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AFEHC : articulos : Absolutismo estatal y resistencia popular. Los efectos sociales, económicos y políticos de las reformas fiscales en Quetzaltenango , Guatemala, 1763-1790 : Absolutismo estatal y resistencia popular. Los efectos sociales, económicos y políticos de las reformas fiscales en Quetzaltenango , Guatemala, 1763-1790

Ficha n° 4480

Creada: 19 junio 2017
Editada: 19 junio 2017
Modificada: 02 julio 2017

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Autor de la ficha:

Jorge H GONZALEZ ALZATE

Editor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Absolutismo estatal y resistencia popular. Los efectos sociales, económicos y políticos de las reformas fiscales en Quetzaltenango , Guatemala, 1763-1790

En este artículo se examina el impacto socio-político y económico de las reformas borbónicas en Quetzaltenango, pueblo indígena ubicado en las zonas altas del occidente de Guatemala. La manera autoritaria y rigurosa con que los monarcas Borbones introdujeron dichas reformas produjo enorme ansiedad y una creciente oposición popular. Las reformas fiscales afectaron de manera adversa el estatus socioeconómico y político de muchos vecinos de la localidad mientras que tendieron a beneficiar a un corto grupo de españoles acaudalados y conectados políticamente. En consecuencia, el descontento entre los sectores populares, exacerbado aún más por una desastrosa cosecha de granos, desembocó en un explosivo arranque de violencia colectiva en abril de 1786. Aunque el motín fue fácilmente reprimido con un destacamento de tropas veteranas y las reformas se mantuvieron en su lugar, la movilización popular no fue del todo en vano ya que forzó a los agentes del estado a modificar sustancialmente el programa inicial de la corona y a recurrir, en general, a la práctica de una actitud de mayor flexibilidad en las décadas subsiguientes.
Palabras claves :
Quetzaltenango, Estanco, Alcabala, Impuesto, Resistencia popular
Autor(es):
Jorge González Alzate
Fecha:
Marzo de 2017
Texto íntegral:

1

Introducción

2En este artículo se examina el impacto socio-político y económico de las reformas borbónicas en Quetzaltenango, pueblo indígena ubicado en las zonas altas del occidente de Guatemala. Como se verá, la manera autoritaria y rigurosa con que los monarcas Borbones introdujeron tales iniciativas, produjo en Quetzaltenango enorme ansiedad y descontento a la vez que una creciente oposición popular. Las reformas fiscales, en particular, afectaron de manera adversa el estatus socioeconómico y político de muchos vecinos de la localidad mientras que al mismo tiempo tendieron a beneficiar a un corto grupo de españoles acaudalados y conectados políticamente. En consecuencia, el descontento entre los sectores populares, exacerbado aún más por una desastrosa cosecha de granos, desembocó en un explosivo arranque de violencia colectiva en abril de 1786. Aunque el motín fue fácilmente reprimido con un destacamento de tropas veteranas y las reformas se mantuvieron en su lugar, la movilización popular no fue del todo en vano ya que forzó a los agentes del estado a modificar sustancialmente el programa inicial de la corona y a recurrir, en general, a la práctica de una actitud de mayor flexibilidad en las décadas subsiguientes. De tal manera, mediante la acción colectiva, los actores populares de Quetzaltenango lograron esquivar los efectos más dañinos de las reformas y negociar con el gobierno un trato más favorable, que satisficiera por lo menos algunas de sus reivindicaciones. Con todo, las iniciativas borbónicas, tomadas en su conjunto, acabaron por obrar transformaciones significativas en la sociedad y la cultura política de Quetzaltenango y, por tanto, sus efectos habrían de perdurar más allá de la independencia.

Historiografía

3 Los historiadores del siglo XVIII centroamericano han tendido a ignorar el impacto de las reformas borbónicas en las zonas rurales del istmo. En particular, el impacto sociopolítico y económico de tales iniciativas en los pueblos indígenas de la región no ha recibido la atención que merece1. El presente trabajo se propone aportar luz sobre dicha temática, con especial énfasis en el escasamente investigado tema de las formas populares de resistencia y negociación vis-a-vis las imposiciones estatales durante el periodo colonial tardío. Buena parte de este enfoque está inspirado en los trabajos seminales de un grupo ecléctico de estudiosos que se destacan por conceptualizar a los actores populares, no como víctimas pasivas del absolutismo colonial, sino más bien como agentes activos y políticamente conscientes, capaces —en determinadas coyunturas — de resistir y desafiar las imposiciones imperiales y a la vez negociar condiciones más ventajosas con los representantes del estado colonial2.

Quetzaltenango a mediados del siglo XVIII

4La implementación del programa de reformas borbónicas, iniciado a comienzos de la década de 1760, ocurrió en un momento crucial en el desenvolvimiento económico y socio-étnico de Quetzaltenango. Por esos años, el pueblo ya se estaba rápidamente convirtiendo en el centro urbano, administrativo, comercial y militar más importante de Los Altos, región montañosa en el occidente de Guatemala. De acuerdo con el arzobispo Pedro Cortés y Larraz, quien visitó la región en 1769, Quetzaltenango contaba con aproximadamente 2.589 indígenas y unos 1.539 no-indígenas (ladinos y españoles3). Como tributarios del rey, los vecinos de habla Maya-k’iche’ gozaban de acceso a tierra comunal (ejidos) así como a todas las protecciones legales otorgadas por la corona a las repúblicas de indios. Las familias del común (macehuales) practicaban agricultura de subsistencia en base al cultivo del maíz, frijoles y verduras en pequeñas parcelas llamadas milpas. Estas actividades eran suplementadas con el pastoreo de ovejas y cabras. Las mujeres contribuían al mantenimiento de la familia hilando algodón y lana así como manufacturand aguardiente, productos que expendían en el mercado del pueblo. Los principales (jefes de linaje) además de ocuparse en la producción de subsistencia, se dedicaban al cultivo del trigo en sus propiedades particulares y a la producción de ropas de la tierra, actividades que les permitieron participar en el mercado colonial en calidad de empresarios y comerciantes. Los principales además corrían con la responsabilidad de asistir al corregidor en hacer cumplir las leyes reales y en el mantenimiento del orden local a través de sus funciones como alcaldes, regidores y gobernadores en el gobierno municipal del pueblo (cabildo4).

5 Desde los inicios de la colonia, Quetzaltenango siempre albergó asimismo una
comunidad de españoles y ladinos, pese a las prohibiciones reales. Pero debido
principalmente a la falta de incentivos económicos, tales como minerales preciosos y
cultivos de exportación, la población no indígena fue siempre muy corta. Es por ello que en 1683, el pueblo aún contaba con solo 53 no indígenas5. En razón de su estatus ‘ilegal’, que no les permitía acceso a tierra ejidal, la mayoría de los no indígenas se veían obligados a arrendar o comprar pedazos de tierra a propietarios indígenas con el fin de procurar el sustento a sus familias. Los ladinos pobres suplementaban los ingresos familiares trabajando como artesanos o jornaleros en haciendas de españoles y las mujeres se dedicaban al hilado de algodón y manufactura de aguardiente todo lo cual vendían en el mercado local. La pequeña comunidad de españoles (peninsulares y criollos) se dedicaba principalmente al lucrativo comercio en productos de importación europeos tales como vino, olivos, aceite, paños finos, muebles y herramientas, así como productos de la tierra tales como telas, cereales, lana, algodón, cacao, pescado y carne de res. Con el fin de afianzar su estatus socio-político, los varones no indígenas tradicionalmente participaban en el sistema de milicias del pueblo. Como resultado de las reformas militares borbónicas, tanto los oficiales españoles como los soldados ladinos obtuvieron las prerrogativas fiscales y honorificas del fuero militar español6.

6 Hasta las primeras décadas del siglo XVIII, la población k’iche’ co-existió y

7se relacionó con los no indígenas en relativa harmonía, con el mestizaje afianzando

8los lazos sociales y culturales entre las dos comunidades. Pese a que ambos grupos

9exhibían un cierto grado de diferenciación social y económica, la gran mayoría

10compartían un mismo estilo y estándar de vida, dado que la gran mayoría se dedicaba

11a la producción agropecuaria de subsistencia. Es por ello que las relaciones inter-

12étnicas tendían a gobernarse por el principio de la reciprocidad7.

13 Sin embargo, a partir de la década de 1750, la relativa tranquilidad bucólica de la que disfrutaba Quetzaltenango dio paso a un cada vez más acelerado proceso de cambio socio-étnico y económico. La expansión del mercado local y regional creado por el auge añilero centroamericano junto con las reformas comerciales y fiscales de la corona atrajo a Quetzaltenango un flujo migratorio considerable de españoles, ladinos e incluso indígenas, la mayoría oriundos de Santiago de Guatemala, la capital del reino, pero también muchos otros originarios de otras provincias. Aunado al crecimiento vegetativo, este inusitado flujo de inmigrantes incrementó considerablemente la población total del pueblo. De un total de 1.865 en 1740, se triplicó a 5.600 hacia 1789. La población no indígena aumentó de 1.215 a unos 3.800 durante ese mismo período8. Como resultado de estos cambios socio-demográficos, la mano de obra y producción locales conocieron una creciente comercialización, lo cual gradualmente se tradujo en marcada estratificación social y económica dentro de las comunidades indígenas y no indígenas así como creciente tensión y conflicto entre residentes nativos y recién llegados. El aumento en la pauperización forzó a un número cada vez mayor de familias a depender de actividades tales como la producción ilícita de licor y el trabajo de jornalero con el fin de suplementar los exiguos ingresos familiares. No sorprende entonces que la decisión de las autoridades reales de introducir reformas fiscales que tendieron a beneficiar a un grupo de recién llegados privilegiados acabó por exacerbar dichas tensiones socio-étnicas y económicas. Como se verá más adelante, una enorme proporción de la población plebeya del pueblo, en alianza con miembros de la elite local, se movilizó con el fin de defender la integridad material y cultural de la comunidad indígena, en alianza con muchos ladinos quetzaltecos, de los abusos y desmanes de los forasteros y agentes de la corona9.

