches dans les Amériques du Centre. Nº 37 (Juin). México: Centre Français d´Études Mexicaines et Centraméricaines. págs. 55-73.

12431 Véase AGI, Guatemala 446.

12532 Véase AGI, Guatemala 446.

12633 Véase AGI, Guatemala 446.

12734 Véase AGI, Guatemala 446.

12835 La noticia de la usurpación del trono español por Napoleón llegó a Guatemala en julio de 1808. El Ayuntamiento de la ciudad se declaró, inmediatamente, sorprendido, consternado e indignado por tal acto, desconociendo al intruso y renovando su reconocimiento y obediencia al soberano legítimo de los españoles. En diciembre de ese mismo año este edilicio promovió la organización de actividades públicas para manifestar el amor y devoción de la ciudad al Monarca depuesto. Bajo el tema de “Guatemala por Fernando VII” se realizaron numerosos actos alegóricos sobre la Monarquía, el Rey y España, que duraron más de quince días. De éstos quedó testimonio impreso en el que se narran con detalle los actos, desfiles y convites ejecutados en ese mes de diciembre de 1808. Además, se reproducen – en grabados – las pinturas murales que decoraban un templete de estilo griego que fue erigido en la plaza mayor de la ciudad. Esta construcción servía de trono y dosel a un retrato de Fernando VII que recibía – y presidía – todos esos actos. Por otro lado, el Presidente de la Audiencia en ese año – don Antonio González Saravia – abrió una suscripción entre la población del Reino, en plata, añiles u otros frutos, para ser enviada a la península como contribución de este Reino a los gastos de defensa del territorio español. Un año después, se había reunido y remitido a la península más de un millón de pesos con tal fin. Véase: Guatemala por Fernando Séptimo el dia 12 de diciembre de 1808. (1809) y AGI, Guatemala 899.

12936 Véase Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la Democracia Constitucional en Centroamérica, (San José, Costa Rica: EDUCA, 1971), págs. 138 y ss. sugiere que estas elecciones dieron lugar a las primeras manifestaciones de descontento político y de oposición a la minoría que controlaba la capital del reino. Sostiene que llegaron a improvisarse y circular coplas y pasquines en los que se hacía burla del recién electo diputado Pavón. Una de estas coplas, según dicho autor, decía:
Al derecho y al revés
No va Pavón
novaP av oN
manera de ridiculizar a partir del apellido Pavón a dicho personaje que nunca llegó a disfrutar de tal honor.

13037 Estos fueron don Mariano Robles Domínguez, por Chiapas; don Antonio Larrazábal, por Guatemala; el presbítero don Ignacio Ávila, por El Salvador; don José Esteban Milla, por Comayagua (que no asistió al evento); don Francisco Morejón, por Honduras; el licenciado don José Antonio López de la Plata, por Nicaragua; don Florencio del Castillo, por Costa Rica. Véase Jorge Mario García Laguardia, _Orígenes de la Democracia Constitucional, pág. XXXIII.

13138 En AGI, Guatemala 502 se encuentra un ejemplar de dichas Instrucciones con una serie de anotaciones manuscritas hechas por el Presidente Bustamante y Guerra, a raíz del proceso que instruyó a los firmantes y autores de dicho documento, luego de la restauración monárquica de 1814.

fn39. Véase Instrucciones fn40. Instrucciones

13241 Instrucciones

13342 Instrucciones

13443 El grueso de regidores que votaron por el proyecto fueron don José María Peynado, don Antonio Isidro Palomo, don Pedro José de Beltranena, don José Aycinena, don Antonio José Arrivillaga, don Domingo José Pavón, don Gregorio de Urruela, don Juan Bautista de Marticorena, don Juan Francisco Taboada, y don José Francisco de Córdova como secretario. Quienes se abstuvieron de hacerlo fueron don José de Isasi, don Sebastián Melón, don Miguel González y don Juan Antonio de Aqueche.

13544 Apuntes Instructivos

13645 Apuntes Instructivos

13746 Apuntes Instructivos

13847 Apuntes Instructivos

13948 Además de las Instrucciones y de los Apuntes Instructivos, Larrazábal fue comisionado por el Consulado de Comercio para que presentase al pleno de las cortes un documento en el que se esbozaba un estado general de la economía, producción, población, rentas y ramos de que disponía el reino. Se trata de los Apuntamientos sobre la Agricultura y Comercio del Reyno de Guatemala que el Señor Don Antonio de Larrazábal Diputado a Cortes Extraordinarias de la Nación por la misma Ciudad, pidió al Real Consulado en Junta de Gobierno de veinte de octubre de 1810, (Guatemala: Imprenta de Manuel Arévalo, 1811)

14049 Véase AGI, Guatemala 446.

14150 Véase Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la Democracia Constitucional, págs. 250-251.

14251 Véase AGI, Guatemala 499, sobre expediente de consulta del Intendente de la Habana en el que proponía se autorizase el tráfico y comercio entre ambos puntos. Año 1819.

14352 Véase AGI, Guatemala 637, sobre las protestas de algunos comerciantes de la ciudad de Guatemala por la autorización concedida por el Presidente de la Audiencia para comerciar con Belice. Año 1819.

14453 Véase Escritos del Licenciado José Cecilio del Valle (Guatemala: Editorial “José de Pineda Ibarra”. 3 tomos, 1969).
.

14554 En una polémica sostenida entre ambos semanarios con motivo de las primeras elecciones constitucionales para diputados a Cortes luego de la reinstauración de la Constitución de Cádiz – en 1820 -, se da cuenta de la aparición y circulación de pasquines en los que se difamaba a varios electores de parroquia de no ser dignos de tal cargo y responsabilidad ciudadana. Los ofendidos publicaron su defensa en las páginas del Amigo de la Patria (1969) Por su parte, El Editor Constitucional (1954) retomó ciertos elementos de los pasquines para acusar a esos electores como opositores al régimen electoral preconizado por la Constitución. Como medio de humillación se les acusó de “terroristas” y “bustamantistas” (identificándolos con el presidente Bustamante, quien asumió una actitud firme y opuesta al régimen constitucional). Véase: El Amigo de la Patria Nos. 3 y 7 de 3 de noviembre y de 2 de diciembre 1820; El Editor Constitucional, No 11 y 16 del 18 septiembre y 16 octubre 1820.

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Para citar este artículo :

Gustavo Palma Murga, « Elites locales frente a cambios globales: las reformas borbónicas y sus secuelas en el Antiguo Reino de Guatemala en las postrimerías del régimen colonial español », Boletín AFEHC N°72, publicado el 04 marzo 2017, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=4472

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