Ficha n° 2310

Creada: 09 febrero 2010
Editada: 09 febrero 2010
Modificada: 19 febrero 2010

Estadísticas de visitas

Total de visitas hoy : 10
Total de visitas : 1158

Autor de la ficha:

Christophe BELAUBRE

Editor de la ficha:

Justin WOLFE

Publicado en:

ISSN 1954-3891

Crónica de las relaciones de poder y de la conflictividad en la orden franciscana de San Jorge de Nicaragua a inicios del siglo XIX

El estudio que a continuación se publica presenta una faceta poca conocida de la vida conventual. Esta centrado en el análisis de uno de los numerosos conflictos internos que ritmaban la vida de esas comunidades. Invitamos el lector a penetrar el corazón de una comunidad religiosa en Nicaragua a principios del siglo XIX, oportunidad para dibujar un retrato social que subraya la dificultad inherente al gobierno de los demás.
522
Autor(es):
Christophe Belaubre
Fecha:
Diciembre de 2009
Texto íntegral:

1Una reevaluación del siglo XIX en Nicaragua sin tomar en cuenta el papel de la Iglesia y la dimensión religiosa, sería dejar de lado un campo clave de la historia de aquella región. Sin embargo, la tarea es complicada dado que las referencias a esta parte de Centroamérica, desde el punto de vista de la conservación de los archivos, está destruida en su casi totalidad. Además, tanto el siglo XIX como la época colonial, ha sido muy poco estudiado debido a las grandes dificultades que enfrentan los investigadores en materia documental. A pesar de esas limitaciones, paso a paso, algunos eventos mal conocidos o apenas percibidos por la historiografía centroamericanista, pueden ser de gran utilidad para la apertura de campos de investigación que permitan al fin y al cabo escribir una nueva historia de la Iglesia nicaragüense1. Concebidos como laboratorios de experimentación dentro del campo histórico, los conflictos sean de naturaleza social, político o religioso, resultan ser fértiles herramientas de trabajo2. En alguna medida es tautológico, decir que la mayor parte de los Estados modernos se construyeron en base a una diversidad de conflictos. En buena parte estos Estados se auto legitimaron debido a su capacidad de solucionar los enfrentamientos privados, dando pruebas renovadas de su imparcialidad y justificando su “necesario” crecimiento. Ese papel de mediación del Estado, está en clara oposición al principio eclesiástico de subsidiaridad, el cual indica que todo aquello que no puede ser resuelto en un nivel inferior de la sociedad – más cercano a los ciudadanos – no sea asumido por una instancia superior3. A través de esos principios tan antagonistas, se explican buena parte de la tumultuosa historia de las relaciones entre Iglesia y Estado. Sin embargo, en la sociedad colonial de principios del siglo XIX, que estaremos escrutando, ambas instituciones eran orgánicamente asociadas merced al sistema del patronato, el cual ubicaba a la Iglesia en posición de sujeto transformándola de facto en un componente del Estado colonial hispanoamericano. Fuera de las cuestiones del dogma cuya autoridad seguía en mano del pontificado4. Dicha situación jurídica, no implicaba que no haya existido fuertes tensiones entre el clero – secular y regular – y las autoridades reales, sobre todo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando el regalismo borbónico consideró oficialmente que en América “más imperio tiene un cura que todo el brazo del rey”. Situación que el Estado debía cambiar porque, en ese entonces, era considerada como peligrosa para las pretensiones de construir un estado en las nuevas condiciones políticas5.

2Aunque los enfrentamientos entre la Iglesia y la monarquía eran los más comunes6, todos los conflictos – sean dentro de las instituciones o aquellos que involucraban a la población – permiten estudiar las dinámicas de descomposición y recomposición de los grupos dominantes, de destrucción de antiguas solidaridades y creación de nuevas. Un conflicto “abierto”, libera cierto grado de violencia, revela tensiones, las cuales abren posibilidades de ubicar mejor a quienes son los verdaderos actores, los grupos de poder, sus intereses, —que en condiciones normales quedan escondidos— y desentrañar cuales son las verdaderas solidaridades7. Al seguir las diferentes pautas de un conflicto, el historiador está en una posición privilegiada para dibujar con más precisión las redes sociales, la fuerza o la debilidad de los lazos interpersonales, además de tener una visión más completa de sus impactos sobre la historia política.