14H4. La reforma de la alcabala

15Un componente fundamental del programa borbónico de reformas fue la reorganización general de la estructura fiscal, un sistema que los inspectores de la Corona habían hallado ineficiente y menoscabado por la corrupción. El objetivo primordial era maximizar los rendimientos del ingreso con los cuales poder sufragar los crecientes gastos administrativos y militares. De esta forma, al comenzar 1763, tras el fin de las hostilidades con Inglaterra, la Corona empezó a nombrar una serie de funcionarios de real hacienda a quienes encargó modernizar los procedimientos, así como establecer instituciones que incrementaran los ingresos. En Centroamérica, las nuevas iniciativas incluían la creación de monopolios estatales en la producción y venta de mercancías tales como pólvora, tabaco, sal, hielo y licor. Además, la Corona instituyó una reorganización a fondo del sistema de la alcabala de barlovento, potencialmente una de las fuentes más ricas del ingreso real10. En esta sección, examinamos las repercusiones sociopolíticas de la reforma de la alcabala-barlovento en Quetzaltenango. El impacto de la creación de un monopolio real sobre el licor es tratado en detalle en el siguiente apartado.

16La puesta en práctica de la reforma de alcabalas arrancó con la orden real expedida por Carlos III el 20 de febrero de 176211. Recibido en Guatemala en abril de 1763, este documento otorgó poder a las autoridades coloniales para establecer lo que vino a ser la llamada Administración General de Alcabalas y Barlovento. Una vez instalada, esta institución, bajo la dirección de un administrador general, fue responsable del manejo y recaudación de estas exacciones en representación del monarca español12.

17Al momento de la reforma, los miembros del ayuntamiento de Santiago de Guatemala y del gremio mercantil, también conocido como Diputación de Comercio, estaban a cargo de recolectar la alcabala y el barlovento, un monopolio del cual esos ricos negociantes habían gozado durante los anteriores treinta y cinco años. Debido a la carencia de fondos para administrar y recaudar directamente estas exacciones, la Corona se había visto obligada desde los primeros tiempos de la Colonia a delegar estas operaciones a intereses comerciales privados. Estos individuos a su vez delegaban la recolección de los impuestos en las provincias del interior como Quetzaltenango a sus socios comerciantes de Santiago. Con la nueva política, la Corona asumió el control directo sobre la recaudación de la alcabala, despojando a los comerciantes de Santiago de una jugosa fuente de capital financiero13.

18En el corregimiento de Quetzaltenango la puesta en práctica del nuevo sistema de alcabala encontró toda suerte de obstáculos desde sus comienzos. Fernando Dubois Casanova, a la sazón corregidor de la provincia, parece haber ignorado las instrucciones del presidente, que ordenaban a los funcionarios provinciales tomar a su cargo la recolección de la alcabala en representación del rey. En razón de estar sirviendo los meses finales de un nombramiento temporal, Dubois parece haber decidido dejar a su sucesor que se hiciera cargo de la implementación del nuevo plan. Sin embargo, inmediatamente después de su llegada en junio de 1764, el sucesor de Dubois, Francisco Antonio de Aldama (1764-1770), de manera categórica rechazó asumir las tareas de alcabalero, argumentando que sus funciones, tal como se describían en las instrucciones de Su Majestad, no incluían el recolectar alcabalas y sobre todo que la compensación asignada — el 4 por ciento de comisión sobre los ingresos — era simplemente insuficiente. Aldama procedió entonces a delegar las tareas de alcabalero en su lugarteniente, mientras quedaba pendiente el nombramiento por parte del presidente de un receptor permanente de alcabalas. En este punto, el comerciante y coronel de la milicia local, Gregorio de Lizaurzábal, se ofreció a servir de alcabalero. Aldama, empero, juzgó a Lizaurzábal inhábil para ejercer el empleo, principalmente por el supuesto estado de insolvencia financiera del comerciante. El presidente y la Audiencia hicieron caso omiso de la opinión de Aldama y, al parecer sin disponer de otro expediente, autorizaron a Lizaurzábal asumir las funciones de alcabalero, las que iniciaron el 15 de marzo de 176514.

19Lizaurzábal era un comerciante y terrateniente de edad avanzada, achacoso, nativo de la provincia de Caracas (Venezuela), que para el momento de la reforma ya llevaba residiendo en Quetzaltenango más de veinte años. Gracias a su relación cercana con Ignacio Urbina, el empresario más rico en ese momento, se las había arreglado para conseguir un sustancial éxito económico, que le posibilitó, a su vez, ascender a la cima de la pirámide social del pueblo. De allí que, ante los ojos de las autoridades de Santiago de Guatemala, era el único individuo con la requerida posición social y financiera para hacerse cargo de las responsabilidades del nuevo empleo. De esta manera, en Quetzaltenango, los administradores borbónicos se vieron forzados a doblegarse frente a la realidad y ajustar sus planes iniciales a las circunstancias prevalecientes, revirtiendo de hecho a métodos previos a la reforma, tal vez aguardando por mejores condiciones en el futuro que les permitieran llevar a la práctica el proyecto original15.

20Lizaurzábal ejerció las funciones de receptor de alcabalas por cinco años, de 1765 a 1770. Desde el principio, enfrentó obstáculos en apariencia imposibles de superar. Parecía estar bien dispuesto, pero a menudo era simplemente incapaz de cumplir de forma adecuada con sus responsabilidades. Como se verá, su experiencia presagiaba la de sus sucesores, quienes a su vez lucharon denodadamente por vencer tales dificultades. Para Lizaurzábal el principal problema fue el hecho de que la mayoría de los comerciantes, tanto indígenas como no indígenas, al realizar negocios en el pueblo se mostraban poco entusiastas en cuanto al pago de las alcabalas. Todos estaban acostumbrados a pagar nada o casi nada, debido en gran parte al laxo cumplimiento en el anterior sistema de arrendamiento. Además, la reforma amenazaba un estado de cosas bajo el cual los comerciantes disfrutaban de enorme libertad en la realización de sus transacciones, actuando siempre sin restricciones de ningún tipo. De esta manera, en el corregimiento de Quetzaltenango, desde el principio, la resistencia a las innovaciones constituyó un fenómeno ampliamente extendido entre los vecinos de la localidad. Por lo tanto, muchos comerciantes comenzaron a introducir sus mercancías sin informar al alcabalero. Algunos pagaban los impuestos sólo cuando les convenía y otros optaban sencillamente por no pagar en absoluto. Casi todos los ingresos colectados venían de la reducida élite de comerciantes españoles cuya posición prominente y sentido del honor les impulsaban a cumplir con las reglas. No sorprende entonces, que los rendimientos anuales durante la gestión de Lizaurzábal fueran por tanto más bien bajos16. (véase cuadro 1)
Cuadro 1: Valor anual promedio de los ingresos de alcabala, 1764-1819

21
Fecha Valor en pesos % aumento
1760s 992 pesos
1770s 1.414 pesos 42.5
1780s 5.177 pesos 266
1790s 3.790 pesos 27 caída
1800s 3.734 pesos 0.15 caída
1810s 2.297 pesos 38 caída

22Fuente: AGCA, A3.5, Leg. 327 y Leg. 2589.

23Durante la gestión del sucesor de Aldama, el corregidor José Arias Quiroga (1770-1776), la administración de alcabalas entró en un período de relativa estabilidad. Era un funcionario honrado y muy trabajador, que cumplía con sus obligaciones sin la clase de altercados que caracterizaron al período de Aldama. Su objetivo primordial parece haber sido el de mantener la paz dentro del pueblo. Más que intentar vencer celosamente la resistencia popular a las alcabalas, Arias aplicó una política de cumplimiento más bien relajada. Como Lizaurzábal, enfocó sus esfuerzos en la recolección del impuesto entre los comerciantes más establecidos y aquéllos que aceptaban de buena gana contribuir. Sin embargo, la actividad comercial ya en expansión en Quetzaltenango posibilitó a Arias incrementar las recolecciones sustancialmente. Durante su gestión, el promedio anual colectado sobrepasó los 1.400 pesos por primera vez. Su desempeño pudo haber sido de hecho mejor, pero las interrupciones en la producción y el comercio causados por los sismos de 1773 y otros desastres naturales afectaron de manera adversa la recepción del impuesto. De hecho, a los ojos de sus superiores en Santiago, tales rendimientos no reflejaban el potencial fiscal de una economía en expansión como la de Quetzaltenango. Arias gobernó hasta el 15 de febrero de 1776, cuando Francisco Rodríguez Erce, un oficial del ejército español, inició su período como corregidor y receptor de alcabalas17.

24La gestión de Rodríguez Erce (1776-1781) marcó la transición hacia un nuevo sistema de alcabalas. El nuevo funcionario real sirvió como receptor por un año y medio antes de que el nuevo plan entrara en vigor. Durante su corto desempeño, Rodríguez Erce desplegó mucho menos celo y rigor en cumplir con sus obligaciones que su predecesor. Su primordial interés estuvo en acumular tanta riqueza como fuera posible durante el quinquenio que permaneció en el cargo, en gran medida a expensas de la población indígena. Para tal fin, forjó alianzas con los más dinámicos y exitosos hombres de negocios españoles residentes en Quetzaltenango, entre ellos Domingo Gutiérrez Marroquín y Pedro Antonio Mazeyras. Como resultado, los rendimientos de alcabala y barlovento sufrieron una aguda reducción durante 1776 y 177718.

25Debido a lo que los funcionarios borbónicos juzgaron como rendimientos excesivamente bajos, especialmente en los distritos del interior, la Corona emprendió una inspección general del sistema de alcabalas en 1777. Evidentemente entonces se trataba de un problema que la región de Quetzaltenango compartía con otras jurisdicciones a lo largo de Centroamérica. El administrador general a la sazón, Domingo Mediano, sentía que el sistema establecido en la década de 1760 no había dado todo su potencial. Pese a que con respecto al anterior sistema de arrendamientos, los ingresos habían de hecho aumentado considerablemente, se sospechaba que la evasión y el fraude eran de tan alta cuantía que las utilidades se mantenían a niveles intolerablemente bajos, en especial en las provincias del interior. Dado el obvio aumento en la actividad comercial experimentada durante esos años, estimulada por el auge exportador en todo el Reino, se esperaba que las colectas de alcabala reflejaran ese incremento. En Santiago de Guatemala, la suma promedio anual colectada de 1770 a 1774 había sido de 102.534 pesos; en agudo contraste, el total recaudado en todas las provincias del interior durante esos años fue sólo de 37.803 pesos, una cantidad excesivamente baja19.

