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AFEHC : articulos : Contrabando y comercio libre en Centroamérica, 1805-1821 : Contrabando y comercio libre en Centroamérica, 1805-1821

Ficha n° 4485

Creada: 25 junio 2017
Editada: 25 junio 2017
Modificada: 25 junio 2017

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Autor de la ficha:

Bernabé FERNáNDEZ HERNáNDEZ

Editor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Contrabando y comercio libre en Centroamérica, 1805-1821

El comercio ilícito se vio favorecido por la existencia de las colonias inglesas de Jamaica y Belice en el Caribe. Con motivo de las guerras internacionales, España permitió el tráfico comercial en barcos neutrales y esto favoreció la expansión del contrabando. La actitud permisiva de La Habana también contribuyó a justificar parte de este comercio clandestino. En gran medida se desarrolló aprovechando el medio físico de la costa norte y en los alrededores de la ciudad de Guatemala. En él participaron todas las clases de la sociedad colonial, e incluso colaboraron los indígenas no sometidos de la costa norte. Centroamérica quedó inundada de textiles ingleses por la vía del comercio ilegal. Sus precios más bajos hicieron poco competitivos a los productos españoles. Para tener controlada esta actividad mercantil ilegal y sacar un beneficio hacendístico se permitió el comercio libre de dos puertos de la región con Belice. Las reformas borbónicas no lograron frenar o erradicar el negocio al margen de la ley.
1538
Palabras claves :
Reformas borbónicas, Ilustración, Pública subasta, Comiso, Intendente.
Autor(es):
Bernabé Fernández Hernández
Fecha:
Marzo de 2017
Texto íntegral:

1
El comercio ilegal en el Reino de Guatemala fue una actividad económica habitual a lo largo del siglo XVIII y en las dos décadas anteriores a la independencia de España. Centroamérica adquirió una gran importancia estratégica por la presencia británica en la costa del Caribe, en concreto, Belice y Jamaica. En este contexto, aumentaron las posibilidades de contrabando1.

2Durante el reinado de Carlos IV (1788-1808) se pasó de la alianza con Inglaterra contra la Revolución Francesa a reasumir los Pactos de familia aliándose a Francia por el Tratado de San Ildefonso de 1796. A partir de este momento, España estará en guerra con Gran Bretaña hasta la invasión napoleónica de la península de 1808, con la sola tregua de la Paz de Amiens de 1802. En estos doce años de alianza hispano-francesa se produjo la paralización del comercio transatlántico y en consecuencia se autorizó en 1797 el comercio en barcos bajo pabellón neutral. El objetivo era mantener el tráfico entre España y los puertos de Ultramar. En la práctica, supuso el verdadero comercio libre para las provincias ultramarinas. Debido a los abusos la medida se suspendió en 1799, siendo restablecida con restricciones en 1801 y ampliada en 1805 a los puertos del Pacífico. Desde 1797 en el Atlántico y desde 1805 en el Pacífico, Estados Unidos se apoderó de casi todo el comercio exterior de las Indias españolas. Como señala el historiador Víctor H. Acuña, durante la etapa 1797-1808 el comercio colonial español fue captado en gran medida por los extranjeros, bien por permisos de neutrales o por medio del contrabando, “éste es sin duda el período de gloria del contrabando en la América española2”.

3Con la dinastía de los Borbones se llevaron a cabo a lo largo del siglo XVIII en España y sus posesiones ultramarinas una serie de reformas inmersas en la lIustración que abarcaron desde lo político-administrativo hasta lo cultural. Con respecto a las colonias americanas y asiáticas se creó el Ministerio Universal de Indias y se implantó el régimen de intendencias. En el Reino de Guatemala entre 1785 y 1786 se establecieron cuatro intendencias (San Salvador, Ciudad Real, León y Comayagua), que se rigieron desde 1787 por la Ordenanza de Intendentes de Nueva España de 17863.

4A principios del siglo XIX, Centroamérica entró en una fase de emergencia económica provocada por la notable disminución de la exportación de añiles y la decadencia de la minería hondureña de la plata. Por si fuera poco, la parte sur del territorio se vio asolada por una gran plaga de langosta que diezmó las distintas cosechas4.
Una de las reformas borbónicas más directamente relacionada con el tema que nos ocupa fue la publicación en 1778 del “Reglamento para el Comercio Libre entre España e Indias” que reducía los gravámenes sobre el comercio a uno solo, y se autorizaba a doce puertos peninsulares para comerciar directamente con veinticuatro puertos americanos. Entre ellos, se habilitaba como puertos “menores” a Santo Tomás de Castilla y Omoa en el Reino de Guatemala. En 1789 también se incluyó a Trujillo, en 1796 a San Juan de Nicaragua y en 1811 a Matina (Costa Rica). Otra medida importante fue adoptada en 1796 al autorizarse a los americanos las expediciones con sus navíos en dirección a la península. Sin embargo, es difícil valorar el efecto del reglamento de 1778 dado el corte casi total de las comunicaciones transatlánticas al iniciarse la guerra contra Gran Bretaña en ese año y poco después adoptarse la medida de permitir el comercio con países neutrales5.

5El comercio ilegal ya fue objeto de estudio por nuestra parte pero para el período inmediatamente anterior, en concreto, los años finales del siglo XVIII y los iniciales del siglo XIX6. En ese trabajo constatamos que existía un contrabando irregular entre Honduras y las colonias inglesas del Caribe, incrementándose en tiempos de paz. Asimismo detectamos la actitud permisiva de las autoridades portuarias, sobre todo, de Trujillo. Estos factores que lo explicaban debieron continuar en los años 1805-1821 pero, probablemente incrementados, tras el cese de la guerra con Inglaterra desde 1808 y el desarrollo de la Emancipación en otros territorios de la América española. Por esta razón, planteamos como hipótesis de trabajo que los funcionarios destinados en la costa atlántica siguieron actuando en connivencia con los contrabandistas y que el desabastecimiento de manufacturas europeas no continuó tras la Guerra de Independencia contra los franceses (1808-1814). Sin embargo, estos productos manufacturados inundaron los mercados de Centroamérica por la vía del contrabando y no por el comercio legal ya que este último presentaba precios más elevados que los del comercio ilícito. Analizaremos las causas de este desfase en cuanto a precios. Una de las soluciones que se aportaban por los negociantes y por el presidente Carlos de Urrutia (1818-1821) era la apertura al comercio libre con la colonia británica de Belice. Mantenemos como hipótesis que para los grandes comerciantes guatemaltecos ya no era rentable continuar la vinculación mercantil con la península por las ventajas económicas que ofrecía la importación de mercancías británicas a través de sus colonias del Caribe.

6El contrabando en el siglo XVIII en Centroamérica ha sido estudiado por varios historiadores. Adam Szaszdi Nagy recoge el nombramiento en 1745 de un gobernador para Honduras y otro para Nicaragua con la misión de construir fortalezas y cortar el comercio ilícito terrestre. Héctor R. Feliciano Ramos profundiza en el tráfico ilegal inglés en el Caribe entre 1748 y 1778 en sus tres orillas – antillana, centroamericana y suramericana – y el Golfo de México. Este historiador señala que el comercio ilegal fue realizado por particulares y para su realización se crearon empresas comerciales o concesionarias de las de Inglaterra que tenían su base de operaciones en Jamaica e islas de las Antillas menores donde recibieron el apoyo de las autoridades británicas locales. Considera que fue un vicio generalizado en el que se involucraron todos los sectores sociales. Jesús Manuel Sariego resalta que el contrabando en Honduras es uno de los muchos detonantes que muestran la seria crisis de la sociedad y economía coloniales a mediados del siglo XVIII7.