3Según la hipótesis planteada en este trabajo, el conflicto bajo consideración, no está concebido como algo opuesto a la concordia social, sino como una forma normal, necesaria y regular del juego y de la relación social8. Dicho de otro modo, la pugna resuelta y ritualizada se puede asimilar a una “creadora” de orden social. Lo interesante de este modelo, es que implica estudiar cada caso de conflicto desde el nivel de los actores, de los diversos vínculos que unían los actores sin “tesis” histórica por demostrar. El camino que se sigue es el de intentar conocer cuáles son las decisiones que provocaron el conflicto, por qué tal y cual actor social juega un papel determinante, acordar atención a los silencios frecuentes de las fuentes. En caso que resultara oportuno, dado el trabajo realizado, reubicar el enfrentamiento en un contexto político local e imperial. Es evidente que el acercamiento desde la escala de los actores, está limitado por las fuentes (las descubiertas y las por descubrir y por supuesto por las irreparables pérdidas de documentación). Pero el formato de la publicación electrónica deja al investigador libre de presentar algunos resultados, sin que se considere como condición imprescindible que la versión definitiva de la investigación, este ya escrita.

4Tal posibilidad técnica representa una oportunidad, cuando la naturaleza misma del análisis que se pretende hacer, implica la posibilidad de cosechar diversos datos, cruzarlos entre sí, con la finalidad de vislumbrar un sistema relacional, el cual se revela o no operativo, según la intensidad y la duración del problema. Otro aspecto que atrae al historiador, es que en muchos casos, el conflicto funciona como un mecanismo de cambio social, un momento de cuestionamiento del “orden” social, aunque —lo repito— no debe ser una finalidad de la investigación, sino una de las intuiciones que deben animar el investigador.

5Los conflictos dentro de las órdenes regulares son casi proverbiales en la historiografía del antiguo régimen, hasta tal punto que podemos hablar de micro sociedades agonísticas, con una cierta institucionalidad de la agresividad y pugnas en las relaciones sociales9. Si las reales órdenes apuntaban a que los regulares dieran con su vida colectiva un ejemplo moral, la realidad vivida era muy diferente. Primero porque, a como lo escribiera un obispo, testigo lúcido de su época en América, había más libertinaje y depravación de las costumbres que en los países europeos10. Segundo, si la vida común podía rendir cuentas al permitir una dinámica colectiva que fácilmente superaba las lógicas individuales de los conquistadores o pobladores, al compartir tanto tiempo entre cuatro muros, podía ser también un desafío para ciertos individuos que de manera legítima podían sentirse mal, afectados por la privación de libertad y por vocaciones decididas por sus padres. A esta condición social sacrificada (ausencia de relación sexual, voto de pobreza y deber de obediencia), se sumaba la complejidad propia del mundo colonial hispanoamericano, puesto que en el siglo XVIII, las comunidades regulares estaban divididas, casi institucionalmente, entre los regulares nacido en América (en su mayoría criollo pero con un porcentaje más o menos alto de castas11.) y los Peninsulares.

6Como en otras partes del Imperio español, la orden regular dominante en la diócesis de Nicaragua (incluye la provincia de Costa Rica) era la de los Franciscanos12. Esa orden era la única que disponía de dos provincias independientes en la Capitanía General de Guatemala (tres, si se incluye a los recoletos) [13], siendo desde la expulsión de los jesuitas por Carlos III, los religiosos más dinámicos en la nueva actividad misionera que marcaba el final del siglo XVIII14. La orden franciscana se estableció en la ciudad de León, según Domingo Juarros, por una iniciativa del obispo D. Fr Pedro de Zúñiga en el año de 1579 (seguramente aun antes en Granada). Para finales del siglo XVII15, la comunidad de San Jorge de Nicaragua –que era la más grande— contaba entre 25 y 50 religiosos. Para el año de 1787 (pocos años antes de los acontecimientos que relatamos) su población religiosa era de 52, repartidos entre cuatro conventos, siendo los de León y Granada los más importantes16. De la misma manera que en otras ciudades del imperio hispánico, los frailes mendicantes habían edificado dos grandes iglesias y conventos en el corazón de cada una de las ciudades de León y Granda. Dada la importancia social y económica de estas plazas, la especulación inmobiliaria era de las más intensas, gozándose de los intereses de capellanías acumuladas con el tiempo17.