26En un intento por corregir estas deficiencias, la Corona aprobó la propuesta de Mediano de crear cuatro sub-administraciones en San Salvador, León, Comayagua y Tuxtla, todas bajo la responsabilidad de la administración general de Guatemala, con sus propios administradores y personal de apoyo, incluidos los inspectores y guardias de aduana. En la perspectiva de Mediano, estos ajustes permitirían un mejor cumplimiento en el nivel provincial y darían por resultado colectas mayores. En su opinión, los correspondientes aumentos en los gastos reales serían plenamente compensados por lo que él esperaba sería por lo menos un incremento del 100 por ciento en ingresos anuales20.

27Bajo la nueva reorganización fiscal, el corregimiento de Quetzaltenango fue puesto bajo la autoridad de un subadministrador que residía en Tuxtla, Chiapas. El primero en servir el cargo fue el burócrata peninsular Blas de Gorriz. Una vez instalado, Gorriz procedió a nombrar receptores que recolectaran los impuestos en los distritos rurales más grandes bajo su control. Para actuar como receptor en Quetzaltenango, designó a José Salvador Serna, un anciano comerciante de la provincia de Chiapas, que sirvió de 1777 a 1781. Los otros dos receptores que sirvieron en este período fueron Manuel Casado (1781-1783), un comerciante peninsular y capitán en la milicia de Quetzaltenango, y José Rodríguez Carballo (1783-1786), un burócrata de carrera de origen mexicano21.

28En agudo contraste con el período inicial, caracterizado por el cumplimiento laxo y por una más bien pasiva resistencia a los cambios, los años que van de 1777 a 1786 estuvieron marcados por una creciente inquietud sociopolítica que con el tiempo condujo a diversos episodios de airada protesta popular. A diferencia de sus predecesores, los nuevos receptores mostraron una mayor voluntad de llevar a cabo su misión de manera más eficaz, a menudo por medio de métodos coercitivos. Se les había nombrado con el expreso propósito de aumentar las recaudaciones, lo que significaba, entre otras medidas, incorporar a la nómina de contribuyentes tantos individuos como fuera posible. El resultado fue, por una parte, un aumento sin precedentes en las cantidades anuales recaudadas – un salto de más de 266 por ciento durante la década de 1780. Pero, por otra parte, los agresivos métodos de los receptores provocaron mucho resentimiento y resistencia entre todos los sectores sociales del pueblo, incluidos los corregidores y comerciantes españoles, así como los empobrecidos indígenas y ladinos.

29Tras asumir sus funciones, José Salvador Serna se dedicó diligentemente a cumplir con sus deberes. Para comenzar, encargó la realización de un censo de todos los establecimientos comerciales en el pueblo22. También elaboró una relación de todos los agricultores y criadores de ganado en el distrito, y luego les envió cartas advirtiéndoles de su obligación de rendir informes semestrales de ingresos y de pagar los impuestos correspondientes. Despachó notificaciones similares al corregidor y al administrador de diezmos, pidiéndoles también informes de ingresos y el pago de impuestos por sus actividades comerciales. Asimismo, inició el proceso de establecer receptorías en otros distritos populosos del corregimiento como San Marcos, San Pedro Sacatepéquez y Tejutla. Además, Serna abordó enérgicamente la cuestión del incumplimiento fiscal entre los comerciantes españoles, al urgirlos con vigor, tanto por escrito como de manera personal, a saldar sus deudas con el tesoro real. Y para mejorar las colectas entre los vendedores indígenas y ladinos en la plaza del pueblo, contrató Serna un ayudante que inspeccionara los cargamentos y cobrara los pagos que adeudaban estos comerciantes. Aquéllos que se rehusaron a cumplir con las órdenes del receptor fueron amenazados con el embargo de sus bienes; los indígenas y ladinos más pobres eran azotados y echados a la cárcel hasta que saldaran sus deudas. Los sucesores de Serna, Manuel Casado y José Rodríguez Carballo, se esforzaron enérgicamente por continuar y mejorar los logros iniciales de éste, procurando siempre extender el alcance de la autoridad de los Borbones a grupos hasta entonces no afectados por la política fiscal de la Corona. Pero, como pronto se hizo evidente, los métodos agresivos, con frecuencia coactivos, usados por los receptores no sólo no fueron bien recibidos sino fuertemente resentidos por los vecinos de Quetzaltenango23.

30Entre los descontentos con la presencia y actuación de los receptores se hallaban los corregidores Francisco Rodríguez Erce y Fernando Corona. La razón clave que explica el disgusto de los corregidores estribaba en el hecho de que los receptores estaban legalmente fuera de su jurisdicción, actuando como agentes reales directamente responsables ante el administrador general en la Nueva Guatemala y, en última instancia, del presidente del Reino y de la Audiencia. Tanto más irritante para los corregidores era el que los receptores insistieran en obtener pagos de alcabala de ellos, algo que los corregidores nunca habían tenido que hacer antes. Todo ello implicaba una disminución de la autoridad y los privilegios de los corregidores, de los que éstos habían gozado hasta entonces sin restricciones. Esta situación condujo a mucha fricción y a continuos altercados entre corregidores y receptores, cada quien celoso del otro y empeñado en proteger sus propias prerrogativas y esferas de influencia. Tales asperezas causaron mucha inestabilidad y tendieron a socavar la legitimidad de los alcabaleros y, por ende, su capacidad para llevar a cabo con eficacia su oficio24.

31Los nuevos receptores asimismo afrontaron considerable resistencia entre muchos comerciantes y agricultores españoles y ladinos. Como ya se dijo, antes de la reforma, estos individuos habían pagado poca o ninguna alcabala y no veían razón alguna para empezar a pagar ahora. Es por ello que los rigurosos y agresivos procedimientos de los recaudadores les causaron enorme disgusto. Como se indicó, los pulperos, comerciantes al por mayor y agricultores estaban obligados a preparar informes detallados sobre sus actividades, incluyendo el tipo y la cantidad de la mercancía vendida y sus precios al mayoreo y de reventa. Por ende, se esperaba que pagaran la alcabala y el barlovento que adeudaban, así como los derechos sobre artículos exportados de o importados a Quetzaltenango. Un reducido grupo conformado por los más visibles y exitosos comerciantes al por mayor era el único grupo que se inclinaba a pagar voluntariamente y con prontitud. Sus jugosas ganancias les posibilitaban asistir con asiduidad la causa de su majestad al tiempo que salvaguardar su reputación de súbditos honorables y patriotas. La mayoría, empero, pagaba sólo después de muchas instancias y acosos por parte de los receptores. Y un buen número de comerciantes, en particular ladinos a pequeña escala, intentaron cuantas veces fue posible evitar pagar del todo, introduciendo sus efectos en el pueblo sin informar al receptor, o bien, efectuando sus negocios a las afueras del pueblo, libres de la supervisión del funcionario25.

32Mucho más fuerte aún fue la resistencia entre los vecinos k’iche’s, tanto de la élite como macehuales. Los métodos de recaudación, estrictos e incluso coercitivos, provocaron una repugnancia generalizada, y condujeron en 1782 a un episodio de protesta colectiva e intento de violencia contra el funcionario real. Los receptores insistían que todos los susceptibles de pago de alcabala deberían cumplir, incluidos los vendedores indígenas en el mercado del pueblo. La furia de los comerciantes k’iche’s ante lo que percibieron como una imposición estatal onerosa e inaceptable conducta por parte de los receptores alcanzó el clímax durante la gestión de Manuel Casado. Poco después de asumir el cargo, Casado empezó a hacer cumplir de manera agresiva la nueva tarifa de alcabala/barlovento de 4 por ciento que había sido introducida a finales de 1778, como parte de la nueva política de libre comercio. Casado impuso la nueva tarifa no sólo a españoles y ladinos sino además a comerciantes y tejedores k’iche’s. Como se ha de recordar, los indígenas estaban exentos de la alcabala, pero estaban obligados a pagar el barlovento (1 por ciento). El acoso verbal y físico de Casado hacia todos aquellos que se resistían a los pagos produjo un resentimiento y un enojo general entre los comerciantes de Quetzaltenango, en especial los comerciantes k’iche’s26.

33Un día de mayo de 1782, en la plaza de Quetzaltenango, Casado trató de cobrar la alcabala a Aniceto López, uno de los más dinámicos y exitosos comerciantes k’iche’s, que servía como primer alcalde en ese momento. Casado insistió agresivamente en que el alcalde pagara la alcabala sobre cierto cargamento de mercancía que había recibido de Nueva Guatemala. El funcionario indígena se rehusó a pagar. Como Casado blandiera su espada para forzar la situación, un tumulto surgió en medio de la plaza. Un gran número de indígenas que se ocupaban en sus negocios acudieron en defensa de Aniceto. Rodearon a Casado y empezaron a maltratarlo. Casado gritó en busca de ayuda y en este punto un grupo de vecinos españoles y milicianos ladinos se apresuraron a rescatar al acorralado funcionario del furor de la multitud, llevándoselo con rapidez a la casa de la aduana que se hallaba cerca. El atemorizado funcionario apenas por un poco escapó de sufrir un daño serio27.