7Además, Mario Felipe Martínez Castillo y María de los Ángeles Chaverri Mora sostienen que en los años centrales del siglo XVIII lo que influía en los precios en las transacciones de contrabando era la exención de impuestos que encarecían y entorpecían el comercio. Asimismo, destacan la posibilidad de mercado ya que el subabastecimiento seguido por el Estado y los comerciantes españoles creaba en la población la necesidad de manufacturas europeas. Barbara Pottast-Jutkeit también enfatiza que los asentamientos ingleses en la Costa de Mosquitia eran un enlace entre Centroamérica y el Caribe – sobre todo Jamaica y la isla holandesa de Curaçao -, y esta última región aseguraba la comunicación con Europa. Celestino Andrés Araúz Monfante recalca que un freno para la represión del contrabando lo representan las disputas entre los gobernadores de las Indias por asuntos de jurisdicción y mando. Otro aspecto importante que apunta es que incluso los cabildos se refugiaban en sus derechos administrativos para amparar el tráfico ilícito en sus respectivos territorios. María Eugenia Brenes Castillo estima que la cuantía y variedad de las introducciones en Costa Rica demuestra – a su juicio – que había una verdadera necesidad de ellos, bien porque España no los suministraba a tiempo o porque su precio no estaba al alcance de los colonos dado su estado de extrema pobreza8.

Comercio ilícito al amparo del tráfico de neutrales

8Uno de los sistemas empleados para sortear la legislación española que impedía la entrada de mercancías extranjeras en las provincias ultramarinas era la compra de un barco en Estados Unidos o fletar un navío por pérdida del propio y justificar su carga en la autorización de neutrales. Es el caso de la goleta “Little Robert” alias “El Robertico”. Este buque arribó a Trujillo el 20 de julio de 1805 procedente de Filadelfia. Transportaba un cargamento de víveres, vino, ginebra y ropas. Según el comandante de Trujillo, Dambrine, “este buque creo que es uno de los muchos que se han visto con Registros supuestos9”. Hizo escala en La Habana donde embarcó como consignatario y apoderado de la Casa de Madán, Francisco Gutiérrez de Solana, que justificó como motivo del viaje el uso de la vía neutral y las necesidades extremas del Reino de Guatemala. Además alegó que en La Habana se recibían los barcos neutrales. La Junta Superior de Real Hacienda declaró nulo el comiso determinado por el comandante de Trujillo Dambrine y le multó con 300 pesos, además de señalar que la causa correspondía al intendente interino de Comayagua Serrano Polo. Sin embargo, el permiso otorgado por el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson (1801-1809) contravenía el Tratado España- Estados Unidos de 1795. Por tanto, según el fiscal interino Celaya el caso se salía de la jurisdicción del intendente de Comayagua10.

9Por su parte, el contador general para la América Septentrional, Pedro Aparici, opinaba que en sí la expedición era ilegal pero atendiendo a los trámites seguidos en La Habana y a que – al igual que la goleta norteamericana “Norfolk Trumpeter” en 1801- realizó la travesía para resarcirse del apresamiento por los ingleses en noviembre de 1804 del bergantín “Diligente”, su intención no era deshonesta puesto que acudió a la Intendencia de La Habana. También consideraba que las determinaciones de la Junta Superior de Real Hacienda fueron acordes a las reales órdenes de 20 de abril de 1799 y 18 de julio de 1800 que prohibían el tráfico de neutrales. Asimismo era partidario de que se levantasen las fianzas otorgadas por la Casa de Madán pagando los derechos debidos a la Real Hacienda. Las mercancías habían sido rematadas en 27.825 pesos 3 reales 25 maravedíes. Por último, estimaba que servirían de escarmiento los perjuicios sufridos en los géneros almacenados y deteriorados, además de los gastos ocasionados por la detención del barco y de su tripulación. Es de destacar la actitud diligente del comandante de Trujillo, Manuel Fernando Dambrine, en perseguir este caso de contrabando puesto que los constantes viajes a Jamaica de la goleta “Mosca” de la comandancia del puerto en 1802 y 1803 y otras intervenciones de este funcionario habían levantado sospechas de comercio ilícito. Tanto es así, que las actuaciones de Dambrine habían llevado al presidente González a pedir a la Corona en 1805 que fuera separado de su cargo11.

10Otro método empleado para vender mercancías extranjeras era la recepción en Centroamérica de artículos que se habían recibido en Cuba en barcos neutrales pese a que lo prohibía expresamente la real orden de 10 de septiembre de 180512. El falucho “Esperanza” y la balandra “Santo Cristo y Ánimas” arribaron a Trujillo a finales de julio o principios de agosto de 1806 procedentes de Santiago y Trinidad de Cuba con géneros ingleses. El presidente González culpaba al subdelegado y empleados de hacienda de ese puerto de no haber procedido a la inspección de los barcos y de no remitirle los registros originales, como obligaba la instrucción de 28 de mayo de 1802. Señalaba que “la falta es de esos ministros que no la cometerían por ignorancia, sino por otros motivos que no se me ocultan”. De hecho, en los años anteriores tanto al interventor Agustín de la Gándara como al receptor de alcabalas Juan Ortiz de Letona se les había acusado de participar en varios contrabandos y el presidente González solicitó a la Corona en 1806 que se les destinase a otros puestos del interior con menos posibilidades de participar en el comercio clandestino13.

11Los funcionarios de hacienda de Trujillo pedían al presidente González el embargo del buque “Esperanza” y de siete a ocho mil pesos que había dejado depositados su capitán Juan Jover de la venta de los artículos traídos de Cuba. Este falucho “Esperanza” se dirigió a Campeche donde Jover adquirió otro cargamento y regresó a Trujillo el 6 de octubre de 1806 vendiendo su carga de arroz, candelas de sebo y sal a Jacobo Bernárdez14.

12Un método singular para introducir artículos con bandera de países neutrales lo llevó a cabo el fiscal de la Audiencia José Yáñez Nuño. Al ser provisto para este puesto se hallaba de auditor de marina en Puerto Cabello (Venezuela). En el viaje a Guatemala fletó la goleta “La Cosmopolita” en la isla danesa de Saint Thomas y se presentó en Trujillo en el verano de 1806 “comprometida su palabra a que se permitiría su descarga y venta”. En Trujillo se admitió el buque por el comandante accidental Juan Fernández Vilches y los funcionarios de hacienda. La Junta Superior de Real Hacienda determinó por dos veces el decomiso del buque y su carga. Después, trasladó el expediente al presidente González puesto que la admisión o repulsa de barcos le correspondía al superintendente subdelegado conforme a la real cédula de 17 de octubre de 1803. González consideró que no procedía decomisar el barco ya que el culpable era el fiscal Yáñez que se comprometió con los interesados. También veía culpabilidad en los funcionarios de Trujillo puesto que debieron repeler a un navío extranjero. Finalmente, decretó la expulsión del buque con todos sus efectos, a excepción de lo preciso para hacer frente a gastos y costas15.

13El mercante “La Cosmopolita” salió de Trujillo en lastre y con el pretexto de cubrir gastos se permitieron vender 7.000 pesos en géneros, cifra elevada ya que en la factura original presentada el valor de la mercancía era de 8.600 pesos. La conducta de Yáñez causó un gran escándalo público pues se pensaba que ese cargamento se habría vendido en 50.000 pesos. Aunque González era partidario de corregir a Yáñez por su actuación, tomó posesión de su cargo en la Audiencia sin que ésta sancionase su ilícito proceder. En realidad, se había justificado en que tenía la creencia de que en Centroamérica se permitiría la introducción de géneros como en Caracas o porque el reino estuviera desabastecido y, en caso contrario, se ordenaría el retorno del barco16.

