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AFEHC : bibliografia : Elites, poder local y régimen colonial, El cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787 : Elites, poder local y régimen colonial, El cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787

Ficha n° 466

Creada: 15 septiembre 2004
Editada: 15 septiembre 2004
Modificada: 15 enero 2014

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Autor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Editor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Elites, poder local y régimen colonial, El cabildo y los regidores de Santiago de Guatemala, 1700-1787

Una excelente monografía, muy útil para todos los investigadores latino-americanistas, indispensable para los centroamericanistas.
Categoria:
Libro
Autor:

Santos Perez, José Manuel

Lugar de Publicación:
Cádiz
Editorial:
Universidad de Cádiz
Fecha:
2001
Reseña:

1La obra de Manuel Santos Pérez llega a punto para subrayar un hecho: hay un verdadero renacimiento de los estudios históricos en América Central. Tras un coloquio que se reunió en julio 2002, en Panamá, cerca de 400 especialistas discutieron los nuevos trabajos. Este libro interesa, en principio, a un público amplio y confirma el dinamismo actual de la región luego de los años de silencio provocados por la guerra civil.
Después de una breve presentación de la Capitanía General de Guatemala, el autor describe detenidamente la capital (p. 49-62). Se detiene, porque este es su objetivo, en los diferentes cargos de la municipalidad y en las atribuciones de cada uno, en particular el abastecimiento de agua y comida. La carne ofrecía a los oficiales municipales las oportunidades más grandes de rápidos enriquecimientos porque, a pesar de las ordenanzas reales que organizaban estrechamente esta actividad, existía un verdadero comercio paralelo. Los regidores se aprovechaban ampliamente del sistema. Al fin y al cabo, las actividades económicas que escapaban a los oficiales reales eran escasas.

2En el segundo capitulo (p. 65-122), Manuel Santos Pérez estudia la baja de las « vocaciones », que se registró al final del siglo XVII y que se prolongó a lo largo de la siguiente centuria. Esta evolución negativa dependía mucho del grado de intromisión de los oficiales reales en las prerrogativas municipales. Por ejemplo, en 1664, la Corona revocó el derecho, adquirido en 1604, de recobrar la alcabala, un impuesto que aseguraba a los oficiales municipales grandes beneficios. De la misma manera, el autor demuestra que existía una estrecha correlación entre el puesto de corregidor de la capital y la compra de las regidurías. Muchas veces el uno no iba sin las otras (48 % de los magistrados eran regidores) y los oficiales municipales, cuando perdían el control de la mano de obra indígena, ubicada alrededor de la ciudad, dejaban de participar en las subastas públicas. Los cargos municipales podían comprarse durante las ventas colectivas o individuales. Al estudiar de cerca la venta que tuvo lugar en 1761, la cual opuso dos facciones dentro de la elite (el grupo Pavón contra el de Barcena), Manuel Santos Pérez explica cómo se llevaban a cabo estas transacciones. Si el grupo de Barcena fue descartado, fue porque sus miembros no pertenecían a la red de poder que unía horizontalmente a las familias que componían el otro grupo vencedor de la subasta (p. 104). De hecho, todo un conjunto de factores explican las dificultades de la administración municipal. Esta era percibida por la Corona como un medio fácil para llenar las cajas reales, y los Criollos se interesaban en ella solamente si estaban seguros de poder controlarla sin compartir con nadie. En este esquema general, el autor diferencia bien los « oficios de privilegio », que eran cargos muy lucrativos (en particular la distribución del correo y del papel oficial), de los otros, más honoríficos. Los primeros escapaban a la crisis de vocaciones, pero la Corona no dejó mucho tiempo estas actividades entre las manos de las familias de poder.

3En el tercer capítulo (p. 125-164), el autor estudia las nexos sociales que permitían un estrecho control sobre el cabildo municipal. Analiza tres aspectos fundamentales: la extracción social de los capitulares, las relaciones de familia y las modalidades de transmisión de los patrimonios. Las estrategias matrimoniales de tres grupos merecen una atención particular: los González Batres-Barba de Figueroa-Alvarez de las Asturias, los Fernández de Cordoba-Arroyave Beteta y los Barón de Berrieza-Gálvez. El autor nos da datos novadores sobre las dotes y sobre los signos exteriores de riqueza (sobretodo el valor de las casas que pertenecían a los oficiales municipales).

4En el capítulo siguiente, el más largo y el mejor, (p. 167-240) Manuel Santos Pérez trata de las actividades económicas de los oficiales municipales. Entre las tareas más apetecidas se encontraba la administración de las provincias que componían el Reino, en particular la 8 y la 9 que reunían las condiciones para permitir recuperar sin ninguna duda las sumas invertidas en la compra del cargo. Muchos ejemplos se presentan con detalles basados en las fuentes notariales (véase el caso de Diego Arroyave y sobre todo de Manuel Lacunza). El comercio exterior se volvió muy atractivo en la segunda mitad del siglo XVIII, consecuencia del boom del añil. Los oficiales municipales tendieron siempre a dedicarse de tiempo completo a esta actividad. En este contexto, el autor investiga los hechos y movimientos de muchos comerciantes. Reúne informaciones sobre las familias Palomo, Yúdice, Romá, Micheo (uno de los pocos regidores de Guatemala que actuaba para una compañía de comercio español) y finalmente el grupo Pavón. Hace especial énfasis en la estructura agraria de Guatemala y procede a una prosopografía de los regidores que poseían haciendas (54 % de ellos).