34Después del tumulto, Aniceto, apoyado por otros dirigentes indígenas como el gobernador Manuel Silverio, el alcalde Vicente Citalán y el escribano del cabildo, Francisco Javier Cojulum, siguieron insistiendo en el asunto ante las autoridades en Guatemala. En carta al presidente, denunciaron la conducta de Casado y pidieron su destitución. Los detalles se desconocen, pero como más tarde se dejó ver, el presidente despachó a Domingo Salgado, a la sazón alcalde mayor de la provincia vecina de Sololá, para llevar a cabo una investigación del embrollo suscitado. Después de tomar testimonio de cierto número de vecinos, el juez se pronunció en contra del grupo rebelde. Aniceto López y Vicente Citalán, en cuanto dirigentes del círculo de insubordinados, fueron acusados de desobedecer y abusar de un funcionario real. Como castigo, la Audiencia en la ciudad de Guatemala los despojó de su rango de principales y los declaró macehuales (plebeyos), lo que les prohibía asumir cargos políticos en el pueblo. Se ordenó también a Aniceto pagar los impuestos atrasados. Pero Salgado también inculpó a Casado de haber impuesto a los indígenas la tarifa completa de la alcabala/barlovento (4 por ciento). Las autoridades en la ciudad de Guatemala estuvieron de acuerdo con Salgado y ordenaron a Casado observar estrictamente las reglas contenidas en la instrucción real, en particular en sus tratos con comerciantes indígenas. No obstante, estas medidas tuvieron un limitado impacto, ya que las tensiones continuaron en ascenso. Aniceto López siguió negándose a pagar; finalmente, saldando su deuda en enero de 1783, seis meses después de que se le había ordenado que pagara28. El gobernador Silverio, junto con López, Cojulum y Citalán, surgieron a partir de ese momento como los dirigentes de un ascendente movimiento popular que incorporó tanto a k’iche’s como a ladinos empobrecidos, todos unidos en su oposición a los nuevos impuestos y en especial contra los arrogantes y humillantes abusos de los receptores29.

35En medio de esta situación peligrosamente explosiva arribó a Quetzaltenango José Rodríguez Carballo, el sucesor de Casado, a principios de 1783. Instruido de manera específica al respecto por sus superiores, se esforzó por actuar de manera más moderada que Casado. En carta a sus superiores, Carballo les aseguraba que estaba siendo cuidadoso en no imponer a los comerciantes indígenas más que la requerida reglamentación. No obstante, en cuanto que la resistencia y el desafecto se mantenían fuertes, el nuevo alcabalero pronto comenzó a recurrir a métodos más agresivos. Además de un asistente, Carballo contrató a varios guardias indígenas para que le ayudaran a disolver cualquier disturbio que pudiera ocurrir cuando tratara de cobrar impuestos de los vendedores del mercado. Asimismo, de acuerdo con un posterior testimonio indígena, Carballo y sus asistentes se valieron de toda clase de acoso y tácticas violentas, insistiendo a veces en que los indígenas pagaran la alcabala antes de vender sus artículos. Los que se rehusaban a pagar eran azotados y lanzados a la cárcel. Al igual de como había ocurrido con sus predecesores, estos métodos enfurecieron al populacho30.

36A finales de 1784, Carballo renunció, aparentemente exhausto y desmoralizado por el intenso desafecto que sus acciones habían provocado entre el vecindario del pueblo. Pero las autoridades fueron incapaces de encontrar un reemplazo, por lo que el presidente se negó a aceptar la renuncia de Carballo. Luego, a comienzos de 1785, la volatilidad de la situación dio un giro para peor, en cuanto se supo en Quetzaltenango que la Audiencia había decidido establecer un monopolio estatal de aguardiente en la población. La mayoría de los vecinos del pueblo protestaron abiertamente y se resistieron ante lo que ellos veían como otra imposición estatal intolerable y dañina. A los administradores del monopolio, un consorcio de comerciantes españoles, se les vio ahora, junto al alcabalero Carballo, como las más odiadas figuras públicas en el pueblo. Como se expondrá en el siguiente apartado, las recrudecidas tensiones estallarían en un violento tumulto popular en abril de 178631.

El estanco de aguardiente y el motín de 1786: un intento por defender la identidad y la comunidad K’iche’

Si la introducción de un sistema de alcabalas administrado por funcionarios de la real hacienda había provocado muchísima resistencia y disgusto popular, aún más intensa y extendida fue la reacción contra la decisión de la Corona en 1785 de conceder un asiento (más tarde estanco) sobre el comercio local del aguardiente a un detestado grupo de inmigrantes españoles. Implantada con el fin de aumentar los ingresos del erario, esta innovación – que carecía de precedente – afectó de manera adversa a una amplia red de intereses involucrados en el comercio local de licor. El movimiento de oposición, más fuerte entre los sectores indígena y ladino, intentaba salvaguardar una práctica local, económica y cultural, aunque ilícita, mediante la cual la comunidad disfrutaba del derecho irrestricto de producir, distribuir y consumir aguardiente. Con los sentimientos del pueblo ya enardecidos por los abusos de los receptores, la imposición de un asiento de aguardiente rápidamente precipitó los ánimos a un punto de ebullición, situación que culminó en un episodio de violencia colectiva en abril de 1786. Una gran proporción de la población plebeya del pueblo, aliada con elementos de la élite local, se movilizó con el fin de defender la integridad cultural y material de la comunidad de los excesos de los agentes del estado y de la que consideraban intolerable e inmoral conducta de los forasteros.

37Ahora examinamos en detalle la naturaleza de la reforma del licor, su implementación y su impacto sociopolítico en Quetzaltenango. Concluimos con un breve análisis sobre el resultado final de las reformas fiscales tras el tumulto de 1786.

El Estanco de Aguardiente en Guatemala y Quetzaltenango

38El proceso que culminó en el establecimiento del estanco de aguardiente en el Reino de Guatemala fue puesto en marcha por orden real del 14 de diciembre de 1783. Con tal decisión la Corona ponía fin a una prohibición de más de diecisiete años sobre la producción y el comercio de licor a todo lo largo del Reino. La prohibición había estado principalmente motivada por las preocupaciones de las autoridades reales y clericales acerca de los nocivos efectos de la embriaguez sobre el orden social, así como la moralidad y salud públicas. Otra razón para la prohibición, quizá más importante, había sido el deseo de la Corona de proteger las importaciones de licor procedentes de España y Perú. En todo caso, cualquiera haya sido la razón fundamental, tras casi dos décadas de intentar hacer cumplir la prohibición, los oficiales reales llegaron a la conclusión de que los esfuerzos por controlar el consumo excesivo y erradicar la producción y el comercio ilícitos, habían probado ser ineficaces32. Con el establecimiento de un monopolio real (estanco), creían, se podrían remediar en gran medida los perniciosos efectos de la producción y el consumo no regulados mediante precios más altos y castigos más estrictos para el contrabando y la embriaguez. Al mismo tiempo, el monopolio proporcionaría una nueva fuente, muy necesaria, de ingresos al erario, tras la participación de España en la costosa Guerra de la Revolución Americana (1779-178333).

39Al principio, la élite comercial de la ciudad de Guatemala se opuso a la puesta en práctica de la iniciativa de la Corona. En los meses siguientes, usaron todos los medios legales a su disposición para retardarla o detenerla por completo. El ayuntamiento de la ciudad escribió al rey para pedirle que suspendiera la orden de manera indefinida y ofreció contribuir 15.000 pesos anuales al tesoro durante el período de la suspensión. Según ellos, un monopolio estatal de licor tendría efectos dañinos sobre la economía del Reino, mientras que no tendría un impacto significativo en frenar la producción y el consumo ilegales. Ni contribuiría el monopolio, insistían, a aumentar en mucho los ingresos reales. Pero, al fin y al cabo, para pesar de los patricios, la Corona no cedió. Para las autoridades estatales estaba claro que el motivo de sus quejas no era otro que la frustración de tener que ceder el control de una jugosa fuente de ganancias, privilegio del que habían disfrutado por muchos años34.

40En agosto de 1784, el presidente de la Audiencia, José de Estachería, puso en marcha la reforma al nombrar a Gerónimo Cos y Ruiz como director de la nueva administración general de aguardiente. El fiscal de lo civil, Francisco de Saavedra, elaboró una detallada instrucción para Cos y sus subordinados. El documento especificaba los procedimientos y regulaciones bajo los que el nuevo sistema se gobernaría, incluidos los castigos para los productores ilegales. Consideraciones de carácter económico imponían establecer un estanco manejado por el Estado sólo en la ciudad de Guatemala, al menos en un inicio. En todas las capitales provinciales, así como también en centros urbanos secundarios populosos el estanco fue puesto en subasta a concesionarios privados, un sistema conocido como asiento. En los pueblos indígenas, la prohibición tradicional para las bebidas alcohólicas permanecería vigente35.

41No obstante, el pueblo de Quetzaltenango, a juicio de los funcionarios de la Audiencia, calificaba para un asiento sujeto al nuevo reglamento. Los funcionarios justificaron su decisión argumentando que la prohibición sólo era aplicable a pueblos indígenas “puros” y que Quetzaltenango con su considerable concentración de españoles y ladinos había dejado de ser uno de ellos. El fiscal del crimen, Pedro Manuel de Tosta, fue aún más allá y afirmó, sin citar evidencia alguna, que de hecho la población indígena ya no constituía la mayor parte de la población del pueblo36. Aún más, los funcionarios insistieron en que era bien sabido que la producción y el consumo del aguardiente habían sido por siglos un próspero negocio en el pueblo, la fuente de muchos desórdenes y pecados horrendos; y que los esfuerzos por hacer cumplir la prohibición habían sido en vano. Tosta, haciéndose eco de los argumentos oficiales tradicionales, insistió en que un asiento en Quetzaltenango ayudaría a disminuir esos excesos por medio de precios más elevados y un control más severo sobre la distribución, y de manera simultánea proporcionaría a la Corona una nueva fuente para las menguadas cajas reales37.

42El presidente Estachería aprobó la recomendación de los jueces e instruyó al corregidor de Quetzaltenango, el peninsular Fernando Corona, a promulgar un bando que anunciara la decisión del gobierno y animara a los vecinos del lugar a ofrecer posturas para el asiento. En febrero de 1785 los resultados de la subasta fueron dados a conocer. Las posturas más altas vinieron de Juan José de Cárdenas, un comerciante quetzalteco, que ofreció contribuir con 500 pesos cada año, y el criollo oriundo de Santiago, José Rodríguez, que ofreció 525. Debido a que Cárdenas no quiso o no pudo mejorar la oferta de Rodríguez, el 12 de marzo de 1785, la Audiencia concedió el monopolio a Rodríguez. Pero, como pronto salió a relucir, la postura de Rodríguez había estado enteramente suscrita ni más ni menos que por Pedro Antonio Mazeyras y su socio Domingo Gutiérrez Marroquín, los ya mencionados comerciantes peninsulares y capitanes de milicia. Esto significaba que en realidad dichos forasteros eran los propietarios del asiento, con Rodríguez actuando realmente como administrador del negocio. De acuerdo a los términos del asiento, los propietarios disfrutarían de cinco años de derechos exclusivos para producir y vender aguardiente. También asumirían el control sobre el comercio de bebidas alcohólicas importadas de España. Y, precisamente algo que venía a ser de veras importante, Rodríguez tendría plenos poderes para hacer cumplir la ley, lo cual le permitiría encarcelar a los productores y vendedores clandestinos y confiscar su equipo y otros bienes. Se esperaba que el funcionario provincial, Corona, asistiría al nuevo administrador del asiento en la puesta en marcha de la reforma. Sin lugar a dudas, Rodríguez y sus jefes, Mazeyras y Gutiérrez Marroquín, no podían menos que sentirse satisfechos con la que esperaban sería una muy jugosa concesión. El día de la apertura, ocho licorerías estarían prestas para servir al público en Quetzaltenango, conforme a lo permitido por la licencia del asiento38.