7A principios del siglo XIX, la comunidad conoce de un conflicto interno tan fuerte y largo que la Corona, agotada y exasperada de tantos abusos, tomaría la inusual decisión de clausurar la Provincia de manera definitiva. La decisión tomada el 18 de febrero de 1812, hizo que todos los conventos y el personal religioso quedaran supeditados bajo la autoridad de la provincia franciscana de Guatemala. ¿Cómo se llegó a una decisión tan radical e inusual? ¿Cuáles son las lecturas y enseñanzas que se puede hacer a partir de este caso?

Radiografía del conflicto (1802-1811)

8Como solía suceder en las comunidades religiosas, las elecciones del prelado representaban los momentos de máxima intensidad que venían a romper el equilibrio alcanzado en las elecciones anteriores, un acto de poder donde se definía el orden interno en la comunidad18. El conflicto que sustenta nuestro análisis se abre durante el capítulo provincial del 20 de noviembre de 1802, en el convento franciscano de la ciudad de León.

9Dos frailes miembros del Definitorio, Antonio Moñino y Tomas Bermúdez, rechazan el resultado de una votación que deja el mando de la provincia franciscana en manos del fraile Juan De Santa Rosa Ramírez. El modus operandi de esta impugnación es a la vez legal y frecuente: los religiosos descontentos piden la cancelación de la elección por medio de un recurso de fuerza ante las autoridades reales. Según ellos, el visitador Miguel Urquiza y el Definitorio, los habían “injustamente” excluido de la votación final. El primero por haberles cancelado la incorporación al Definitorio y el segundo, por negarle un derecho a sufragar de que gozaban. La posición de los dos frailes estaba respalda por el definidor subrogado, José Francisco Aguilar y el ex definidor y vice comisario de casa santa Pedro González y un grupo de 14 religiosos19. Entre las anomalías que se observan en la elección, está testimonio del fraile Jorge Xiron, quien asegura que « no fui definidor titular sino subrogado por el definidor finado Fr Manuel Saenz ». Ese cambio fue aceptado durante una sesión del capítulo provincial realizado poco tiempo antes del día de la votación20.

