Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica

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En un incidente trivial, quizás más sugestivo que sustancial, que ocurrió a finales de 1820 durante las campañas electorales bajo la monarquía constitucional restaurada, Mateo Ibarra se quejó de las tácticas sin precedentes de sus adversarios políticos. Ibarra, quien era miembro del Consulado de Comercio y afiliado de los Bacos, un grupo criollo que promovió las ideas más progresivas de la Constitución de 1812, intentó discutir el nuevo concepto de libre comercio en una reunión con los artesanos de la Antigua Guatemala el 17 noviembre cuando llegaron siete soldados con armas para prenderlo. Según Ibarra, los soldados seguían los órdenes de Máximo Coronado, el alcalde de la ciudad y partidario de los Cacos, una alianza de la elite aristocrática más tradicional. En su testimonio, Ibarra notó con amargura que los soldados habían venido de un batallón apostado en la Ciudad de Guatemala y que Pedro Arrivillaga y Coronado y Manuel Montúfar y Coronado eran sus oficiales¹.

2Como el resto de América Latina, las cinco repúblicas que emergieron del difunto reino de Guatemala lucharon sin éxito para inocular sus instituciones políticas de la influencia e intervención de las fuerzas armadas. El resultado, a través del primer siglo crítico de independencia, fue una tendencia a resolver disputas políticas con las armas, una dependencia del brazo fuerte del caudillo como fuente de estabilidad, y la creación de estados cuyas instituciones civiles se retiraron en frente del cuerpo militar mayormente profesional. Para entender este papel desproporcionado, hecho por las fuerzas armadas, en la política moderna latinoamericana, los historiadores suelen enfocarse en la época colonial. Se han reconocido en la historiografía contemporánea varias influencias importantes: el estado privilegiado del cuerpo militar dentro de la cultura hispana; las reformas borbónicas del siglo dieciocho que transformaron y reanimaron la institución en las colonias; y, las guerras de independencia, un conflicto de más de diez años que convirtió a la América española en campo de batalla y, cuando por fin terminó, echó los soldados en el campo político.

3Sin embargo, Centroamérica parecía haber escapado del impacto directo de la mayoría de las fuerzas que contribuyeron a fortificar la institución castrense en colonias como Nueva España, Cuba y Nueva Granada antes de 1821². Durante casi doscientos años de dominación española, el reino de Guatemala sobrevivía con muy pocos recursos militares. Pasó el siglo dieciocho con medidas bien intencionadas pero incumplidas para crear defensas modernas según el modelo de las reformas borbónicas. Y, Centroamérica no experimentó ninguna rebelión profunda contra España durante la época de la independencia latinoamericana. No obstante esta historia, al haberse separado del imperio español el nuevo estado independiente de Centroamérica se descubrió más militarizado que nunca, y sus nuevos lideres no dejaron de aprovecharse del poder militar en los conflictos políticos que marcaron permanentemente las primeras décadas de estas naciones inmaduras.

4En este artículo espero explicar la contradicción aparente entre el cuerpo militar impotente del período colonial y su descendiente enérgico del siglo diecinueve, con el análisis de una profunda transformación de la institución durante la época de independencia (1808-1821) que reformó el estado y la sociedad colonial. Si bien las reformas borbónicas establecían ciertas precondiciones necesarias, yo argumento que la crisis del imperio español, más que cualquier otra cosa, facilitó la creación de una institución militar con la capacidad de sobrevivir la independencia y afectar la construcción de las naciones nuevas. Mientras esta crisis empezó con la caída de la monarquía española en la primavera de 1808, los cambios militares en Centroamérica no comenzaron hasta 1812, después de la llegada del Capitán General José de Bustamante y Guerra. La estrategia de contrainsurgencia que él formuló requería un ejército con suficiente capacidad ofensiva más que el instrumento defensivo tradicional, además de fundaciones institucionales seguras. El enlace entre el poder militar y el Estado que durante mucho tiempo ha estado vinculado con su administración serviría como modelo para líderes centroamericanos después de la independencia.