Resistencia al Asiento y el Motín de 1786

43Desafortunadamente para los agentes borbónicos y los nuevos propietarios del asiento, la puesta en marcha de la reforma encontró casi de inmediato obstáculos formidables. Furiosos por lo que percibieron como una intrusión estatal arbitraria y dañina en sus prácticas locales, los vecinos de Quetzaltenango en su mayoría se resistieron con tenacidad al asiento. Como pronto se puso de manifiesto, una amplia variedad de intereses locales, políticos, económicos y étnicos se vieron adversamente afectados con la implementación de la reforma. En consecuencia, se formó una coalición conformada por elementos k’iche’s y no indígenas la cual comenzó a desplegar una variedad de estrategias de resistencia dirigidas a impedir la consolidación de la nueva institución y a restaurar el estado de cosas tradicional.

44Entre los afectados negativamente por la reforma estaba un corto número de comerciantes españoles, el corregidor Fernando Corona entre ellos, quienes participaban en el comercio de licor europeo, así como importadores criollos y ladinos de caña de azúcar y productores de panela. Se esperaba que la demanda de panela, el principal ingrediente en la producción de aguardiente, cayera abruptamente, puesto que los fabricantes clandestinos se verían excluidos del negocio y los propietarios del asiento recurrirían a sus propios proveedores con el fin de obtener lo que necesitaban. En consecuencia, todos estos individuos, junto con sus socios, se unirían para oponerse al nuevo asiento, en cuanto que sus negocios estarían en peligro con el nuevo monopolio39.

45Pero con mucho, la oposición más fuerte al asiento vendría de la mayoría de k’iches y ladinos pobres, entre quienes la reforma fiscal ocasionó mucho disgusto e inquietud. Una razón importante para que el pueblo se sintiera agraviado era, al parecer, la convicción de que el asiento socavaría una dimensión vital de la costumbre de Quetzaltenango. Como se indicó en el capítulo 5, el aguardiente, desde su introducción por los españoles, se había convertido en un elemento importante de la cultura material del pueblo. La falta de rigor por parte de las autoridades en hacer cumplir las prohibiciones estatales había significado que los consumidores disfrutaran de acceso virtualmente irrestricto a abundantes suministros de aguardiente barato. La intoxicante bebida era usada en rituales y festivales religiosos y era consumida en establecimientos públicos, así como en el hogar. De esta manera, al proscribir lo que se consideraban derechos consuetudinarios para destilar y comerciar aguardiente y concederle el control del negocio del licor a un grupo de codiciosos forasteros, el asiento amenazaba dar al traste con un elemento central de la vida diaria del pueblo40.

46También de gran preocupación entre los sectores del común era el impacto potencialmente adverso del monopolio sobre su subsistencia, ya que cientos de familias dependían del comercio del aguardiente para suplementar sus escasos ingresos. Fácil de producir y con una alta demanda, la intoxicante bebida ofrecía en términos relativos buenos dividendos con sólo una modesta inversión. Entre los potencialmente afectados estaban los arrieros que transportaban panela de la costa; las empresas manufactureras de base familiar; y las numerosas mujeres que vendían el licor en sus hogares o en el mercado del pueblo. Bajo el nuevo sistema, todas estas actividades tradicionales se volverían ilegales y sujetas a persecución a partir del día en que el asiento abriese41.

47Y, por último, una fuente igualmente importante de indignación era la sospecha ampliamente extendida, en especial entre los vecinos k’iche’s, de que la concesión del licor a Mazeyras y Marroquín era parte de un siniestro plan cuya intención ulterior era la de hacerse con el control absoluto de las estructuras económicas y políticas del pueblo. Desde su llegada, tras los sismos de 1773, estos supuestos “nobles” habían manifestado una altanera falta de respeto hacia los vecinos, tanto indígenas como ladinos, así como una codiciosa determinación de despojar a la comunidad de sus recursos más vitales. Como resultado de ello, los forasteros y sus asociados no sólo habían ya conquistado los rangos más altos en el batallón de la nueva milicia, sino que estaban conspirando para expulsar a los pocos quetzaltecos que restaban en el cuerpo de oficiales. También habían amasado una considerable riqueza al obtener, por medios ilegales, el control sobre grandes extensiones de tierra comunal, así como algunas de las mejores propiedades en el pueblo. Y ahora, al obtener el control exclusivo del comercio del licor, dicha élite de forasteros estaba a punto de realizar su objetivo: nada menos que el dominio total sobre la sociedad y la economía del pueblo42.

48Si se permitía que tan siniestro plan se materializara, argumentaban, la configuración tradicional socio étnica y política de Quetzaltenango — en la que la comunidad k’ich’e había mantenido una posición demográfica y económica de predominio — se vería radicalmente trastornada. Los ambiciosos advenedizos usarían su poder para redefinir y reconfigurar la integridad étnica de Quetzaltenango, convirtiendo a éste en una villa o ciudad dominada por hispanos y, por tanto, relegando a la comunidad k’ich’e a un papel subordinado. Así, en consecuencia, en el sentir de los rebeldes, la supervivencia de la comunidad k’ich’e de Quetzaltenango y su identidad étnica estaban en serio peligro. No sorprende, entonces, que los propietarios del nuevo asiento se convirtieran de inmediato en el foco del creciente desasosiego popular. Con el fin de salvaguardar a la comunidad de la codicia y ambición ilimitadas de dichos individuos, muchos sentían que era imprescindible bloquear la puesta en marcha del monopolio y expulsar del pueblo a los dueños del asiento. Aún más, los grupos desafectos sabían que el decreto real, tal como se publicó en la ciudad de Guatemala, prohibía expresamente que se establecieran asientos en los pueblos indígenas. Y es por ello que no dudaban que los poderosos y ricos propietarios del asiento se habían valido de su dinero e influencia para persuadir a las autoridades de la ciudad de Guatemala de que Quetzaltenango ya no era un pueblo indígena y que, por ende, llenaba los requisitos para un asiento43.

49En consecuencia, a principios de abril de 1785, los rumores de una sublevación comenzaron a circular por los cuatro barrios del pueblo. A partir de ese momento en adelante, la amenaza de violencia colectiva se convirtió de hecho en la principal arma en el arsenal de los rebeldes. Dicha amenaza la justificaban como el medio más eficaz de promover sus reivindicaciones, sobre todo ante los dirigentes y funcionarios locales, de los cuales a su vez se esperaba que intervinieran a su favor ante el gobierno central.

50En Quetzaltenango, la responsabilidad de representar las quejas de los macehuales ante las autoridades coloniales siempre había recaído sobre el gobernador, así como el cabildo y los principales. Por lo que hace a los ladinos, dado que no tenían un estatus corporativo propio, también dependían del gobernador y cabildo indígenas para representar y defender sus intereses. Para fortuna de todos ellos, el entonces gobernador, Manuel Silverio, y los principales Vicente Citalán y Francisco Cojulum, simpatizaban plenamente con su causa, si bien, como pronto se reveló, la mayoría de los principales más destacados, incluidos los miembros del cabildo, no estaban a su favor44.

51De esta forma, antes de que el asiento se abriera, el gobernador Silverio, quetzalteco de nacimiento y funcionario nombrado por la Corona, surgió como dirigente principal de la oposición. Como se dijo en el capítulo 6, el gobernador también había jugado un papel destacado en la agitación popular en contra de la reforma de las alcabalas. En tanto que celoso ejecutor de la voluntad real, Silverio también tomaba en serio su papel como patriarca, o guardián del bienestar cultural y material de la comunidad. De esta manera, compartió la animosidad popular contra los detentadores del asiento, viéndolos como una peste perniciosa que debía ser erradicada. De hecho, él y sus aliados ya habían pedido al gobierno superior que los expulsara del pueblo en razón de sus múltiples fraudes y ofensas contra el rey y la comunidad45.

52Fue así como, sin que ello sorprenda, Silverio apoyó activamente la oposición de los desafectos a la puesta en marcha del asiento. Para tal fin, forjó una alianza con Florencio Cancinos, el capitán de milicias quetzalteco, que en ese momento ya figuraba como el principal defensor de los intereses ladinos en el movimiento de oposición. No obstante, como funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, en deuda y responsables ante el gobierno colonial, se hallaban ambos interesados en tratar de contener el enojo del pueblo y negociar una solución pacífica a la crisis. En consecuencia, a la manera típica colonial, redactaron una solicitud en nombre de todo el común, dirigida al presidente de la Audiencia, José de Estachería, en que le imploraban la revocación de la orden46.

53Pero para pesar de Silverio y Cancinos, este esfuerzo inicial no sólo fracasó, sino que en realidad resultó contraproducente. En una reunión de cabildo que tuvo lugar el 24 de abril de 1785, los alcaldes y regidores k’ich’es, junto con la mayoría de los principales, se negaron a respaldar la petición de Silverio. Por el contrario, esta facción de la élite, dirigida por el alcalde Luis Rojas y su hermano Feliciano, así como por los miembros del cabildo Jacinto Tucux, Juan Ixtacuy e Ildefonso Estrada, redactó otro documento, en representación del común, en el que acusaban a Silverio de desafiar los mandatos reales y de incitar a la insubordinación de la plebe. El documento también incluía la sorprendente acusación de que Silverio no era k’ich’e, de que era en realidad ladino, un estatus étnico que lo descalificaba para servir como gobernador. Ellos, por tanto, pedían su destitución. El presidente Estachería, aconsejado por los fiscales Tosta y Saavedra, aprobó la petición. En su resolución final Estachería afirmó que la evidencia presentada por los principales y Silverio mismo (testimonios jurados y registros parroquiales) no dejaba duda sobre la certeza de los cargos de los peticionarios. En junio de 1785, a Silverio se le ordenó entregar su bastón y cesar en el ejercicio de gobernador47.