14Esta implicación de los oficiales reales en el comercio ilícito también afectó a la Real Hacienda de la ciudad de Guatemala puesto que el administrador general de alcabalas Nicolás Rivera, mantenía relaciones con otros comerciantes de la capital. A uno de ellos, Alejandro Aqueche, se le había interceptado una carta en la que solicitaba de La Habana efectos de contrabando que debían venir mezclados con otras mercancías legales para que se dejasen pasar por la aduana de Guatemala. Por si fuera poco, el propio hijo de Nicolás Rivera, Miguel, estaba empleado de cajero en la Casa del Marqués de Aycinena y además operaba como comerciante por cuenta propia con un capital inicial obtenido gracias al propio marqués. González veía mal esta relación tan estrecha del administrador general de alcabalas con los comerciantes del reino gracias a su vínculo a través de su hijo Miguel con el Marqués de Aycinena, el comerciante más acaudalado de Centroamérica17. Según González, “el país se hallaba inundado de géneros ingleses, de procedencias ilícitas” y esto era por la aprobación o tolerancia del administrador de alcabalas. Por esta razón, también solicitaba se le confiriese destino en una provincia interior ya que la aduana de la ciudad de Guatemala se reputaba como “puerto” a efectos fiscales dada la despoblación del Golfo Dulce que era por donde se realizaba el comercio exterior de la capital del reino y de la mayor parte de sus provincias. Lo cierto era que Nicolás Rivera había sostenido constantes litigios con la superintendencia por asuntos de competencias y tenía abandonado el fiel desempeño de sus obligaciones, recibiendo numerosas amonestaciones ya desde los gobiernos de los presidentes Bernardo Troncoso (1789-1794) y José Domás18 (1794-1801).

Comercio “permitido” de dudosa legalidad

15Las distintas medidas adoptadas en La Habana y Guatemala con respecto a la entrada de géneros ingleses provocaron situaciones confusas por las distintas disposiciones que se tomaron por las aduanas o por los comandantes de los puertos. En agosto de 1809 arribó al puerto de Trujillo la goleta “Nuestra Señora del Carmen” procedente de Trinidad (Cuba) con un cargamento de artículos ingleses adquiridos en Jamaica como tejidos, alhajas, botas y tazas. Las pólizas presentadas carecían del marchamo o permiso de la Corona para introducir libremente productos extranjeros en Cuba como exigía el bando del presidente González de 30 de junio de 1807, dado en cumplimiento de la real orden de 4 de septiembre de 1805 sobre prevención del contrabando. El comandante de Trujillo, Pedro Benedi, ordenó el 5 de septiembre de 1809 la devolución de los productos incautados puesto que en Cuba se había eliminado la obligación del marchamo. Con esta acción se contradecía al administrador de hacienda de Trujillo, Luciano Saravia, que había ordenado la detención de la mercancía que quedaba almacenada. Esto quiere decir que parte de los productos habían sido ya vendidos y la incautación sólo afectaba al resto que seguía almacenado. Por su parte, el capitán del mercante, Rafael Clara, afirmaba para defender la honradez de esta operación mercantil que habían actuado de buena fe19.
En la documentación aportada por la nave se expresaba que por determinaciones de la superioridad se permitió el comercio con Inglaterra pero no se explicitaba si esa licencia procedía de la Junta Central o de la Intendencia de Cuba. La Junta Superior de Real Hacienda le impuso una multa de 500 pesos al comandante de Trujillo el 7 de febrero de 1810 por desobediencia a la autoridad pero el presidente González decretó dos días más tarde que únicamente abonase los gastos del proceso20. Con el bando de 30 de junio de 1807 – publicado el 3 de julio del mismo año – González intentaba frenar la importación ilegal de esas mercancías mientras que en Cuba había una actitud permisiva, lo cual de alguna manera las legalizaba. En ese bando de 1807 se llegó a conceder a los denunciadores la mitad del producto decomisado y, por tanto, se pretendía favorecer de manera notable la lucha contra el contrabando21. Sin embargo, el comercio ilegal continuó por el mayor beneficio que reportaba a los infractores.

16Durante la ocupación francesa de la península, las Cortes concedieron en 1812 el indulto de las penas pecuniarias y aflictivas a los contrabandistas pero sin comprender a lo ilícitamente comerciado. En esta concesión se basó el portugués Antonio Dacosta para eludir la declaración de contrabando decretada por el presidente Bustamante el 8 de junio de 1812. Dacosta con permiso del intendente de La Habana compró en Nueva Orleans la goleta “Centurión”, a la que denominó “Bustamante”. Este barco, armado en corso, cargó harina, vino, aguardiente, papel, acero y otros artículos. Dacosta iba a medias en el negocio con Samuel Cornell aunque en la guía de los efectos se reflejaba a este último como propietario para evitar el apresamiento. El buque se dirigía a La Habana pero por un temporal arribó a Trujillo el 26 de marzo de 1812 para reparar averías y comprar víveres. Ésta era una excusa clásica para introducir mercancías en Centroamérica y otras regiones de la América española. Este argumento de Dacosta se contradijo con la declaración de varios miembros de la tripulación que no mencionaron este hecho. El comisario de marina Francisco Figueroa y el comandante interino de Trujillo, Agustín Barba, decomisaron el barco y su carga. Según el negociante lisboeta, se había negado a entregar 9.000 pesos que le exigía como soborno Figueroa para permitirle la venta de los géneros22.

17Aprovechando el indulto de las Cortes de 25 de mayo de 1812 Dacosta presentó un recurso a la Junta de Apelaciones que el 15 de febrero de 1813 revocó la declaración del comiso del presidente Bustamante. Aunque el contador general para la América Septentrional, José Manuel de Aparici, consideraba que se debía mantener el decomiso porque no era español y además no quedaban liberados los productos incautados, la real cédula de 10 de julio de 1816 declaró libre la expedición del comerciante portugués, sin necesidad de acogerse al indulto23. Probablemente, en la decisión final de la Corona debió pesar que el navío se adquirió con autorización de La Habana y a que se había actuado de buena fe, como había sucedido con las goletas “El Robertico” y “Nuestra Señora del Carmen”. Sin embargo, el presidente Bustamante pedía que se volviera a estudiar en el Consejo de Indias pero sin la intervención del fiscal Juan Gualberto González, del que había dado un informe reservado sobre su conducta por los cuatro años que estuvo destinado en la Audiencia de Guatemala y que por esta razón mostraba una actitud de encono hacia los asuntos remitidos por las autoridades superiores del reino24.

18También se tuvo en cuenta la “buena fe” en la introducción de mercancías en el caso de dos cofres y una caballería en Chinauta (¿Chinautla? (Guatemala) aprehendidos el 22 de septiembre de 1812 a José Herrarte, vecino de la ciudad de Guatemala. Fueron decomisados por providencia del 7 de octubre del mismo año pero Herrarte apeló a la Junta Superior de Real Hacienda. Esta última revocó el comiso el 4 de abril de 1816 por la supuesta honestidad en la entrada, y ordenó que se le entregasen los 1.200 pesos que importó su remate pero abonando los derechos y las costas de lo actuado. El fiscal de Hacienda apeló al Consejo de Indias pero el contador general para la América Septentrional, José de Tejada, era partidario de verificarlo ante la Audiencia de Guatemala por la poca entidad del contrabando y a que el artículo 262 de la Constitución de 1812 establecía que se liquidasen todos los asuntos contenciosos en cada provincia para abreviar los procesos y así evitar gastos y perjuicios a Herrarte25.
La actuación del presidente Bustamante en relación a un cargamento de géneros de algodón suscitó cierta oposición en la ciudad de Guatemala, sobre todo en el ayuntamiento ya que afectaba a una de las principales familias de la capital y a que no se tuvo en cuenta la suspensión de la legislación dada en Madrid para regular las importaciones de estos productos. Así, por decreto de la superintendencia de 1 de septiembre de 1815 se había interrumpido temporalmente la aplicación de dos reales órdenes: la de 23 de julio de 1814 relativa a los requisitos que debían llevar los registros de los géneros que se reexportasen de un puerto a otro de América, y también la de 14 de septiembre de 1814 que confirmaba los privilegios de la Compañía de Filipinas para importar tejidos de algodón asiáticos. Durante la anulación provisional de las dos disposiciones de las autoridades centrales de Madrid, salieron de la Habana en marzo de 1816 el bergantín-goleta “Según el Tiempo” y la goleta “Ardilla” con una carga de efectos de algodón subastados a la Real Hacienda en 1808 y vendida a Gregorio Beltranena, Juan Ajuria y Francisco Ángel. Bustamante pese a haber suspendido la aplicación de las dos reales órdenes y a que se tuvo en cuenta esta circunstancia con ocasión de la arribada de la goleta “Ana María”, mandó el 22 de octubre de 1816 que se vendiesen en pública subasta al por menor los artículos retenidos a los tres propietarios de las mercancías devolviéndoles el capital invertido en la compra y los costes de transporte. En la almoneda hizo postura uno de los Beltranena, rematándose por 33.553 pesos 6 y medio reales. El beneficio ascendió a 25.000 pesos, disponiendo el superintendente que se destinase a las expediciones ultramarinas “para la pacificación de las Américas” u otro objeto que conviniera a la Corona26.