5Una de las características más notables de la experiencia colonial española es el hecho que España gobernó su imperio enorme sin inversiones significantes militares o un ejército permanente y profesional. En este respecto, Centroamérica era igual a las otras colonias: durante más de dos siglos algunas fortificaciones fronterizas dispersas, con guarniciones formadas por pequeños números de soldados españoles, defendían los límites del reino, mientras la Corona contaba con milicias para vigilar los pueblos del interior³. Las fortificaciones, sin embargo, ofrecían poca protección contra los ataques infrecuentes de enemigos extranjeros o incursiones de corsarios, porque la infraestructura y las guarniciones degeneraban fácilmente por el clima tropical de la costa caribeña. Aunque eran numéricamente mucho más fuertes que los veteranos españoles, las milicias también eran un instrumento defensivo relativamente inefectivo. Reclutados de la población inmediata en su mayor parte y organizados conforme a casta, los milicianos recibían poca instrucción, se movilizaban infrecuentemente, y carecían de las armas y provisiones más básicas. En 1764 el ministro español Julián de Arriaga le advirtió a Pedro de Salazar, el recién nombrado gobernador del reino, del estado espantoso de las fuerzas militares en la colonia. Según él, las milicias se encontraban “armadas tan malas y con tan poca disciplina que apenas merecen el nombre⁴.” Afortunadamente para España, las fuerzas militares del reino de Guatemala no fueron sometidas a prueba hasta el fin del siglo dieciocho.

6La facilidad con que Gran Bretaña conquistó la fortaleza española de La Habana, durante la Guerra de Siete Años (1756-1763), destacó los límites de una estrategia defensiva fundada en negligencia benigna. Dirigida ahora por la dinastía borbónica que impulsaba una agenda ambiciosa de reforma, España comenzó directamente a reorganizar sus defensas imperiales para conformarse mejor con las normas contemporáneas, desviar la presencia creciente inglesa en América y proteger sus colonias revitalizadas. Las reformas significaban más gastos para infraestructura, resultando en la construcción de nuevas fortificaciones e importantes cambios en la cantidad y calidad de los soldados y milicianos apostados en el impero. La corona expandió el número de soldados españoles; con más significación, aumentó y profesionalizó las milicias, renombrándolas milicias disciplinadas y requiriendo de sus nuevos reclutas adiestramiento intensivo y semanal a cambio de uniformes, armas y el fuero militar⁵.

7El impacto de estas reformas a través de América española fue, en ciertos casos, inmediato e importante. A causa del proceso rápido de reforma militar, durante el resto del siglo, España pudo defender sus posesiones de los ingleses y aun recobrar territorio que había perdido. Aunque algunos especialistas siguen debatiendo las consecuencias de la presencia militar creciente en las colonias, no existe mucha duda que el armamento y entrenamiento de americanos reformó muchas sociedades coloniales antes del fin del siglo dieciocho. En Nueva España y Nueva Granada, por ejemplo, las milicias reformadas se crearon con un mecanismo importante de asimilación, trayendo grupos rurales a espacios urbanos y ofreciendo a las castas bajas una oportunidad de movilidad social hacia arriba. Para los criollos, las milicias proveyeron acceso al poder y rango, siendo la aristocracia cubana un buen ejemplo de un grupo que se aprovechó de las reformas para apoderarse de la fuerza militar de la isla. Aunque se ha cuestionado en los últimos años la eficacia de muchas de las nuevas compañías de milicias disciplinadas, no se puede negar que un porcentaje mucho más alto de americanos obtuvo más conocimiento militar básico para 1800 que durante el período antes de las reformas. En vista de estos cambios importantes en la vida colonial, queda una pregunta que no deja de fomentar el debate apasionado e investigaciones continuas en la historiografía del período: ¿Qué impacto han tenido las reformas militares borbónicas en precipitar las guerras de independencia latinoamericanas? Este estudio no pretende solucionar ese problema histórico, sino reconocer, desde la perspectiva centroamericana, que la transformación militar de las últimas décadas del periodo español marcó permanentemente la sociedad del istmo⁶.