54Naturalmente, la destitución de Silverio causó grande consternación entre sus seguidores, en particular entre aquellos sectores populares que ya lo tenían como el indispensable líder del movimiento de oposición. Con la mayoría de los principales al parecer actuando en colusión con los monopolistas, los inconformes no vieron otra alternativa que recurrir a sus propios recursos para sostener su causa. De esta manera, inmediatamente después de que el asiento abrió el 15 de julio de 1785, los grupos rebeldes procedieron a desplegar una amplia gama de actos de resistencia en contra de los detentadores del monopolio y sus agentes. Estos actos estaban dirigidos a debilitar la moral de los agentes del asiento y en última instancia a forzar al gobierno a clausurar la odiada institución. Productores y vendedores indígenas se negaron a cumplir con la prohibición y continuaron realizando su comercio clandestinamente. Destiladores ladinos se resistieron al arresto aduciendo el fuero de la milicia que, según ellos, los exentuaba de la jurisdicción del asiento. Los esfuerzos de los guardianes del asiento por erradicar el contrabando provocaron decidida hostilidad y hasta violencia. Las patrullas nocturnas por igual sufrieron un despiadado acoso, así como abusos tanto verbales como físicos48.

55En circunstancias normales, tan insolentes actos de desafío habrían sido objeto de un castigo durísimo. Pero para fortuna de los rebeldes, Fernando Corona, el funcionario encargado de ejecutar la ley, no sólo permitió que estas acciones permanecieran impunes, sino que al parecer las incitaba activamente. Ya que, como saldría a relucir más adelante, Corona, al igual que Silverio y Cancinos, abrigaba también una profunda animadversión hacia los dueños del asiento. Ante todo, resentía en mucho la erosión de su autoridad con respecto a los monopolistas. Y como prototipo del funcionario provincial ambicioso y codicioso, Corona se sentía igualmente amargado por no poderle sacar provecho al asiento. Al parecer, había esperado entrar al negocio con Cárdenas, el comerciante quetzalteco que había perdido la postura del asiento. Sin duda ésa fue la razón por la que se había rehusado en un inicio a reconocer el estatus de Rodríguez como administrador del asiento, argumentando que la concesión en realidad valía mucho más que la cantidad que Rodríguez había ofrecido y que, en consecuencia, los intereses de su majestad se verían perjudicados. Él entonces ofreció pagar esa cantidad a cambio de los derechos por administrar el asiento por su propia cuenta. Pero su petición había sido denegada. De ahí que no sorprenda el que viera a los detentadores del asiento como a enemigos entrometidos que le bloqueaban el camino hacia su propia búsqueda de riquezas49.

56Los asentistas, incapaces de superar la vehemente oposición popular y de conseguir la cooperación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, recurrieron al gobierno superior en la ciudad de Guatemala en búsqueda de apoyo. José Rodríguez, en una extensa misiva dirigida al presidente, acusó a Corona de pretender destruir el asiento. El detentador del asiento alegaba que la oposición de Corona al asiento procedía de la codicia y el resentimiento hacia los monopolistas. Echaba mucho la culpa del caos y de los actos de desafío popular al desentendimiento notorio de Corona para castigar las ofensas infligidas a los agentes del asiento. Insistía en que le había sido concedida una licencia real para administrar el asiento y que por tanto gozaba de la prerrogativa de sacarle provecho. Pidió por tanto riguroso castigo para el desafiante y malicioso funcionario, y que le fueran otorgados la autoridad y los recursos necesarios para hacer cumplir plenamente las prerrogativas de su contrato50.

57Los fiscales de la Audiencia, resueltos a hacer valer la autoridad borbónica, condenaron la actitud desafiante de Corona y concedieron a Rodríguez todo lo que pedía. Como resultado, Rodríguez obtuvo amplia autoridad para tomar medidas enérgicas contra los contrabandistas, incluidos los soldados y oficiales de la milicia. Se ordenó a Corona que permitiera a Rodríguez el acceso a la cárcel local cuantas veces lo necesitara. También se concedió el derecho al administrador del asiento, hecho extensivo a todos sus empleados, de portar pistolas con el fin de defenderse del acoso y de asaltos abiertos perpetrados por los enemigos del asiento. En pocas palabras, se invistió a Rodríguez con todos los poderes por lo común reservados exclusivamente a los funcionarios reales del tesoro. En este primer desafío al asiento, los aparentes ganadores eran los asentistas51.

58La contraofensiva de los asentistas, sin embargo, sólo sirvió para enardecer aún más el furor popular. Al comenzar febrero de 1786, conforme los reportes de abusos por parte de los empleados del asiento aumentaban y se propagaban en el pueblo, las tensiones llegaban a un punto álgido. La explosiva situación se exacerbó más todavía debido a una mala cosecha, la cual se tradujo en escasez de grano e inflación de los precios. El vecindario enfurecido se preparó para a tomar medidas por su propia cuenta, ya que los actos cotidianos de resistencia y las quejas ante las autoridades centrales habían resultado infructuosas. Los propietarios del asiento y sus asociados tenían que salir del pueblo. Una facción de los macehuales k’ich’es, en una audaz afirmación de iniciativa popular, se dispuso a dirigir el ataque. Para asistirlos en la ejecución de sus propósitos, recurrieron al capitán Florencio Cancinos, el aliado de Silverio, y el único individuo que simpatizaba con la causa popular con la experiencia y autoridad necesarias52.

59El 16 de febrero de 1786, conforme al testimonio posterior de Cancinos, él y una gran multitud de macehuales, tanto de Quetzaltenango como de los pueblos circunvecinos, sostuvieron una reunión en un área aislada en las orillas del pueblo. Tras una larga discusión de las razones del disgusto y motivos para la movilización popular, los cabecillas indígenas le describieron a Cancinos su plan de acción. Dicho
plan consistía en la eliminación de todos los forasteros en la noche del sábado de Gloria, día en que gran cantidad de gente se reuniría a la veneración y al culto, así como a comerciar en el mercado del pueblo. Cancinos más tarde declaró que en este punto, con el fin de evitar un baño de sangre, intentó hacerles desistir de su plan, recordándoles la índole sagrada de la Semana Santa y el terrible castigo que un acto semejante podría provocar tanto del gobierno real como de Dios. Por lo tanto, les sugirió un plan alterno. Escribiría a nombre del común una petición dirigida al corregidor en la que exigiría la expulsión inmediata de los asentistas. También trataría de obtener el apoyo de sus soldados ladinos, los cuales compartían las mismas quejas contra los propietarios del asiento, y, por tanto, estarían dispuestos a respaldar las quejas de sus vecinos indígenas53.

60Quetzalteco de nacimiento y de origen social humilde, Florencio Cancinos simpatizaba con las reivindicaciones de los rebeldes en lo relacionado con el pernicioso efecto del asiento sobre el bienestar económico y cultural de la comunidad. Al igual que Silverio, se sentía impelido a poner en juego su prestigio y estatus militar defendiendo a su pueblo de los abusos de los forasteros. Cancinos estaba también motivado por una profunda animosidad personal hacia los codiciosos y arrogantes advenedizos. No sólo se habían involucrado éstos en toda suerte de prácticas comerciales ilícitas e inmorales en detrimento de los intereses locales, sino que también habían montado un brutal ataque en contra de su honor al promover una maliciosa campaña dirigida a despojarle de su rango de oficial, fundamentándose en que era en realidad mulato, no español, y por tanto impedido por el reglamento militar para servir como oficial. No sorprende entonces que Cancinos haya aceptado con entusiasmo dirigir la protesta popular para expulsar de Quetzaltenango al odiado trío54.

61Como se había acordado, la noche del 18 de abril de 1786 Cancinos escribió la petición a nombre del común y despachó a unos pocos de sus subordinados para llevarla a La Pedrera, una colina al sur de la plaza principal, y ponerla en una bolsa y fijarla en la copa de un árbol. En la cubierta del documento Cancinos había escrito: “Ninguno me toque que soy del común; el pedido está adentro”. Al día siguiente temprano, una gran multitud formada por indígenas y ladinos, incluidos muchos residentes de los pueblos vecinos, comenzaron a llegar a raudales a La Pedrera. El corregidor Corona, después de enterarse de la sospechosa aglomeración, envió a los alcaldes k’ich’es a investigar. Los oficiales regresaron con el escrito de Cancinos, seguidos por la multitud que para entonces ya ascendía a cerca de 1.500 personas. Con gritos vociferantes, demandaron que su petición fuera inmediatamente satisfecha, o sea, la expulsión de los monopolistas del pueblo y la clausura del asiento de aguardiente55.

62Corona trató de calmar a la multitud. Les imploró esperar por lo menos tres días para que el presidente se pronunciara sobre la materia, pues, según él, carecía de autoridad para satisfacer su solicitud. Pero la muchedumbre ya no le oía. Su cólera contenida hasta ese momento estalló de golpe en un destructor frenesí. Armados con piedras y palos, evacuaron la plaza y se fueron directamente a la casa y tienda de Rodríguez, a las que tomaron por asalto y destrozaron. Condujeron los barriles de licor a la calle y los hicieron trizas, robaron dinero, rompieron muebles y maltrataron a los horrorizados empleados. Aquí se encontraron con que Rodríguez y sus jefes habían sido advertidos de la revuelta y habían escapado a tiempo para salvar sus vidas. Inquieta por las noticias, la multitud se dispersó en bandas y procedieron a saquear las residencias y tiendas de Mazeyras y Marroquín. Después se desplazaron hacia las tabernas de licor, donde también cometieron actos de vandalismo y saqueo. Rompieron las botellas de aguardiente, derramaron el licor en las calles, tomaron dinero y mercancía. A continuación, un grupo desprendido de la muchedumbre marchó a Chuipach, la hacienda de Mazeyras en los límites del pueblo, donde se localizaba la fábrica de aguardiente. Aquí, la enfurecida multitud destruyó todo lo que pudo encontrar. En la refriega con los empleados, dos indígenas fueron muertos.