19En este comiso intervino el alcalde primero de Guatemala capital, Domingo Pavón, que admitió testigos y según el presidente Bustamante no le detuvo las conexiones y enlaces de su familia con los Aycinena y de éstos con los interesados Beltranena, tratándose además de un asunto de Real Hacienda que competía en exclusiva a la Superintendencia Subdelegada y a la Junta Superior, conforme al artículo 78 de la Ordenanza de Intendentes de 1786. En efecto, los Pavón y los Aycinena eran de las cinco familias que más participaron del gobierno municipal entre 1770 y 1821. De hecho, Juan Fermín Aycinena Piñol era regidor del ayuntamiento en 1816. Tanto Domingo Pavón como Juan Fermín Aycinena Piñol eran criollos de segunda generación. En cuanto a los Beltranena, en la segunda generación, cuatro hermanos – ya criollos – pertenecieron al cabildo entre 1813 y 1820, de ellos Mariano Beltranena en 1815. El control del poder local por parte de las grandes familias lo ponía de manifiesto el fiscal interino Valle quien en un pedimento de 17 de abril de 1817 consideraba que el alcalde Domingo Pavón actuó confabulado con Manuel Antonio Batres, Rafael Batres y los parientes de éstos. De hecho, entre 1810 y 1817, un miembro de los Batres ocupó el cargo de alcalde primero y tres ocuparon el puesto de regidor. Por tanto, debido a estos enlaces endogámicos la influencia de los Beltranena en el cabildo guatemalteco era muy notoria máxime teniendo en cuenta que desde 1809 predominaban los criollos sobre los peninsulares27. La Junta Superior de Real Hacienda declaró el 18 de abril de 1817 que el alcalde no tuvo jurisdicción para instruir la información a pedimento de Gregorio Beltranena. Bustamante iba más allá en sus apreciaciones señalando que en las corporaciones y juzgados inferiores subsistía “el espíritu que indujeron las nuevas instituciones de independencia, y poca o ninguna consideración a las primeras autoridades”. Sin duda, este capitán general tenía muy presentes las insurrecciones de finales de 1811 en San Salvador, León y Granada, la Conjuración de Belén a fines de 1813 y otra en San Salvador al iniciarse 1814, en las que tuvo que emplearse a fondo para mantener pacificado el Reino de Guatemala28.

20Los métodos de Bustamante en el caso del bergantín-goleta “Según el Tiempo” recibieron la desaprobación de los altos funcionarios de Madrid. Para el contador general para la América Septentrional, José de Tejada, este capitán general había actuado de manera arbitraria e ilegal puesto que fundamentaba el decomiso en la falta de la hoja original del registro, hecho imputable a los funcionarios públicos de la aduana del puerto de salida. Por tanto, debió obligar al barco a regresar a La Habana o consultar a su intendente sobre el remate de los productos por la Real Hacienda. En definitiva, el superintendente no había seguido los trámites legales, los efectos no estaban comprendidos en la prohibición de la real orden de 14 de septiembre de 1814 que en Guatemala estaba suspensa. Por estas razones, consideraba que debían declararse nulos y de ningún valor los procedimientos de la Superintendencia General de Guatemala sin que pudieran perjudicar al buen nombre y reputación de Gregorio Beltranena y consortes29. Este comerciante había exigido un pasaporte para plantear su caso directamente al rey pero no recibió autorización para trasladarse a España. De todos modos, la Corona tuvo en cuenta su apelación y ordenó que se le devolviesen los bienes embargados30.

21La importación de artículos de algodón extranjeros comprados en pública licitación creaba la incertidumbre en los funcionarios de hacienda de si era una documentación falsa o verdadera. Fue el caso de la polacra “Santa Rita” alias “La Manolita” que introdujo de Cádiz un cargamento de efectos de algodón extranjeros vendidos por la Real Hacienda en pública almoneda. El administrador general de alcabalas informó que ya había despachado otros de igual clase traídos del mismo puerto pero conteniendo la expresión de ser rematados por la Real Hacienda.

22Bustamante ordenó el 27 de septiembre de 1816 que el administrador general de alcabalas entregase los efectos tanto de la “Segunda Golondrina” – por traer la expresión ser comprados en pública subasta – como los de la polacra “Santa Rita” y los de la fragata “San José”. El superintendente subdelegado pedía al ministro de Hacienda el 18 de febrero de 1817 que se le indicara si en las expediciones de esos artículos procedentes de la península bastaba que en las facturas se expresara esa condición de haber sido rematados por la Real Hacienda o si debía acompañar la certificación del administrador y del contador de la aduana de haberse adquirido en pública licitación31.

El comercio ilegal

23En ocasiones, los oficiales reales y las autoridades superiores del reino determinaron de forma tajante desde el primer momento que el cargamento de un barco o las mercancías introducidas en una aduana debían considerarse como comercio clandestino y, por consiguiente, procedieron al decomiso de esa remesa. En otros casos, dado que no reunía las condiciones legales para admitirse la entrada de esos productos se procedió a negar la descarga de los géneros embarcados, obligando al buque a salir del puerto donde había atracado. Esto último es lo que sucedió con la goleta “Esperanza” que en el verano del año 1809 partió de Santa Marta (Colombia) con rumbo al puerto de Santo Tomás de Castilla pero haciendo escala en Omoa. Transportaba una carga de tejidos, pañuelos y canela comprados en Jamaica, por lo que era difícil su admisión en Centroamérica. Tanto es así, que La Junta Superior de Real Hacienda acordó el 26 de agosto de 1809 no permitir el desembarque de esos efectos porque en el Reino de Guatemala no se daban las circunstancias particulares – posiblemente el desabastecimiento – que habían llevado el 3 de enero de 1809 a la Junta de Tribunales del Virreinato de Nueva Granada a dar vía libre al comercio recíproco de artículos de colonias extranjeras. Además alegaba que la real orden de 17 de marzo de 1809 cerraba la puerta a dicho comercio32.

24El contrabando en Centroamérica se desarrolló, en gran parte, en los puertos, en la entrada de los ríos y en las zonas montañosas cercanas a la costa del norte. Aunque España había construido una serie de fortificaciones en Centroamérica en la vertiente caribeña, éstas se mostraban insuficientes sobre todo en la costa al este de Trujillo donde la distancia entre las fortalezas era mayor33. Por otra parte, en la costa norte la población hispana era escasa – pese al intento de repoblarla entre 1787 y 1788 – y, sin embargo, había un elevado volumen de población indígena que se mantenían al margen del dominio español34. Asimismo, el medio físico montañoso, surcado por numerosos ríos en la costa occidental del Caribe centroamericano así como el ecosistema tropical dominado por manglares de la costa oriental era un obstáculo casi insalvable en la persecución del comercio ilegal. También hubo decomisos de mercancías fraudulentas en las inmediaciones de la ciudad de Guatemala tanto en las garitas que circundaban a la capital como en los pueblos de su periferia. En cuanto a Guatemala capital, en 1774 había cinco garitas y hacia 1776, se movieron y aparecieron otras cinco que se mantuvieron durante mucho tiempo35.

25A principios de 1811 se aprehendieron en las inmediaciones de la ciudad de Guatemala, en el paraje llamado “Los vados de San Antonio”, 16 baúles de efectos de ilícito comercio que transportaban sin guía Pedro Colmenero y Pedro Díaz, sus dueños. Fueron declarados caídos en comiso por el presidente González el 10 de enero de 1811 y se valoraron ya decomisados en 7.808 pesos 5 reales y medio. Probablemente, por el capital invertido por los dos traficantes en la compra de estas mercancías, cabe pensar que pertenecían a la clase alta de la sociedad, ya fueran peninsulares o criollos. También quedaban cubiertos los riesgos de la introducción porque podría tratarse de dos testaferros de algún comerciante guatemalteco que fueron denunciados por él mismo y así obtenía la prima como denunciante y la adquisición de los géneros a un coste inferior. De esta forma se sorteaba el pago de impuestos y la compra se realizaba a mejor precio36.