8La cronología de la reforma militar en el reino de Guatemala corre parejo con lo que ocurre en el resto del imperio, un proceso estimulado por el hecho que el istmo fue un frente en el conflicto con Inglaterra durante la Guerra de la revolución norteamericana. Ya en 1770 la Corona había enviado cuarenta y un oficiales españoles a la colonia; éstos fueron seguidos dentro de siete años por un batallón compuesto de 399 soldados regulares⁷. En 1779, Matías de Gálvez, quien había venido de España para supervisar la reorganización militar pero al poco tiempo fue nombrado capitán general del reino, escribió a su hermano José, el ministro de las Indias, que “desde mi arribo en esta capital e ingreso en el mando de la inspección no me ha quedado diligencia por hacer con el fin de tomar seguras noticias del estado en que existían las milicias, su instrucción y que armamento usaban. Nada me ha sido posible averiguar a fondo ni puede decirse que ha habido tal milicia sino una porción excesiva de gente alistadas sin método, ni arreglo en nada, por cuya razón la formación que estoy practicando es en el todo nueva creación⁸.” A pesar de su pesimismo, durante ese año Gálvez pudo realizar operaciones exitosas de tierra y mar contra los ingleses con sus milicias reformadas jugando un papel importante⁹.

9Durante las próximas dos décadas, el ambiente militar en Centroamérica experimentó importantes cambios. Compañías adicionales de soldados españoles llegaron para formar parte de las guarniciones de las fortificaciones que corrían del Petén, en Guatemala, al río de San Juan, en Nicaragua, además de aumentar la presencia española en la nueva capital del reino. Un poco más pequeñas, en números absolutos, que antes del inicio de las reformas, las nuevas milicias disciplinadas aún mantenían su posición en el corazón de la defensa del istmo. A principios del siglo diecinueve, más de 10,000 milicianos se dividían en los batallones y regimientos de la ciudad de Guatemala, San Salvador, Comayagua, Tegucigalpa, León, Nueva Segovia, Quezaltenango, Cartago, Santa Ana, Granada, y Chiquimula. Se encontraban varias compañías también en poblaciones más pequeñas como Olancho, Yoro, Verapaz, Ciudad Real, Nicoya, San Pedro Sula, Trujillo y El Realejo¹⁰.

10Sin embargo, a pesar de estos ejemplos claros de reforma, veinte años de este proceso simplemente no fueron suficientes para crear una fuerza armada totalmente integrada, un instrumento efectivo de coerción y control del que los líderes centroamericanos pudieran depender. Desde cierto punto de vista, el desarrollo institucional que corrió parejo con la reorganización de la infraestructura sugiere que un cambio permanente de poder, fuera de las autoridades civiles tradicionales, hacia la esfera de influencia militar ya había comenzado. El poder militar del capitán general comenzó a tomar precedencia sobre su poder civil como gobernador y presidente de la Audiencia. La expansión del fuero militar amplió el alcance de la justicia castrense sobre la población y consolidó su administración. Entre 1801 y 1802, la Corona confirmó esta dirección con la decisión de quitar de la audiencia dos poderes importantes. Una Real Orden mandó al subinspector de tropas, un puesto militar, de asumir el cargo de capitán general en el evento de una vacante, en vez del oidor decano del tribunal. Otra quitó el cargo de auditor de guerra de la jurisdicción de la audiencia, colocándolo bajo la autoridad del capitán general, donde pronto surgiría como un instrumento clave del poder estatal¹¹.

11Los hombres armados, sin embargo, no dejaron de esforzarse contra los mismos problemas que durante décadas y más habían subvertido las defensas del reino. Las guarniciones de la costa, que sufrían bajas persistentes a causa de las enfermedades y la deserción, quedaron aisladas del resto de la sociedad centroamericana. En 1796, por ejemplo, después del comienzo de nuevas hostilidades entre España e Inglaterra, el subinspector de tropas de Guatemala, Roque Abarca, recibió órdenes de la Corona de aumentar la presencia española en la costa nicaragüense con un regimiento de infantería. Después de cinco años se había reclutado poco más de un batallón de soldados¹². Como consecuencia, la Corona comenzó a depender de compañías de tropas de negros de la isla La Española recién arraigados en la costa centroamericana, un cambio que no mejoró las relaciones entre el ejército español y la población local.