63Entretanto, el receptor de alcabalas José Rodríguez Carballo, al oír rumores de que los rebeldes se dirigían a su despacho y que intentaban matarlo y saquear el lugar, buscó inmediatamente refugio en el convento franciscano, acompañado por su familia, empleados y cierta cantidad de bolsas de cuero con los fondos de las alcabalas. Allí permaneció hasta que la furia popular menguó. Mientras tanto, la violencia y el caos continuaron por varios días. Dado que muchos milicianos y oficiales estaban entre los sublevados, Corona se vio forzado a pedir ayuda militar a los distritos vecinos de Totonicapán y Huehuetenango para pacificar al pueblo. También notificó a las autoridades de la Audiencia sobre los sucesos en una serie de apresurados escritos.

64El 27 de abril de 1786, el presidente encargó al fiscal Pedro de Tosta cumplir con la delicada tarea de efectuar una pertinente investigación sobre la revuelta y aconsejar sentencias para quienes resultaran culpables. Escoltado por un destacamento de tropas regulares, encabezadas por el ayudante mayor Prudencio de Cozar, el juez llegó a Quetzaltenango en la tarde del 11 de mayo. Las tropas y el juez permanecieron en el pueblo hasta inicios de noviembre en tanto el orden se restablecía y los principales dirigentes de la sublevación eran arrestados56. En un inicio, Tosta recomendó sentencias rigurosas para un gran número de gente implicada en el violento estallido. Con apelación interpuesta, sin embargo, todas estas sentencias fueron suavizadas por la Audiencia. Al parecer, el deseo de apaciguar los ánimos, junto con la amenaza de una nueva insurrección, condujo a las autoridades a dar marcha atrás. Al final, la mayoría de las sentencias fueron conmutadas o reducidas drásticamente, si bien, con tal de cubrir los gastos de la investigación, el estado incautó los bienes de muchos dirigentes rebeldes. Corona fue temporalmente suspendido del cargo y Cancinos, como jefe principal, fue sentenciado a seis años en una prisión de La Habana. Poco tiempo después, bajo la protección de las armas gubernamentales, los dueños del asiento, junto con sus familias y socios, regresaron al pueblo e iniciaron el proceso de reconstruir sus vidas57.

Auge y Caída del Estanco de Aguardiente

65Pese a que el motín había sido sofocado sin mayores contratiempos y los monopolistas habían sido expulsados sólo temporalmente del pueblo, la movilización popular contra el asiento no fue del todo en vano. De hecho, una de las metas principales de los sublevados había sido realizada. La Corona, en vista de la feroz oposición e inquietud que había causado, decidió suprimir el asiento. Las reiteradas solicitudes de José Rodríguez que le permitieran restablecer el monopolio fueron ignoradas. Aun así, el gobierno no dio señales de que entendiera dicha medida como una derrota. De ahí que, para reemplazar al asiento, los funcionarios de la tesorería propusieron la creación de un monopolio administrado por el estado – un estanco real – de aguardiente en Quetzaltenango. Su razonamiento era que un monopolio real gozaría presumiblemente de mayor legitimidad entre los pobladores en cuanto que, argumentaban, la revuelta había sido dirigida contra los monopolistas y no contra el asiento. También citaban el tradicional argumento de que la nueva administración contribuiría marcadamente a frenar la embriaguez y la producción ilegal, así como a reducir el desorden social que dicho comercio generaba. Y, quizá más importante, con fundamento en las afirmaciones financieras de Rodríguez, calculaban que el tesoro podría ganar la jugosa suma de 8.000 pesos, o más, al año. El 5 de julio de 1786, el fiscal Tosta, mientras llevaba a cabo la investigación en Quetzaltenango, respaldó la propuesta58.

66Apremiado por sus superiores en Madrid respecto a la urgente necesidad de generar fondos para el erario, el presidente Estachería aprobó el plan propuesto y el 18 de agosto de 1786, nombró, pendiente de la aprobación real, un cuadro de funcionarios de hacienda para establecer y poner en marcha el estanco en Quetzaltenango. A Pedro Montiel, un empleado en la administración del monopolio del tabaco, se le designó administrador con un salario de 800 pesos anuales. A José Campos se le nombró para contador y a José María Santa Cruz para guardia del estanco, ambos con un salario de 400 pesos al año59. El 4 de octubre de 1786 Montiel informó al administrador general, Gerónimo Cos y Ruiz, que el plantel había quedado instalado y que la construcción de la fábrica de licor estaba ya en marcha60.

67Pero como los acontecimientos que se siguieron habrían de demostrar, las autoridades borbónicas habían otra vez juzgado mal los verdaderos sentimientos de los sectores populares de Quetzaltenango. Desde un inicio, la nueva institución tuvo que afrontar espinosos tropiezos en cuanto que una nueva ola de oposición popular se puso pronto de manifiesto. Y esta vez prácticamente el pueblo entero se movilizó para resistir. Los ex propietarios del asiento, Marroquín y Mazeyras, junto con sus socios, los principales k’ich’es, todos ellos ahora excluidos del provechoso negocio del alcohol, se unieron al coro popular de protestas. Como en el caso del asiento, una variedad de estrategias de resistencia fueron desplegadas por cada grupo en un esfuerzo por dejar sin efecto al odiado establecimiento o forzar su cancelación. Como cabía esperar, la amenaza de una violenta acción colectiva fue una vez más manejada de vez en cuando con efectividad, aunque, al final, ningún episodio de protesta violenta llegó a ocurrir. El temor a represalias drásticas por parte del estado pareció prevenir una repetición del episodio de 1786. El énfasis esta vez se puso en acciones legales pacíficas, en su mayoría peticiones escritas por el cabildo k’ich’e, así como lo que podría llamarse expresiones de desobediencia civil61.

Resultados de la reforma de Aguardiente

68Ya para 1790, la resistencia popular había convertido al estanco en un negocio poco rentable. Tras afanosos, pero infructíferos esfuerzos por corregir la situación, los funcionarios de la Audiencia por último decidieron clausurar el estanco de Quetzaltenango. El 2 de junio de 1792 el rey aprobó la medida de la Audiencia. La tradicional prohibición sobre el alcohol fue entonces restituida en Quetzaltenango y se mantendría vigente por más de una década. En realidad, esto significaba que los individuos involucrados en el negocio del alcohol eran de nuevo libres de volver a expender su comercio. Una vez más, la movilización popular y la resistencia tenaz habían rendido fruto. Como consecuencia, el estado borbónico se vio forzado a echar marcha atrás y a ponderar la formulación de una política más efectiva62.

Resultados de la Reforma de Alcabalas

69El tumulto de 1786 tuvo también importantes consecuencias sobre la reforma de alcabalas. Como se expuso con anterioridad, la puesta en práctica de esa reforma fiscal había provocado mucho resentimiento entre un amplio segmento de la vecindad, contribuyendo significativamente a la rebelión. En particular, los ofensivos métodos del receptor de alcabalas habían causado mucha cólera. Pero, como se hizo notar también, Rodríguez Carballo logró emerger de su refugio sin daño alguno y fue capaz de reasumir sus responsabilidades poco después de la revuelta. Sin embargo, su gestión terminó al poco tiempo. Fue acusado de malversación de fondos y destituido en junio de 1786. No cabe duda que para las autoridades el poder apartar de la escena a un individuo tan impopular debió ser motivo de beneplácito. Y de hecho su destitución contribuyó a reducir en buena medida el desafecto público, si bien en lo tocante a la recaudación del impuesto, la situación para el Estado Borbón no mejoró a consecuencia de ello; de hecho, parece haber empeorado63.

70El nuevo receptor, Francisco Maz, resultó ser una mala elección para el puesto. En vista de la violencia reciente, pareció querer evitar a toda costa otra manifestación de la furia popular. De esta manera, al poco tiempo de iniciada su gestión ya había prácticamente cesado de desempeñar sus tareas. Dejó de remitir fondos a la ciudad de Guatemala. Y luego, en junio de 1787, Maz decidió repentinamente abandonar el pueblo, llevándose consigo el dinero que había recaudado. La investigación del gobierno sobre la conducta criminal del funcionario no arrojó nada. Maz parecía haber desaparecido sin dejar rastro64.

71 El criollo quetzalteco Toribio José de Fuentes, teniente en la milicia, fue nombrado en reemplazo de Maz. Una figura honrada y respetada entre los vecinos, Fuentes practicó un método mucho más moderado en el cumplimiento de sus responsabilidades. Así, en contraste con períodos anteriores, su prolongada gestión de 25 años en el cargo se caracterizó por una relativa carencia de conflictos. Además, la nueva administración borbónica de Carlos IV, en un aparente gesto conciliatorio, decidió no cobrar la alcabala a los comerciantes indígenas. A partir de entonces, se les cobró sólo el uno por ciento del barlovento. Junto con la clausura del estanco, estas medidas seguramente ayudaron a tranquilizar las cosas. Una especie de acuerdo negociado había sido el resultado, a fin de cuentas. El cobro de las alcabalas siguió como antes, pero bajo un régimen mucho más moderado, un régimen que al parecer la mayoría de los vecinos podían tolerar65.

72Notas de pie de páginas

731 Aparte de un breve tratamiento de las reformas en trabajos generales y unos cuantos estudios institucionales sobre los monopolios reales, no se han emprendido aún estudios detallados sobre el impacto social, económico y político de dichas iniciativas. Véanse, por ejemplo, Francisco García Peláez, Memorias para la historia del antiguo Reino de Guatemala (Guatemala, 1851-1852), vol. 3, págs. 5-10; Miles Wortman, Government and Society in Central America (New York, 1982), págs. 140-145. Magda González, “El estanco de bebidas embriagantes en Guatemala: 1753-1860” (Guatemala, Tesis de Licenciatura, Universidad del Valle, 1990); Jorge Luján, “El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala”, Mesoamérica 41 (2001), págs. 99-136.

742 Véanse las obras de Edward Thompson, “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century.” Past and Present 50, (1971), págs. 76-136; James C. Scott, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts (New Haven, 1990); Steve J. Stern, editor. Resistance, Rebellion, and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries (Madison, 1987); Gilbert Joseph y Daniel Nugent, eds. Everyday Forms of State Formation: Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico (Durham, 1994).