5Aún si los criollos ejercían un control estrecho sobre el comercio de la carne, Manuel Santos Pérez muestra muy bien, una vez más, que en otras actividades como las agropecuarias, este grupo compartía intereses comunes con los españoles. Suele presentar la extrema diversidad de situaciones y la poca pertinencia de la división entre nativos de la capital y españoles. Bien documentado, el ejemplo de la familia Gálvez Corral demuestra que los beneficios sacados de la tierra eran siempre, de una manera u otra, completados por los del comercio. Algunos no temían especializarse como lo hizo, según parece, Francisco Ignacio Barrutia, quien construyó el patrimonio de su familia basándose en la producción de lana (el tenía hasta 30 000 cabras), a partir de sus haciendas, todas ubicadas cerca de los pueblos indígenas, quienes la tejían. Las actividades mineras beneficiaban a una minoría de oficiales municipales con resultados a veces lamentables. Para concluir, el autor insiste en la idea de diversificación de las actividades más cercanas al grupo estudiado.
En la última parte (p. 241-315) el autor estudia la actitud de los oficiales municipales frente a las reformas de los Borbones —analizadas con mucha precisión— que se imponen poco a poco en el siglo XVIII. El autor saca la mayoría de sus fuentes del Archivo de Indias, en Sevilla. Las discordias más evidentes fueron provocadas por las reformas fiscales y el problema que implicaba el control sobre los pueblos indígenas que rodeaban la capital del Reino (sea por lo menos 80 000 personas). En este último caso, el enfrentamiento tuvo lugar alrededor de 1750 cuando la Corona tomó la decisión de cancelar la jurisdicción de la municipalidad sobre el valle y la de fundar dos alcaldías mayores. La apuesta era muy grande: las haciendas de los oficiales municipales arriesgaban perder una mano de obra barata, muy a menudo impuesta de cargas más grande y casi sin ningún recurso por culpa de la parcialidad de los jueces encargados del repartimiento. La medida no mejoró ostensiblemente las entradas fiscales pero la Corona logró consolidar su autoridad sobre las familias de poder. Todas las demandas indígenas en repartimiento iban a pasar, en adelante, por el intermedio del alcalde mayor, lo que podía, en teoría, limitar algunos abusos. Estos aspectos económicos no eran los únicos que provocaban severas discordias. Las disputas de protocolo aumentaron la tensión general. Fue necesario una decisión enérgica del Consejo de Indias para que los jueces de la Audiencia adoptaran posiciones menos tangentes frente a los oficiales municipales cuando se trató de arreglar la posición de cada uno a la misa (véase p. 306-309, la síntesis brillante que realiza Santos Pérez a propósito de la toma de posesión del arzobispado de Pedro Pardo de Figueroa).

6Una de las lecciones de este libro es que nos lleva a evitar las conclusiones simplistas. Como buen historiador, Manuel Santos Pérez sale siempre de cosas concretas, documenta mucho sus reflexiones y sus modelizaciones son muy convincentes. Por cierto, los puestos dentro de la municipalidad no provocaron una fuerte competencia (aunque a partir del decenio de 1740 las cosas cambiaron) pero esto no quiere decir que no tenía interés para las familias de poder. Con una mezcla constante de prudencia y de juicio, el autor vuelve sobre numerosos problemas de la historiografía centroamericana para llevar respuestas novedosas, y en su defecto, muy buenos acercamientos intuitivos (véase por ejemplo las críticas que hace a la obra de Miles Wortman).

7Podemos lamentar, de una manera general, la imprecisión de algunos datos, en particular cuando se trata de las genealogías sociales. Por ejemplo, el caso de Manuel Lacunza Ojer es bien desarrollado (pp. 188-191) pero el autor parece ignorar completamente su casamiento con una de las hijas del alcalde mayor de San Salvador, Juan Antonio Ruiz de Bustamente. Ahora bien esta información le hubiera permitido dar una descripción más completa de la red de poder constituida por matrimonios cruzados entre las familias Lacunza-Ruiz de Bustamente-Landivar. Otro ejemplo: cuando él habla de las maniobras de Felipe Rubio (p. 296), como apoderado del hijo del alcalde mayor Manuel Plazaola, no parece tampoco tener una idea clara de los vínculos de familia que unían los actores. Pero son estas alianzas que explican porqué los jueces de la Audiencia se opusieron al Capitán General. En efecto, el hijo de Manuel Plazaola se había casado con una tía de Felipe Rubio y Morales (1713-1801) el cual mantenía excelentes relaciones con los jueces de la Audiencia (Vèase nuestro estudio sobre la familia Rubio, que debe publicarse en la revista Tierra Firme). De una manera general, las demostraciones merecían ser acompañadas con algunos cuadros estadísticos sobre la economía de las familias y las poquitas líneas dedicadas al asunto del traslado de la capital deja el lector insatisfecho. Por fin, los diferentes mecanismos que permitían a algunas familias utilizar la municipalidad a su antojo y para sus negocios incluían también las diferentes instituciones de la Iglesia, sobre todo el financiamiento de las actividades comerciales. El autor aborda muy marginalmente este aspecto del problema, cuando, al mismo tiempo, nos hace descubrir la personalidad del canónigo Manuel Cayetano Falla, juez de capellanías e hijo del regidor Francisco Marcelino Falla, el cual ocupaba el puesto más importante y lucrativo de las finanzas de la Iglesia: mayordomo de las rentas de la catedral.

8Fuera de estas pocas críticas, todos los datos sacados del Archivo General de las Indias y del Archivo General de Centro América y la calidad de las análisis hacen de este libro una excelente monografía, muy útil para todos los investigadores latino-americanistas, indispensable para los centroamericanistas.

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