26De menor cuantía fueron dos comisos de efectos extranjeros detenidos en 1813, uno en la garita de Chinauta (¿Chinautla?) y otro en el pueblo de Salama (¿Salamá?), ambos en la jurisdicción de Guatemala. Se declararon decomisados y se remataron en públicas almonedas, el primero en la cantidad de 728 pesos 6 reales y el segundo en 118 pesos 3 cuartillos reales37. En 1814 se decomisaron en la ciudad de Guatemala 80 túnicos de gasa bordados de ilícito comercio en las tiendas de José Mateu, Víctor Zavala y Julián Isla. La anterior propietaria, la comerciante Trinidad de Lara, viuda de Tejada adujo que los túnicos se habían comprado en pública licitación en La Habana y después los había vendido al citado Mateu. Afirmaba que se hallaban sin marchamo tanto de la aduana de Cuba como la de Guatemala porque en la primera se había abolido esta práctica, y en la segunda, se había dispensado esta formalidad por su finura y delicadeza, y no tener ceja donde ponerlo. Aunque el superintendente los declaró libre del comiso el 8 de octubre de 1814, el fiscal apeló y la Junta Superior de Apelaciones el 1 de mayo de 1816 procedió a declarar el comiso y se remataron los túnicos en 320 pesos38.También en la jurisdicción de Guatemala se capturaron el 7 de septiembre de 1819 en la hacienda denominada “Lo de Palencia” ocho caballerías con varios efectos de comercio ilegal. Como los contrabandistas se fugaron al apresarlos se declaró el comiso en rebeldía el 9 de noviembre de 1819, y aunque se valoraron en 2.795 pesos 4 reales – incluidas las mulas -, en el remate en pública subasta el valor total ascendió a 1.906 pesos 2 tres cuartos reales. Como vemos, se ha obtenido un doble beneficio puesto que además de eludir el pago de impuestos, los artículos se compraron a un precio bastante inferior al que habían sido valorados39.

27Asimismo, en la garita de Chinauta (¿Chinautla?) se detuvieron en 1819 dos caballerías con dos envoltorios que contenían 16 piezas de gasa. El conductor de esta mercancía ilícita, Tomás Letrán, se fugó y se declaró el comiso por la Superintendencia el 5 de octubre de 1819, rematándose en 1.553 pesos tres cuartos reales40. Los alijos de 1813 y los contrabandos efectuados en 1819, se pueden adscribir a los sectores medios de la sociedad tanto criollos desplazados como españoles empobrecidos o ladinos. Posiblemente, los de menor inversión realizada, el correspondiente a 1813 se puede adscribir a los dueños o conductores de las recuas de mulas que transportaban los productos, y el referido a 1814 a comerciantes medianos de la capital del reino41.

28En la costa situada al oeste de Trujillo las actividades de los contrabandistas se llevaron a cabo aprovechando las montañas y ríos que confluyen en ella. De hecho, en 1813 en el paraje “El Zopotal” (¿El Zapotal?) junto al río Motagua se aprehendieron por Francisco Castejón y varios dependientes del resguardo 4 baúles de efectos clandestinos, 2 cajones de loza, 2 escopetas y 7 peroles de hierro propiedad de Manuel Ordóñez que se fugó. La Superintendencia Subdelegada declaró el comiso el 10 de septiembre de 1813, rematándose en Manuel Cepeda en la cantidad de 4.626 pesos 7 reales42. En la barra del Motagua fueron apresados un guairo y una piragua ingleses procedentes de Belice, con géneros pertenecientes a Esteban Balaguer. Fueron decomisados por el presidente Bustamante el 14 de enero de 1814 y en el remate se adjudicaron a Santiago Forgaz en 1.144 pesos 4 reales43. Asimismo, una goleta inglesa de Belice fue capturada a mediados de 1815 a la entrada del río Lean cuando realizaba comercio clandestino. La operación de asalto al barco para apresar a los tripulantes y la carga se saldó con cuatro ingleses asesinados. Dado que ya habían vendido gran parte de las mercancías, el total del decomiso ascendió a 883 pesos. Este método de contrabando es el comercio de balandra, barco pequeño que navegaba por ríos y caletas, y anunciaba su presencia con un cañonazo. A veces un buque más grande se ocultaba tras un promontorio y enviaba varias de estas embarcaciones para comerciar con los habitantes de la costa que se acercaban en canoas. Es bastante probable que la goleta inglesa traficara ilegalmente utilizando este sistema44.

29En la zona de Omoa (norte de Honduras), en un monte del río Chiquito, se aprehendieron el 29 de julio de 1816 tres tercios de efectos extranjeros de ilícito comercio. Fueron decomisados por la Intendencia de Comayagua al día siguiente a su apresamiento, rematándose en pública almoneda en la cantidad de 810 pesos. El contrabando entre Omoa y Trujillo era elevado, tanto es así que el gobernador intendente Tornos comunicaba a las autoridades de Madrid el 11 de agosto de 1816 que en esta costa – ocupada con independencia por los “indios bravos xicaques” – tenía noticia de la salida de 19 contrabandos, de los cuales sólo pudo apresar 2 por la falta de tropa o resguardo y que de Belice introducían géneros de algodón “de que está lleno el país”. También se quejaba de la interrupción y entorpecimiento que experimentaban las causas de comiso que se llevaban a la Junta Superior de Real Hacienda45. Sobre este aspecto del gran contrabando que se hacía en Honduras y su lucha por extirparlo, insistía Tornos – en una carta del 20 de febrero de 1816 al ministro de Gracia y Justicia – haciendo hincapié en que las detenciones darían un beneficio superior a los gastos y asegurando que “no tiene número el de contrabandistas en este Reino, y que cuanto se viste en él es Inglés46”.

30En este tráfico ilícito realizado en la costa norte entre la desembocadura del río Motagua y Trujillo se deduce – por el dinero empleado – que posiblemente los participantes pertenecían a la capa media de la sociedad colonial, en concreto, a criollos desplazados, españoles empobrecidos o ladinos. También podrían participar en estas actividades fraudulentas las clases altas locales, especialmente, propietarios agrícolas y comerciantes47.

31Aunque menos frecuente, en la costa centroamericana del Pacífico también se desarrollo cierto comercio clandestino. La goleta “Sofía” arribó al puerto del Realejo (Nicaragua) en 1818 con rol y registros de La Coruña adonde había llegado procedente de Hamburgo. La carga de este buque consistía en 428 cajas y barriles con vino, vinagre, aguardiente, clavos, machetes de campo, mercería, cristalería, vidriería, loza, géneros de lino, sederías, abalorios y además, entre otros, 449 quintales de hierro en barras y 300 garrafones. Las mercancías habían sido valoradas en La Coruña en 499.060 reales de vellón y eran propiedad del comerciante de esta ciudad, Juan Antonio Romero, e iban destinadas al coronel de León de Nicaragua, Joaquín Arechavala, que debía venderlas y en contrapartida comprar productos de la provincia de Nicaragua para Romero. El asesor de la Audiencia de Guatemala, doctor Ibáñez, pedía el 2 de junio de 1818 el embargo del barco y de los géneros que transportaba. Por su parte, el intendente interino de León, Manuel Beltranena, informaba al presidente Urrutia el 19 de junio del mismo año que no dudaba que este navío se dirigió a La Coruña para españolizar los productos y que le dieron permiso para dirigirse al Realejo. Sin embargo, Urrutia mantenía sospechas sobre la legitimidad del registro y pólizas y dispuso el 1 de septiembre de 1818 que se comprobara esta documentación en La Coruña. Debió ser como sospechaba este presidente porque comunicó al ministro de Hacienda el 18 de diciembre de 1819 que había enviado como circular una real orden de 2 de mayo de ese año sobre tener precaución en la admisión de registros de buques dado el ejemplo de la goleta “Sofía” que arribó al puerto del Realejo con registro falso48.