10A pesar de los silencios de las fuentes sobre las verdaderas motivaciones del recurso, podemos conjeturar e intentar entender las motivaciones de los frailes: Un viejo adagio popular dice que ¡cuando el río suena piedras lleva! No cabe duda que al celebrarse este capítulo provincial, el convento estaba en ebullición, dividido por una línea de fractura con facciones preestablecidas, sino cómo entender que cuatro religiosos de la orden hayan tomado la postura de enfrentarse públicamente a su jerarquía.
Antes de proseguir, no es inútil hacer una digresión sobre la persona del ganador de las elecciones, Juan de Santa Rosa Ramírez . Pese al desconocimiento del origen de la familia a la que pertenecía Ramírez, disponemos de un comentario del Gobernador de Nicaragua, quien aseguraba que su calidad era “baja”, es decir que no lo ubicaba dentro del rango social de las familias de origen español, sino de los mestizos o por lo menos así lo podemos sospechar21. Formado por los jesuitas en la Capital del Reino de Guatemala, Ramírez obtuvo un doctorado en Derecho canónigo en la Universidad San Carlos de Guatemala. Esta referencia biográfica, es relevante dado que al ostentar una formación crítica y un título académico, fuera de la Capital del Reino, le hacía per se, un personaje excepcional, ubicándose desde el punto de vista de la jerarquía social y eclesiástica, en una posición de superioridad. ¿Cómo obtuvo el financiamiento para la realización de sus estudios en Santiago de Guatemala y sostener los gastos elevados de su titulación? Al momento de la expulsión de los jesuitas de Guatemala en 1767, Ramírez era el Vicerrector del Colegio San Francisco de Borja y se desempeñaba como profesor de teología en la Universidad, hasta el 2 de febrero de 1776, fecha en que el Consejo de Indias lo propusiera para una canongia en Comayagua, al que fue elegido (sin que su condición racial mestiza haya provocado impedimento o recurso alguno de nulidad y eso a pesar de una legislación real que reserva los cargos de canónigos a los hombres “limpios de mala raza”). Fue secretario del Obispo Francisco José Palencia y Vicario general de la diócesis de Comayagua. Según el fraile De León, durante su estancia en Comayagua tendría sus primeras desavenencias: « Su natural carácter inagotablemente bullicioso, que tiene sobradamente calificado en su estado de clérigo, en la ciudad de Comayagua con el gobierno de Quijano, y toda aquella clerecía; (…); son fieles testigos que califican mi verdad22. (…)”. El 7 de agosto de 1783 fue ascendido a la dignidad de arcediano de la Iglesia catedral de León en Nicaragua y tomó posesión, según carta del Cabildo, el 25 de febrero de 1784. Tomando en cuenta la mentalidad de los criollos, cuya convicción bien asentada acerca del lugar superior que ocupaban en la escala social, por su color blanco e imbuido de una intensa conciencia comunitaria, es factible que el estatus universitario superior de Ramírez y su dudoso origen étnico, haya provocado ciertas desavenencias en las micro-sociedades urbanas de León y de Granada. Su presencia en la ciudad borraba los criterios más comunes de valoración diferencial. Para el año de 1784, su persona estaba en el centro de uno de esos increíbles escándalos que la sociedad colonial, seguramente necesitaba, para aliviar la “hoya de presión” constituida por un corpus de leyes que mantenía artificialmente un viejo sistema de diferenciación racial y social. Al enfrentarse con sus correligionarios y en particular con algunos representantes de las familias de poder de la diócesis, bien colocados en el cabildo eclesiástico de León, el Obispo de Nicaragua, [$595$Esteban Lorenzo de Tristán] decidió expulsarlo hacia la capital del Reino de Guatemala. El arzobispo de Guatemala [$636$Cayetano Francos y Monroy] sería el encargado de enjuiciar y condenarlo23. En apariencia, el entonces arcediano Ramírez vivía muy mal el control ejercido por el provisor y deán José Antonio Huerta Caso , futuro obispo de la diócesis (a partir de 1797), quien gozaba del respaldo del Obispo Tristán24. Que el conflicto se haya desencadenado en 1784 no es tan sorprendente, si se considera que el Obispo Tristán estaba padeciendo de achaques y estaba a punto de dejar la diócesis para servir otro destino25.

11Al dejar muy a menudo el gobierno de la sede en mano del deán del cabildo, durante un periodo de vacancia, se da la coincidencia de un repunte de influencia de las familias de poder en los asuntos eclesiásticos. Sintiendo entonces su posición frágil, Ramírez cometería un grave error al circular cartas anónimas donde se denunciaban los “clásicos” abusos de los miembros del cabildo catedralicio. Su estrategia es develada: se comprueba con suma facilidad que las cartas habían sido escritas por un manteísta del colegio seminario, y distribuidas por el mulato Juan Buenaventura Castro, y que la mujer de éste, servía de cocinera en el colegio, cuyo rector era el arcediano ¡Juan Santa Rosa Ramírez! El 16 de octubre de 1784, los miembros del cabildo catedralicio se reunieron y le manifestaron a Ramírez que debía salir de la sala capitular porque iban a tratar de su persona. Luego de su negativa, los miembros del cabildo lo suspendieron por un año de voz activa y pasiva, con privación de las rentas del mismo año. Diez días antes, el obispo Tristán le había escrito al Arzobispo de Guatemala pidiéndole sanciones contra Ramírez. Según el fraile De Leon, Ramírez gozaba de una fuerte personalidad con un cierto sentido del poder social capaz —según sus enemigos que le temían— de dar “publicidad” al conflicto: “(…) con el Revendo Obispo don Esteban Lorenzo de Tristán a quien fue preciso encarcelarlo, privado de toda comunicación y con dobles guardias para evitar el tumulto popular que por sus atentados, violencias y sugestiones se iba a causar26. (…)”. Entre líneas se puede ver bien que Ramírez estaba lejos de estar socialmente aislado en la ciudad de León, puesto que gozaba de cierto respaldo popular. En todo caso, Francos y Monroy ordenó que Ramírez, en un período de seis días hábiles a partir de la notificación, saliese de la ciudad de León y se presentase en la Ciudad de Guatemala en 30 días, bajo pena de excomunión. El caso llegaría hasta la Audiencia de Guatemala. El arcediano saldría de León el 18 de diciembre de 1784 y se presentaría en el tribunal el 10 de febrero de 1785, es decir, después de 55 días de un penoso viaje.