753 Pedro Cortés y Larraz, Descripción Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala. 2 vols. (Biblioteca Goathemala de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, 1958), 2, pág. 154.

764 Jorge González Alzate, La experiencia colonial y transición a la independencia en el occidente de Guatemala, 1520-1825 (México: UNAM, 2015), págs. 54-60.

775 Archivo General de Indias (AGI), Contaduría, Legajo 1815. Censo de 1683.

786 Jorge González Alzate, Experiencia colonial, págs. 67-70 y págs. 98-102.

797 Jorge González Alzate, Experiencia colonial, págs. 103-104.

808 Archivo General de Centroamérica (AGCA), A1, Leg. 210, Exp. 5009; A3, Leg. 52, Exp. 1004, Fol. 6.

819 Jorge González Alzate, La experiencia colonial, págs. 104-105.

8210 Miles Wortman, Government, págs. 141-143; John Lynch, Bourbon Spain, 1700-1808 (London, 1989), pág. 344.

8311 AGCA, A3.5, Leg. 2166, Exp. 32545.

8412 En Centroamérica, la alcabala era un impuesto tasado como un porcentaje (dos por ciento) del valor de los bienes vendidos o intercambiados por los residentes no indígenas. A partir de 1638, la corona le añadió a la alcabala un sobrecargo de uno por ciento (el llamado barlovento) el cual estaba destinado para el sostenimiento de la Flota de Barlovento. Los vasallos indígenas estaban exentos de pagar alcabala, pero en el Reino de Guatemala se les cobró el barlovento. Productos de primera necesidad como el maíz y el trigo no pagaban ninguna de tales exacciones. Todas las otras transacciones en efectos ultramarinos y de la tierra así como de propiedad raíz sí pagaban alcabala y barlovento. Miles Wortman, Government, pág. 31.

8513 Para más detalles acerca de la reacción en Santiago de Guatemala a la introducción de las reformas fiscales, véase Miles Wortman, Government, págs. 144-145; José Santos, Elites, poder local y régimen colonial (Vermont, 2001), pág. 259; AGCA, A3, Leg. 2407, Exp. 35433; A3, Leg. 604, Exp. 11837.

8614 Al año siguiente, Lizaurzábal fue nombrado administrador de los monopolios de tabaco, pólvora y naipes. AGCA, A3, Leg. 1367, Exp. 22861.

8715 AGCA, A3, Leg. 1118, Exp. 20116, A3.5, Leg. 1368, Exp. 22885.

8816 AGCA, A3.5, Leg. 2408, Exp. 35456; A3, Leg. 1974, Exp. 30533.

8917 AGCA, A1, Leg. 2626, Exp. 21879; A3.5, Leg. 1092, Exp. 19865.

9018 AGCA, A3, Leg. 1092, Exp. 19865; A3, Leg. 847, Exp. 15758.

9119 AGCA, A3, Leg. 686, Exp. 12958.

9220 AGCA, A3, Leg. 686, Exp. 12958.

9321 AGCA, A3, Leg. 459, Exp. 9451.

9422 Ernesto Chinchilla, “Antecedentes de la independencia en el partido de Quezaltenango”, Cuadernos de Antropología 5 (1960), pág. 110.

9523 AGCA, A3, Leg. 1810, Exp. 28806; A3, Leg.1108, Exp. 20047.

9624 Para ejemplos de ásperos incidentes entre receptores y corregidores, véase AGCA, A1, Leg. 196, Exp. 3971; A3, Leg. 727, Exp. 13542; A3, Leg. 1108, Exp. 20047; A3, Leg. 1810, Exp. 28806.

9725 Quejas de los receptores acerca de las dificultades en el cumplimiento de sus oficios se encuentran en AGCA, A3, Leg. 267, Exp. 5830; A3, Leg. 724, Exp. 13502; A3, Leg. 1810, Exp 28806.

9826 AGCA, A3.5, Leg. 2418, Exp. 35573 y véase Miles Wortman, Government, pág. 148.

9927 AGCA, A3, Leg. 1388, Exp. 23184.

10028 AGCA, A3, Leg. 1388, Exp. 23184.

10129 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 930.

10230 AGCA, A3, Leg. 853, Exp. 15817; A3, Leg. 2418, Exp. 35574. José Rodríguez Carballo se desempeñaba como oficial de real hacienda y era ya un personaje conocido en Quetzaltenango puesto que había actuado en varias ocasiones como investigador en varios litigios legales así como asistente en el juicio de residencia del corregidor Rodríguez Erce. AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 930.

10331 AGCA, A3, Leg. 724, Exp. 13501; A3, Leg. 727, Exp. 13542.

10432 AGI, Guatemala, Leg. 470, Exp. 361; AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 928 y véase Francisco García Peláez, Memorias, 3, págs. 5-9 y Miles Wortman, Government, págs. 140,144.

10533 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 943 y véase Francisco García Peláez, Memorias, 3, págs. 9-10.

10634 Véase Francisco García Peláez, Memorias, 3, págs. 5-10.

10735 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 942.

10836 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 929; AGCA, A3, Leg. 52, Exp. 1004.

10937 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 929.

11038 AGCA, A1, Leg. 5486, Exp. 47195; A1, Leg. 3062, Exp. 29334 y véase Ernesto Chinchilla, “Antecedentes”, pág.123.

11139 AGCA, A3.4, Leg. 49, Exp. 929; A1, Leg. 196, Exp. 3971; A1, Leg. 5484, Exp. 47192. José Rodríguez, el administrador del asiento, aparece en los registros de alcabalas, el 12 de mayo de 1785, comprando en Nueva Guatemala 42 cargas de panela cuyo importe fue de 378 pesos. AGCA, A3.5, Leg. 2589, Exp. 38096.

11240 Pedro Cortés y Larraz, Descripción geográfico-moral, 2, pág.156 y Ernesto Chinchilla, “Antecedentes”, págs. 55-59 y véase AGCA, A3, L. 49, E. 925. La observación de William Taylor sobre los indígenas mexicanos también es válida para el caso de Quetzaltenango: “Los intentos de los indígenas de no dejar a ningún forastero vender pulque y vino en sus comunidades podía tal vez formar parte de un esfuerzo por preservar las normas locales que regulaban el consumo ritual de licor”. Véase WilliamTaylor, Drinking, Homicide, and Rebellion in Colonial Mexican Villages (Stanford, 1979), pág. 3.

11341 AGCA, A1, Leg. 5485, Exp. 47194 y véase Jorge González Alzate, La experiencia colonial, págs. 137-138.

11442 Esta lista de agravios y peticiones se generó en base a los numerosos testimonios que formaron parte de la investigación oficial del motín. AGCA, A1, Leg. 5488, Exp. 47203.

11543 AGCA, A1, Leg. 5488, Exp. 47203.

11644 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 930.

11745 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 930. Silverio había sido nombrado gobernador en 1780 (AGCA, A1, Leg. 195, Exp. 3960). En la documentación consultada, Silverio manifiesta desde el comienzo de su administración un intenso interés en atajar el decidido empeño de los recién llegados por acumular riqueza y poder. Para más detalles acerca de uno de los numerosos conflictos entre el gobernador y Domingo Gutiérrez Marroquín, véase AGCA, A1, Leg. 2807, Exp. 24687.

11846 AGCA, A1, Leg. 5486, Exp. 47195.

11947 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 930. La evidencia encontrada no deja duda que Silverio vivió toda su vida como mestizo, aunque, evidentemente, él también podía pasar como k’iche’. El matrimonio con la viuda del anterior gobernador en 1780 le permitió obtener el cargo de gobernador. AGCA, A2, Leg. 36, Exp. 1723; A2, Leg. 6, Exp. 97.

12048 AGCA, A3.5, Leg. 328, Exp. 6885.

12149 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 929; A1, Leg. 5486, Exp. 47195. En diciembre de 1785, la creciente hostilidad entre Fernando Corona y Domingo Gutiérrez degeneró en un episodio de violencia, con ambos rivales intercambiando golpes a raíz de una disputa en un juego de billar. Véase, AGCA, A1, Leg. 196, Exp. 3971.

12250 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 930.

12351 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 929; A1, Leg. 5486, Exp. 47195.

12452 AGCA, A3, Leg. 236, Exp. 4699; AGCA, A1, Leg. 5488, Exp. 47203.

12553 AGCA, A3, Leg. 236, Exp. 4699; AGCA, A1, Leg. 5488, Exp. 47203.

12654 AGCA, A2, Leg. 9, Exp. 152; AGS:GM, Leg. 6933, Exp. 69.

12755 Este recuento está basado en la voluminosa documentación de la pesquisa judicial realizada por el fiscal Pedro Tosta en Quetzaltenango. Véase, especialmente, AGCA, A1, Leg. 5484, Leg. 5485, Leg. 5486, Leg. 5487 y Leg. 5488.

12856 AGCA, A1, Leg. 302, Exp. 6923.

12957 AGCA, A1, Leg. 5487, Exp. 47197.

13058 AGCA, A3, Leg. 50, Exp. 960; A3, Leg. 858, Exp. 15903.

13159 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 941.

13260 AGCA, A3, Leg. 49, Exp. 938.

13361 AGCA, A3, Leg. 50, Exp. 964; A3, Leg. 51, Exp. 968, Exp. 971, Exp. 974; A3, Leg. 52, Exp. 992.

13462 AGCA, A3, Leg. 52, Exp. 1004; AGI, Guatemala, Leg. 699, Exp. 10 6.

13563 AGCA, A3, Leg. 2742, Exp. 39459.

13664 AGCA, A3, Leg. 730, Exp. 13504; A3, Leg. 987, Exp. 18175.

13765 AGCA, A3, L. 987, E. 18175. En octubre de 1787, tras el establecimiento de una intendencia en Chiapas, Quetzaltenango, junto con Totonicapán y Sololá, pasó a ser parte de la superintendencia de Guatemala. AGCA, A3, Leg. 730, Exp. 13564.

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Para citar este artículo :

Jorge González Alzate, « Absolutismo estatal y resistencia popular. Los efectos sociales, económicos y políticos de las reformas fiscales en Quetzaltenango , Guatemala, 1763-1790 », Boletín AFEHC N°72, publicado el 04 marzo 2017, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=4480

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