El comercio libre con Cuba y Belice

32El añil era el principal producto de exportación de Centroamérica pero desde principios del siglo XIX había decaído por la competencia internacional. El problema del añil de Guatemala era su elevado precio con respecto al de sus competidores. Además de los gastos de transporte e impuestos desde las áreas productoras hasta el Golfo Dulce, al recibirse en Cádiz el coste crecía un 25% por los impuestos y en caso de reexportación su precio aumentaba con un nuevo tributo del 20%[49].

33El presidente Urrutia consideraba que el añil centroamericano no prosperaría mientras no disminuyeran los costos de exportación y se contase con un canal más cómodo y seguro. Opinaba que el río Motagua (Guatemala, Honduras) – que desemboca cerca de Omoan – era el que reunía las mejores condiciones. Por real cédula de 9 de septiembre de 1815 se había ordenado su navegación pero el choque de los intereses particulares lo impidió y sólo servía como vía de contrabando desde Belice y Jamaica. Se refería este capitán general a que el Consulado prefería mantener el comercio por el Golfo Dulce y se oponía a su medida de abandono de Izabal. Sostenía que la navegabilidad del Motagua era el único recurso para cortar el comercio ilegal que se realizaba con la “protección decidida” de Inglaterra. Además de los precios muy bajos del comercio clandestino había que hacer frente a los buques corsarios insurgentes y piratas. Proponía como la única solución “el comercio libre temporal” que permitiera intercambiar los artículos extranjeros por los del país, a imitación del sistema adoptado en el Virreinato de Nueva Granada conforme al reglamento de 28 de marzo de 1817. En tal caso, se cargaría a todos los efectos importados sólo un 6 u 8 % de derechos, y así se multiplicarían los ingresos de la Real Hacienda50.

34En cuanto a la prohibición del comercio por el Golfo Dulce, Urrutia la había decretado como un medio de defensa del reino y también para dificultar la entrada de emisarios de la Emancipación. La idea de este capitán general era que los barcos se protegiesen en el fondeadero de Omoa por el ataque de los piratas con patentes de los corsarios insurgentes de Buenos Aires – refugiados en la isla inglesa de New Providence (islas Bahamas) y en Santa Elena (islas de la Bahía, Honduras)- y que contaban con la protección de Belice51. Así sucedió con el bergantín goleta “María Isabel” con un cargamento de plata y añiles que se refugió en Omoa al ser atacado por los filibusteros que saquearon el castillo de San Felipe y las Bodegas del Golfo. Pero el gran temor de Urrutia era que los ingleses tomasen la provincia de Nicaragua que “es la más estimable de estos Dominios”. Por si fuera poco, los corsarios de Buenos Aires habían apresado en la boca del río San Juan el bergantín “Pájaro” que se disponía a ir a La Habana con carnes y también las goletas “San Antonio” y “Rosarito52”.

35Con el planteamiento de apertura al comercio libre, el intendente de La Habana propuso al presidente Urrutia la admisión de los registros de la isla de Cuba. Este último, aprobó un decreto provisional favorable a ese tráfico de productos españolizados en La Habana a la espera de la determinación de la Corona. Este presidente era consciente de que el contrabando causaba la ruina del comercio legal y éste no llegaba en el reino a una octava parte de lo que representaba en 1798, en plena guerra con Inglaterra. Además los gastos debían aumentarse por el estado de defensa del territorio. Por estas razones, consideraba que era preciso tener condescendencia y dado que era inevitable la introducción de mercancías desde Jamaica y otros puntos estimaba que podía ser un buen remedio el permitirlo por La Habana donde estaba autorizado. Por este medio y sin gran recargo de gastos o derechos – continuaba reflexionando Urrutia- podrían importarse los efectos con corta diferencia con respecto al comercio clandestino y de esta manera se eliminaría este tráfico furtivo. Al tomar esta resolución, pretendía que el comercio se arreglara para que produjera para cubrir los gastos indispensables53.

36La introducción clandestina de géneros extranjeros era tan frecuente que amenazaba con eliminar el comercio legal proveniente de la península. Por esta razón, Urrutia consultó a los principales comerciantes de Guatemala capital acerca del precio en que se vendían sus productos y si habían sufrido variación en los últimos años para así comprobar por qué no eran competitivos con los efectos de contrabando. Uno de los comerciantes, Manuel José Pavón, informaba que los géneros de algodón ingleses clandestinos valían precios tan bajos que no podían compararse con los de lícito comercio. Así, las musulinetas y borlones los vendía de 4 a 6 reales la vara cuando antes valían de 3 a 4 pesos. En cuanto a los pañuelos de algodón costaban de 4 a 6 reales y anteriormente su precio era de 5 pesos. Según este comerciante, si se tenían en cuenta los precios de coste en Cádiz de esos artículos, se podían vender muchos allí con beneficio. Tenía géneros importados de la ciudad gaditana pero ni por el valor que tenían en origen encontraba comprador aún perdiendo un 25% de los gastos, derechos y fletes que habían causado. Por esto, concluía que no podían competir los géneros peninsulares con los ingleses de algodón por la diferencia de precio y, por tanto, los procedentes de España no se vendían54.

37Esta inundación de mercancías inglesas en el Reino de Guatemala y en toda la América Española tiene su explicación en que las Islas Británicas se hallaban en plena Revolución Industrial, produciendo grandes cantidades de textiles y a precios muy bajos. Por este motivo, Centroamérica era un mercado ideal para colocar su producción, recibiendo Belice mensualmente una fragata de 400 toneladas. Por otro lado, el presidente Urrutia justificaba al gobierno de Madrid que por falta de fuerzas militares no estaba en posición de prohibir del todo la entraba de barcos mercantes procedentes de Belice y por eso acordó con su superintendente el 21 de julio de 1819 que se limitasen las arribadas a los puertos de Omoa y Trujillo. Nos encontramos claramente ante un acuerdo de comercio libre pero con la exclusión de que los comerciantes centroamericanos se dirigieran directamente a Belice, aspecto – como señala el historiador Miles L. Wortman – que pronto se incumplió. La influencia del cabildo de Guatemala en su exigencia de libertad comercial debió ser decisiva. Sin embargo – según el historiador Gustavo Palma Murga -, los miembros del Consulado de Comercio se opusieron a esta iniciativa de Urrutia55. Gracias a esta medida, los negociantes beliceños lograron contactos directos con la mayor parte de Centroamérica. Los bienes de algodón se vendieron a precios tan baratos que aumentó la demanda y la economía del reino temporalmente se vio estimulada. La minería de la plata y la producción de añil aumentaron. Ahora bien, este auge duró poco tiempo ya que se vio frenado por los limitados recursos de los comerciantes de la región centroamericana y por la escasa demanda de añil de la industrial textil inglesa sumida en estos años anteriores a 1821 en una fase depresiva56.

38Más allá en sus aspiraciones de liberalización mercantil fue el gobernador intendente de Honduras, José Gregorio Tinoco de Contreras (1818-1821), quien en informe de 28 agosto de 1820 solicitaba al rey Fernando VII “que se abran los puertos de Omoa y Trujillo al comercio con todas las naciones que están en paz con la nuestra57”. Ésta era una petición de Comayagua que se enmarca en la libertad económica que impregnaba la restaurada Constitución de 1812 y que rigió durante el Trienio Liberal (1820-1823). Evidentemente se había ido muy lejos en cuanto a las medidas reformistas emprendidas por los Borbones en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo, con el “Reglamento para el Comercio Libre” de 1778. Con esta disposición liberalizadora, se había pretendido crear un mercado común de la metrópoli y sus posesiones ultramarinas. Sin embargo, el acuerdo de Urrutia con Belice había abierto la mano a las negociaciones mercantiles con una nación extranjera, lo cual traspasaba en su totalidad los límites marcados por los ilustrados españoles en su búsqueda de la racionalización y el progreso.