12Un estado semejante afectó las milicias disciplinadas. Atraídos por la oferta del fuero militar, muchos guatemaltecos, criollos y mestizos, se alistaron en las compañías. Se organizaron los nuevos batallones con 500 a 700 alistados, pero muy pocos podían funcionar con un complemento de milicianos. Aun cuando el reclutamiento y el entrenamiento eran satisfactorios, frecuentemente no se podía contar con equipo básico como uniformes, armas, y municiones. En algunos casos, simplemente no se podía tener suficiente energía para superar los obstáculos inevitables. La milicia disciplinada de Quezaltenango, que nació en los años de la década de 1780, dejó de existir en 1806¹³.

13Fue bajo estas condiciones difíciles que el reino de Guatemala experimentó la caída de la monarquía española y el comienzo de la crisis imperial. Se requería de este evento catastrófico para precipitar la metamorfosis final del ejército, de una fuerza reactiva y defensiva a un instrumento coercitivo y activista de intereses políticos. Sin embargo, durante tres largos y duros años, después de 1808, las autoridades centroamericanas lucharon sin éxito para librarse de su patrimonio militar problemático y consolidar un agente disuasivo efectivo que pudiera combatir amenazas internas e externas.

14En los primeros meses de 1810, la situación defensiva del istmo había llegado a un estado crítico en la opinión de las autoridades peninsulares y criollas. En 13 de febrero el ayuntamiento de Guatemala decidió pedir que se compraran unos 30-40,000 fusiles de la colonia inglesa de Jamaica y que se establecieran milicias urbanas en el reino¹⁴. De esta incursión en su esfera de influencia no hizo caso el Capitán General Antonio González Saravia, quien respondió que su asesor militar y comandante de artillería, Coronel José Méndez, emitiría un informe sobre el estado de defensa del reino durante una próxima junta de guerra.

15En 26 de marzo, González y Méndez se reunieron con el Intendente Ramón Anguiano, de Comayaga; el Coronel de Milicias José de Aycinena; el Coronel de Dragones Tadeo Piñol, y el Capitán de Ingenieros Juan Bautista Jáuregui para discutir los desafíos que subvertían la seguridad colonial¹⁵. En poco tiempo esta junta consideró la petición del ayuntamiento, con respecto a la compra de armas, que los regidores habían justificado invocando “la conveniencia y necesidad de que haya en el reino competentes armas para sostener su lealtad jurada contra cualquiera invasión extranjera y especialmente para el evento desgraciado de una desgracia general en nuestra Península.” Después, González resumió las múltiples solicitudes falladas hechas por su gobierno durante los últimos seis años para obtener pertrechos, a Nueva España, que no le hizo caso debido a su propia carencia de armas. La junta escuchó a Méndez, quien dio un informe deprimente sobre la escasez de armamento en todas las unidades militares del reino, y acordó enviar una petición al virrey del Perú pidiéndole artillería ligera y balas. También decidieron dirigir otra súplica a España, destacando la necesidad “evidente” de fusiles, pistolas, y espadas. Sin embargo, resignada a los caprichos de ayuda externa, la junta reconoció la importancia de promover un programa de aprendices en las armerías del reino. Luego se aplazó sin haber comentado de la posibilidad de conseguir armas de Jamaica.

16La junta se reunió en 9 de abril, esta vez con el Consulado de Comercio¹⁶. Méndez informó que existían en la colonia aproximadamente 7,350 fusiles en buen estado y 1,791 de mediano servicio, pero debido a que “están muy trabajados” fue necesario reponerlos todos. Así decidió la junta hacer una solicitud a la corona por 10,000 fusiles y bayonetas, 2,000 espadas o sables y 2,000 pistolas, reconociendo que a lo mejor la única fuente viable para estas armas eran los Estados Unidos. Después de calcular el costo de la solicitud, que pronto alcanzó los 150,000 pesos, los miembros de la junta remitieron el asunto a la Real Hacienda¹⁷.