12Luego de este conflicto, Ramírez se quedó algunos años en Guatemala intentando persuadir al arzobispo de su buena fe. Finalmente parece que no tuvo otra opción que aceptar un castigo “moral” – la dimensión económica no está ausente en este conflicto, pues el cargo de canónigo forzado a dejar en León era muy lucrativo- el cual consistía en la renovación de sus votos con el fin de incorporarse al colegio de Propaganda Fide. Lejos de acabarse la vida de Ramírez, este talentoso y seguramente carismático eclesiástico logró imponer su autoridad al resto de la comunidad, al ser elegido provincial en un corto tiempo. Según el testimonio ya citado: “(…) después de religioso en esa de Guatemala en los escandalosos disturbios causados en el Santo Colegio de Cristo contra la inocente religiosidad y grande merito de los Frailes Francisco Rasgada y José Antonio Bonilla cuyas alteraciones molestaron no poco la atención de ese superior tribunal (…)”.

13A falta de datos, es imposible deducir entre esas pocas palabras las causas que provocaron el conflicto mencionado. Lo cierto es que debe haber una relación con el hecho acontecido a principios de 1800, donde el ex canónigo Ramírez nuevamente aparece en León en calidad de miembro influyente del convento franciscano de dicha ciudad. Según el fraile De León, este se había radicado de manera paulatina en la provincia de San Jorge (Rivas) amparado por la inspección liderada por el fraile Miguel Urquiza (el mismo que permitió la elección de Ramírez al cargo de provincial en 1802 por lo cual podemos sospechar que este fraile franciscano de la Ciudad de Guatemala era un viejo amigo de Ramírez). Una vez más, el fraile De León se mostraba muy crítico al subrayar que Ramírez aprovechaba su posición de secretario para atacar a diversos frailes del convento « difamando con supuestas calumnias y falsísimos crímenes que por su causa se han difundido, aun ante el ignorante populacho27 (…)». De León problematiza de nuevo al sugerir el “sospechoso” prestigio que Ramírez tenía entre el “populacho”.A partir de este momento se pueden retomar los pasos del conflicto que nos interesa. El recurso de impugnación fue resuelto de manera positiva el día siete de julio de 1803. La Real Audiencia de Guatemala, entonces liderada por Jacobo de Villaurrutia , ordenó la suspensión de la elección: “se proceda a la elección de Vicario Provincial reponiendo las cosas al estado y ser que tenían el día 20 del referido año28 [de 1802] ». La “reputación” de Ramírez seguramente explica el fallo de la Real Audiencia, pero no todo es tan sencillo. También la salida de Urquiza de Nicaragua debido a problemas de salud pudo haber debilitado las posiciones de Ramírez29.

14Nos inclinamos a pensar que Ramírez representa la cortina de humo que permite a muchos actores esconder el fondo del un conflicto proteiforme y con ramificaciones múltiples. Así, mientras los jueces de Guatemala deliberaban, el problema se había agudizado evidenciando una nueva faceta. Primero, el bando opuesto al fraile Ramírez se organizaría de manera tal que el fraile Juan Francisco López fuse considerado como el único Ministro provincial legitimo (era el provincial de la orden antes de la famosa elección de 1802): hicieron circular verdaderas peticiones dentro de la comunidad que los frailes Eduardo Enríquez y Elías Meza se negarían a firmar porque estaban “contentos con el gobierno justo y arreglado de dicho muy reverendo madre provincial30.” Pensamos que Juan Francisco López era una marioneta del fraile Xijon, quien había hecho toda su carrera en la provincia San Jorge y era enemigo personal de Ramírez. Cabe mencionar que por primera vez aparece la dimensión geográfica del conflicto permitiendo vislumbrar la ya fértil historia del enfrentamiento entre Granada y León que animaría la política de buena parte del siglo XIX nicaragüense31. Según los religiosos del convento de León, en particular los frailes Vic