Conclusiones

39Aprovechando las autorizaciones de neutrales de años anteriores a 1805 se logró introducir mercancías extranjeras en Centroamérica puesto que los navíos procedían de Cuba o Venezuela, alegando que allí estaba permitido este tráfico. Mientras que la comandancia de Trujillo actuó con determinación para reprimir este comercio ilícito en el caso de la goleta “El Robertico”, en otros casos no fue así, y los funcionarios de hacienda de dicho puerto al igual que el administrador de alcabalas de Guatemala capital, Nicolás Rivera, mantuvieron una actitud permisiva con el contrabando. Por tanto, se confirma nuestra hipótesis inicial de connivencia de los oficiales reales de los centros portuarios o de la capital del reino con las actividades comerciales ilícitas. También se permitió por las autoridades españolas la introducción de mercancías ilegales cuando se justificaba haber actuado de buena fe puesto que se hizo la compra de un buque en el extranjero con permiso de La Habana o los productos procedían de puertos cubanos donde habían sido admitidos o rematados. Asimismo se comprueba el exceso de celo del presidente Bustamante que quedó desautorizado por el gobierno central en un contrabando en el que estaban implicados los Beltranena, una de las familias con más peso en el poder local de Guatemala.

40Gran parte del contrabando se llevó a cabo en la costa del Caribe en las entradas de los ríos, en las montañas próximas al litoral y en las ciudades portuarias, además de las inmediaciones de la ciudad de Guatemala. Los sistemas empleados para introducir las mercancías se centraron en el comercio de balandra, la presentación de registros falsos, el uso de testaferros por los grandes comerciantes e incluso la participación de los propios dueños o conductores de las recuas de mulas. En el tráfico ilegal intervinieron todas las clases sociales, especialmente – por su mayor disponibilidad económica -, la capa alta y los sectores medios tanto de la capital del reino como de las principales ciudades. Además contaba con la complicidad de los indígenas xicaques.
Como Centroamérica se hallaba repleta de textiles ingleses procedentes del comercio ilícito y la Capitanía General no contaba con medios suficientes para impedirlo, el presidente Urrutia dio vía libre al comercio de los puertos de Omoa y Trujillo con Belice, de modo que la Real Hacienda se beneficiara del cobro de impuestos por la importación de esos géneros. Aunque la región estaba bien abastecida desde la península – hipótesis que planteamos al principio -, estos artículos no resultaban competitivos con el comercio clandestino porque los impuestos que debían abonar elevaban considerablemente su precio y, por tanto, no tenían demanda. Pese a que en un primer momento los comerciantes guatemaltecos se opusieron a este comercio libre, se confirma la hipótesis planteada de que al final admitieron la vinculación mercantil con las colonias inglesas del Caribe por los beneficios económicos que les reportaba. En este sentido, las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII no lograron crear en exclusiva un mercado integrado de España con las provincias ultramarinas y de éstas entre sí.

41Bernabé Fernández Hernández
Catedrático jubilado del Instituto de Educación Secundaria Albero, Alcalá de Guadaíra (Sevilla, España).

42Notas de pie de página

431 Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII, 2ª edición (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1991), págs. 141-142; y José Antonio Calderón Quijano, Belice 1663-1821 (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1944), págs. 234-236, 285-286 y 291; y Troy S. Floyd, The Anglo-Spanish Struggle for Mosquitia (Albuquerque: New Mexico Press, 1967), págs. 167-182; y Elizet Payne Iglesias, El puerto de Truxillo: un viaje hacia su melancólico abandono (Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2007), págs. 55-63.

442 Luis Navarrro, Hispanoamérica, págs. 142 y 146; y Guillermo Céspedes del Castillo, “América Hispánica (1492-1898)”, en Historia de España (Barcelona: Editorial Labor, 1983), VI, págs. 423-424; y Víctor H. Acuña Ortega, “La reglamentación del comercio exterior en América Central durante el siglo XVIII”, en Mesoamérica 1 (1980), pág. 49.

453 Héctor Humberto Samayoa Guevara, El régimen de intendencias en el Reino de Guatemala (Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1978), págs. 7-11 y 39-42; y Luis Navarro García, Las reformas borbónicas en América. El plan de intendencias y su aplicación (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1995), págs. 102-105.

464 Bernabé Fernández Hernández, El Reino de Guatemala durante el gobierno de Antonio González Saravia, 1801-1811 (Guatemala: CIGDA, 1993), págs. 3, 95-101, 122-126 y 244, y Bernard Lavallé et al., La América española (1763-1898): economía (Madrid: Editorial Síntesis, 2002), págs. 90-91.

475 Acuña, “La reglamentación del comercio exterior”, págs. 29-33; y Navarro, Hispanoamérica, págs. 163-164; y Fernández, El Reino de Guatemala, págs. 132-133.

486 Bernabé Fernández Hernández, “El contrabando británico en Honduras durante las guerras revolucionarias”, en Antonio Gutiérrez Escudero (coordinador), Ciencia, política y economía en Hispanoamérica colonial (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 2000), pág. 234; y Bernabé Fernández Hernández, El gobierno del intendente Anguiano en Honduras (1796-1812) (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997), págs. 157-170; y Fernández, El Reino de Guatemala, págs. 146-152;

497 Adam Szaszdi Nagy, “El Comercio Ilícito en la provincia de Honduras”, en Revista de Indias 68 (1957), pág. 273; y Héctor R. Feliciano Ramos, El contrabando inglés en el Caribe y el Golfo de México (1748-1778) (Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1990), págs. 377-378; y Jesús Manuel Sariego, “ Comercio ilícito y crisis de la sociedad colonial en el siglo XVIII hondureño”, en Revista de la Universidad, Honduras, 15 (1978), pág. 40.

508 Mario Felipe Martínez Castillo y María de los Ángeles Chaverri Mora, “Apuntes sobre el comercio ilícito en Honduras en los años centrales del siglo XVIII”, en Economía Política 10 (1975), págs. 77-78; y Barbara Pottast-Jutkeit, “Centroamérica y el contrabando por la Costa de Mosquitos en el siglo XVIII”, en Mesoamérica 36 (1998), pág. 515.; y Celestino Andrés Araúz Monfante, El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo XVIII, 2 tomos (Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1984), II, pág. 302; y María Eugenia Brenes Castillo, “Matina, bastión del contrabando en Costa Rica”, en Anuario de Estudios Centroamericanos 4 (1978), pág. 439.

519 Archivo General de Centro América (en adelante AGCA), A3, Leg. 502, Exp. 5227, 20 de julio y 9 de octubre de 1805.

5210 AGCA, A3, Leg. 502, Exp. 5227, 20 de agosto, 5 y 21 de octubre de 1805.

5311 Sobre la goleta “Norfolk Trumpeter” véase Fernández, El Reino de Guatemala, pág. 127; y AGCA, A3, Leg. 2870, Exp. 41780, 7 de enero de 1806; y Archivo General de Indias (en adelante AGI), Guatemala 853, 3 de diciembre de 1806; y Fernández, El gobierno del intendente, págs. 163-170.

5412 Lo cierto era que en el año 1806 en La Habana el comercio de neutrales y el comercio con otras colonias españolas había desplazado totalmente al comercio con la metrópoli. Antonio García-Baquero González, Comercio colonial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación americana, (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1972), pág. 182.

5513 Fernández, El gobierno del intendente, págs. 169-170; y AGCA, A3.6-4, Leg. 163, Exp. 1550, 22 de agosto de 1806.

5614 AGCA, A3.6-4, Leg. 163, Exp. 1550, 7 y 11 de octubre de 1806.

5715 AGI, Guatemala 718, 18 de noviembre de 1806.

5816 AGI, Guatemala 718, 18 de noviembre de 1806; y AGI, Guatemala 853, 22 de septiembre de 1807. En Venezuela se había decretado el 25 de junio de 1806 la libertad de comerciar con las naciones neutrales. Manuel Lucena Salmoral, Características del comercio exterior de la provincia de Caracas durante el sexenio revolucionario (1807-1812) (Madrid: Instituto de Cooperación Iberoamericana-Sociedad Estatal Quinto Centenario-Instituto de Estudios Fiscales, 1990), pág. 39.