17A principios de mayo, con mucha consternación y preocupación general, la Real Hacienda informó que el gobierno español podía contar con solamente 31,121 pesos disponibles. La situación había llegado al punto que el fiscal recomendó el establecimiento de una junta extraordinaria, compuesta de los ministros del Real Acuerdo, el diputado de la Junta Central, representantes de la Real Hacienda, el Ayuntamiento, el Consulado, la Iglesia, y “de cuatro o seis vecinos de los mas acaudalados….” Según él, fue preciso que la oligarquía guatemalteca se uniera en este período de crisis y se acordara sobre la manera de levantar el dinero, “si una suscripción general por vía de Donativo, o por vía de empréstito a cubrirse de los fondos de la Real Hacienda, o finalmente si será mas conveniente el adoptar alguna franquicia, o negociación mercantil¹⁸….”.

18La administración peninsular y la oligarquía criolla no aprovecharon la oportunidad de unirse detrás de la causa de la defensa colonial y mejorar la infraestructura militar. Esta crisis produjo, en cambio, dos informes incompatibles: uno del ayuntamiento de la capital y una respuesta del consulado. Los regidores criollos, convencidos con la idea de libre comercio, argumentaron que la liberalización comercial produciría suficientes fondos para la defensa del reino por estimular la economía. Inclinado a preservar su monopolio, los comerciantes españoles opinaron que se podrían cobrar impuestos a la Iglesia para pagar algunas armas, mientras que la industria guatemalteca pudiera producir el resto. El fiscal, quien leyó y resumió los informes para la administración, reconoció la realidad innegable cuando concluyó que “el Reino esta indefenso por falta de armas¹⁹.”

19Nuevamente dispuesto a presentarse como el portavoz u “órgano principal” de la elite criolla del istmo, el ayuntamiento de Guatemala todavía se sintió obligado a compartir correspondencia con González, quien reflejó preocupaciones populares por la seguridad. En un informe, los regidores de Quezaltenango contrastaron la resistencia heroica, pero inútil, de los defensores de Andalucía con los de Centroamérica para destacar el punto que las defensas raquíticas del reino jamás bloquearían una invasión francesa si no tuvieran éxito las fuerzas disciplinadas de España. Quejándose del estado de su propia milicia, pidieron el reclutamiento y “arreglo de todo hombre como solo adecuado defensor de la misma patria….” El ayuntamiento de Granada, que declaró su disposición a facilitar el transporte de armas de Jamaica al río San Juan, se quejó de la salida inminente de un regimiento fijo a Guatemala, una decisión que dejaría a la provincia expuesta a una invasión. Los regidores granadinos pidieron que los guatemaltecos les ayudaran a convencer a González para suspender la transferencia, o al menos reemplazar, el cuerpo con una nueva milicia nicaragüense. Opuesto igualmente a un aumento de tropas en la capital, que amenazó su autonomía, y la creación de otra milicia en Granada, que distrajo de industria y agricultura, el ayuntamiento de Guatemala trató de convencer a la administración de reconsiderar sus planes para el regimiento pero al fin falló[20].

20Sin embargo, sensible al crítico estado de defensa del reino, en el verano de 1810, la administración española dio el primer paso significante para aumentar el papel desempeñado por el ejército en la sociedad centroamericana. En 19 de mayo, González ordenó el establecimiento de milicias urbanas. Esta proclama requirió que los ayuntamientos y autoridades locales registraran los hombres elegibles, organizaran las unidades militares, y entregaran las comisiones. El ayuntamiento de Guatemala no tardó en dividir la capital en seis cuarteles, cada uno con dos barrios, y luego dirigir dos comisionados a cada barrio para efectuar un padrón. Los miembros de la comisión registraron a los vecinos masculinos de los barrios según su edad, ca