5917 Sobre el Marqués de Aycinena véanse Troy S. Floyd, “Los comerciantes guatemaltecos, el gobierno y los provincianos”, en Jorge Luján Muñoz, Economía de Guatemala 1750-1940. Antología de lecturas y materiales, 2 tomos, (Guatemala: Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, 1980), I, pág. 300; y Richmond F. Brown, “Ganancias, prestigio y perseverancia: Juan Fermín de Aycinena y el espíritu de empresa en el Reino de Guatemala al final de la Colonia”, en Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, LXXII (1997), págs. 56-100.

6018 Miguel Rivera había sido nombrado interinamente como oficial cuarto de la Contaduría General de Alcabalas pero debido a la prohibición de parentesco en la misma oficina de 1775 quedó sin destino y por real orden de 29 de mayo de 1807 se le proponía con preferencia para otra oficina. AGI, Guatemala 718, 3 de diciembre de 1807; y Fernández, El Reino de Guatemala, págs. 196-199.

6119 AGCA, A3.6-4, Leg. 165, Exp. 1565; y AGI, Guatemala 846, 18 de julio de 1807.

6220 Fernández, “El contrabando británico”, pág. 234; y AGCA, A3.6-4, Leg. 165, Exp. 1565.

6321 AGI, Guatemala 846, 18 de julio de 1807.

6422 AGCA, A3.6-4, Leg. 167, Exp. 188; y AGI, Guatemala 454, 3 de noviembre de 1817; y AGI, Guatemala 497, 3 de noviembre de 1817.

6523 AGI, Guatemala 853, 18 de mayo de 1815; y AGI, Guatemala 454, 3 de noviembre de 1817.

6624 AGI, Guatemala 454, 3 de noviembre de 1817.

6725 AGI, Guatemala 853, 7 de diciembre de 1820.

6826 AGI, Guatemala 423, 7 de noviembre de 1817; y AGI, Guatemala 498, 18 de febrero de 1818; y AGI, Guatemala 497, 18 de agosto de 1817.

6927 Gustavo Palma Murga, “Núcleos de poder local y relaciones familiares en la ciudad de Guatemala a finales del siglo XVIII”, en Mesoamérica 12 (1986), págs. 254-258 y 262; y Fernández, El Reino de Guatemala, págs. 81- 82; y véase la relación familiar de los Aycinena con los Beltranena en Marta Casaus Arzú, “Las redes familiares vascas en la configuración de la élite de poder centroamericana”, en Ronald Escobedo Mansilla et al., Emigración y redes sociales de los vascos en América (Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, 1996), págs. 302-305; y “Testimonio del expediente instruido en la Superintendencia General sobre la subasta de los efectos de algodón…” (1817), AGI, Guatemala 497, F. 51.

7028 “Testimonio del expediente instruido en la Superintendencia General sobre la subasta de los efectos de algodón…” (1817), AGI, Guatemala 497, F. 56; y Jorge Luján Muñoz, Breve historia contemporánea de Guatemala (México: Fondo de Cultura Económica, 1998), págs. 102-103.

7129 AGI, Guatemala 423, 7 de noviembre de 1817.

7230 Timothy Hawkins, “A Bourbon Reformer During The Age of Independence: José de Bustamante in Central America, 1811-1818”, en Jordana Dym y Christophe Belaubre (editores): Politics, Economy, and Society in Central America, 1759-1821 (Boulder, Colorado: University Press of Colorado, 2007), págs. 230-231.

7331 AGI, Guatemala 497, 18 de febrero de 1817; y “Testimonio del expediente instruido sobre la retención de varios efectos de algodón venidos en la Polacra Santa Rita…” (1816), AGI, Guatemala 497, fols. 9-10.

7432 AGCA, A3.6-4, Leg. 165, Exp. 1567.

7533 Sobre las fortificaciones de Omoa y Trujillo véase Payne, El puerto de Truxillo, págs. 64-68.

7634 Fernández, El gobierno del intendente, págs. 89 y 172-175; y María Luisa Martínez de Salinas Alonso, “La primera expedición de familias gallegas y asturianas para el poblamiento de la costa centroamericana de la Mosquitia en el siglo XVIII”, en Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega (coordinadora), América. Cruce de miradas, 2 vols. (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 2015), I, págs. 188-189. Sobre los problemas de la ocupación de la costa atlántica a fines del siglo XVIII véase Doug Tompson: “The Establecimientos Costeros of Bourbon Central America, 1787-1800: Problems an Paradox in Spain´s Occupation of the Atlantic Coast”, en Dym y Belaubre, Politics, Economy, and Society, págs. 157-184.

7735 Fernández, “El contrabando británico”, pág. 221-223; y René Humberto Gordillo Miranda, “Los comerciantes en la ciudad de Guatemala en la segunda mitad del siglo XVIII” (Tesis de Licenciatura, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1980), pág. 63.

7836 AGI, Guatemala 494, 3 de abril de 1811; y Fernández, El Reino de Guatemala, pág. 80; y Gordillo, “Los comerciantes en la ciudad de Guatemala”, pág. 61.

7937 AGI, Guatemala 853, 15 de marzo de 1815.

8038 AGI, Guatemala 853, 20 de agosto de 1818.

8139 AGI, Guatemala 853, 23 de septiembre de 1819.

8240 AGI, Guatemala 853, 26 de octubre de 1820.

8341 En el siglo XVIII el término ladino comprendía tanto al indio castellanizado como al mestizo. Fernández, El Reino de Guatemala, págs. 83-86.

8442 AGI, Guatemala 853, 20 de agosto de 1818.

8543 AGI, Guatemala 853, 12 de junio de 1817.

8644 AGI, Guatemala 853, 20 de diciembre de 1816; y Dolores Bonet de Sotillo, El tráfico ilegal en las colonias españolas (Caracas: Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Facultad de Humanidades y Educación, 1955), pág. 24.

8745 AGI, Guatemala 853, 18 de marzo de 1817.

8846 AGI, Guatemala 423, 20 de febrero de 1816.

8947 Fernández, El Reino de Guatemala, págs. 83-86.

9048 AGI, Guatemala 498, 13 de octubre de 1818; y AGI, Guatemala 499, 18 de diciembre de 1819.

9149 Fernández, El gobierno del intendente, pág. 141.

9250 AGI, Guatemala 498, 3 de diciembre de 1818; y AGI, Guatemala 499, 15 de febrero de 1819.

9351 El historiador Miles L. Wortman considera que estos “piratas caribeños” eran los combatientes de la independencia procedentes de Nueva Granada. Probablemente se trataba de rebeldes neogranadinos apoyados por corsarios bonaerenses. Miles L. Wortman, Gobierno y sociedad en Centroamérica, 1680-1840 (San José de Costa Rica: BCIE, 1991), pág. 276.

9452 AGI, Guatemala 499, 22 de julio de 1819.

9553 AGI, Guatemala 499, 19 de febrero de 1819.

9654 AGI, Guatemala 498, 2 de diciembre de 1818.

9755 Gustavo Palma Murga: “Between Fidelity and Pragmatism: Guatemala´s Commercial Elite Responds to Bourbon Reforms on Trade and Contraband”, en Dym y Belaubre: Politics, Economy, and Society, pág. 125.

9856 AGI, Guatemala 499, 22 de julio de 1819; y Wortman, Gobierno y sociedad, pág. 277; y sobre el influjo de Gran Bretaña en el comercio de Centroamérica durante los treinta años posteriores a la independencia véase Robert A. Naylor, Influencia británica en el comercio centroamericano durante las primeras décadas de la Independencia, 1821-1851 (Antigua, Guatemala-South Woodstock, Vermont, EEUU: CIRMA-Plumsock Mesoamerican Studies, 1988).

9957 Mario Felipe Martínez Castillo, La Intendencia de Comayagua (Tegucigalpa: Litografía López, 2004), pág. 39.

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Para citar este artículo :

Bernabé Fernández Hernández, « Contrabando y comercio libre en Centroamérica, 1805-1821 », Boletín AFEHC N°72, publicado el 04 marzo 2017, disponible en: http://afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=4485

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